Del Dicho de periodistas, al “Hecho” de los funcionarios…
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Una oportunidad perdida para el Gobierno
Ocurrió en estos días un combate soterrado entre el derecho y la oportunidad. En la superficie de ese combate, asiduo e incómodo, reapareció el conflicto por los derechos humanos violados en la década del 70. El derecho en su concepción más liberal y estricta es la que aplicó una mayoría de jueces de la Corte Suprema de Justicia, que hizo valer tal legalidad para dar por cumplida la pena de un condenado por delitos de lesa humanidad, Luis Muiña. La oportunidad es el momento en que el Gobierno estaba buscando un mecanismo jurídico o legislativo para resolver los casos de militares ancianos y enfermos que están presos en cárceles comunes. El escándalo político que provocó aquella decisión de la Corte Suprema, y la multitudinaria manifestación social en contra de ella, dejó sin margen al Gobierno y al máximo tribunal para avanzar en esa solución. Cuarenta y un año después del golpe de Estado de 1976, el país no ha podido elaborar un modo de superar ese pasado y suturar las viejas heridas.
El péndulo de la revisión del pasado osciló entre extremos en los últimos 33 años de democracia. Sólo Raúl Alfonsín intentó en los primeros cuatro años de su mandato, cuando era un presidente fuerte, juzgar a los militares que violaron los derechos humanos y a los guerrilleros que también lo hicieron. Carlos Menem decidió mediante un indulto personalísimo liberar a todos de culpa y cargo. La era kirchnerista colocó el péndulo en el otro extremo. Juzgamiento a todos los militares acusados de delitos de lesa humanidad, aun desconociendo en muchos casos las garantías procesales. Al mismo tiempo, convirtió a los jefes guerrilleros de los años 70 en héroes cargados de crímenes. El gobierno de Macri aspiraba a colocar el péndulo en el medio: ni impunidad ni venganza. La prisión domiciliaria de los militares ancianos y enfermos no significaría una disminución de la condena, sino otra manera de cumplir la prisión. Colocaría el derecho humanitario en armonía con el Código Penal, que prevé la prisión domiciliaria para los presos enfermos o con más de 70 años.
La decisión de la mayoría de la Corte es legal. El artículo 2 del Código Penal es muy claro: siempre se aplicará la ley más benigna en el momento del fallo, aun cuando hayan estado vigentes otras leyes. La más benigna es, sin duda, la que beneficia a los condenados con el “dos por uno” mientras estuvieron en prisión preventiva. Es una ley que responde a los preceptos del garantismo zaffaroniano. La hipocresía del kirchnerismo radica, sobre todo, en su inacción. En doce años de poder, no le agregó al artículo 2 del Código Penal una excepción para los delitos de lesa humanidad ni cubrió el vacío legal que dejó la ley del “dos por uno”, que el Congreso acaba de resolver.
Los dos jueces que votaron en contra de ese beneficio, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, también se respaldaron en argumentos legales. Los tratados internacionales de derechos humanos, incorporados a la Constitución en 1994, declaran la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y prohíben la reducción de las penas. De hecho, Maqueda había firmado hace poco una resolución de la Corte que otorgó la prisión domiciliaria a un militar de 85 años, muy enfermo. No pasó nada entonces.
En medio del fárrago, la primera pregunta que surge es qué pasó para que la interpretación estricta del derecho derrumbara la oportunidad. El ministro de Justicia, Germán Garavano, visitó semanas atrás a todos los miembros de la Corte. Ninguno le anticipó nada sobre aquella resolución del “dos por uno”. Sólo al anochecer del día anterior a la firma de la resolución, Lorenzetti lo llamó por teléfono al ministro para advertirle vagamente de que algo pasaría al día siguiente sobre un asunto vinculado con delitos de lesa humanidad. Por eso, Garavano fue el primero en salir, tal vez enojado y decepcionado, a manifestarse en contra de la ley del “dos por uno”. Es una opinión sincera. “Yo soy más conservador para la interpretación de la ley; no me gusta el excesivo garantismo”, suele decir en privado.
Pero ¿qué pasó dentro de la Corte? Primero los hechos, después las interpretaciones. El grupo de tres jueces liderado por Carlos Rosenkrantz, e integrado por Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, sorprendió a Lorenzetti y Maqueda con un voto redactado sobre el beneficio a Muiña con la ley del “dos por uno”. Acordaron a duras penas un plazo no mayor de 15 días para que los otros dos elaboraran sus votos. Muiña es sólo un caso entre 20 más que tiene la Corte. Así empezó todo.
Una interpretación, que circula por el oficialismo, señala que Lorenzetti, que maneja la agenda de la Corte, dejó que el caso prosperara porque imaginó el desgaste de Rosatti, su eterno rival. En efecto, Rosatti les comentó a varios interlocutores (incluidos algunos funcionarios del Gobierno) que después del juicio político planteado por Elisa Carrió, la gestión de Lorenzetti como presidente del tribunal debía concluir en diciembre próximo, aunque le quedara un año más de mandato. “La situación no da para más”, les dijo. Rosatti supone que él podría ser el sucesor de Lorenzetti al frente del tribunal. Lorenzetti los habría dejado avanzar sabiendo que Rosatti se quemaría en el camino.
Otras versiones indican que fueron los tres firmantes de la resolución los que presionaron a Lorenzetti para que se tratara el tema. En tal caso, sería Rosenkrantz, y no Rosatti, quien tomó el liderazgo de una parte importante de la Corte. Luego del estrépito político y social por la resolución, Rosatti y Highton de Nolasco se mostraron dubitativos. Rosatti debió cancelar dos disertaciones por el temor a escraches. Rosenkrantz, que es un jurista sin experiencia política, se mantuvo en sus trece. “No cambiaría ni una coma por la presión política y mediática”, confirmó.
Carrió salió otra vez en auxilio del Gobierno. Será ella la que presentará en Diputados un proyecto para que los militares condenados por delitos de lesa humanidad puedan cumplir prisión domiciliaria a partir de los 75 años. “El derecho humanitario debe ser respetado por la democracia”, señaló. Carrió tiene autoridad moral para hacerlo. Ella escribió como constituyente la inclusión de los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución y fue la voz que defendió en la Cámara de Diputados la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final. Se entusiasmó cuando escuchó a Carlos Kunkel, que participó del grupo guerrillero Montoneros, exclamar en el recinto de los Diputados: “Enfrentar a la fuerza con la fuerza fue un error”. Fueron las primeras palabras de tibia autocrítica.
Para que el país deje de habitar en el pasado son necesarios la verdad y el pedido de perdón. Ni militares ni guerrilleros mostraron nunca gestos de remordimiento. Aunque la responsabilidad del Estado es siempre mayor cuando se violan derechos humanos, la culpa de los grupos insurgentes en aquella ordalía de sangre no puede seguir sumergida bajo un relato de supuesta heroicidad. Definitivamente, no fueron héroes ni mártires. Es cierto, por otro lado, que lo que Norma Morandini llama el “insoportable patrullaje ideológico” impide el debate para llegar a la verdad. Ese “patrullaje” llegó a descalificar a Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido y luchadora infatigable por los derechos humanos. Fernández Meijide había dicho sólo una frase con sentido común: “Nos guste o no, es un fallo de la Corte Suprema y hay que respetarlo”. En efecto, la Corte no tiene la culpa. Es el pasado irresuelto el que interpela a la dirigencia argentina y a los viejos protagonistas de la entera tragedia.
Mis respeto por su excelente escrito. Pero mientras este y otros cientos se confeccionan y leen, transcurre el tiempo, el que me están robando ilegalmente a mí, a mi familia y muchos otros. En lo personal la ideología, la política y las ambiciones funcionales personales y el país todo, me importan absolutamente nada. Sabe por qué? Porque me “engarronaron”* Verdaderos delincuentes del poder judicial con la indiferencia y el silencio cómplice, de funcionarios de otros poderes, políticos, miembros de la iglesia y de ustedes los periodistas, se han dedicado a fraguar pruebas, para producir detenciones ilegales. Al mismo tiempo, a dejar verdaderos responsables de delitos, no sé si bien llamados de lesa humanidad, en libertad. Todo esto produce una impotencia extrema. Las maniobras realizadas y los delitos cometidos para imputar gente, son burdos y en muchos casos están a la vista. Eso si, no a la de todos, ya que como República estamos llenos de ciegos, sordos y mudos, instalados en cómodos despachos oficiales, cuyas mentiras están amparadas por ustedes los periodistas. No sigo escribiendo, realmente es perder el tiempo. De cualquier forma el concepto de la realidad que oculta este “gobierno democrático para algunos”, está expresado en estas breves líneas.
Lo que nunca podré exponer ni mínimamente, es la repulsión que siento ante tanta ilegalidad e hipocresía generalizada de tanto cobarde que circula en inmerecida libertad, por el territorio que se llama Argentina.
“Nadie se convierte en cómplice de un crimen si no tiene un interés personal”.
Donato Carrisi (1973- )
Cordialmente
Claudio Kussman
Mayo 14, 2017
*”engarronar” – hacer comer un garrón, culpar un inocente – jerga policial
“Mientras en la calle imperan el caos, el olvido, la prisa, la guerra contra el pasado y,
sobre todo, está esa gente ilusionada con un cambio, desbordada de júbilo, diría que
hasta muy contenta con lo que confían recibir por su fervorosa credulidad,
sin pensar que pronto les llegarán las exigencias terribles de la fe que ahora profesan”.
Leonardo Padura
La Argentina política decidió esta semana castigar a los presuntos caníbales comiéndoselos. Confirmó así su siniestra selección de un grupo de dos mil ancianos para que asuman la culpa general de toda sociedad por haber apoyado la revolución militar de 1976 y así lograr el perdón.
Para preparar el adefesio que cocinó por unanimidad –salvo la honrosa y valiente actitud del Diputado Alfredo Olmedo- el ¿Honorable? Congreso de la Nación utilizó varios ingredientes, todos en descomposición, lo cual facilitó la cocción: la Constitución Nacional, el Código Penal, el Tratado de Roma, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Estoy hablando, claro, de la ley que prohibió la aplicación del famoso “2×1” que había utilizado la Corte Suprema de Justicia para declarar cumplida la pena de un condenado por crímenes de lesa humanidad, un fallo que motivó la inmediata reacción de la izquierda, de los pseudo organismos de derechos humanos y del kirchnerismo (probando todos una vez más lo selectivo de su memoria), de los partidos políticos y hasta del Gobierno.
El Tribunal supremo, por una mayoría constituida por sus verdaderos juristas, falló conforme a derecho y, aún en contra de la posición personal y moral de cada uno, lo único que hizo fue aplicar el principio vigente en todas las legislaciones, que impone utilizar siempre la ley más benigna en el juzgamiento y la graduación de la pena de todo y cualquier delito.
Ese principio está consagrado en todas las normas, locales e internacionales, que he mencionado y hasta el ex Juez Eugenio Zaffaroni (de allí la desmemoria, ya que sus votos fueron calcados a lo ahora resuelto por la mayoría de la Corte) lo había respetado en sus fallos. Pero ello no fue óbice para que todos salieran corriendo a criticar a Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y hasta llegaron al extremo disparate de denunciarlos penalmente por prevaricato, es decir, por resolver teóricamente en contra de las pruebas de la causa.
Con la sanción de este espantajo, se viola nuevamente otro principio básico de toda la estructura jurídico-penal de Occidente: la irretroactividad de la ley. Porque, cuando otro caso de lesa humanidad llegue a la Corte, los legisladores pretenden que el “2×1” no sea aplicado siquiera a las causas en trámite, es decir, que esta delirante norma recién promulgada impida la concesión de ese beneficio a quienes ya lo tenían.
Pero no debe asombrarnos, porque también se lo hizo cuando, en nombre de una “política de Estado” ¡convenida! entre los tres poderes (el Presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, lo reafirmó así en su voto) se aplicó –y muy tuertamente, por cierto- el concepto de “genocidio”, descripto por el Tratado de Roma, al cual adhirió la Argentina en 1994, a delitos así calificados y presuntamente cometidos veinte años antes.
Como dijo nuestra “abogada exitosa” esta semana en Bruselas, “todo tiene que ver con todo” y, precisamente para imponer el concepto de “genocidio”, fue que el terrorismo inventó el dogma de los 30.000 desaparecidos, amén de lucrar innoblemente con las indemnizaciones.
Debemos recordar que, cuando nuestros insanos legisladores sancionaron esta absurda ley, dijeron haberlo hecho ante la presión del clamor popular; o sea, invocando a la teórica opinión de la sociedad, nunca verificada, se modificó retroactivamente nuestra Constitución Nacional. Eso fue, claramente, lo que hicieron Hitler, Mussolini y Stalin para cambiar el mundo, ¡y así le fue a la humanidad!.
Y no se trata de una mera exageración literaria. Basta preguntarse qué diferencia, en los hechos, a nuestro Congreso del tirano Nicolás Maduro; ambos dicen representar a mayorías, a las cuales no se atreven siquiera consultar, para cambiar las reglas de juego de la democracia. La permanente violación a la ley, que los argentinos y venezolanos sufrimos diariamente, nos acerca cada vez más a las horas más oscuras de la historia, devolviéndonos a la selva en la que impera el más fuerte.
Este tristísimo episodio volverá a costar a la Argentina mucho más que los transitorios beneficios de venganza que obtendrán sus aplaudidores porque, como es notorio, convierte en innegable la enorme inseguridad jurídica que campea por estas latitudes, en todos los terrenos, de la mano de una justicia venal, rastrera y corrupta. Con esos elementos en la imagen que ofrecemos al mundo, ¿cómo van a venir las inversiones que necesitamos tanto como el oxígeno?
Sólo el coraje cívico de los tres miembros de la Corte Suprema, si mantienen -como fue la eterna conducta del Dr. Carlos Fayt- su postura de apego irrestricto a la ley cuando lleguen a su conocimiento otros casos similares, podrá salvar a nuestro país de un nuevo abismo.
Tampoco será menor el costo que pagará Cambiemos por lo sucedido. Con excepción de Lilita Carrió, con su actitud imaginada como “políticamente correcta”, que lo llevó a ponerse de sombrero la división de poderes y a descalificar a la Corte, pretende evitar el ataque permanente del kirchnerismo y de la izquierda irracional y, en el camino, recoger algunos imposibles votos de esas procedencias; pero olvida que, desde el lado sensato de la sociedad, que se manifestó en las calles el 1° de abril, se mira con asco este irracional proceder y muchos ciudadanos pensarán seriamente antes de repetir su elección de 2015.
Pese a todo, no tengo dudas que el Gobierno se alzará con el triunfo en octubre de este año, pero el crédito deberá ser otorgado a la falta de opciones, ya que el peronismo no ha conseguido evolucionar y desprenderse de su factor más centrífugo, Cristina Fernández de Kirchner. Mientras ésta siga pesando en la escena partidaria, no podrán surgir hombres y mujeres que representen una nueva forma de hacer política y ejercerla con probidad y honestidad. La “noble viuda” obliga a los cobardes dirigentes del PJ a arrastrarse en su estela; y aún los pocos honestos de éstos que todavía existen se van así sumergiendo en la fétida atmósfera de corrupción que la rodea y que no se atreven a denunciar por miedo a su venganza.
Es desolador el panorama que podemos ver a nuestro alrededor, pero está en nosotros mismos, con nuestro esfuerzo individual, revertirlo. Tenemos esa obligación, aún los mayores, frente a nuestros hijos y nietos, porque recibimos un país y lo hemos destruido, incumpliendo así nuestra principal obligación como administradores de algo que no era nuestro.
o cuando tristemente el periodismo prejuzga y apoya a “El Relato”
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Diario Perfil
En medio del repudio al 2×1, Garavano recibió a representantes de represores
Un día antes de la marcha a Plaza de Mayo, el ministro se reunió con gestores que reclamaron por las detenciones del ex militar Emilio Nani y el ex policia Luis Patti.
Ni siquiera el funcionamiento contrarreloj del Congreso para votar una ley que limite el beneficio del 2×1 logró cerrar las puertas del Ministerio de Justicia para los lobistas de los condenados por delitos de lesa humanidad. En las 48 horas previas a la movilización que encabezaron los organismos de derechos humanos para rechazar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Germán Garavano y sus hombres se reunieron con abogados y lobistas de represores, quienes realizaron gestiones contra un juez de la causa ESMA y pidieron la libertad del ex militar Emilio Nani, que acaba de ser detenido en Mar del Plata.
El primer encuentro fue el lunes pasado. “No tuvo que ver con el tema de las domiciliarias ni con el 2×1. Es por un tema que tenemos con un juez del Tribunal Oral Nº 5, Daniel Obligado, que se fue de viaje a fines de abril, aunque la Cámara de Casación y la Corte Suprema le habían dicho que no podía. Pero no estoy autorizado a decir con quién nos reunimos”, detalló el abogado Sebastián Olmedo Barrios a PERFIL. El letrado representa a varios represores condenados en otras causas, que ahora enfrentan un nuevo juicio por crímenes cometidos en la ESMA contra 798 personas.
Esa reunión, a la que fueron los abogados Olmedo Barrios y Guillermo Fanego, está rodeada de misterio. Los abogados se niegan a decir a quién vieron y los hombres de Garavano y los de Claudio Avruj se pasan la pelota: los primeros niegan que los haya recibido Siro de Martini, asesor jurídico de Garavano en cuestiones relativas al derecho internacional de los derechos humanos, quien habría viajado especialmente hacia allí desde las oficinas en el Ministerio de Justicia. Dos fuentes consultadas por este diario aseguran que se reunieron con él. Los hombres del secretario de Derechos Humanos dicen que los abogados no se vieron con “nadie de la Secretaría”.
Con Garavano. La otra reunión se realizó el martes, un día antes de la movilización a Plaza de Mayo. El ministro Garavano recibió al escritor y lobista de represores, Sebastián Miranda, y a Carlos Romero, titular de la “Comisión Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Delincuencia”. Ambos le pidieron por el ex teniente coronel Nani, detenido en una causa por delitos de lesa humanidad que encabeza el juez Santiago Inchausti.
“Le hicimos saber nuestro sentimiento y el de muchos argentinos respecto a los presos políticos, la inseguridad y especialmente lo referido a la detención infundada del teniente coronel Nani y Luis Abelardo Patti, entre otros”, escribió Romero en un posteo de Facebook. Miranda precisó que la reunión duró “45 minutos” y desde el Ministerio de Justicia confirmaron el encuentro.
Para expresar su agradecimiento, Miranda publicó el mismo martes una carta en el portal Prisionero en Argentina, que gestiona Fabián Kussman, hijo de un represor. Por alguna razón decidieron sacarla de circulación unos minutos después. Finalmente, el texto volvió a ser publicado el jueves. “Quedamos en contacto y nos llevamos una buena impresión”, destacó Miranda.
Desde esa página, que funciona como una propaladora de acusados y condenados por crímenes humanitarios, Kussman siguió la detención de Nani de principio a fin. Varias notas sobre el tema incluyen audios provistos por Nani, con música de fondo: la canción de Rocky IV o la de Piratas del Caribe.
Durante el encuentro con Garavano, Miranda se lamentó de que se acuse a Nani “por supuestas violaciones a los DDHH”, justo a él, que “optó por la reconciliación”. Y aclaró que le pidió su intervención “como una de las máximas autoridades de la Justicia argentina”.
Al final de su carta, Miranda –autor del libro Los secretos de La Tablada–reiteró su hipótesis sobre el ataque a ese cuartel: la Coordinadora Radical participó en la organización del copamiento. Sobre esa base, le dijo a Garavano: “Tiene la posibilidad de seguir con el relato y las acciones que dividen a los argentinos y nos empantanan en un pasado doloroso o llevarnos al destino de unidad y grandeza que todos esperamos”.
Pablo Waisberg/Guillermo Peralta
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Respondiendo al diario Perfil
“Errores” periodísticos de Pablo Waisberg y Guillermo Peralta
Señores periodistas respetuosamente y en honor a la verdad total, debo decirles que disiento en mucho lo que ustedes expresaron en su nota de la fecha, titulada: “En medio del repudio al 2×1, Garavano recibió a representantes de represores”
Cuando dicen: Miranda publicó el mismo martes una carta en el portal Prisionero en Argentina, que gestiona Fabián Kussman, hijo de un represor. ¿No creen que lo correcto sería “de un presunto represor”, como cuando escriben sobre verdaderos asesinos, violadores, narcotraficantes y otros depredadores? Sabrán que me encuentro con prisión preventiva, sin juicio ni fecha para el mismo, ¿no?
