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Escribe Alfredo Nobre Leite.

 

 

 Es tragicómica la reacción de políticos (diputados y senadores) que pecan de ignorancia del derecho al objetar sin fundamento el fallo, inobjetable para constitucionalistas, que por la mayoría de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, reconocieron a un “preso político”, la ley del 2×1, es decir la ley penal más benigna; y han llegado al extremo, como el caso de senador Federico Pinedo, que no es abogado, a decir que se tratarán cuatro proyectos de limitación de ese fallo, desconociendo que las leyes deben ser generales, y no para casos particulares, violando la igualdad ante la ley; el ignoto abogado Marcelo Parrilli, defensor de terroristas, para buscar notariedad, presentó una denuncia penal contra los miembros de la Corte aludidos, en su supina ignorancia del derecho. Debería pensar Pinedo, como también el coro de adláteres macristas María Eugenia Vidal, Horacio Rodrigúez Larreta y Jorge Macri, que cualquier persona puede pedir la inconstitucionalidad del engendro de ley que proponen, y teniendo en cuenta que juraron respetar la Constitución Nacional, que no deben violar, so pena de ser sometidos a juicio político (y llama la atención que esos hipócritas no hagan alusión alguna a las víctimas del terrorismo).

        Asimismo, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (acnudh), Amerigo Incalterra, se considera con derecho a interferir en nuestros asuntos internos, señalando que “La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”, le recuerdo que “La Constitución Nacional es la ley suprema de la Nación” (art. 31 CN), por lo cual le mando ocuparse de las situaciones de Venezuela, Cuba, Rusia, China, Corea del Norte …, que no respetan los derechos humanos, puntualizando que lamentablemente la ONU ha devenido en una entelequia por los vetos de las potencias en Consejo de Seguridad; y el pseudo Derecho Internacional es otra impostura de las potencias por el uso de la fuerza, que no da derechos, de modo que no aceptamos interferencias externas.

        Con respecto a la penosa actitud en la cuestión de Derechos Humanos, le recuerdo a Pinedo, y demás opinantes, que el presidente Mauricio Macri prometió terminar con el “curro” de los derechos humanos, pero parece que se han constituido en cómplices de las pseudo madres y abuelas (de terroristas) de Plaza de Mayo, recordándoles que Hebe de Bonafini que con su lengua viperina insulta hasta al más santo, ha utilizado el Altar Mayo de la Catedral de Buenos Aires como baño público (no me acuerdo que el Cardenal Bergoglio haya condenado ese sacrilegio), y enviaba los recursos provistos por el kirchnerismo a sus dos hijos (¿desapararecidos?) terroristas que viven en París. En cuanto, a Estela Barnes de Carlotto es otra farsante, pseudo abuela pues su hija montonera Laura era estéril, ha recibido unos 600 mil dólares, amén de otros subsidios, acumulando una fortuna con el “curro” de los nietos “apropiados”, que fueron hijos de subversivos, nacidos en cautiverio, que eran entregados a sus parientes o a personas que los criaban cristianamente, según documentación entregada por el general Suárez Mason, a la sazón comandante del Primer Cuerpo de Ejército, al juez Ballestero, actual camarista de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones.

       Con relación a la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, no está demás reiterar que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad fue ratificada por el Congreso en 2003, mediante la ley 25.778, y por tanto no aplicable a los hechos de la década del ’70; como, asimismo, el Estatuto de Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su aplicación a posteriori de su ratificación y no a priori, y que las leyes penales no se imputan con retroactividad, por lo cual todas las condenas de prisión perpetua de militares, a miembros de las fuerzas de seguridad y policiales son inconstitucionales, por conculcar la legalidad (como bien sabe el presidente (por ahora) de la Corte, Ricardo Lorenzetti) y el artículo 18 CN; y, por ende, todos los presos políticos deben ser liberados. En la actualidad hay unos 2.400 presos políticos sometidos a persecución judicial, con prisiones preventivas que superan los dos años, sin sentencias definitivas desde hace años, y condenados a cadena perpetua sufriendo malos tratos, sin alimentación adecuada y atención médica, con una edad promedio de 76 años, ancianos mayores de 90 años muriéndose en presidio por negarles prisión domiciliaria, siendo que a peligrosos delincuentes, asesinos, pervertidos y violadores les otorgan prisión domiciliaria a los 70 años. Y han muerto, tras los malos tratos indicados, unos 400 presos políticos; que el representante de ACNUDH, Amerigo Incalterra, no debe ignorar, dado que a ellos les nieguen sus derechos humanos endógena y exógenamente. La persistencia de la política de derechos humanos que sigue el macrismo es de una hipocresía y cinismo inaceptables, que no lleva a buen puerto para quienes la padecen (¿con muerte legalizada?).

        Qué no venga ACNUDH a darnos lecciones de ética y moral, y le sugiero que la ONU se ocupe de lo que debe ocuparse, y no interferir en nuestros asuntos internos, que la Argentina es una nación soberana desde 1810.

 

 


PrisioneroEnArgentina.com

Mayo 9, 2017


 

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