Ustedes continúan diciendo: “Por alguna razón decidieron sacarla de circulación unos minutos después. Finalmente, el texto volvió a ser publicado el jueves”. Nunca la carta fue retirada, solo por el ingreso de nuevas notas paso a ocupar espacio más abajo.
Sobre el párrafo que dice: “Desde esa página, que funciona como una propaladora de acusados y condenados por crímenes humanitarios, Kussman siguió la detención de Nani de principio a fin. Varias notas sobre el tema incluyen audios provistos por Nani, con música de fondo: la canción de Rocky IV o la de Piratas del Caribe”. En lo personal debo decirles, que esta página que con mi familia iniciamos el 8 de febrero de 2015, fue a raíz de haber sido ilegalmente imputado (engarronado) con los mal llamados delitos de lesa humanidad. Solo es un grito contra la iniquidad. Y así al ser testigos de atropellos, abusos, injusticias y hasta asesinatos producidos por la “justicia independiente”, los fuimos documentando y mostrando, ya que ante ellos ustedes parecen ser CIEGOS, SORDOS Y MUDOS. Este sitio está abierto a TODAS las opiniones. Cualquiera puede exponer libremente sus ideas, sean cuales sean estas. Así reiteradamente hemos invitado sin suerte, a la señora HEBE DE BONAFINI, el periodista de Página 12 DIEGO MARTINEZ, al periodista GERMAN SASSO y muchos más. Le hemos escrito al Papa Francisco, a numerosos periodistas, poder legislativo, políticos en general e inclusive a los presidentes de EEUU, Barack Obama y Donald Trump, (más de 1270 cartas en total) nuestras puertas están abiertas a todos sin excepción. La documentación sobre hechos que me imputan está a la vista y para análisis de cualquiera. Hemos documentado y mostrado muertes ilegales de prisioneros adultos mayores y denunciado delitos de acción pública a diestra y siniestra. Entonces se combinaron el accionar delictivo de miembros del poder judicial, que resultaron ser verdaderos delincuentes y asesinos, con el silencio cómplice de las autoridades gubernamentales, medios de difusión y la misma iglesia. Somos tan amplios en nuestros criterios que al mismo tiempo que SEBASTIÁN MIRANDA y CARLOS ROMERO se entrevistaban con el ministro GERMÁN GARAVANO, yo lo denunciaba penalmente a este, juntamente con el presidente MAURICIO MACRI, la vice GABRIELA MICHETTI y al secretario CLAUDIO AVRUJ en el juzgado federal de Bahía Blanca, https://prisioneroenargentina.com/index.php/2017/05/11/denunciando-a-mauricio-macri-gabriela-michetti-gernman-garavano-y-claudio-avruj-siempre-de-pie-nunca-de-rodillas/ por la indiscutible y palpable violación al Artículo 18 de la Constitución Nacional.
Señores periodistas, como siempre ustedes tienen la palabra, la cual es admirable y digna, solo cuando es veraz e imparcial.
“No escribas como periodista lo que no puedas sostener como hombre”.
Francisco Zarco. (1829-1869)
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Debatir y cuestionar es saludable
Un Perfil Autoritario
En Letters to a young contrarian, Christopher Hitchens lanza una buena definición que debería ser tomada como ejemplo para periodistas que vomitan información, pero no analizan la data. La esencia de la mente independiente no radica en lo que piensa, sino en cómo piensa -dice el fallecido periodista y pensador inglés, sin saber que su frase no es recogida en un sinnúmero de casos.
En principio, debo disculparme por mi dudoso gusto musical que tal vez enfadó o entretuvo a los periodistas del diario Perfil. Si el sarcasmo se debió a una música de gloria, Piratas del Caribe estaría fuera de discusión, a menos que hablemos de corrupción en el gobierno.
Seguido, debo expresar con gran placer que los redactores Waisberg y Peralta -quienes definen a mi padre como “represor”- al menos tuvieron la decencia de leer los expedientes de la causa y llegaron a una conclusión que ni jueces, ni fiscales pudieron. Cuando estos dos periodistas examinaron los elementos de prueba -infiero- encontraron algo que la “justicia” argentina no consiguió. Esto es importante, tal vez ambos puedan debatir con quien escribe y ahorrarle los gastos de años de prisión y costas de juicios a los contribuyentes. Descuento que Waisberg y Peralta absorbieron las miles de páginas inconexas e investigaron las evidencias sin encontrar discrepancias, inferencias absurdas, o documentación que desmorona el relato de los magistrados y fiscales militantes. De no ser así, sería un periodismo poco serio. Obviamente, lo descuento.
Finalmente, los articulistas tienen razón, parcialmente. Puede que PrisioneroEnArgentina.com sea un propalador de acusados y condenados por crímenes contra la humanidad. Perfil ha publicado notas sobre acusados (inocentes hasta que se pruebe lo contrario) y condenados (los derechos humanos son universales, crease o no) pero también hemos recogido y registrado notas a sindicalistas, periodistas o víctimas del accionar terrorista, que al parecer -de acuerdo a perfil- son también represores.
La conversación está abierta. Si siempre -desde la apertura de nuestra modesta página- proclamamos que buscábamos la verdad, un sano debate me haría callar la boca, y Waisberg y Peralta podrían ser Woodward y Bernstein. O no.
La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas se fundó en 1938, en Buenos Aires, Argentina, con el objeto de profundizar los estudios de las disciplinas humanísticas que definen su campo. Su denominación proviene de la homónima de Francia, fundada en París en 1795.
Su edificio cito en la avenida Alvear 1711 de Capital Federal fue declarado “Monumento Histórico” en agosto de 2002. Su estilo neoclásico francés lo convierte en una muestra de las urbanizaciones de principios del siglo XX, su autor fue el arquitecto Alejandro Bustillo.
Declaración de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas
La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas ha considerado necesario emitir opinión, tanto sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Muiña”, como de sus repercusiones en el plano institucional y político.
El fallo, decidido por el voto mayoritario, se fundamentó en principios constitucionales y en la legislación vigente. Respetó lo dispuesto en el Artículo 2º del Código Penal, el Artículo 9º del Pacto de San José de Costa Rica y el Artículo 15º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna. En este caso fue la ley conocida por “el dos por uno”.
El Código Penal y su válida interpretación en el dictado del fallo, dice que ese beneficio es aplicable a todos los delitos, sin exclusión.La sanción posterior de una nueva ley interpretativa para excluir de su alcance ciertas causalidades, implicó el reconocimiento que fue correcta la interpretación jurídica del voto mayoritario de la Corte.
La sanción de leyes de modo apresurado, no es una buena práctica legislativa y mucho menos en temas de carácter penal.
Además de dejar sentada nuestra opinión en el plano jurídico y constitucional, consideramos necesario llamar la atención sobre ladeplorable ausencia de respeto por la independencia y división de poderes observada como consecuencia de este caso. Ese respeto hace a la esencia de nuestra República y del Estado de Derecho.
Se han visto desde altisonantes condenas al fallo por parte de legisladores, políticos, y miembros del propio gobierno, hasta pedidos de juicio político, denuncias admitidas por fiscales presurosos y declaraciones de inconstitucionalidad de otros tribunales.
En una sociedad libre todo ciudadano puede expresar su opinión y unirse en concentraciones callejeras si así lo desea, pero sí debemos manifestar nuestra extrema preocupación al observar que quienes tienen responsabilidades institucionales desconozcan la independencia y separación de poderes y rechacen un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Tenemos que tener el corazón libre, que pueda hacer lo que piensa y lo que siente. ¡Ese es un corazón libre!”,
“No hay que ser como Poncio Pilato, no hay que lavarse las manos”
Opinión
El periodismo alcanza un poder dentro de la sociedad por su influjo sobre los ciudadanos. El periodismo tiene la virtud de interesar a todos en los problemas generales, y por eso es natural que algunos gobiernos pretendan silenciarlo. Para mantener intangible su libertad la Constitución asegura la libertad de prensa, aunque algunos atropellen esa libertad al sentirse tocados. De ese atropello fui víctima, como consecuencia de mi predica desde hace más de veinte años en contra de las mafias, el juego clandestino, el narcotráfico y la corrupción en general. Siendo fiscal y juez le dicte la prisión preventiva de oficio a personas que vinculados al llamado “Comando Atila” ahora gozan de un incremento patrimonial incomprensible. Personas, que se encuentran relacionados a la causa del religioso asesinado. Pero también es verdad que cuando se publica el tema sobre la mafia reinante, son pocos los diarios en mi provincia los que se hacen ecos de una realidad. Generalmente miran hacia el sudeste. Que decir de aquellos que tienen el deber de denunciar y que representan a los abogados.Como me siento íntimamente partidario del señor Don Quijote, enderezador de entuertos y protector de viudas y huérfanos, no puedo mantenerse indiferente ante este “delicado asunto” que está en manos de un fiscal al que respeto y conozco pero que desde un principio me pareció imprudente en manifestar el caso se trataba de un suicidio liso y llano, manteniendo la caratula de la causa en muerte dudosa. Me parece atinado – aunque haya sido duramente criticado – las manifestaciones del Fiscal General de la Justicia Federal Gustavo Gómez quien insiste en que la muerte del sacerdote representa un mensaje mafioso. Que el curita, “no tenía un perfil de personalidad acorde a la de un suicida” y que otros elementos revelan su presunción.Entiendoque el caso es y ha sido alarmante y debe encender una inquietud social.Los tucumanos y el país están cansados de tanta impunidad. No son pocaslas vicisitudes sufridas por luchas contra el flagelo de la corrupción. Ni tampoco los desencantos experimentados. Ni los esfuerzos malogrados. Creo queel “éxito y jalón” es la de sembrar como abogado o tal vez hombre publica la verdad objetiva al servicio de los intereses a que estamos consagrados“. La de defender la verdad. La muerte del Curita nos a todos los tucumanos nuevamente en tapa de todos los diarios. Actualmente a raíz de la vigorosa actualidad de los acontecimientos nada se sabe. Tampoco se pregunta. Creo que para luchar contra la delincuencia se precisa de una base moral.Entonces hay que comenzar por combatir la corrupción, acreditarla, esclarecerla, y recién estaremos en condiciones de hacerle frente a la delincuencia. Es por eso que la sociedad necesita de una respuesta concreta sobre un hombre religioso que supo combatir el narcotráfico
Si un imputado por casos de lesa humanidad es inocente, lo menos que está pensando en este momento es en el beneficio de computar dos años por cada doce meses de encarcelamiento. Lo que quiere es llegar vivo a un juicio justo, algo que, convengamos, ningún político argentino habla. Ni siquiera aquellos que se vanaglorian de preocuparse. Para Alberto Asseff son las condiciones carcelarias a cambio de una afiliación, para el voluntarioso Alfredo Olmedo son esos patriotas que cumplieron órdenes y derrotaron al terrorismo.
Y luego tenemos a Elisa Carrió. Mientras el país sigue en ebullición por la disputa del beneficio del 2×1 en el caso Muiña después de que el Congreso de la Nación sancionara una ley para limitar la aplicación de ese cómputo para las penas, la diputada nacional reavivó la polémica sobre la prisión domiciliaria en los casos de detenidos que “hayan cometido delitos de lesa humanidad o no”.
“Estoy de acuerdo con que las personas mayores de 75 años tengan prisión domiciliaria. No creo que responda al derecho humanitario que gente de 80 años esté detenida en cárceles comunes y no tengan prisión domiciliaria. No me parece que eso sea humanista. Creo que hay que resolver ese tema”, manifestó la legisladora, mientras nos preguntamos qué sucedió con el interno mayor de setenta (70) años como señala la ley 24.660. Debería consultar esta información, tal vez la ley dice setenta años para miembros de la juventud maravillosa, lo cual sería risueño ya que ninguno de estos revolucionarios hoy la necesita. En el caso de los ex uniformados, esos cinco años de diferencia es una cruz en el cementerio.
“Acá hay una gran hipocresía. No hubo un fallo incorrecto de tres jueces. Hubo un fallo de tres jueces que fallaron conforme lo establece el artículo 2° del Código Penal. Siempre se aplica la ley más benigna. Lo que sucedió es que durante 12 años el Congreso no modificó el Código Penal diciendo que esto no se aplica a los delitos de lesa humanidad”, dijo Carrió sobre el fallo del 2×1 de la Corte.
Sin embargo, la hipocresía es general y abraza a la diputada chaqueña. Aún no hay opiniones con respecto al procedimiento con que se llevan a cabo los juicios a ex uniformados. Si fueron héroes por combatir al terrorismo o no, debería ser materia de aquellos investigadores e historiadores sin ideologías o cuentas bancarias. Se trata de la manera que jueces y fiscales llevaron y llevan adelante imputaciones sin pruebas o declaraciones vagas. Argentina, uno de los pocos países donde se es culpable hasta demostrar lo contrario. En pocas palabras, revisión de los casos -si bien tomaría mucho tiempo- no es una opción políticamente correcta.
Carrió es una prometedora crónica y una denunciadora serial, y es por ello que se ha mantenido en el seno del país de las maravillas sin llevar a cabo sus pronunciamientos. Si sus acusaciones -a lo largo del tiempo- derivan en un resultado, se acreditará el logro. En época de elecciones, hay que desparramar migajas verbales para contentar a todos y abultar la cajita feliz (La urna)
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires se fundó en Buenos Aires, Argentina, el 7 de octubre de 1908. Según sus estatutos, sus objetivos son: estudiar las cuestiones relacionadas con el derecho y las ciencias sociales, que se promuevan en su seno o se le consulten; fomentar y difundir el estudio de las ciencias jurídicas y sociales y propender al progreso del país mediante el perfeccionamiento de su régimen legal.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia adjunta la declaración de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales, cuyos claros términos son definitorios en la interpretación del Fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Muiña”.
Carlos Bosch- Secretario. Alberto Solanet- Presidente
DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS AIRES
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires expresa su preocupación por el afán expuesto por ciertos sectores de la sociedad, así como también de la dirigencia política y gubernamental, en desconocer el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Muiña” el 3 de mayo del corriente año.
Reiterando los argumentos vertidos por esta Academia en su dictamen del 7 de diciembre de 2004, ella considera que la aplicación de la ley penal más benigna tal como está regulada en el art. 2° del Código Penal es una garantía constitucional que, por integrar el concepto de ley penal previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional, y adecuarse a las prescripciones del art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no puede ser desconocido por una sociedad y su dirigencia si es que aspiran a una convivencia democrática basada sobre la tolerancia, la libertad, la dignidad y el progreso que están plasmadas en el Preámbulo de nuestra Ley Fundamental.
Esta Academia entiende que el fallo de la Corte se ajustó a una estricta aplicación de la ley conforme a las reglas del Estado de Derecho, con prescindencia de la aceptación o rechazo que pueda merecer su parte dispositiva, inclusive para los jueces del Alto Tribunal que conformaron el voto de la mayoría.
Asimismo, considera que fueron deplorables para la preservación de la institucionalidad republicana ciertas actitudes tales como requerir el juicio político de aquellos jueces por el contenido de una sentencia; la insólita denuncia penal por el delito de prevaricato efectuada por un integrante del Ministerio Público Fiscal que lo descalifica jurídicamente; las manifestaciones efectuadas por algunos jueces provinciales desconociendo que, para la Constitución, la jefatura de la función judicial del gobierno corresponde a una Corte Suprema de Justicia (art. 108); y las audaces declaraciones emitidas por integrantes del Poder Ejecutivo Nacional que, al pretender interferir en el funcionamiento independiente de los jueces, quedan alcanzados por los efectos colaterales de la prohibición establecida para ellos de arrogarse el conocimiento de causas penales o ejercer funciones judiciales (art. 109). Son comportamientos que no se compadecen con aquellos propios de una sociedad cuya cultura cívica está consolidada.
Toda sentencia judicial puede ser objeto de una vehemente discusión y debate, pero sin llegar al extremo de apartarse del cauce constitucional procurando que aquella responda a cierta concepción política y no al mandato de la ley. Semejante actitud fomenta el curso de la desconstitucionalización, deteriora la educación cívica y conduce, inexorablemente, a la sustitución del imperio de la ley por la voluntad de la fuerza irracional. Son fenómenos que esta Academia procura evitar dando cumplimiento a su objetivo estatutario y con el propósito de preservar la sensatez republicana.
Eduardo Anguita y el doctor Ricardo Saint Jean, frente a frente, discutiendo la realidad argentina. En un programa de este tipo, sin parciales interferencias ni gritos intolerantes, las consideraciones y análisis del espectador surgen con claridad.
REPULSIÓN POR ATILIO ROSAS, COMISARIO INSPECTOR (r)
Imposible expresar en estas líneas la repulsión y el asco que siento por JORGE ATILIO ROSAS, falaz Comisario Inspector (R) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Este, durante algunos meses en los años 1976 y 1977, se desempeñó como Segundo Jefe y luego como Jefe interino, en la Unidad Regional V de Policía con asiento en la ciudad de Bahía Blanca. Allí tuve la desgracia de prestar servicio durante varios años, trabajando en la calle de civil.
ESCORIA – TALES PARA CUALES
En la misma forma en que “la justicia independiente” efectuó detenciones al “barrer”, sin importar si se era autor de algún mal llamado delito de lesa humanidad, también hubo “privilegiados” que quedaron protegidos por la misma. En Bahía Blanca son muy conocidos los casos de un empresario periodístico, y tres miembros del poder judicial. También el de este, para mí, repulsivo “jefe” de los años 70 que al día de hoy superó los 88 años de edad, o sea 17 más que yo. La diferencia además de la edad, la da que él con mis mismas imputaciones y siendo “el jefe”, está excarcelado por falta de mérito y yo en prisión. Ese no sería el problema extremo, si no fuera que cuando esta escoria declaró contra personal del Ejército Argentino, a la pasada me nombró como enlace con el mismo, lo cual JAMAS FUI. Quien había sido designado para ello, era el oficial, creo que con jerarquía de Principal, GUILLERMO GOENAGA, lo cual aparte de ser de público conocimiento, debe estar en registros militares de la época, que posee la fiscalía. Lógicamente con los personajes de la misma como ABEL CÓRDOBA, JOSÉ NEBBIA Y MIGUEL PALAZZANI, imposible pedir imparcialidad. Rosas y ellos son tales para cuales.
LOS ROSTROS DE LA INIQUIDAD
Por eso al momento del careo llevado a cabo el 10 del corriente, solicitado por mí en diciembre de 2016, o sea hace casi CINCO MESES, ROSAS se presentó sin su abogado. Se requirió la presencia de la defensora oficial CINTIA BONAVENTO y se negó al mismo, “hasta que no consulte con su abogado particular”. ¿Para que llevaría abogado si está BIEN PROTEGIDO POR LA PROPIA JUSTICIA? (inferencia mía). Más que evidente que todo es un “cajoneo” en el tiempo y también la acción de un permanente desgaste. Imaginen la movilización de Pinamar a Bahía Blanca de mi esposa y mío. La del doctor MIÑO de Rosario a Bahía Blanca, hotelería, etc. etc. Desde ya aclaro, que así tengamos que ir caminando y dormir en un banco de la plaza, allí estaremos, hasta el último aliento, una y mil veces. Jamás me perdería de ver frente a frente los rostros de la iniquidad.
DISCONFORMIDAD CONMIGO MISMO
Por edad ROSAS llegó acompañado por su hijo y una mujer, exagerando su deterioro físico y aparentando carecer casi de movilidad (fuera de la vista de todos, al ir al baño, existente en un pasillo externo, se movilizó por cuenta propia). Presentaba buena vestimenta, un fuerte olor a suciedad corporal y uñas largas. Ahora pienso que todo esto solo fue una puesta en escena para simular mayor desgaste, e inspirar lástima. A nadie de este poder judicial le importa absolutamente nada la verdad. Tienen un libreto que siguen al pie de la letra. Le pregunté al juez DA SILVA, como este ejemplar siendo el jefe está libre y yo oficial subalterno, preso, y solo respondió su silencio. Ese silencio que utilizan todos en estos casos cuando uno reclama nada más que justicia de verdad. Yo en algún momento me exasperé, lo que hace que me sienta disconforme conmigo mismo. Imagino que la imagen proyectada, frente a gente joven, fue la de un adulto mayor (yo), masticando bronca y diciendo cosas desagradables frente a un pobre “ancianito” indefenso e impedido, que yo sé, goza de una maquiavélica e inmerecida libertad.
DEBIENDO UN PRESO A LA POLICÍA
ROSAS fue un jefe a quien los oficiales jóvenes le escapábamos. No era de acción, por lo que en la jerga policial se decía que: “le debía un preso a la policía”. Quizás por envidia, siempre criticaba a sus pares o superiores jerárquicos, diciendo que solo él, era honesto. Esto representaba un compromiso para uno, por tener mucha menor jerarquía (4 grados menos). Estando él como Comisario en Carmen de Patagones se produjo un cuádruple homicidio. Yo prestaba servicio en Investigaciones, viajamos a esa ciudad y esclarecimos el hecho, casi inédito en esa época. Esto trajo aparejada, una fricción de él con mis jefes. Solo eran 15 minutos de tonta fama, que siguió reprochando a través de los años como si se le hubiera robado el esclarecimiento.
ALIEN
Hoy a la distancia analizo el careo fallido y me doy cuenta que ROSAS “compró” su libertad. Así, como un maligno ALIEN, en sus reiteradas entrevistas con el entonces fiscal militante ABÉL CÓRDOBA depositó en el 2011 y aún antes, un huevo. Este ya maduró y hoy el monstruo rompió, y saltó desde su interior, sobre mi rostro. A su ataque no hay escapatoria, ya que con su negativa a hablar, se llevará la verdad a la tumba, de la que espero que nunca pueda salir.
“Yo admiro su pureza, es un superviviente al que no afecta la conciencia,
los remordimientos ni las fantasías de moralidad”.
JUNTO A CARLOS ROMERO ESTUVIMOS 45 MINUTOS HABLANDO CON EL MINISTRO DE JUSTICIA CON QUIEN QUEDAMOS EN CONTACTO Y NOS LLEVAMOS UNA BUENA IMPRESIÓN, DEMOSTRANDO BUENA VOLUNTAD Y ESCUCHA. No adelanto conclusiones, ni información que no corresponde por esta vía. Transmito lo que le expliqué y sintetizo en este escrito.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de mayo de 2017
Al Sr. Ministro de Justicia de la Nación, Señor Germán Garavano:
Le agradezco la cordialidad y rapidez con la que respondió a la solicitud que le presenté para que me reciba. Sintetizaré en esta carta el pedido que vengo a realizarle como ciudadano y amigo del Tte Cnl (R) VGM Emilio Guillermo Nani, recientemente detenido.
Conozco a E. Nani desde hace años, nos une una amistad que considero un honor y un regalo de la vida por su hombría de bien y sus virtudes. Una de ellas es la de ser una persona frontal, sin dobleces, sincera y valiente para decir la verdad oportuna e inoportunamente.
Ha luchando por la Argentina y por todos nosotros en las dos grandes guerras que libró en el siglo XX: el conflicto contra los británicos en defensa de la soberanía nacional en el Atlántico Sur y la guerra contra la subversión marxista.
En la primera enfrentó a la tercera potencia del mundo apoyada por la primera (EEUU), la OTAN, los países de la Commonwealth y Chile. En los combates finales en la defensa de Puerto Argentino fue gravemente herido, quedando tendido en el campo de batalla y salvándose porque dos soldados que pasaban lo encontraron y, siendo fieles a su oficial, lo llevaron a un puesto de socorro, evitando que perdiera la vida.
En la segunda contribuyó a evitar que la Argentina se convirtiera en una nueva Cuba, en un régimen comunista – ideología que ha generado a nivel mundial el triste saldo de más de 100 millones de muertos – y que no ha dejado derecho humano o libertad por vejar. En el último gran ataque de una de estas organizaciones a una Unidad Militar, el 23 de enero de 1989 en los cuarteles de La Tablada, el Tte Cnl E. Nani ingresó a la Guardia de Prevención copada por los guerrilleros y recibió un disparo que le generó gravísimas lesiones. Al ser subido a una ambulancia, uno de los terroristas disparó con un lanzacohetes contra la misma, rozando el proyectil el vehículo y estallando entre varios policías que estaban detrás, generándoles gravísimas heridas. Entre ellos estaba el Comisario Luis Alberto Ré de la PPBA que perdió sus piernas. No contentos con esto, los criminales del Movimiento Todos por la Patria, abrieron fuego contra el helicóptero que transportaba a E. Nani que llegó al Hospital Militar Central con 2 impactos de bala en su fuselaje. Emilio ingresó con 2` de presión, estando al borde de la muerte y siendo salvado por la pericia de los médicos. Previamente había luchado también contra los guerrilleros en Mar del Plata, donde se lo acusa por supuestas “violaciones a los DDHH”. El estado de guerra en que vivió la Argentina durante estas tristes décadas ha sido reconocido por las organizaciones que la generaron en sus múltiples publicaciones. Años de investigación propios de mi vocación de historiador me han permitido comprobarlo y por eso facilito a usted los libros que son resultado de cientos de horas de trabajo, esperando sean de utilidad para demostrar lo que afirmo. Especialmente en Cronología del Terror y en La guerra contra el terrorismo en la Argentina podrá encontrar toda la documentación reivindicatoria emitida por las organizaciones terroristas a las que hago referencia.
Las gravísimas lesiones recibidas habrían llevado a la mayoría de las personas a un espiral de odio hacia quiénes se las generaron, sin embargo, el Tte Cnl E. Nani optó por la reconciliación. A pesar de mi reticencia, fue él el que me insistió para que concurra a reuniones con ex guerrilleros que comparten el anhelo de terminar con las cuestiones que dividen a los argentinos, mirar hacia adelante y construir la Patria justa que todos queremos.
Estas son algunas de las referencias que puedo transmitirle sobre este hombre por el que gustoso daría la vida y por hoy quien pido su intervención como una de las máximas autoridades de la Justicia Argentina. Sin embargo, el pedido es un poco más amplio, intentaré sintetizarlo:
. Desde hace años cientos de miembros de las FFAA, FFSS y FFPP están siendo juzgados bajo el criterio de los delitos de “lesa humanidad”, que en su momento la Corte Suprema de Justicia consideró que no podía aplicarse por los sucesos ocurridos durante la guerra contra la subversión, pero que años después con mayoría kirchnerista en el citado tribunal se consideró que sí. Esto es una muestra de la grave manipulación de la Justicia que padecemos y que resquebraja el sistema republicano argentino. En este proceso los juicios están viciados de parcialidad. Conocida por muchos de nosotros es la existencia de una “escuela de testigos” que funciona en la ex ESMA y que oportunamente el fallecido escritor Carlos Manuel Acuña denunció en su libro Los Traidores que, humildemente, creo todo juez debería leer. La sola existencia de estas causas y juicios organizados bajo estas condiciones de parcialidad creo ameritan la intervención de las máximas autoridades judiciales para ponerle fin.
. No defiendo ninguna violación a los DDHH a las que condeno firmemente, pero tampoco considero que no prime el principio de igualdad ante la ley que es básico y elemental de todo sistema de derecho. Los solos calificativos aplicados en los medios de comunicación a las personas que son detenidas por estos hechos son un ejemplo de la parcialidad y prejuzgamiento al que son sometidos, violando el precepto elemental de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tampoco respaldo la existencia de causas armadas y menos aún de escuelas de testigos que deben terminarse de inmediato.
. Me resulta sospechosa la acusación realizada por el juez Santiago Inchausti, dado que conozco a E. Nani y lo considero incapaz de violación alguna a los DDHH. Pido se investigue la idoneidad y objetividad de este juez de las que dudo seriamente.
. Me resulta llamativo que el acusado sea uno de los integrantes de las FFAA que participó en la recuperación de los cuarteles de La Tablada. En mi investigación Los Secretos de La Tablada. La última acción armada de la guerrilla en la Argentina que le entrego, hay un capítulo que trata sobre la supuesta participación de miembros del gobierno radical, concretamente de la Coordinadora Rama Capital, en la organización del ataque y varias de esas personas hoy en día tienen una activa participación en la política argentina. Si la ley es igual para todos y los delitos de “lesa humanidad” tienen entre sus condiciones que hayan sido cometidos por los integrantes del Estado, solicito se investigue a los integrantes del gobierno radical que supuestamente digitaron al ataque. Sus nombres fueron públicos y están en el capítulo “Coordinando el asalto” de la bibliografía que le entrego.
. También me resulta llamativa la saña con la que se actúa contra héroes de la gesta del Atlántico Sur como el Tte Cnl E. Nani, el Cnl E. Losito y Enrique Stel. Más llamativo me resulta cuando una de las principales organizaciones que impulsa los juicios es el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) dirigido por el ex terrorista de Montoneros Horacio Verbitsky y de Amnesty Internacional, ambas financiadas por capitales británicos como puede verse en sus páginas. Esto no hace más que profundizar el proceso de desmalvinización iniciado cuando el gobierno del Proceso ocultó a los veteranos al regresar al continente.
. Como ciudadano me resulta indignante que mientras personas como E. Nani, E. Losito y otros de nuestros héroes se encuentran detenidos, personajes siniestros como M. Firmenich; H. Verbitsky; E. Anguita; F. Vaca Narvaja; R. C. Perdía circulen libremente y que la Justicia no llegue a ellos. El mundo entero condena al terrorismo, en la Argentina se encarcela a los que lo vencieron y se le otorgan cargos públicos, indemnizaciones y amplios espacios en los medios de comunicación. El gobierno del Estado al que todos estos personajes intentaron copar para luego destruir implementando un sistema totalitario, paradójicamente, es el que encarcela a los que lo impidieron. El querellante en las causas contra los que defendieron al Estado es el gobierno por lo que solicito se ponga fin a las causas y no se inicien nuevas.
La Historia puede tergiversarse, la verdad ocultarse, pero tarde o temprano el velo se corre. Las autoridades del actual gobierno están en condiciones de continuar con el falseamiento de la misma, de seguir avalando “el relato” plagado de mentiras que campeó durante el kirchnerismo o terminar con las injusticias que se cometen contra quienes evitaron que la Argentina fuera destruida por una dictadura totalitaria por parte de quienes hoy continúan la guerra pero por otros medios. Tiene la posibilidad de seguir con el relato y las acciones que dividen a los argentinos y nos empantanan en un pasado doloroso o llevarnos al destino de unidad y grandeza que todos esperamos. Nuevamente agradezco me reciba y brinde su tiempo.
Cordialmente:
Sebastián Miranda – amigo del Tte Cnl E. Nani – Ciudadano
Sebastián Miranda es profesor y licenciado en historia. Se desempeña como asesor de historia e integrante de la unidad de análisis de la revista Defensa y Seguridad Mercosur. Es autor -entre otras tantas publicaciones- de Cronología del Terror en Argentina, La Guerra contra el Terrorismo en Argentina y Los Secretos de La Tablada.
El debate de la Ley de 2×1, oculta la cuestión de fondo cual es que los Juicios llamados de Lesa Humanidad, son ilegales, inconstitucionales, e insanablemente nulos, en consecuencia los fallos derivados “ Cosa Juzgada Irrita”. Inconstitucionales porque vulneran el Art 18 de la Constituciòn Nacional e ilegales porque desconocen el principio jurídico universal de Legalidad.Por otra parte, los mas de 2400 imputados fueron acusados erróneamente de Genocidio (Art. 6 del Estatuto de Roma: actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional (fueron combatidos por su carácter de beligerantes y no por ser argentinos) étnico , racial o religioso ) y arbitrariamente enjuiciados por la comisión de crímenes de Lesa Humanidad (Art. 7 del Estatuto de Roma: Actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la POBLACIÒN CIVIL)
Ademàs el Estatuto de Roma (1998) se incorpora a la legislación argentina por Ley 25.390 del 9 de enero de 2007 prohibiendo expresamente el Art 25 su aplicación retroactiva . La incorporación a la legislación argentina de la Convenciòn Internacional que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad fue por el Decreto 579 del año 2003.Paises como España (la Audiencia Nacional), Francia (Corte de Casaciòn ) y la misma Corte Penal Internacional emitieron fallos coincidentes en el sentido de que los delitos cometidos con anterioridad a la promulgación del Estatuto de Roma , se encuentran PRESCRIPTOS.
Genocidio, Lesa Humanidad, 30.000 desaparecidos, constituyen un falso relato que derivò en el arbitrario enjuiciamento de mas de 2400 imputados y hasta ahora 404 muertos en injusto cautiverio. ¿Un Genocidio al revés?
Todos sabemos que cuanto uno es imputado de un mal llamado delito de lesa humanidad, está sentenciado al escarnio, la prisión y la muerte, haya sido responsable o no del mismo. El fin está asegurado y entonces las reales opciones, a no ser que se quiera engañar a sí mismo son dos. Hacerlo en silencio y de rodillas o de pie y entre otras cosas, escupiéndole y mostrando la verdad al verdugo y a terceros. Por ello y dentro de esta última opción, ayer junto con el excelente abogado defensor GONZALO MIÑO, en Bahía Blanca donde llevábamos a cabo diligencias judiciales, entregamos una denuncia por violación al artículo 18 de la Constitución Nacional por parte de: MAURICIO MACRI, GABRIELA MICHETTI, GERMÁN GARAVANO Y CLAUDIO AVRUJ.
BUROCRACIA
No somos ingenuos y sabemos que la posibilidad de lograr algo no existe, en este territorio de los 30.000 desaparecidos, por Ley, el lejano fin del curro de los DDHH, y la herramienta que facilita impunidad en delitos de lesa humanidad. Pero sí quedarán documentados los burocráticos trámites judiciales de “cajoneo” que seguirán, quienes son los que al día de hoy cometen delitos. Luego veremos. Intentamos entregarla en el Juzgado Federal número UNO, a cargo del juez WALTER LOPEZ DA SILVA a cuya disposición me encuentro, pero nos derivaron al Juzgado número dos por ser el de turno, TAMBIEN A CARGO DEL MISMO JUEZ COMO SUBROGANTE. Intentaron rechazarla y luego la aceptaron para enviarla al primero de los juzgados. Burocracia que le dicen.
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Dr. Gonzalo P. Miño
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“La burocracia es una máquina gigantesca manejada por pigmeos”.
Impresiona la tremenda reacción de políticos, jueces, fiscales, y también algunos obispos contra el fallo de la Corte Suprema que aplicó una ley (la denominada “dos por uno”) que era y es claramente aplicable, tal como ha explicado LA NACION y también algunos juristas serios y objetivos. Triste es verlos desesperándose por ser primeros en la foto y en el grito desaforado que clama por unos “derechos humanos” convertidos en religión de conveniencia, mientras rechazan absolutamente lo propiamente humano: razonar. Triste, sobre todo, verlos hacer el juego nuevamente al destructivo izquierdismo kirchnerista, al que el país quiso dar la espalda para siempre hace tan poco tiempo. Todos nuevamente detrás de lo mismo, tal como hicieron durante el gobierno de Néstor Kirchner. Muy triste.
Con relación al “dos por uno” y los acusados por crímenes de lesa humanidad, puede decirse que funcionarios, políticos, periodistas y militantes de derechos humanos y organizaciones de izquierda hacen oído sordos a la Constitución y las leyes. Las coaliciones políticas en la Argentina siempre han coqueteado con la izquierda o han sido funcionales a ella, con la ingenua esperanza de obtener sus votos, cuando está históricamente demostrado que nunca la izquierda se los cedió y al contrario fueron siempre una salvaje oposición. Lo lamentable es que funcionarios y políticos que deberían encolumnarse detrás de la ley hacen propios los slogans de las organizaciones de DD.HH. y repiten términos instalados por estos organismos como verdad irrefutable. Hablar de genocidio es una vil mentira, los números no les cierran y su definición menos, el Estado no comete terrorismo ya que legalmente utiliza sus medios, que son los de la sociedad. Los desaparecidos fueron 6400 según figura en los archivos de la Secretaría de DD.HH. y en las investigaciones que se han hecho. Y aquí si hubo un guerra revolucionaria iniciada por organizaciones marxistas que respondían a Cuba y de esa forma lo expresa laJusticia en el juicio a los comandantes iniciado en 1983 durante el gobierno de Raúl Alfonsín. La gente común se refleja en sus dirigentes, los cuales tienen la obligación de moverse dentro de la ley y no por simpatías políticas y menos ordenar por ley, como en la provincia de Buenos Aires, en temas que afectan directamente a la libertad. Nuestros políticos deberían gobernar para las mayorías silenciosas y no para las minorías ruidosas, o de última para todos. Lamentablemente también siguen sumándose héroes de uniforme -que lucharon contra el marxismo, evitando que fuéramos la Cuba sudamericana y cumpliendo órdenes de un gobierno constitucional- presos; y los combatientes de las organizaciones terroristas pululan por las cámaras y los medios de comunicación como grandes personajes.
Me dijeron que la Argentina es el reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez….
Jorge Gustavo Taboada
Odios inútiles
Realmente que hoy sigan buscando la división me angustia. En 1974 fui víctima de un atentado en el que trataron de secuestrar a mi padre, por ser funcionario de una empresa extranjera. Realmente no tengo ningún odio, ni quiero seguir con malignas divisiones. No dudo de que algunos miembros de las Fuerzas Armadas actuaron muy mal, pero los guerrilleros no se arrepienten de ninguno de sus actos homicidas. Por lo vivido, o juzgamos a todos o perdonamos a todos. No hablemos de la cifra falsa de los treinta mil desaparecidos, ni de las indemnizaciones mal percibidas. Por todo esto hagamos la paz definitiva.
Terminemos con odios inútiles y con pícaros que lucren con los desaparecidos. Vivamos en paz y no repitamos, nunca más, los errores del pasado.
Ernesto Vacarezza
Beneficio no aplicable
En cuanto al reciente fallo de la Corte Suprema sobre el “dos por uno”, debemos tener presente que en un Estado de Derecho todos estamos sometidos a la ley. Todos, absolutamente todos: guerrilleros y militares que cometieron delitos de lesa humanidad deben ser juzgados con un debido y justo proceso legal y derecho de defensa. En el caso de que fueran condenados, deberán cumplir con la condena de manera efectiva, sin atenuantes. Por su naturaleza y tipología, los delitos de lesa humanidad no poseen los beneficios, derechos y tratamientos propios de los delitos comunes. En tal sentido, según se desprende de la doctrina, la jurisprudencia y la legislación internacional y nacional, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no les son aplicables, entre otros, la conmutación de penas, el indulto, la amnistía y mucho menos, como en este caso que conmueve al país, el beneficio del “dos por uno” establecido por la derogada ley 24.390. Debe dejarse bien en claro que los beneficios y/o derechos indicados precedentemente no los pueden tener -bajo ninguna excepción- ni militares, ni guerrilleros ni cualquier otra persona que haya cometido delitos de lesa humanidad. En este contexto, considero que la Corte Suprema no obró de manera justa e imparcial; por el contrario, falló en contra de los valores propios y fundamentales de un Estado de Derecho democrático y republicano.
Nicolás Márquez en Intratables, o el magistral “ningunéo”.
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Nicolás Márquez se encontraba en su lugar de residencia, Mar del Plata, cuando fue convocado por los productores de Intratables para participar en el mencionado programa de América TV. El Abogado, escritor y periodista debió encontrar la manera más veloz para llegar a los estudios del canal y se sentó frente y junto a un gran número de panelistas dispuestos a no brindarle la palabra. Las interrupciones y la negativa -tal vez no premeditada- de Santiago del Moro, a no darle una oportunidad de réplica, hicieron que Márquez no pudiera argumentar o exponer sus ideas con comodidad.
El tema de las víctimas del terrorismo está desapareciendo del programa y el problema de los presos políticos tiene cada día menos oportunidades de ser llevado a discusión. Mientras tanto, Márquez -lamentablemente- cayó en la trampa de un programa que dejó de ser pluralista, si alguna vez lo fue- como en los tiempos que su conductor mantenía un equilibrio entre sus asistentes. Márquez, exhibió valientemente sus ideas, no renunció a su espiritú para divulgar sus análisis, combatió estas circunstancias, mantuvo su estoicismo, su lucha y su frontalidad para divulgar la verdad completa, mientras algunos panelistas tiraban mieles adulando a Eduardo Anguita, confeso terrorista.
Fue la de anoche, una muestra más del alejamiento a un debate honesto y que las diferencias van a continuar acentuándose.
El último y principal destinatario de la brutal embestida fascista que han sufrido los tres magistrados de la Corte que fallaron a favor de extender (absolutamente ajustados a derecho) la ampliación del 2 x 1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad es el gobierno de Mauricio Macri. En la Argentina, que un Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya alquilado media docena de sus departamentos para prostíbulos, negado recursos de hábeas corpus a personas desaparecidas durante un gobierno de facto, publicado libros justificando la represión de dicho gobierno y falseando su declaración jurada de bienes para evadir impuestos no ameritan el escándalo de proporciones homéricas y las acciones desestabilizadoras que ha despertado esta decisión mayoritaria de la Corte. Se trata, lisa y llanamente, de un golpe de Estado al Poder Judicial de la Nación por emitir una sentencia contraria a los intereses de una parte. Pero es también una estocada a fondo al Poder Ejecutivo; pues a él es a quien se le endilga la autoría intelectual del “infame” fallo (Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco serían meros testaferros). Corrido con la vaina, el gobierno de Cambiemos reacciona con espanto de amateur sumándose a la condena del fallo y, por ende, a la criminalización de sus autores. Al respecto, las opiniones sustancialmente pusilánimes de Gabriela Michetti, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Daniel Lipovetzky son más que elocuentes. Párrafo aparte merece la patética agachada de Federico Pinedo y su iniciativa para limitar el alcance de aquella ley. Con el repudio oficial del gobierno, el vacío de poder a la Corte deviene en tormenta perfecta. No es la primera vez que la oposición debilita al presidente arrancándole jirones de gobernabilidad. Su propensión a hocicar ante la mínima presión quedó exteriorizada cuando entregó a Darío Lopérfido por contrariar a la Carlotto y en la pasividad ante el acompañamiento ¿de? María Eugenia Vidal, y los diputados provinciales de PRO, a la ley mamarracho kirchnerista que oficializó la mentira de los 30.000 desaparecidos.
La defección aparatosa del macrismo con el deber republicano es una señal inequívoca a los carroñeros de siempre. Quienes, inmisericordes, se lanzan contra Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco. Como jugando de memoria, Marcelo Parrilli lanza la denuncia por prevaricato y, todavía en el aire, el fiscal Marijuan la toma de volea madrugando al resto. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco se lo merecen. Es que ¡se puede ser tan pavo para fallar de esa manera! ¿No aprendieron en los últimos diez años que a cualquier militar, policía o agente penitenciario (da igual, pinche o jefe) al que se le cuelga el sambenito de “genocida” pierde, automáticamente, su condición de sujeto de derechos humanos? ¿No saben, acaso, que a estos después de cuarenta años, sin pruebas y con el sólo testimonio de ex guerrilleros se los condena a pudrirse en la cárcel?
¿En qué país creen que viven? Les convenía por mucho emular a dos de las escasas vacas sagradas del derecho argentino: Ricardo Gil Lavedra y Eugenio Zaffaroni. Altos funcionarios de la justicia durante el gobierno militar que, en el momento oportuno de que ésta ¿éste? finalizara, tuvieron el tino de calificarla de genocida y abominable. Esto es la Argentina, che. Aquí, tanto Maqueda y Lorenzetti, la abrumadora mayoría de los políticos, periodistas, curas y no pocos ciudadanos comunes consideran y dan el trato de ratas apestosas a los que vencieron a los terroristas bancados por Cuba. Ser héroe de Malvinas no cambia un ápice. Otra cosa, obviamente, es la consideración a tener ante aquellos “jóvenes idealistas” que haciendo estallar una bomba asesinaron a 23 policías mientras estos almorzaban. Tipos así merecen que la democracia les haga el honor de que una estación de subte lleve su nombre o la presidencia de una ONG de derechos humanos.
A título de qué, entonces y por más jueces de la Corte que sean, ¿habría de tolerarse que ese fallo reconociera a los “genocidas” ese derecho, por ínfimo que fuere, del 2 x 1? Si fue la lógica política de confiar que Macri, Vidal, Pinedo, Michetti, Peña, en función de su propio interés se jugarían por un fallo ajustado a derecho, le erraron torpemente. El macrismo tiene más apego a su imagen de partido políticamente correcto que al poder que despilfarra enviando jueces probos a los leones.
En fin, el daño es irreparable y ya está hecho. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco, en manos de Rafecas, pueden ir haciendo las valijas. Queda claro a los jueces de todo el país que sus fallos deberán atenerse a la última instancia de la justicia argentina de Bonafini y Carlotto. Vayan poniendo las barbas en remojo los que procesan a Milagro Sala y respiren tranquilos los prevaricadores que condenaron con la “política de Estado” en derechos humanos en la mano. Sopesando las alternativas (Massa y Cristina) estamos en el horno. Sólo queda rezar y pedir para que Durán Barba adivine el rumbo.
Es la muletilla obligada de gobernantes y aspirantes a serlo. Es la primera promesa que realizan los ministros de seguridad -o equivalentes- cuando se hacen cargo de dicha cartera y ejercen la comandancia política de las fuerzas policiales de su distrito.
También es el reclamo -genuino- de los contribuyentes, cuando sienten en carne propia las terribles consecuencias de la criminalidad. Cada día más profusa. Cada día más sanguinaria.
Por lo general, es una promesa que los políticos cumplen. Las ciudades son saturadas de uniformados, sea en patrullas, motos, caballos o bicicletas, sea en paradas fijas, garitas o puestos de vigilancia. También es cierto que cuando más se acercan los tiempos electorales, más efectivos recorren las calles y avenidas de pueblos y ciudades…
Pero… ¿Es realmente efectiva, para enervar la criminalidad o al menos para reducir sus aciagos efectos, la reiterada fórmula de colocar “más policías en las calles”?
La respuesta negativa parece imponerse. Al menos, si se considera a esta trillada fórmula como una solución mágica y exclusiva.
En primer lugar, el delincuente no se intimida frente a la “presencia policial”. Si así fuera, no habría delincuentes que enfrenten a la policía. Por el contrario, el comportamiento criminal se caracteriza por el desafío constante al sistema penal. Es decir a las leyes penales y a las autoridades de aplicación del aparato preventivo, represivo, investigador, juzgador y sancionador del Estado.
En segundo lugar, las potestades policiales de prevención delictual han sido considerablemente reducidas en los últimos tiempos, merced a reformas legislativas que limitaron su accionar y a fallos judiciales que han tachado de ilegales o -directamente- de violatorios a la Constitución Nacional y a los Derechos Humanos a ciertas prácticas de las policías y de las fuerzas de seguridad.
Con los rótulos de policización, policialización, estigmatización, militarización policial, derecho penal del enemigo, entre otros términos que adornan cursos, conferencias, libros y revistas de los gurúes minimalistas del Derecho Penal, o -directamente- abolicionistas, distintos fallos judiciales hicieron posible que la fuerza policial se fuera quedando con muy pocos instrumentos para su tarea específica de prevención.
A modo de ejemplo, casi no existen contravenciones ni edictos policiales. Las pocas que siguen vigentes, han quedado limitadas al contralor de organismos administrativos o municipales. Se ha eliminado el arresto temporario por “averiguación de antecedentes”, quedando limitado sólo en caso de negativa del particular a indentificarse al personal policial. Sin embargo, campañas oficiales y no oficiales “informan” a la población que las fuerzas policiales no tienen derecho a exigir identificación (¿?).
Ya no existen los álbumes de “modus operandi”, pues los jueces han entendido que una colección de fotografías de delincuentes es ‘estigmatizante’ y no pocos magistrados judiciales han considerado que perjudican y contaminan la investigación…
Las conductas pre-delictuales no pueden ser controladas por las policías y las fuerzas de seguridad. A modo de ejemplo, el denominado “olfato policial” o la “actitud sospechosa” han sido demonizados en los Tribunales Penales, casi como si se tratara de prácticas de la Gestapo.
Los “cacheos” y requisas también han sido discutidos por jueces y fiscales, habiéndose dictado infinidad de nulidades de procedimientos que culminaron con secuestros de armas, sustancias psicoactivas, elementos robados, etc.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar preventivamente en piquetes, cortes de calles, rutas o puentes. Salvo casos muy específicos, en donde se requiere orden judicial.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar en disturbios estudiantiles en dependencias de universidades públicas, pues la legislación vigente ha convertido a las casas de altos estudios en virtuales “sitios con inmunidad diplomática”, donde no ingresa nadie, salvo los integrantes de la comunidad universitaria.
En este contexto, se ven efectivos policiales deambulando sin rumbo fijo por las calles de las ciudades, gastando combustible de los patrulleros al solo efecto de que el ciudadano vea luces azules destellando por su barrio.
El ladrón no robará frente al patrullero o al caminante que pasa frente a él. Simplemente, optará por otra calle o por otro momento para cometer sus tropelías.
¿Qué hacer entonces?
Si lo que se pretende es que las policías y las fuerzas de seguridad sean eficientes en la prevención, es decir, en el adelantamiento a la conducta criminal, se deberá aprovechar al máximo las posibilidades que brinda la tecnología moderna: Cámaras de seguridad fijas y móviles (domos, drones, etc.); detectores de metales en oficinas públicas; desarrollo de la inteligencia criminal y no espionaje de peluquería; estudio y análisis de la información brindada por otras fuerzas; construcción de bases de datos de crímenes y criminales, entre otras actividades.
Los formadores de los futuros integrantes de las fuerzas del orden deberán priorizar el entrenamiento, la capacitación; ser ejemplo de conducción y liderazgo. El oficial de policía moderno, más que deambular por las calles para que los gobernantes puedan mostrar “presencia”, deberán profundizar el estudio y análisis de la conducta criminal.
Pero, por sobre todas las cosas, si se pretende algún éxito en esta empresa, deberá existir DISCRECIÓN en las políticas de seguridad. Si los responsables políticos anuncian a los cuatro vientos, conferencia de prensa incluída, los mecanismos tendientes a evitar las conductas delictivas, el criminal sólo tiene que encender su televisor para saber que hacer y que no hacer.
La prevención de incendios no se logra con autobombas recorriendo los barrios buscando humo.
La medicina preventiva no tiene entre sus postulados el derrotero de ambulancias en procura de heridos.
Por una vez se impone ser un poco -solo un poco- mas inteligente que los criminales.
No se trata de una gran faena.
Marcelo Carlos Romero es fiscal del Ministerio Público y miembro de Usina de Justicia.
MAGISTRADO JUDICIAL (FISCAL del MINISTERIO PÚBLICO – PODER JUDICIAL de la PROVINCIA de BUENOS AIRES)
No es esta expresión una falta de respecto a mi querido amigo el Teniente Coronel Emilio Nani, recientemente convertido en preso político de Argentina. Lejos de ello, es una muestra de admiración y respeto. “Ojo al parche” es la frase que usa para todas sus direcciones de correo electrónico: ojoalparche@… Una humorada que describe acabadamente su espíritu imbatible. Emilio suele burlarse de la muerte que le tocó tan de cerca aquella ocasión en que los terroristas del MTP le volaron media cara en La Tablada.
El querido Emilio Nani no perdió sólo un ojo en ese atentado, perdió la mitad de la cara que le fue reconstruida pacientemente, después de muchas operaciones en Argentina y el extranjero. Y sin embargo siempre se rio del suceso. También tomó con naturalidad haber sido herido en Malvinas y sólo admitió ser evacuado cuando fue herido por segunda vez.
Hoy este país ingrato lo tiene tras las rejas.
Siguiendo su ejemplo no me voy a dejar abatir. Voy a transmutar mi rabia en algo positivo, en algún aporte que ayude a vencer a estos malhechores que succionan la vida de tanta buena gente.
A esta altura de los acontecimientos me pregunto si entendemos lo que pasa realmente. Si entendemos qué es lo que buscan con esta persecución furibunda ¿Cómo vencer al enemigo que no se conoce? ¿Alguna vez nos detuvimos a pensar qué es lo que realmente mueve esta locura de juicios insensatos contra grupos arbitrariamente definidos? ¿Una justicia mal entendida? ¿Una venganza?
No dudo que esas “orgas” de terroristas hoy recicladas en “orgas” defensoras de los Derechos Humanos deben sentir algún placer al encarcelar y escarnecer viejos soldados que los vencieron. Tampoco dudo que el ánimo de lucro sea un motor imponente al captar voluntades. Pero todo esto no justifica ni explica la persecución implacable a personas que se sabe inocentes o, a esta altura de la vida, inofensivas en razón de su edad y enfermedades.
¿Qué mueve esta kermesse de lágrimas de cocodrilo? ¿De madres vendiendo la sangre de sus hijos guerrilleros, exhibiéndolos sin pudor como a víctimas ingenuas?
Ojo al parche que los que quisieron tomar el poder por las armas nunca cambiaron. Sólo cambiaron de estrategia. Le tomaron el tiempo a esta sociedad sensiblera con los “bebés”, las “embarazadas” y los “vuelos de la muerte”. Ese y tanto otro morbo acumulado en sus almas negras.
Le han tomado el tiempo a esta sociedad los que mataban bebés, mujeres, hombres, torturaban cautivos y ponían bombas en lugares públicos. Los que ponían a las embarazadas a combatir en primera línea para inhibir la respuesta militar. Pero es así, cada vez que se pretende cuestionar la legalidad de los juicios salen con los bebés y las embarazadas, amuleto contra cualquier argumento legal.
Los políticos y periodistas potencian la iracundia con su amnesia decorativa; paracaidistas suecos que golpearon los cuarteles y escondieron la mano hoy chillan y patalean como si no tuvieran el corazón anestesiado.
Pero no estamos llegando al meollo del problema. ¿Qué los mueve? ¿Qué mueve a condenar a un subteniente, a un cocinero, a un guardia perimetral de una penitenciaría, a un baquiano que transportaba caballos?
Ojo al parche que nos equivocamos si buscamos justicia o venganza en sus actos. Nunca los movió la justicia ¿por qué iban a empezar ahora? ¿Acaso usan el mismo estándar justiciero con Maduro o los Castro?
Ojo al parche que este proyecto persecutorio viene de lejos, no desde el gobierno de los Kirchner que se sirvieron de las “orgas” como quien compra un traje prệt–à- porter. Las “orgas” les entregaron el “proyecto” para que los Kirchner lo ejecutaran a cambio de impunidad en el saqueo del país.
Este “proyecto” viene de lejos, desde Alfonsín o tal vez antes. Alfonsín lo intentó pero tuvo que detenerse frente a las demandas carapintadas. El principal mentor de Alfonsín, el ideólogo en la implementación de los juicios a militares y policías fue el doctrinario Carlos Nino. En su libro póstumo “Juicio al mal absoluto” afirma que el objetivo de la pena debe ser “prevencionista” o sea, impedir que un delito se vuelva a repetir independientemente de que se vea satisfecha la percepción de justicia. En pocas palabras, sin importar la culpabilidad o inocencia, sin atender al principio de legalidad, el “Juicio al mal absoluto” busca evitar la repetición. Costra moral que tritura personas para poner un ejemplo a los demás; se lo conoció publicitariamente como “NUNCA MAS”.
No podemos ver lo evidente porque analizamos con ojos de Justicia, de bien o de mal. Pretendemos juzgar personas de una naturaleza diametralmente opuesta como si tuvieran nuestros mismos valores.
Algún abogado me ha contestado que buscar la “no repetición” es un absurdo puesto que para que pudiera repetirse la represión de los 70 deberían repetirse las condiciones de guerra revolucionaria que llevó a esa represión.
Y yo podría contestarle al abogado “elemental Watson” pero prefiero decirle “Ojo al parche”.
Ojo al parche que no han abandonado la idea de conquistar el Poder por medio de las armas.
Lo tenemos ante nuestros ojos. Ojo al parche.
1) Los “desaparecidos” pasaron de ser jóvenes idealistas pacíficos, secuestrados por figurar en la agenda de alguien a “militantes” y luego “combatientes”. Hoy admiten abiertamente en los juicios que pertenecían al ERP o a Montoneros.
2) Las “orgas” de DDHH pasaron de reclamar Derechos Humanos a exigir juicio y castigo, ni olvido perdón. “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”. El castigo no es un derecho humano de las víctimas en sí mismo. Es una herramienta de algunos Tratados y Estatutos para la prevención futura de delitos contra la humanidad.
3) El 24 de marzo pasado reivindicaron la lucha de diversas organizaciones guerrilleras que se valieron del terrorismo para intentar llegar al poder. La “lucha” de estas organizaciones no fue otra que la lucha por el poder total y absoluto mediante las armas, Montoneros y ERP nunca fueron partidos políticos, cooperativas de trabajo, ni sindicatos. Su lucha fue violenta, ilegal, ilegítima y clandestina y fue reivindicada por las organizaciones supuestamente defensoras de Derechos Humanos.
4) Abiertamente y ante cada situación los agentes ideológicos admiten que con los juicios se busca la “No repetición”.
5) Durante los años que siguieron al gobierno de Alfonsín, inclusive, y particularmente durante el kirchnerismo se persiguió, desarmó, injurió, desarticuló y quebró moralmente a las Fuerzas Armadas y de Seguridad activas con un evidente aumento de la delincuencia y una menos evidente indefensión de las fronteras del país.
Durante todos estos años y particularmente durante el kirchnerismo, el “relato” y la desarticulación de instituciones como la Justicia y las Fuerzas Armadas persiguen el objetivo de inhibir la respuesta de la sociedad argentina ante un futuro ataque armado de grupos insurrectos.
Tal vez no lo hagan mañana, ni la semana que viene, pero en su plan sin tiempo de tomar el poder incluye volver a utilizar las armas. En algunos puntos del país, con la guerra de los Mapuches (truchos) ya lo han hecho.
Si pensamos que los miembros de la izquierda disolvente ven la vida como la vemos nosotros, que buscan la paz, que aspiran a la concordia, a criar a sus hijos en un país seguro y próspero seguiremos dando vueltas sobre el asunto como un perro que se muerde la cola sin comprender verdaderamente el problema.
Entonces, toda la indiferencia de los cobardes y la corrupción de los cómplices se volverá contra la sociedad que creyéndose libre del flagelo del terrorismo castrocomunista, abandonó a su suerte a los que la salvaron en los 70.
Mi opinión está lejana a toda religión o ideología que pueda afectar drásticamente a terceros. Puedo ofender o crear discrepancia, pero jamás me atrevería a imponer leyes inexistentes o revocar leyes establecidas para poner el pie sobre un potencial adversario. De esta manera actúan los totalitarios. De esta manera han actuado magistrados argentinos que tiempo atrás pusieron su mano sobre la Constitución Nacional y juraron respetarla. Para un mejor ejemplo, en su obra épica sobre Napoleón, Stendhal, nombre de pluma de Henri-Marie Beyle, pronuncia algo más parecido a un alegato que a una introducción:
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Escribo la historia de Napoleón para responder a un libelo. Es una empresa imprudente porque ese libelo lo lanza el primer talento del siglo contra un hombre que, desde hace cuatro años, es objeto de la venganza de todos los poderes de la tierra. Estoy encadenado por la expresión de mi pensamiento, me falta talento y mi noble adversario tiene como auxiliares a todos los tribunales de policía correccional. Por lo demás, al margen de su gloria, ese adversario gozaba de gran fortuna, de un gran renombre en los salones de Europa y de todas las ventajas sociales. Halagó incluso a nombres oscuros, y su gloria póstuma no dejará de excitar el celo de todos esos nobles escritores, siempre dispuestos a enternecerse en favor de los infortunios del poder, del tipo que sea.
No estoy tratando de establecer un paralelo entre la narración del francés y cualquier parecido entre los obstáculos que se debieron sortear durante la Década Ganada o en los dieciocho meses de Cambiemos. Para ello hay sobrados ejemplos extraídos de la dura vida de aquellos tocados por los circenses casos de lesa humanidad.
En el país de los derechos humanos, queda en descubierto que todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Sobre todo, en esta disputa de la ley del 2 x 1, cercana a una comedia de enredos. Esa pasión por distinguir la equidad es lo que exhiben los legisladores argentinos -incluso aquellos que pertenecen a Cambiemos, esa coalición política que con la discrepancia de ideas solo refleja ambición de poder y no unión de ideas- que no tienen la menor timidez en admitir que el negocio de esos derechos humanos va a seguir por largo tiempo contradiciendo a su propio contradictorio líder.
Los juicios de lesa humanidad nunca van a reflejar la verdad, ya que es claro el medio utilizado, ese que permite condenar sin pruebas. Cuando hablamos de evidencia, me permito describir estas con el diálogo entre un imputado y su abogado defensor. Usted juzgará quién es quién.
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–Con respecto al principio de legalidad le cuento que esa cuestión ya ha sido resuelta por la jurisprudencia, se basan en el estatuto de Roma que tipificaba los delitos de tortura y secuestros ya en el año 1950, a su vez la convención de delitos de lesa humanidad, incorporada a la Constitución, considera que se tienen que juzgar e investigar en cualquier momento que se hayan cometido y eso los hace imprescriptibles, se lo explico someramente, es más profundo el tema.
– Percibo una discrepancia, dado que estoy convencido que en nuestro país no se puede legislar mediante la jurisprudencia, (en Gran Bretaña, quizás sí) y menos existiendo leyes vigentes en el país. Por supuesto el cambio de la Constitución debe realizarse como lo establece el artículo 30 de la Constitución Nacional. No hay funcionario Judicial con autoridad para modificarla. También le recuerdo que el Estatuto de Roma declara en su contenido que es solo aplicable a partir de la fecha que está vigente, en nuestro caso 2001. De cualquier manera, a pesar de todo, lo único que me queda es recuperar mi dignidad.
– Tendrá tiempo para restituir su dignidad después, en un libro, por ejemplo, le digo que tengo bastantes argumentos para pelear su defensa, no hay pruebas en su contra.
– De acuerdo. Tampoco había pruebas en mi contra cuando me condenaron a prisión perpetua la primera vez.
Cuando esto se produce, percibimos que la interpretación de La Ley no es una excusa que solo usan los jueces y fiscales militantes. Los abogados defensores apostados en la playa miran la bandera negra y amarilla mientras sus defendidos nadan en un mar dudoso. Ciertos tribunales aprovechan el desconocimiento de las partes o se burlan. “El imputado no podía no saber…” o “El testigo no identifica ni describe a quien lo arrestó, pero se infiere…” son algunas de las frases que quedaran para el análisis de nuevos hombres de derecho que las interpretarán según el color de la tendencia ideológica que los maneje. Si un ex uniformado es acusado por un hecho producido el día A, y logra comprobar que no se encontraba en el lugar sino hasta el día B, el problema tiene solución. Simplemente se cambia la fecha y se continúa. Habiendo exhibido esto, no es sorprendente que la ley del 2 x 1 tenga febriles combatientes y se logre dictar solo para violadores, narcotraficantes o asesinos seriales. Lesa humanidad no se mancha, porque produce dinero.
En mi opinión, que no afecta a nadie, solo ofende o se discute, el fundamento a discutir no es esta ley que puede o no beneficiar a los condenados (aquellos que aún no son llevados a juicio pueden morir presos, aguardando). El principio a debatir es el desarrollo de los casos, las imputaciones y los elementos de prueba, que llevan al resultado de los juicios -siempre en desventaja- que si afectan vidas humanas.
Una de las poesías favoritas de mi padre es Sobre los Indiferentes, de Martin Niemüller y es un reflejo sin tiempo para las sociedades que decidan no respetar sus leyes, que pisotean su Constitución Nacional, que es miope a sus códigos penales. La Argentina Salvaje acusa a grupos ya que algo habrán hecho. Todos somos todos. Y todos puede ser usted. No vinieron realmente por Menem ni por De Vido, como no van a venir por Cristina Kirchner. Es usted y yo. O usted o yo.
Caterina Ciarcelluti – que ha sido apodada la “Mujer Maravilla” de Venezuela – con jeans recortado al mejor estilo Catherine Bach en los Duques de Hazard una muy sexy musculosa, casco de seguridad y gafas de sol aviador, es una ciudadana de 44 años que no teme demostrar su rabia contra el régimen del presidente Maduro. Su agraciada cara, su rubia melena, y su valiente actitud se están transformando en un símbolo del descontento de los opositores a la administración populista. Su propuesta es gráfica y es la de no asustarse mientras combate lanzando una roca a la guardia nacional durante una protesta en Caracas. Ciarcelluti se ha convertido en la heroína no oficial de la oposición venezolana. Su imagen estilizada es un poster de batalla internacional y sin dudas despertará la atención de más de un hombre.
La alta inflación, la escasez de alimentos y las protestas con riesgo de muerte se están apoderando del país, una vez considerado el país más rico de Sudamérica. Ahora está al borde del colapso, ya que su pueblo exige una reforma económica y el fin del gobierno autoritario del país. Aunque el país tiene más petróleo subterráneo que Arabia Saudita, se enfrenta a tiempos desesperados con la gente haciendo cola durante horas para los alimentos básicos y las provisiones.
Ciarcelluti se ha manifestado en contra de los gobiernos de izquierda del presidente Nicolás Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, desde que fue estudiante de educación física a principios de los años 2000.
Es tragicómica la reacción de políticos (diputados y senadores) que pecan de ignorancia del derecho al objetar sin fundamento el fallo, inobjetable para constitucionalistas, que por la mayoría de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, reconocieron a un “preso político”, la ley del 2×1, es decir la ley penal más benigna; y han llegado al extremo, como el caso de senador Federico Pinedo, que no es abogado, a decir que se tratarán cuatro proyectos de limitación de ese fallo, desconociendo que las leyes deben ser generales, y no para casos particulares, violando la igualdad ante la ley; el ignoto abogado Marcelo Parrilli, defensor de terroristas, para buscar notariedad, presentó una denuncia penal contra los miembros de la Corte aludidos, en su supina ignorancia del derecho. Debería pensar Pinedo, como también el coro de adláteres macristas María Eugenia Vidal, Horacio Rodrigúez Larreta y Jorge Macri, que cualquier persona puede pedir la inconstitucionalidad del engendro de ley que proponen, y teniendo en cuenta que juraron respetar la Constitución Nacional, que no deben violar, so pena de ser sometidos a juicio político (y llama la atención que esos hipócritas no hagan alusión alguna a las víctimas del terrorismo).
Asimismo, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (acnudh), Amerigo Incalterra, se considera con derecho a interferir en nuestros asuntos internos, señalando que “La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”, le recuerdo que “LaConstitución Nacional es la ley suprema de la Nación” (art. 31 CN), por lo cual le mando ocuparse de las situaciones de Venezuela, Cuba, Rusia, China, Corea del Norte …, que no respetan los derechos humanos, puntualizando que lamentablemente la ONU ha devenido en una entelequia por los vetos de las potencias en Consejo de Seguridad; y el pseudo Derecho Internacional es otra impostura de las potencias por el uso de la fuerza, que no da derechos, de modo que no aceptamos interferencias externas.
Con respecto a la penosa actitud en la cuestión de Derechos Humanos, le recuerdo a Pinedo, y demás opinantes, que el presidente Mauricio Macri prometió terminar con el “curro” de los derechos humanos, pero parece que se han constituido en cómplices de las pseudo madres y abuelas (de terroristas) de Plaza de Mayo, recordándoles que Hebe de Bonafini que con su lengua viperina insulta hasta al más santo, ha utilizado el Altar Mayo de la Catedral de Buenos Aires como baño público (no me acuerdo que el Cardenal Bergoglio haya condenado ese sacrilegio), y enviaba los recursos provistos por el kirchnerismo a sus dos hijos (¿desapararecidos?) terroristas que viven en París. En cuanto, a Estela Barnes de Carlotto es otra farsante, pseudo abuela pues su hija montonera Laura era estéril, ha recibido unos 600 mil dólares, amén de otros subsidios, acumulando una fortuna con el “curro” de los nietos “apropiados”, que fueron hijos de subversivos, nacidos en cautiverio, que eran entregados a sus parientes o a personas que los criaban cristianamente, según documentación entregada por el general Suárez Mason, a la sazón comandante del Primer Cuerpo de Ejército, al juez Ballestero, actual camarista de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones.
Con relación a la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, no está demás reiterar que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad fue ratificada por el Congreso en 2003, mediante la ley 25.778, y por tanto no aplicable a los hechos de la década del ’70; como, asimismo, el Estatuto de Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su aplicación a posteriori de su ratificación y no a priori, y que las leyes penales no se imputan con retroactividad, por lo cual todas las condenas de prisión perpetua de militares, a miembros de las fuerzas de seguridad y policiales son inconstitucionales, por conculcar la legalidad (como bien sabe el presidente (por ahora) de la Corte, Ricardo Lorenzetti) y el artículo 18 CN; y, por ende, todos los presos políticos deben ser liberados. En la actualidad hay unos 2.400 presos políticos sometidos a persecución judicial, con prisiones preventivas que superan los dos años, sin sentencias definitivas desde hace años, y condenados a cadena perpetua sufriendo malos tratos, sin alimentación adecuada y atención médica, con una edad promedio de 76 años, ancianos mayores de 90 años muriéndose en presidio por negarles prisión domiciliaria, siendo que a peligrosos delincuentes, asesinos, pervertidos y violadores les otorgan prisión domiciliaria a los 70 años. Y han muerto, tras los malos tratos indicados, unos 400 presos políticos; que el representante de ACNUDH, Amerigo Incalterra, no debe ignorar, dado que a ellos les nieguen sus derechos humanos endógena y exógenamente. La persistencia de la política de derechos humanos que sigue el macrismo es de una hipocresía y cinismo inaceptables, que no lleva a buen puerto para quienes la padecen (¿con muerte legalizada?).
Qué no venga ACNUDH a darnos lecciones de ética y moral, y le sugiero que la ONU se ocupe de lo que debe ocuparse, y no interferir en nuestros asuntos internos, que la Argentina es una nación soberana desde 1810.
En el día de ayer, en horas de la mañana, el doctor Carlos Alberto Gutiérrez -letrado defensor del Coronel retirado Manuel Juan Cordero Piacentini, de nacionalidad uruguaya, fue interceptado al ingresar al predio de los tribunales de Comodoro Py por personal de seguridad perteneciente al grupo La Cámpora a los efectos de conocer la razón de su visita, más concretamente si se hacía presente para entregar alguna petición sobre el dos x uno, para alguno de sus representados.
Este tipo de hostigamiento se ha hecho común en las últimas horas al avistar -los camporistas- cualquier figura que pueda estar ligada a los casos (mal llamados) de lesa humanidad.
El grupo reivindica las acciones del grupo guerrillero Montoneros, y así fue nombrado en honor a Héctor José Cámpora, que había favorecido al grupo terrorista concediéndoles la libertad. El movimiento fue formado con el objetivo de enfrentar el discurso de opositores políticos a través de lo que percibe como su dominio de los medios argentinos que critican la sombra de corrupción que envuelve a la administración Kirchner, hacen frente común utilizando redes sociales o amedrentamiento como en este caso sucedido en los tribunales. La Cámpora confronta a los conglomerados de medios que controlan la gran mayoría de los medios argentinos que trabajan, según La Cámpora, para socavar la administración Kirchner.
El doctor Gutiérrez se encontraba en la Casa de la Ley, por motivos distintos a los cuestionados por el grupo mafioso, pero ha experimentado lo que será en el futuro lidiar con presentaciones respaldadas por la Corte Suprema.
Escribe Enrique Molina Pico en Cartas de Lectores del diario La Nación.
Fallo “dos por uno”
“Dos por uno”, igualdad ante la ley y demás garantías constitucionales o el camino hacia el pensamiento único obligatorio. Declamamos ser un país que vive en democracia, con separación de poderes y una total independencia del Poder Judicial, que se expresa por sus fallos. Falta agregar: eso sí, siempre y cuando la sentencia concuerde con mis ideas o intereses, en caso contrario, estigmatizaremos y amenazaremos a los jueces, los denunciaremos penalmente y solicitaremos su juicio político y finalmente sancionaremos una ley opuesta que se aplicará con retroactividad.
El fallo de la Corte que aplicó el cómputo del dos por uno en un caso de lesa humanidad muestra el sano funcionamiento de la independencia de los poderes.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el cómputo del dos por uno a condenados por delitos de lesa humanidad y que tanta polémica despierta nos mueve a reflexionar acerca de si como sociedad hemos asumido plenamente lo que significa aceptar el Estado de Derecho, esto es, la sujeción del hombre al imperio de la ley que debe regir la vida en comunidad.
Los delitos de lesa humanidad, en los que incurrieron ambos bandos en tiempos del enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y los terroristas revolucionarios, recogen desde siempre un merecido repudio. Hay también acuerdo respecto de la imprescriptibilidad de esos delitos, pero la unanimidad cede cuando se restringe ese carácter exclusivamente a los cometidos por la represión ilegal y se deja inexplicable e injustificadamente fuera a los cometidos por la guerrilla subversiva.
A propósito del fallo “Muiña” de nuestro máximo tribunal, que conocimos días atrás, merced al cual se le concede a un represor el beneficio del dos por uno en su condena por el delito de privación ilegal de la libertad y tormentos para con trabajadores del hospital Posadas, se ha afirmado en distintos ámbitos que los derechos humanos universalmente reconocidos están por encima de cualquier ley. Pero si realmente aspiramos a vivir en un Estado de Derecho no hay doctrina política, ni religiosa, ni filosófica, ni relato ni memoria que puedan justificar su elevación por sobre la ley.
A lo largo de la historia, el mundo occidental civilizado ha incorporado sabiamente principios inamovibles como la igualdad ante la ley, el derecho de defensa, el debido proceso y que nadie puede ser juzgado ni condenado por conductas no previstas en leyes anteriores al hecho, entre muchos otros. Las llamadas leyes humanitarias han suprimido la prisión por deudas y la tortura; han consagrado el principio de in dubio pro reo, o beneficio de la duda; el principio de la ley más benigna a favor del imputado siempre que ésta estuviese vigente al momento del hecho, y que las cárceles sean sanas y limpias “para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas”. En la misma línea están la reducción de la pena por buena conducta y la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años. Se trata de conquistas que responden a piadosas tendencias humanitarias, precisamente a favor del hombre.
La sana división de poderes, con expresa prohibición de arrogarse otras funciones propias del Poder Judicial, y la obligación de los jueces de fallar según la ley, con independencia de toda doctrina o postura política por respetable que ella sea, constituyen garantías para el ciudadano. A la luz de estos principios fundamentales, la sociedad debe comprender que si se quiere vivir en un Estado de Derecho se deben respetar las leyes, nos gusten o no sus términos, pues no existe ninguna política capaz de situarse por encima de ese cuerpo legal. Si el fallo en cuestión se hubiese aplicado a un ex montonero, la situación sería exactamente la misma, pues nada tienen que ver en esto la militancia ni las argumentaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos.
Precisamente por este motivo se representa a la Justicia con una venda en los ojos para simbolizar su imparcialidad: la ley es igual para todos. La aplicación de este principio es justamente lo que nos distinguirá de los criminales de toda laya y de la barbarie, tanto como de quienes pretenderían ampararse en la deleznable consigna “al enemigo, ni justicia” para exigir venganza antes que el cumplimiento de las leyes.
No puede menos que repudiarse la afirmación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien, al cuestionar el fallo de la Corte Suprema, sostuvo que algo así no hubiese ocurrido durante su gestión gubernamental: otro vergonzoso sincericidio que confirma cuán lejos estaba de respetar la autonomía de los tres poderes que debe primar en una república, al aceptar que ella controlaba o aspiraba a digitar incluso al máximo tribunal de la Nación.
Que la sentencia no sea políticamente favorable al gobierno de Mauricio Macri, por un lado, y que desagrade a organismos defensores de los derechos humanos, por el otro, son una clara muestra de la independencia de la que ha hecho gala la Corte, con su dinámica de mayorías y minorías, al fallar de acuerdo con lo que entiende es la debida aplicación de la ley y las garantías procesales. Técnicamente el fallo resulta inobjetable, aun para sus detractores. Recordemos, además, que el régimen del dos por uno fue muy criticado y desde esta columna se pidió su derogación en 2000.
Recientemente, la Corte avaló el arresto domiciliario para un represor de 85 años y enfermo. Un fallo de características similares fue el de la Corte chilena que habilitó a Augusto Pinochet, de la misma edad, a terminar sus días en su hogar y no en prisión. En una auténtica república el respeto a la ley puede derivar en actos éticamente humanitarios, incluso para con aquellos que tan ferozmente la combatieron, pues sólo así se confirma su fortaleza y sus auténticos valores.
Desgraciadamente, continuando con una inercia de enfrentamiento que sólo nos aleja del futuro para anclarnos en el pasado, una parte de la ciudadanía parece haber olvidado que venimos de más de una década de denunciar la falta de independencia del Poder Judicial. Ya comienzan a oírse voces que anticipan apelar a mecanismos constitucionales que pongan freno a nuevos fallos, incluso al absurdo pedido de juicio político a los magistrados que conformaron el voto mayoritario. En el juego democrático, todo lo que acontezca dentro del marco institucional debe celebrarse. Hasta aquí, respetamos un ejemplo del sano funcionamiento de la independencia de los poderes tan largamente reclamada.
Carta Abierta a Joaquín Morales Solá
Del Dicho de periodistas, al “Hecho” de los funcionarios…
[ezcol_3fifth]Una oportunidad perdida para el Gobierno
El péndulo de la revisión del pasado osciló entre extremos en los últimos 33 años de democracia. Sólo Raúl Alfonsín intentó en los primeros cuatro años de su mandato, cuando era un presidente fuerte, juzgar a los militares que violaron los derechos humanos y a los guerrilleros que también lo hicieron. Carlos Menem decidió mediante un indulto personalísimo liberar a todos de culpa y cargo. La era kirchnerista colocó el péndulo en el otro extremo. Juzgamiento a todos los militares acusados de delitos de lesa humanidad, aun desconociendo en muchos casos las garantías procesales. Al mismo tiempo, convirtió a los jefes guerrilleros de los años 70 en héroes cargados de crímenes. El gobierno de Macri aspiraba a colocar el péndulo en el medio: ni impunidad ni venganza. La prisión domiciliaria de los militares ancianos y enfermos no significaría una disminución de la condena, sino otra manera de cumplir la prisión. Colocaría el derecho humanitario en armonía con el Código Penal, que prevé la prisión domiciliaria para los presos enfermos o con más de 70 años.
La decisión de la mayoría de la Corte es legal. El artículo 2 del Código Penal es muy claro: siempre se aplicará la ley más benigna en el momento del fallo, aun cuando hayan estado vigentes otras leyes. La más benigna es, sin duda, la que beneficia a los condenados con el “dos por uno” mientras estuvieron en prisión preventiva. Es una ley que responde a los preceptos del garantismo zaffaroniano. La hipocresía del kirchnerismo radica, sobre todo, en su inacción. En doce años de poder, no le agregó al artículo 2 del Código Penal una excepción para los delitos de lesa humanidad ni cubrió el vacío legal que dejó la ley del “dos por uno”, que el Congreso acaba de resolver.
Los dos jueces que votaron en contra de ese beneficio, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, también se respaldaron en argumentos legales. Los tratados internacionales de derechos humanos, incorporados a la Constitución en 1994, declaran la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y prohíben la reducción de las penas. De hecho, Maqueda había firmado hace poco una resolución de la Corte que otorgó la prisión domiciliaria a un militar de 85 años, muy enfermo. No pasó nada entonces.
En medio del fárrago, la primera pregunta que surge es qué pasó para que la interpretación estricta del derecho derrumbara la oportunidad. El ministro de Justicia, Germán Garavano, visitó semanas atrás a todos los miembros de la Corte. Ninguno le anticipó nada sobre aquella resolución del “dos por uno”. Sólo al anochecer del día anterior a la firma de la resolución, Lorenzetti lo llamó por teléfono al ministro para advertirle vagamente de que algo pasaría al día siguiente sobre un asunto vinculado con delitos de lesa humanidad. Por eso, Garavano fue el primero en salir, tal vez enojado y decepcionado, a manifestarse en contra de la ley del “dos por uno”. Es una opinión sincera. “Yo soy más conservador para la interpretación de la ley; no me gusta el excesivo garantismo”, suele decir en privado.
Pero ¿qué pasó dentro de la Corte? Primero los hechos, después las interpretaciones. El grupo de tres jueces liderado por Carlos Rosenkrantz, e integrado por Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, sorprendió a Lorenzetti y Maqueda con un voto redactado sobre el beneficio a Muiña con la ley del “dos por uno”. Acordaron a duras penas un plazo no mayor de 15 días para que los otros dos elaboraran sus votos. Muiña es sólo un caso entre 20 más que tiene la Corte. Así empezó todo.
Una interpretación, que circula por el oficialismo, señala que Lorenzetti, que maneja la agenda de la Corte, dejó que el caso prosperara porque imaginó el desgaste de Rosatti, su eterno rival. En efecto, Rosatti les comentó a varios interlocutores (incluidos algunos funcionarios del Gobierno) que después del juicio político planteado por Elisa Carrió, la gestión de Lorenzetti como presidente del tribunal debía concluir en diciembre próximo, aunque le quedara un año más de mandato. “La situación no da para más”, les dijo. Rosatti supone que él podría ser el sucesor de Lorenzetti al frente del tribunal. Lorenzetti los habría dejado avanzar sabiendo que Rosatti se quemaría en el camino.
Otras versiones indican que fueron los tres firmantes de la resolución los que presionaron a Lorenzetti para que se tratara el tema. En tal caso, sería Rosenkrantz, y no Rosatti, quien tomó el liderazgo de una parte importante de la Corte. Luego del estrépito político y social por la resolución, Rosatti y Highton de Nolasco se mostraron dubitativos. Rosatti debió cancelar dos disertaciones por el temor a escraches. Rosenkrantz, que es un jurista sin experiencia política, se mantuvo en sus trece. “No cambiaría ni una coma por la presión política y mediática”, confirmó.
Carrió salió otra vez en auxilio del Gobierno. Será ella la que presentará en Diputados un proyecto para que los militares condenados por delitos de lesa humanidad puedan cumplir prisión domiciliaria a partir de los 75 años. “El derecho humanitario debe ser respetado por la democracia”, señaló. Carrió tiene autoridad moral para hacerlo. Ella escribió como constituyente la inclusión de los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución y fue la voz que defendió en la Cámara de Diputados la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final. Se entusiasmó cuando escuchó a Carlos Kunkel, que participó del grupo guerrillero Montoneros, exclamar en el recinto de los Diputados: “Enfrentar a la fuerza con la fuerza fue un error”. Fueron las primeras palabras de tibia autocrítica.
Para que el país deje de habitar en el pasado son necesarios la verdad y el pedido de perdón. Ni militares ni guerrilleros mostraron nunca gestos de remordimiento. Aunque la responsabilidad del Estado es siempre mayor cuando se violan derechos humanos, la culpa de los grupos insurgentes en aquella ordalía de sangre no puede seguir sumergida bajo un relato de supuesta heroicidad. Definitivamente, no fueron héroes ni mártires. Es cierto, por otro lado, que lo que Norma Morandini llama el “insoportable patrullaje ideológico” impide el debate para llegar a la verdad. Ese “patrullaje” llegó a descalificar a Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido y luchadora infatigable por los derechos humanos. Fernández Meijide había dicho sólo una frase con sentido común: “Nos guste o no, es un fallo de la Corte Suprema y hay que respetarlo”. En efecto, la Corte no tiene la culpa. Es el pasado irresuelto el que interpela a la dirigencia argentina y a los viejos protagonistas de la entera tragedia.
http://www.lanacion.com.ar/2023590-una-oportunidad-perdida-para-el-gobierno
[/ezcol_3fifth] [ezcol_2fifth_end]CARTA A JOAQUÍN MORALES SOLÁ
LOS CÓMPLICES
Lo que nunca podré exponer ni mínimamente, es la repulsión que siento ante tanta ilegalidad e hipocresía generalizada de tanto cobarde que circula en inmerecida libertad, por el territorio que se llama Argentina.
Cordialmente
Claudio Kussman
Mayo 14, 2017
*”engarronar” – hacer comer un garrón, culpar un inocente – jerga policial
Claudio Kussman
claudio@PrisioneroEnArgentina.com
www.PrisioneroEnArgentina.com
@PrisioneroA
Mayo 14, 2017
[/ezcol_2fifth_end]Receta Caníbal
La Argentina política decidió esta semana castigar a los presuntos caníbales comiéndoselos. Confirmó así su siniestra selección de un grupo de dos mil ancianos para que asuman la culpa general de toda sociedad por haber apoyado la revolución militar de 1976 y así lograr el perdón.
Estoy hablando, claro, de la ley que prohibió la aplicación del famoso “2×1” que había utilizado la Corte Suprema de Justicia para declarar cumplida la pena de un condenado por crímenes de lesa humanidad, un fallo que motivó la inmediata reacción de la izquierda, de los pseudo organismos de derechos humanos y del kirchnerismo (probando todos una vez más lo selectivo de su memoria), de los partidos políticos y hasta del Gobierno.
El Tribunal supremo, por una mayoría constituida por sus verdaderos juristas, falló conforme a derecho y, aún en contra de la posición personal y moral de cada uno, lo único que hizo fue aplicar el principio vigente en todas las legislaciones, que impone utilizar siempre la ley más benigna en el juzgamiento y la graduación de la pena de todo y cualquier delito.
Con la sanción de este espantajo, se viola nuevamente otro principio básico de toda la estructura jurídico-penal de Occidente: la irretroactividad de la ley. Porque, cuando otro caso de lesa humanidad llegue a la Corte, los legisladores pretenden que el “2×1” no sea aplicado siquiera a las causas en trámite, es decir, que esta delirante norma recién promulgada impida la concesión de ese beneficio a quienes ya lo tenían.
Pero no debe asombrarnos, porque también se lo hizo cuando, en nombre de una “política de Estado” ¡convenida! entre los tres poderes (el Presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, lo reafirmó así en su voto) se aplicó –y muy tuertamente, por cierto- el concepto de “genocidio”, descripto por el Tratado de Roma, al cual adhirió la Argentina en 1994, a delitos así calificados y presuntamente cometidos veinte años antes.
Como dijo nuestra “abogada exitosa” esta semana en Bruselas, “todo tiene que ver con todo” y, precisamente para imponer el concepto de “genocidio”, fue que el terrorismo inventó el dogma de los 30.000 desaparecidos, amén de lucrar innoblemente con las indemnizaciones.
Debemos recordar que, cuando nuestros insanos legisladores sancionaron esta absurda ley, dijeron haberlo hecho ante la presión del clamor popular; o sea, invocando a la
teórica opinión de la sociedad, nunca verificada, se modificó retroactivamente nuestra Constitución Nacional. Eso fue, claramente, lo que hicieron Hitler, Mussolini y Stalin para cambiar el mundo, ¡y así le fue a la humanidad!.
Y no se trata de una mera exageración literaria. Basta preguntarse qué diferencia, en los hechos, a nuestro Congreso del tirano Nicolás Maduro; ambos dicen representar a mayorías, a las cuales no se atreven siquiera consultar, para cambiar las reglas de juego de la democracia. La permanente violación a la ley, que los argentinos y venezolanos sufrimos diariamente, nos acerca cada vez más a las horas más oscuras de la historia, devolviéndonos a la selva en la que impera el más fuerte.
Este tristísimo episodio volverá a costar a la Argentina mucho más que los transitorios beneficios de venganza que obtendrán sus aplaudidores porque, como es notorio, convierte en innegable la enorme inseguridad jurídica que campea por estas latitudes, en todos los terrenos, de la mano de una justicia venal, rastrera y corrupta. Con esos elementos en la imagen que ofrecemos al mundo, ¿cómo van a venir las inversiones que necesitamos tanto como el oxígeno?
Sólo el coraje cívico de los tres miembros de la Corte Suprema, si mantienen -como fue la eterna conducta del Dr. Carlos Fayt- su postura de apego irrestricto a la ley cuando lleguen a su conocimiento otros casos similares, podrá salvar a nuestro país de un nuevo abismo.
Pese a todo, no tengo dudas que el Gobierno se alzará con el triunfo en octubre de este año, pero el crédito deberá ser otorgado a la falta de opciones, ya que el peronismo no ha conseguido evolucionar y desprenderse de su factor más centrífugo, Cristina Fernández de Kirchner. Mientras ésta siga pesando en la escena partidaria, no podrán surgir hombres y mujeres que representen una nueva forma de hacer política y ejercerla con probidad y honestidad. La “noble viuda” obliga a los cobardes dirigentes del PJ a arrastrarse en su estela; y aún los pocos honestos de éstos que todavía existen se van así sumergiendo en la fétida atmósfera de corrupción que la rodea y que no se atreven a denunciar por miedo a su venganza.
Es desolador el panorama que podemos ver a nuestro alrededor, pero está en nosotros mismos, con nuestro esfuerzo individual, revertirlo. Tenemos esa obligación, aún los mayores, frente a nuestros hijos y nietos, porque recibimos un país y lo hemos destruido, incumpliendo así nuestra principal obligación como administradores de algo que no era nuestro.
Enrique Guillermo Avogadro
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 13, 2017
PERFIL
Diario Perfil,
o cuando tristemente el periodismo prejuzga y apoya a “El Relato”
[ezcol_1third]
Diario Perfil
En medio del repudio al 2×1, Garavano recibió a representantes de represores
Un día antes de la marcha a Plaza de Mayo, el ministro se reunió con gestores que reclamaron por las detenciones del ex militar Emilio Nani y el ex policia Luis Patti.
Ni siquiera el funcionamiento contrarreloj del Congreso para votar una ley que limite el beneficio del 2×1 logró cerrar las puertas del Ministerio de Justicia para los lobistas de los condenados por delitos de lesa humanidad. En las 48 horas previas a la movilización que encabezaron los organismos de derechos humanos para rechazar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Germán Garavano y sus hombres se reunieron con abogados y lobistas de represores, quienes realizaron gestiones contra un juez de la causa ESMA y pidieron la libertad del ex militar Emilio Nani, que acaba de ser detenido en Mar del Plata.
El primer encuentro fue el lunes pasado. “No tuvo que ver con el tema de las domiciliarias ni con el 2×1. Es por un tema que tenemos con un juez del Tribunal Oral Nº 5, Daniel Obligado, que se fue de viaje a fines de abril, aunque la Cámara de Casación y la Corte Suprema le habían dicho que no podía. Pero no estoy autorizado a decir con quién nos reunimos”, detalló el abogado Sebastián Olmedo Barrios a PERFIL. El letrado representa a varios represores condenados en otras causas, que ahora enfrentan un nuevo juicio por crímenes cometidos en la ESMA contra 798 personas.
Esa reunión, a la que fueron los abogados Olmedo Barrios y Guillermo Fanego, está rodeada de misterio. Los abogados se niegan a decir a quién vieron y los hombres de Garavano y los de Claudio Avruj se pasan la pelota: los primeros niegan que los haya recibido Siro de Martini, asesor jurídico de Garavano en cuestiones relativas al derecho internacional de los derechos humanos, quien habría viajado especialmente hacia allí desde las oficinas en el Ministerio de Justicia. Dos fuentes consultadas por este diario aseguran que se reunieron con él. Los hombres del secretario de Derechos Humanos dicen que los abogados no se vieron con “nadie de la Secretaría”.
Con Garavano. La otra reunión se realizó el martes, un día antes de la movilización a Plaza de Mayo. El ministro Garavano recibió al escritor y lobista de represores, Sebastián Miranda, y a Carlos Romero, titular de la “Comisión Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Delincuencia”. Ambos le pidieron por el ex teniente coronel Nani, detenido en una causa por delitos de lesa humanidad que encabeza el juez Santiago Inchausti.
“Le hicimos saber nuestro sentimiento y el de muchos argentinos respecto a los presos políticos, la inseguridad y especialmente lo referido a la detención infundada del teniente coronel Nani y Luis Abelardo Patti, entre otros”, escribió Romero en un posteo de Facebook. Miranda precisó que la reunión duró “45 minutos” y desde el Ministerio de Justicia confirmaron el encuentro.
Para expresar su agradecimiento, Miranda publicó el mismo martes una carta en el portal Prisionero en Argentina, que gestiona Fabián Kussman, hijo de un represor. Por alguna razón decidieron sacarla de circulación unos minutos después. Finalmente, el texto volvió a ser publicado el jueves. “Quedamos en contacto y nos llevamos una buena impresión”, destacó Miranda.
Desde esa página, que funciona como una propaladora de acusados y condenados por crímenes humanitarios, Kussman siguió la detención de Nani de principio a fin. Varias notas sobre el tema incluyen audios provistos por Nani, con música de fondo: la canción de Rocky IV o la de Piratas del Caribe.
Durante el encuentro con Garavano, Miranda se lamentó de que se acuse a Nani “por supuestas violaciones a los DDHH”, justo a él, que “optó por la reconciliación”. Y aclaró que le pidió su intervención “como una de las máximas autoridades de la Justicia argentina”.
Al final de su carta, Miranda –autor del libro Los secretos de La Tablada–reiteró su hipótesis sobre el ataque a ese cuartel: la Coordinadora Radical participó en la organización del copamiento. Sobre esa base, le dijo a Garavano: “Tiene la posibilidad de seguir con el relato y las acciones que dividen a los argentinos y nos empantanan en un pasado doloroso o llevarnos al destino de unidad y grandeza que todos esperamos”.
Pablo Waisberg/Guillermo Peralta
[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Respondiendo al diario Perfil
“Errores” periodísticos de Pablo Waisberg y Guillermo Peralta
Cuando dicen: Miranda publicó el mismo martes una carta en el portal Prisionero en Argentina, que gestiona Fabián Kussman, hijo de un represor. ¿No creen que lo correcto sería “de un presunto represor”, como cuando escriben sobre verdaderos asesinos, violadores, narcotraficantes y otros depredadores? Sabrán que me encuentro con prisión preventiva, sin juicio ni fecha para el mismo, ¿no?
Ustedes continúan diciendo: “Por alguna razón decidieron sacarla de circulación unos minutos después. Finalmente, el texto volvió a ser publicado el jueves”. Nunca la carta fue retirada, solo por el ingreso de nuevas notas paso a ocupar espacio más abajo.
Sobre el párrafo que dice: “Desde esa página, que funciona como una propaladora de acusados y condenados por crímenes humanitarios, Kussman siguió la detención de Nani de principio a fin. Varias notas sobre el tema incluyen audios provistos por Nani, con música de fondo: la canción de Rocky IV o la de Piratas del Caribe”. En lo personal debo decirles, que esta página que con mi familia iniciamos el 8 de febrero de 2015, fue a raíz de haber sido ilegalmente imputado (engarronado) con los mal llamados delitos de lesa humanidad. Solo es un grito contra la iniquidad. Y así al ser testigos de atropellos, abusos, injusticias y hasta asesinatos producidos por la “justicia independiente”, los fuimos documentando y mostrando, ya que ante ellos ustedes parecen ser CIEGOS, SORDOS Y MUDOS. Este sitio está abierto a TODAS las opiniones. Cualquiera puede exponer libremente sus ideas, sean cuales sean estas. Así reiteradamente hemos invitado sin suerte, a la señora HEBE DE BONAFINI, el periodista de Página 12 DIEGO MARTINEZ, al periodista GERMAN SASSO y muchos más. Le hemos escrito al Papa Francisco, a numerosos periodistas, poder legislativo, políticos en general e inclusive a los presidentes de EEUU, Barack Obama y Donald Trump, (más de 1270 cartas en total) nuestras puertas están abiertas a todos sin excepción. La documentación sobre hechos que me imputan está a la vista y para análisis de cualquiera. Hemos documentado y mostrado muertes ilegales de prisioneros adultos mayores y denunciado delitos de acción pública a diestra y siniestra. Entonces se combinaron el accionar delictivo de miembros del poder judicial, que resultaron ser verdaderos delincuentes y asesinos, con el silencio cómplice de las autoridades gubernamentales, medios de difusión y la misma iglesia. Somos tan amplios en nuestros criterios que al mismo tiempo que SEBASTIÁN MIRANDA y CARLOS ROMERO se entrevistaban con el ministro GERMÁN GARAVANO, yo lo denunciaba penalmente a este, juntamente con el presidente MAURICIO MACRI, la vice GABRIELA MICHETTI y al secretario CLAUDIO AVRUJ en el juzgado federal de Bahía Blanca, https://prisioneroenargentina.com/index.php/2017/05/11/denunciando-a-mauricio-macri-gabriela-michetti-gernman-garavano-y-claudio-avruj-siempre-de-pie-nunca-de-rodillas/ por la indiscutible y palpable violación al Artículo 18 de la Constitución Nacional.
Señores periodistas, como siempre ustedes tienen la palabra, la cual es admirable y digna, solo cuando es veraz e imparcial.
Francisco Zarco. (1829-1869)
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Debatir y cuestionar es saludable
Un Perfil Autoritario
En principio, debo disculparme por mi dudoso gusto musical que tal vez enfadó o entretuvo a los periodistas del diario Perfil. Si el sarcasmo se debió a una música de gloria, Piratas del Caribe estaría fuera de discusión, a menos que hablemos de corrupción en el gobierno.
Seguido, debo expresar con gran placer que los redactores Waisberg y Peralta -quienes definen a mi padre como “represor”- al menos tuvieron la decencia de leer los expedientes de la causa y llegaron a una conclusión que ni jueces, ni fiscales pudieron. Cuando estos dos periodistas examinaron los elementos de prueba -infiero- encontraron algo que la “justicia” argentina no consiguió. Esto es importante, tal vez ambos puedan debatir con quien escribe y ahorrarle los gastos de años de prisión y costas de juicios a los contribuyentes. Descuento que Waisberg y Peralta absorbieron las miles de páginas inconexas e investigaron las evidencias sin encontrar discrepancias, inferencias absurdas, o documentación que desmorona el relato de los magistrados y fiscales militantes. De no ser así, sería un periodismo poco serio. Obviamente, lo descuento.
Finalmente, los articulistas tienen razón, parcialmente. Puede que PrisioneroEnArgentina.com sea un propalador de acusados y condenados por crímenes contra la humanidad. Perfil ha publicado notas sobre acusados (inocentes hasta que se pruebe lo contrario) y condenados (los derechos humanos son universales, crease o no) pero también hemos recogido y registrado notas a sindicalistas, periodistas o víctimas del accionar terrorista, que al parecer -de acuerdo a perfil- son también represores.
La conversación está abierta. Si siempre -desde la apertura de nuestra modesta página- proclamamos que buscábamos la verdad, un sano debate me haría callar la boca, y Waisberg y Peralta podrían ser Woodward y Bernstein. O no.
Carta al Papa Francisco
http://www.ar.dev3.greymatter.one/carta-a-su-santidad-francisco
Hebe de Bonafini
http://www.ar.dev3.greymatter.one/madres-de-plaza-de-mayo
Diputados y Senadores argentinos
http://www.ar.dev3.greymatter.one/cartas-emitidas
Diego Martínez, periodista de Página 12
Diputado Alberto Asseff
Germán Sasso, periodista de la Brújula 24
[/ezcol_1third_end]LAS PASO
Escribe Luis Bardín.
LAS PASO
Quieren entrar en las listas
corruptos y ex montoneros.
A empujones se abren paso,
tratando que los veamos
renovados y facheros.
Rechazar el dos por uno
los hace humanos derechos.
El pasado los condena:
amnistiaron guerrilleros
y asesinos montoneros.
Quieren hacer buena letra
y que otra vez los votemos.
Se apretujan y codean
para estar entre top ten
en electoral boleta.
Hay una que ha sido armada
con figuras repetidas,
con astucia pergeñada
entre ocultas bambalinas,
mezclando perfumes gratos
con el olor a letrina.
Luis Bardín
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 13, 2017
Civilización o Barbarie
La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas se fundó en 1938, en Buenos Aires, Argentina, con el objeto de profundizar los estudios de las disciplinas humanísticas que definen su campo. Su denominación proviene de la homónima de Francia, fundada en París en 1795.
Su edificio cito en la avenida Alvear 1711 de Capital Federal fue declarado “Monumento Histórico” en agosto de 2002. Su estilo neoclásico francés lo convierte en una muestra de las urbanizaciones de principios del siglo XX, su autor fue el arquitecto Alejandro Bustillo.
Declaración de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas
La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas ha considerado necesario emitir opinión, tanto sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Muiña”, como de sus repercusiones en el plano institucional y político.
El Código Penal y su válida interpretación en el dictado del fallo, dice que ese beneficio es aplicable a todos los delitos, sin exclusión.La sanción posterior de una nueva ley interpretativa para excluir de su alcance ciertas causalidades, implicó el reconocimiento que fue correcta la interpretación jurídica del voto mayoritario de la Corte.
La sanción de leyes de modo apresurado, no es una buena práctica legislativa y mucho menos en temas de carácter penal.
Además de dejar sentada nuestra opinión en el plano jurídico y constitucional, consideramos necesario llamar la atención sobre ladeplorable ausencia de respeto por la independencia y división de poderes observada como consecuencia de este caso. Ese respeto hace a la esencia de nuestra República y del Estado de Derecho.
Se han visto desde altisonantes condenas al fallo por parte de legisladores, políticos, y miembros del propio gobierno, hasta pedidos de juicio político, denuncias admitidas por fiscales presurosos y declaraciones de inconstitucionalidad de otros tribunales.
En una sociedad libre todo ciudadano puede expresar su opinión y unirse en concentraciones callejeras si así lo desea, pero sí debemos manifestar nuestra extrema preocupación al observar que quienes tienen responsabilidades institucionales desconozcan la independencia y separación de poderes y rechacen un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Gregorio Badeni María Teresa Carballo
Académico Secretario Académica Presidente
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 13, 2017
Cura Viroche – Cual es el estado actual de la investigacion penal….
Por JORGE BERNABE LOBO ARAGON
Opinión
El periodismo alcanza un poder dentro de la sociedad por su influjo sobre los ciudadanos. El periodismo tiene la virtud de interesar a todos en los problemas generales, y por eso es natural que algunos gobiernos pretendan silenciarlo. Para mantener intangible su libertad la Constitución asegura la libertad de prensa, aunque algunos atropellen esa libertad al sentirse tocados. De ese atropello fui víctima, como consecuencia de mi predica desde hace más de veinte años en contra de las mafias, el juego clandestino, el narcotráfico y la corrupción en general. Siendo fiscal y juez le dicte la prisión preventiva de oficio a personas que vinculados al llamado “Comando Atila” ahora gozan de un incremento patrimonial
incomprensible. Personas, que se encuentran relacionados a la causa del religioso asesinado. Pero también es verdad que cuando se publica el tema sobre la mafia reinante, son pocos los diarios en mi provincia los que se hacen ecos de una realidad. Generalmente miran hacia el sudeste. Que decir de aquellos que tienen el deber de denunciar y que representan a los abogados. Como me siento íntimamente partidario del señor Don Quijote, enderezador de entuertos y protector de viudas y huérfanos, no puedo mantenerse indiferente ante este “delicado asunto” que está en manos de un fiscal al que respeto y conozco pero que desde un principio me pareció imprudente en manifestar el caso se trataba de un suicidio liso y llano, manteniendo la caratula de la causa en muerte dudosa. Me parece atinado – aunque haya sido duramente criticado – las manifestaciones del Fiscal General de la Justicia Federal Gustavo Gómez quien insiste en que la muerte del sacerdote representa un mensaje mafioso. Que el curita, “no tenía un perfil de personalidad acorde a la de un suicida” y que otros elementos revelan su presunción. Entiendo que el caso es y ha sido alarmante y debe encender una inquietud social. Los tucumanos y el país están cansados de tanta impunidad. No son pocas las vicisitudes sufridas por luchas contra el flagelo de la corrupción. Ni tampoco los desencantos experimentados. Ni los esfuerzos malogrados. Creo que el “éxito y jalón” es la de sembrar como abogado o tal vez hombre publica la verdad objetiva al servicio de los intereses a que estamos consagrados“. La de defender la verdad. La muerte del Curita nos a todos los tucumanos nuevamente en tapa de todos los diarios. Actualmente a raíz de la vigorosa actualidad de los acontecimientos nada se sabe. Tampoco se pregunta. Creo que para luchar contra la delincuencia se precisa de una base moral. Entonces hay que comenzar por combatir la corrupción, acreditarla, esclarecerla, y recién estaremos en condiciones de hacerle frente a la delincuencia. Es por eso que la sociedad necesita de una respuesta concreta sobre un hombre religioso que supo combatir el narcotráfico
DR. JORGE B. LOBO ARAGÓN.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 13, 2017
Carrió, Prometedora serial
Por María Ferreyra
Si un imputado por casos de lesa humanidad es inocente, lo menos que está pensando en este momento es en el beneficio de computar dos años
por cada doce meses de encarcelamiento. Lo que quiere es llegar vivo a un juicio justo, algo que, convengamos, ningún político argentino habla. Ni siquiera aquellos que se vanaglorian de preocuparse. Para Alberto Asseff son las condiciones carcelarias a cambio de una afiliación, para el voluntarioso Alfredo Olmedo son esos patriotas que cumplieron órdenes y derrotaron al terrorismo.
Y luego tenemos a Elisa Carrió. Mientras el país sigue en ebullición por la disputa del beneficio del 2×1 en el caso Muiña después de que el Congreso de la Nación sancionara una ley para limitar la aplicación de ese cómputo para las penas, la diputada nacional reavivó la polémica sobre la prisión domiciliaria en los casos de detenidos que “hayan cometido delitos de lesa humanidad o no”.
“Estoy de acuerdo con que las personas mayores de 75 años tengan prisión domiciliaria. No creo que responda al derecho humanitario que gente de 80 años esté detenida en cárceles comunes y no tengan prisión domiciliaria. No me parece que eso sea humanista. Creo que hay que resolver ese tema”, manifestó la legisladora, mientras nos preguntamos qué sucedió con el interno mayor de setenta (70) años como señala la ley 24.660. Debería consultar esta información, tal vez la ley dice setenta años para miembros de la juventud maravillosa, lo cual sería risueño ya que ninguno de estos revolucionarios hoy la necesita. En el caso de los ex uniformados, esos cinco años de diferencia es una cruz en el cementerio.
“Acá hay una gran hipocresía. No hubo un fallo incorrecto de tres jueces. Hubo un fallo de tres jueces que fallaron conforme lo establece el artículo 2° del Código Penal. Siempre se aplica la ley más benigna. Lo que sucedió es que durante 12 años el Congreso no modificó el Código Penal diciendo que esto no se aplica a los delitos de lesa humanidad”, dijo Carrió sobre el fallo del 2×1 de la Corte.
Sin embargo, la hipocresía es general y abraza a la diputada chaqueña. Aún no hay opiniones con respecto al procedimiento con que se llevan a cabo los juicios a ex uniformados. Si fueron héroes por combatir al terrorismo o no, debería ser materia de aquellos investigadores e historiadores sin ideologías o cuentas bancarias. Se trata de la manera que jueces y fiscales llevaron y llevan adelante imputaciones sin pruebas o declaraciones vagas. Argentina, uno de los pocos países donde se es culpable hasta demostrar lo contrario. En pocas palabras, revisión de los casos -si bien tomaría mucho tiempo- no es una opción políticamente correcta.
Carrió es una prometedora crónica y una denunciadora serial, y es por ello que se ha mantenido en el seno del país de las maravillas sin llevar a cabo sus pronunciamientos. Si sus acusaciones -a lo largo del tiempo- derivan en un resultado, se acreditará el logro. En época de elecciones, hay que desparramar migajas verbales para contentar a todos y abultar la cajita feliz (La urna)
María Ferreyra
email@PrisioneroEnArgentina.com
www.PrisioneroEnArgentina.com
@carmendelfk1
Mayo 13, 2017
DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS AIRES
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires se fundó en Buenos Aires, Argentina, el 7 de octubre de 1908. Según sus estatutos, sus objetivos son: estudiar las cuestiones relacionadas con el derecho y las ciencias sociales, que se promuevan en su seno o se le consulten; fomentar y difundir el estudio de las ciencias jurídicas y sociales y propender al progreso del país mediante el perfeccionamiento de su régimen legal.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia adjunta la declaración de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales, cuyos claros términos son definitorios en la interpretación del Fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Muiña”.
Carlos Bosch- Secretario. Alberto Solanet- Presidente
DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS AIRES
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires expresa su preocupación por el afán expuesto por ciertos sectores de la
sociedad, así como también de la dirigencia política y gubernamental, en desconocer el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Muiña” el 3 de mayo del corriente año.
Reiterando los argumentos vertidos por esta Academia en su dictamen del 7 de diciembre de 2004, ella considera que la aplicación de la ley penal más benigna tal como está regulada en el art. 2° del Código Penal es una garantía constitucional que, por integrar el concepto de ley penal previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional, y adecuarse a las prescripciones del art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no puede ser desconocido por una sociedad y su dirigencia si es que aspiran a una convivencia democrática basada sobre la tolerancia, la libertad, la dignidad y el progreso que están plasmadas en el Preámbulo de nuestra Ley Fundamental.
Esta Academia entiende que el fallo de la Corte se ajustó a una estricta aplicación de la ley conforme a las reglas del Estado de Derecho, con prescindencia de la aceptación o rechazo que pueda merecer su parte dispositiva, inclusive para los jueces del Alto Tribunal que conformaron el voto de la mayoría.
Toda sentencia judicial puede ser objeto de una vehemente discusión y debate, pero sin llegar al extremo de apartarse del cauce constitucional procurando que aquella responda a cierta concepción política y no al mandato de la ley. Semejante actitud fomenta el curso de la desconstitucionalización, deteriora la educación cívica y conduce, inexorablemente, a la sustitución del imperio de la ley por la voluntad de la fuerza irracional. Son fenómenos que esta Academia procura evitar dando cumplimiento a su objetivo estatutario y con el propósito de preservar la sensatez republicana.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2017.
Emilio P. Gnecco Jorge R. Vanossi
Académico Secretario Académico Presidente
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 12, 2017
ANGUITA vs. SAINT JEAN en HACIENDO FOCO
Eduardo Anguita y el doctor Ricardo Saint Jean, frente a frente, discutiendo la realidad argentina. En un programa de este tipo, sin parciales interferencias ni gritos intolerantes, las consideraciones y análisis del espectador surgen con claridad.
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Mayo 12, 2017
ALIEN
Por Claudio Kussman.
REPULSIÓN POR ATILIO ROSAS, COMISARIO INSPECTOR (r)
Imposible expresar en estas líneas la repulsión y el asco que siento por JORGE ATILIO ROSAS, falaz Comisario Inspector (R) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Este, durante algunos meses en los años 1976 y 1977, se desempeñó como Segundo Jefe y luego como Jefe interino, en la Unidad Regional V de Policía con asiento en la ciudad de Bahía Blanca. Allí tuve la desgracia de prestar servicio durante varios años, trabajando en la calle de civil.
ESCORIA – TALES PARA CUALES
LOS ROSTROS DE LA INIQUIDAD
DISCONFORMIDAD CONMIGO MISMO
DEBIENDO UN PRESO A LA POLICÍA
ALIEN
los remordimientos ni las fantasías de moralidad”.
El Octavo Pasajero (1979)
Claudio Kussman
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Mayo 12, 2017
Sebastián Miranda y su reunión con Germán Garavano
JUNTO A CARLOS ROMERO ESTUVIMOS 45 MINUTOS HABLANDO CON EL MINISTRO DE JUSTICIA CON QUIEN QUEDAMOS EN CONTACTO Y NOS LLEVAMOS UNA BUENA IMPRESIÓN, DEMOSTRANDO BUENA VOLUNTAD Y ESCUCHA. No adelanto conclusiones, ni información que no corresponde por esta vía. Transmito lo que le expliqué y sintetizo en este escrito.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de mayo de 2017
Al Sr. Ministro de Justicia de la Nación, Señor Germán Garavano:
Le agradezco la cordialidad y rapidez con la que respondió a la solicitud que le presenté para que me reciba. Sintetizaré en esta carta el pedido que vengo a realizarle como ciudadano y amigo del Tte Cnl (R) VGM Emilio Guillermo Nani, recientemente detenido.
Conozco a E. Nani desde hace años, nos une una amistad que considero un honor y un regalo de la vida por su hombría de bien y sus virtudes. Una de ellas es la de ser una persona frontal, sin dobleces, sincera y valiente para decir la verdad oportuna e inoportunamente.
Ha luchando por la Argentina y por todos nosotros en las dos grandes guerras que libró en el siglo XX: el conflicto contra los británicos en defensa de la soberanía nacional en el Atlántico Sur y la guerra contra la subversión marxista.
En la primera enfrentó a la tercera potencia del mundo apoyada por la primera (EEUU), la OTAN, los países de la Commonwealth y Chile. En los combates finales en la defensa de Puerto Argentino fue gravemente herido, quedando tendido en el campo de batalla y salvándose porque dos soldados que pasaban lo encontraron y, siendo fieles a su oficial, lo llevaron a un puesto de socorro, evitando que perdiera la vida.
En la segunda contribuyó a evitar que la Argentina se convirtiera en una nueva Cuba, en un régimen comunista – ideología que ha generado a nivel mundial el triste saldo de más de 100 millones de muertos – y que no ha dejado derecho humano o libertad por vejar. En el último gran ataque de una de estas organizaciones a una Unidad Militar, el 23 de enero de 1989 en los cuarteles de La Tablada, el Tte Cnl E. Nani ingresó a la Guardia de Prevención copada por los guerrilleros y recibió un disparo que le generó gravísimas lesiones. Al ser subido a una ambulancia, uno de los terroristas disparó con un lanzacohetes contra la misma, rozando el proyectil el vehículo y estallando entre varios policías que estaban detrás, generándoles gravísimas heridas. Entre ellos estaba el Comisario Luis Alberto Ré de la PPBA que perdió sus piernas. No contentos con esto, los criminales del Movimiento Todos por la Patria, abrieron fuego contra el helicóptero que transportaba a E. Nani que llegó al Hospital Militar Central con 2 impactos de bala en su fuselaje. Emilio ingresó con 2` de presión, estando al borde de la muerte y siendo salvado por la pericia de los médicos. Previamente había luchado también contra los guerrilleros en Mar del Plata, donde se lo acusa por supuestas “violaciones a los DDHH”. El estado de guerra en que vivió la Argentina durante estas tristes décadas ha sido reconocido por las organizaciones que la generaron en sus múltiples publicaciones. Años de investigación propios de mi vocación de historiador me han permitido comprobarlo y por eso facilito a usted los libros que son resultado de cientos de horas de trabajo, esperando sean de utilidad para demostrar lo que afirmo. Especialmente en Cronología del Terror y en La guerra contra el terrorismo en la Argentina podrá encontrar toda la documentación reivindicatoria emitida por las organizaciones terroristas a las que hago referencia.
Las gravísimas lesiones recibidas habrían llevado a la mayoría de las personas a un espiral de odio hacia quiénes se las generaron, sin embargo, el Tte Cnl E. Nani optó por la reconciliación. A pesar de mi reticencia, fue él el que me insistió para que concurra a reuniones con ex guerrilleros que comparten el anhelo de terminar con las cuestiones que dividen a los argentinos, mirar hacia adelante y construir la Patria justa que todos queremos.
Estas son algunas de las referencias que puedo transmitirle sobre este hombre por el que gustoso daría la vida y por hoy quien pido su intervención como una de las máximas autoridades de la Justicia Argentina. Sin embargo, el pedido es un poco más amplio, intentaré sintetizarlo:
. Desde hace años cientos de miembros de las FFAA, FFSS y FFPP están siendo juzgados bajo el criterio de los delitos de “lesa humanidad”, que en su momento la Corte Suprema de Justicia consideró que no podía aplicarse por los sucesos ocurridos durante la guerra contra la subversión, pero que años después con mayoría kirchnerista en el citado tribunal se consideró que sí. Esto es una muestra de la grave manipulación de la Justicia que padecemos y que resquebraja el sistema republicano argentino. En este proceso los juicios están viciados de parcialidad. Conocida por muchos de nosotros es la existencia de una “escuela de testigos” que funciona en la ex ESMA y que oportunamente el fallecido escritor Carlos Manuel Acuña denunció en su libro Los Traidores que, humildemente, creo todo juez debería leer. La sola existencia de estas causas y juicios organizados bajo estas condiciones de parcialidad creo ameritan la intervención de las máximas autoridades judiciales para ponerle fin.
. No defiendo ninguna violación a los DDHH a las que condeno firmemente, pero tampoco considero que no prime el principio de igualdad ante la ley que es básico y elemental de todo sistema de derecho. Los solos calificativos aplicados en los medios de comunicación a las personas que son detenidas por estos hechos son un ejemplo de la parcialidad y prejuzgamiento al que son sometidos, violando el precepto elemental de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tampoco respaldo la existencia de causas armadas y menos aún de escuelas de testigos que deben terminarse de inmediato.
. Me resulta sospechosa la acusación realizada por el juez Santiago Inchausti, dado que conozco a E. Nani y lo considero incapaz de violación alguna a los DDHH. Pido se investigue la idoneidad y objetividad de este juez de las que dudo seriamente.
. Me resulta llamativo que el acusado sea uno de los integrantes de las FFAA que participó en la recuperación de los cuarteles de La Tablada. En mi investigación Los Secretos de La Tablada. La última acción armada de la guerrilla en la Argentina que le entrego, hay un capítulo que trata sobre la supuesta participación de miembros del gobierno radical, concretamente de la Coordinadora Rama Capital, en la organización del ataque y varias de esas personas hoy en día tienen una activa participación en la política argentina. Si la ley es igual para todos y los delitos de “lesa humanidad” tienen entre sus condiciones que hayan sido cometidos por los integrantes del Estado, solicito se investigue a los integrantes del gobierno radical que supuestamente digitaron al ataque. Sus nombres fueron públicos y están en el capítulo “Coordinando el asalto” de la bibliografía que le entrego.
. También me resulta llamativa la saña con la que se actúa contra héroes de la gesta del Atlántico Sur como el Tte Cnl E. Nani, el Cnl E. Losito y Enrique Stel. Más llamativo me resulta cuando una de las principales organizaciones que impulsa los juicios es el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) dirigido por el ex terrorista de Montoneros Horacio Verbitsky y de Amnesty Internacional, ambas financiadas por capitales británicos como puede verse en sus páginas. Esto no hace más que profundizar el proceso de desmalvinización iniciado cuando el gobierno del Proceso ocultó a los veteranos al regresar al continente.
. Como ciudadano me resulta indignante que mientras personas como E. Nani, E. Losito y otros de nuestros héroes se encuentran detenidos, personajes siniestros como M. Firmenich; H. Verbitsky; E. Anguita; F. Vaca Narvaja; R. C. Perdía circulen libremente y que la Justicia no llegue a ellos. El mundo entero condena al terrorismo, en la Argentina se encarcela a los que lo vencieron y se le otorgan cargos públicos, indemnizaciones y amplios espacios en los medios de comunicación. El gobierno del Estado al que todos estos personajes intentaron copar para luego destruir implementando un sistema totalitario, paradójicamente, es el que encarcela a los que lo impidieron. El querellante en las causas contra los que defendieron al Estado es el gobierno por lo que solicito se ponga fin a las causas y no se inicien nuevas.
La Historia puede tergiversarse, la verdad ocultarse, pero tarde o temprano el velo se corre. Las autoridades del actual gobierno están en condiciones de continuar con el falseamiento de la misma, de seguir avalando “el relato” plagado de mentiras que campeó durante el kirchnerismo o terminar con las injusticias que se cometen contra quienes evitaron que la Argentina fuera destruida por una dictadura totalitaria por parte de quienes hoy continúan la guerra pero por otros medios. Tiene la posibilidad de seguir con el relato y las acciones que dividen a los argentinos y nos empantanan en un pasado doloroso o llevarnos al destino de unidad y grandeza que todos esperamos. Nuevamente agradezco me reciba y brinde su tiempo.
Cordialmente:
Sebastián Miranda – amigo del Tte Cnl E. Nani – Ciudadano
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Mayo 9, 2017
EL DEBATE SOBRE LA LEY DE 2×1
El debate de la Ley de 2×1, oculta la cuestión de fondo cual es que los Juicios llamados de Lesa Humanidad, son ilegales, inconstitucionales, e insanablemente nulos, en consecuencia los fallos derivados “ Cosa Juzgada Irrita”. Inconstitucionales porque vulneran el Art 18 de la Constituciòn Nacional e ilegales porque desconocen el principio jurídico universal de Legalidad.Por otra parte, los mas de 2400 imputados fueron acusados erróneamente de Genocidio (Art. 6 del Estatuto de Roma: actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional (fueron combatidos por su carácter de beligerantes y no por ser argentinos) étnico , racial o religioso ) y arbitrariamente enjuiciados por la comisión de crímenes de Lesa Humanidad (Art. 7 del Estatuto de Roma: Actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la POBLACIÒN CIVIL)
Ademàs el Estatuto de Roma (1998) se incorpora a la legislación argentina por Ley 25.390 del 9 de enero de 2007 prohibiendo expresamente el Art 25 su aplicación retroactiva . La incorporación a la legislación argentina de la Convenciòn Internacional que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad fue por el Decreto 579 del año 2003.Paises como España (la Audiencia Nacional), Francia (Corte de Casaciòn ) y la misma Corte Penal Internacional emitieron fallos coincidentes en el sentido de que los delitos cometidos con anterioridad a la promulgación del Estatuto de Roma , se encuentran PRESCRIPTOS.
Genocidio, Lesa Humanidad, 30.000 desaparecidos, constituyen un falso relato que derivò en el arbitrario enjuiciamento de mas de 2400 imputados y hasta ahora 404 muertos en injusto cautiverio. ¿Un Genocidio al revés?
Juan Miguel Giuliano.
General (R)
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Mayo 12, 2017
DENUNCIANDO A MAURICIO MACRI, GABRIELA MICHETTI, GERMÁN GARAVANO Y CLAUDIO AVRUJ – SIEMPRE DE PIE, NUNCA DE RODILLAS
Por Claudio Kussman
[ezcol_3fifth]VIOLACIÓN ARTÍCULO 18 CONSTITUCIÓN NACIONAL
Todos sabemos que cuanto uno es imputado de un mal llamado delito de lesa humanidad, está sentenciado al escarnio, la prisión y la muerte, haya sido responsable o no del mismo. El fin está asegurado y entonces las reales opciones, a no ser que se quiera engañar a sí mismo son dos. Hacerlo en silencio y de rodillas o de pie y entre otras cosas, escupiéndole y mostrando la verdad al verdugo y a terceros. Por ello y dentro de esta última opción, ayer junto con el excelente abogado defensor GONZALO MIÑO, en Bahía Blanca donde llevábamos a cabo diligencias judiciales, entregamos una denuncia por violación al artículo 18 de la Constitución Nacional por parte de: MAURICIO MACRI, GABRIELA MICHETTI, GERMÁN GARAVANO Y CLAUDIO AVRUJ.
BUROCRACIA
No somos ingenuos y sabemos que la posibilidad de lograr algo no existe, en este territorio de los 30.000 desaparecidos, por Ley, el lejano fin del curro de los DDHH, y la herramienta que facilita impunidad en delitos de lesa humanidad. Pero sí quedarán documentados los burocráticos trámites judiciales de “cajoneo” que seguirán, quienes son los que al día de hoy cometen delitos. Luego veremos. Intentamos entregarla en el Juzgado Federal número UNO, a cargo del juez WALTER LOPEZ DA SILVA a cuya disposición me encuentro, pero nos derivaron al Juzgado número dos por ser el de turno, TAMBIEN A CARGO DEL MISMO JUEZ COMO SUBROGANTE. Intentaron rechazarla y luego la aceptaron para enviarla al primero de los juzgados. Burocracia que le dicen.
[/ezcol_3fifth] [ezcol_1fifth]Dr. Gonzalo P. Miño
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth_end]
[/ezcol_1fifth_end]Honoré de Balzac (1799-1850)
LA DENUNCIA
Claudio Kussman
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Mayo 11, 2017
Cartas al diario LA NACION
Cartas de lectores del diario La Nación.
¿Derechos humanos?
Impresiona la tremenda reacción de políticos, jueces, fiscales, y también algunos obispos contra el fallo de la Corte Suprema que aplicó una ley (la denominada “dos por uno”) que era y es claramente aplicable, tal como ha explicado LA NACION y también algunos juristas serios y objetivos. Triste es verlos desesperándose por ser primeros en la foto y en el grito desaforado que clama por unos “derechos humanos” convertidos en religión de conveniencia, mientras rechazan absolutamente lo propiamente humano: razonar. Triste, sobre todo, verlos hacer el juego nuevamente al destructivo izquierdismo kirchnerista, al que el país quiso dar la espalda para siempre hace tan poco tiempo. Todos nuevamente detrás de lo mismo, tal como hicieron durante el gobierno de Néstor Kirchner. Muy triste.
Carlos L. Bosch
carlosbosch@estudiobosch.com
“Dos por uno”
Corrección política
Con relación al “dos por uno” y los acusados por crímenes de lesa humanidad, puede decirse que funcionarios, políticos, periodistas y militantes de derechos humanos y organizaciones de izquierda hacen oído sordos a la Constitución y las leyes. Las coaliciones políticas en la Argentina siempre han coqueteado con la izquierda o han sido funcionales a ella, con la ingenua esperanza de obtener sus votos, cuando está históricamente demostrado que nunca la izquierda se los cedió y al contrario fueron siempre una salvaje oposición. Lo lamentable es que funcionarios y políticos que deberían encolumnarse detrás de la ley hacen propios los slogans de las organizaciones de DD.HH. y repiten términos instalados por estos organismos como verdad irrefutable. Hablar de genocidio es una vil mentira, los números no les cierran y su definición menos, el Estado no comete terrorismo ya que legalmente utiliza sus medios, que son los de la sociedad. Los desaparecidos fueron 6400 según figura en los archivos de la Secretaría de DD.HH. y en las investigaciones que se han hecho. Y aquí si hubo un guerra revolucionaria iniciada por organizaciones marxistas que respondían a Cuba y de esa forma lo expresa laJusticia en el juicio a los comandantes iniciado en 1983 durante el gobierno de Raúl Alfonsín. La gente común se refleja en sus dirigentes, los cuales tienen la obligación de moverse dentro de la ley y no por simpatías políticas y menos ordenar por ley, como en la provincia de Buenos Aires, en temas que afectan directamente a la libertad. Nuestros políticos deberían gobernar para las mayorías silenciosas y no para las minorías ruidosas, o de última para todos. Lamentablemente también siguen sumándose héroes de uniforme -que lucharon contra el marxismo, evitando que fuéramos la Cuba sudamericana y cumpliendo órdenes de un gobierno constitucional- presos; y los combatientes de las organizaciones terroristas pululan por las cámaras y los medios de comunicación como grandes personajes.
Me dijeron que la Argentina es el reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez….
Jorge Gustavo Taboada
Odios inútiles
Realmente que hoy sigan buscando la división me angustia. En 1974 fui víctima de un atentado en el que trataron de secuestrar a mi padre, por ser funcionario de una empresa extranjera. Realmente no tengo ningún odio, ni quiero seguir con malignas divisiones. No dudo de que algunos miembros de las Fuerzas Armadas actuaron muy mal, pero los guerrilleros no se arrepienten de ninguno de sus actos homicidas. Por lo vivido, o juzgamos a todos o perdonamos a todos. No hablemos de la cifra falsa de los treinta mil desaparecidos, ni de las indemnizaciones mal percibidas. Por todo esto hagamos la paz definitiva.
Terminemos con odios inútiles y con pícaros que lucren con los desaparecidos. Vivamos en paz y no repitamos, nunca más, los errores del pasado.
Ernesto Vacarezza
Beneficio no aplicable
En cuanto al reciente fallo de la Corte Suprema sobre el “dos por uno”, debemos tener presente que en un Estado de Derecho todos estamos sometidos a la ley. Todos, absolutamente todos: guerrilleros y militares que cometieron delitos de lesa humanidad deben ser juzgados con un debido y justo proceso legal y derecho de defensa. En el caso de que fueran condenados, deberán cumplir con la condena de manera efectiva, sin atenuantes. Por su naturaleza y tipología, los delitos de lesa humanidad no poseen los beneficios, derechos y tratamientos propios de los delitos comunes. En tal sentido, según se desprende de la doctrina, la jurisprudencia y la legislación internacional y nacional, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no les son aplicables, entre otros, la conmutación de penas, el indulto, la amnistía y mucho menos, como en este caso que conmueve al país, el beneficio del “dos por uno” establecido por la derogada ley 24.390. Debe dejarse bien en claro que los beneficios y/o derechos indicados precedentemente no los pueden tener -bajo ninguna excepción- ni militares, ni guerrilleros ni cualquier otra persona que haya cometido delitos de lesa humanidad. En este contexto, considero que la Corte Suprema no obró de manera justa e imparcial; por el contrario, falló en contra de los valores propios y fundamentales de un Estado de Derecho democrático y republicano.
Juan Pablo Bianchedi
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 13, 2017
Nicolás Márquez en Intratables
Nicolás Márquez en Intratables, o el magistral “ningunéo”.
[ezcol_1half]Nicolás Márquez se encontraba en su lugar de residencia, Mar del Plata, cuando fue convocado por los productores de Intratables para participar en el mencionado programa de América TV. El Abogado, escritor y periodista debió encontrar la manera más veloz para llegar a los estudios del canal y se sentó frente y junto a un gran número de panelistas dispuestos a no brindarle la palabra. Las interrupciones y la negativa -tal vez no premeditada- de Santiago del Moro, a no darle una oportunidad de réplica, hicieron que Márquez no pudiera argumentar o exponer sus ideas con comodidad.
El tema de las víctimas del terrorismo está desapareciendo del programa y el problema de los presos políticos tiene cada día menos oportunidades de ser llevado a discusión. Mientras tanto, Márquez -lamentablemente- cayó en la trampa de un programa que dejó de ser pluralista, si alguna vez lo fue- como en los tiempos que su conductor mantenía un equilibrio entre sus asistentes. Márquez, exhibió valientemente sus ideas, no renunció a su espiritú para divulgar sus análisis, combatió estas circunstancias, mantuvo su estoicismo, su lucha y su frontalidad para divulgar la verdad completa, mientras algunos panelistas tiraban mieles adulando a Eduardo Anguita, confeso terrorista.
Fue la de anoche, una muestra más del alejamiento a un debate honesto y que las diferencias van a continuar acentuándose.
Fabian Kussman . PrisioneroEnArgentina.com
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 11, 2017
[/ezcol_1half_end]
MACRI, GOLPE DE ESTADO A LA CORTE Y DURAN BARBA
El último y principal destinatario de la brutal embestida fascista que han sufrido los tres magistrados de la Corte que fallaron a favor de extender (absolutamente ajustados a derecho) la ampliación del 2 x 1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad es el gobierno de Mauricio Macri. En la Argentina, que un Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya alquilado media docena de sus departamentos para prostíbulos, negado recursos de hábeas corpus a personas desaparecidas durante un gobierno de facto, publicado libros justificando la represión de dicho gobierno y falseando su declaración jurada de bienes para evadir impuestos no ameritan el escándalo de proporciones homéricas y las acciones desestabilizadoras que ha despertado esta decisión mayoritaria de la Corte. Se trata, lisa y llanamente, de un golpe de Estado al Poder Judicial de la Nación por emitir una sentencia contraria a los intereses de una parte. Pero es también una estocada a fondo al Poder Ejecutivo; pues a él es a quien se le endilga la autoría intelectual del “infame” fallo (Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco serían meros testaferros). Corrido con la vaina, el gobierno de Cambiemos reacciona con espanto de amateur sumándose a la condena del fallo y, por ende, a la criminalización de sus autores. Al respecto, las opiniones sustancialmente pusilánimes de Gabriela Michetti, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Daniel Lipovetzky son más que elocuentes. Párrafo aparte merece la patética agachada de Federico Pinedo y su iniciativa para limitar el alcance de aquella ley. Con el repudio oficial del gobierno, el vacío de poder a la Corte deviene en tormenta perfecta. No es la primera vez que la oposición debilita al presidente arrancándole jirones de gobernabilidad. Su propensión a hocicar ante la mínima presión quedó exteriorizada cuando entregó a Darío Lopérfido por contrariar a la Carlotto y en la pasividad ante el acompañamiento ¿de? María Eugenia Vidal, y los diputados provinciales de PRO, a la ley mamarracho kirchnerista que oficializó la mentira de los 30.000 desaparecidos.
La defección aparatosa del macrismo con el deber republicano es una señal inequívoca a los carroñeros de siempre. Quienes, inmisericordes, se lanzan contra Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco. Como jugando de memoria, Marcelo Parrilli lanza la denuncia por prevaricato y, todavía en el aire, el fiscal Marijuan la toma de volea madrugando al resto. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco se lo merecen. Es que ¡se puede ser tan pavo para fallar de esa manera! ¿No aprendieron en los últimos diez años que a cualquier militar, policía o agente penitenciario (da igual, pinche o jefe) al que se le cuelga el sambenito de “genocida” pierde, automáticamente, su condición de sujeto de derechos humanos? ¿No saben, acaso, que a estos después de cuarenta años, sin pruebas y con el sólo testimonio de ex guerrilleros se los condena a pudrirse en la cárcel?
¿En qué país creen que viven? Les convenía por mucho emular a dos de las escasas vacas sagradas del derecho argentino: Ricardo Gil Lavedra y Eugenio Zaffaroni. Altos funcionarios de la justicia durante el gobierno militar que, en el momento oportuno de que ésta ¿éste? finalizara, tuvieron el tino de calificarla de genocida y abominable. Esto es la Argentina, che. Aquí, tanto Maqueda y Lorenzetti, la abrumadora mayoría de los políticos, periodistas, curas y no pocos ciudadanos comunes consideran y dan el trato de ratas apestosas a los que vencieron a los terroristas bancados por Cuba. Ser héroe de Malvinas no cambia un ápice. Otra cosa, obviamente, es la consideración a tener ante aquellos “jóvenes idealistas” que haciendo estallar una bomba asesinaron a 23 policías mientras estos almorzaban. Tipos así merecen que la democracia les haga el honor de que una estación de subte lleve su nombre o la presidencia de una ONG de derechos humanos.
A título de qué, entonces y por más jueces de la Corte que sean, ¿habría de tolerarse que ese fallo reconociera a los “genocidas” ese derecho, por ínfimo que fuere, del 2 x 1? Si fue la lógica política de confiar que Macri, Vidal, Pinedo, Michetti, Peña, en función de su propio interés se jugarían por un fallo ajustado a derecho, le erraron torpemente. El macrismo tiene más apego a su imagen de partido políticamente correcto que al poder que despilfarra enviando jueces probos a los leones.
En fin, el daño es irreparable y ya está hecho. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco, en manos de Rafecas, pueden ir haciendo las valijas. Queda claro a los jueces de todo el país que sus fallos deberán atenerse a la última instancia de la justicia argentina de Bonafini y Carlotto. Vayan poniendo las barbas en remojo los que procesan a Milagro Sala y respiren tranquilos los prevaricadores que condenaron con la “política de Estado” en derechos humanos en la mano. Sopesando las alternativas (Massa y Cristina) estamos en el horno. Sólo queda rezar y pedir para que Durán Barba adivine el rumbo.
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Mayo 10, 2017
¿MÁS POLICÍAS EN LAS CALLES?
Es la muletilla obligada de gobernantes y aspirantes a serlo. Es la primera promesa que realizan los ministros de seguridad -o equivalentes- cuando se hacen cargo de dicha cartera y ejercen la comandancia política de las fuerzas policiales de su distrito.
También es el reclamo -genuino- de los contribuyentes, cuando sienten en carne propia las terribles consecuencias de la criminalidad. Cada día
más profusa. Cada día más sanguinaria.
Por lo general, es una promesa que los políticos cumplen. Las ciudades son saturadas de uniformados, sea en patrullas, motos, caballos o bicicletas, sea en paradas fijas, garitas o puestos de vigilancia. También es cierto que cuando más se acercan los tiempos electorales, más efectivos recorren las calles y avenidas de pueblos y ciudades…
Pero… ¿Es realmente efectiva, para enervar la criminalidad o al menos para reducir sus aciagos efectos, la reiterada fórmula de colocar “más policías en las calles”?
La respuesta negativa parece imponerse. Al menos, si se considera a esta trillada fórmula como una solución mágica y exclusiva.
En primer lugar, el delincuente no se intimida frente a la “presencia policial”. Si así fuera, no habría delincuentes que enfrenten a la policía. Por el contrario, el comportamiento criminal se caracteriza por el desafío constante al sistema penal. Es decir a las leyes penales y a las autoridades de aplicación del aparato preventivo, represivo, investigador, juzgador y sancionador del Estado.
En segundo lugar, las potestades policiales de prevención delictual han sido considerablemente reducidas en los últimos tiempos, merced a reformas legislativas que limitaron su accionar y a fallos judiciales que han tachado de ilegales o -directamente- de violatorios a la Constitución Nacional y a los Derechos Humanos a ciertas prácticas de las policías y de las fuerzas de seguridad.
Con los rótulos de policización, policialización, estigmatización, militarización policial, derecho penal del enemigo, entre otros términos que adornan cursos, conferencias, libros y revistas de los gurúes minimalistas del Derecho Penal, o -directamente- abolicionistas, distintos fallos judiciales hicieron posible que la fuerza policial se fuera quedando con muy pocos instrumentos para su tarea específica de prevención.
A modo de ejemplo, casi no existen contravenciones ni edictos policiales. Las pocas que siguen vigentes, han quedado limitadas al contralor de organismos administrativos o municipales. Se ha eliminado el arresto temporario por “averiguación de antecedentes”, quedando limitado sólo en
caso de negativa del particular a indentificarse al personal policial. Sin embargo, campañas oficiales y no oficiales “informan” a la población que las fuerzas policiales no tienen derecho a exigir identificación (¿?).
Ya no existen los álbumes de “modus operandi”, pues los jueces han entendido que una colección de fotografías de delincuentes es ‘estigmatizante’ y no pocos magistrados judiciales han considerado que perjudican y contaminan la investigación…
Las conductas pre-delictuales no pueden ser controladas por las policías y las fuerzas de seguridad. A modo de ejemplo, el denominado “olfato policial” o la “actitud sospechosa” han sido demonizados en los Tribunales Penales, casi como si se tratara de prácticas de la Gestapo.
Los “cacheos” y requisas también han sido discutidos por jueces y fiscales, habiéndose dictado infinidad de nulidades de procedimientos que culminaron con secuestros de armas, sustancias psicoactivas, elementos robados, etc.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar preventivamente en piquetes, cortes de calles, rutas o puentes. Salvo casos muy específicos, en donde se requiere orden judicial.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar en disturbios estudiantiles en dependencias de universidades públicas, pues la legislación vigente ha convertido a las casas de altos estudios en virtuales “sitios con inmunidad diplomática”, donde no ingresa nadie, salvo los integrantes de la comunidad universitaria.
En este contexto, se ven efectivos policiales deambulando sin rumbo fijo por las calles de las ciudades, gastando combustible de los patrulleros al solo efecto de que el ciudadano vea luces azules destellando por su barrio.
El ladrón no robará frente al patrullero o al caminante que pasa frente a él. Simplemente, optará por otra calle o por otro momento para cometer sus tropelías.
¿Qué hacer entonces?
Los formadores de los futuros integrantes de las fuerzas del orden deberán priorizar el entrenamiento, la capacitación; ser ejemplo de conducción y liderazgo. El oficial de policía moderno, más que deambular por las calles para que los gobernantes puedan mostrar “presencia”, deberán profundizar el estudio y análisis de la conducta criminal.
Pero, por sobre todas las cosas, si se pretende algún éxito en esta empresa, deberá existir DISCRECIÓN en las políticas de seguridad. Si los responsables políticos anuncian a los cuatro vientos, conferencia de prensa incluída, los mecanismos tendientes a evitar las conductas delictivas, el criminal sólo tiene que encender su televisor para saber que hacer y que no hacer.
La prevención de incendios no se logra con autobombas recorriendo los barrios buscando humo.
La medicina preventiva no tiene entre sus postulados el derrotero de ambulancias en procura de heridos.
Por una vez se impone ser un poco -solo un poco- mas inteligente que los criminales.
No se trata de una gran faena.
Marcelo Carlos Romero es fiscal del Ministerio Público y miembro de Usina de Justicia.
MAGISTRADO JUDICIAL (FISCAL del MINISTERIO PÚBLICO – PODER JUDICIAL de la PROVINCIA de BUENOS AIRES)
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Mayo 10, 2017
OJO AL PARCHE
No es esta expresión una falta de respecto a mi querido amigo el Teniente Coronel Emilio Nani, recientemente convertido en preso político de Argentina. Lejos de ello, es una muestra de admiración y respeto. “Ojo al parche” es la frase que usa para todas sus direcciones de correo electrónico: ojoalparche@… Una humorada que describe acabadamente su espíritu imbatible. Emilio suele burlarse de la muerte que le tocó tan de cerca aquella ocasión en que los terroristas del MTP le volaron media cara en La Tablada.
El querido Emilio Nani no perdió sólo un ojo en ese atentado, perdió la mitad de la cara que le fue reconstruida pacientemente, después de muchas operaciones en Argentina y el extranjero. Y sin embargo siempre se rio del suceso. También tomó con naturalidad haber sido herido en Malvinas y sólo admitió ser evacuado cuando fue herido por segunda vez.
Hoy este país ingrato lo tiene tras las rejas.
A esta altura de los acontecimientos me pregunto si entendemos lo que pasa realmente. Si entendemos qué es lo que buscan con esta persecución furibunda ¿Cómo vencer al enemigo que no se conoce? ¿Alguna vez nos detuvimos a pensar qué es lo que realmente mueve esta locura de juicios insensatos contra grupos arbitrariamente definidos? ¿Una justicia mal entendida? ¿Una venganza?
No dudo que esas “orgas” de terroristas hoy recicladas en “orgas” defensoras de los Derechos Humanos deben sentir algún placer al encarcelar y escarnecer viejos soldados que los vencieron. Tampoco dudo que el ánimo de lucro sea un motor imponente al captar voluntades. Pero todo esto no justifica ni explica la persecución implacable a personas que se sabe inocentes o, a esta altura de la vida, inofensivas en razón de su edad y enfermedades.
¿Qué mueve esta kermesse de lágrimas de cocodrilo? ¿De madres vendiendo la sangre de sus hijos guerrilleros, exhibiéndolos sin pudor como a víctimas ingenuas?
Ojo al parche que los que quisieron tomar el poder por las armas nunca cambiaron. Sólo cambiaron de estrategia. Le tomaron el tiempo a esta sociedad sensiblera con los “bebés”, las “embarazadas” y los “vuelos de la muerte”. Ese y tanto otro morbo acumulado en sus almas negras.
Le han tomado el tiempo a esta sociedad los que mataban bebés, mujeres, hombres, torturaban cautivos y ponían bombas en lugares públicos. Los que ponían a las embarazadas a combatir en primera línea para inhibir la respuesta militar. Pero es así, cada vez que se pretende cuestionar la legalidad de los juicios salen con los bebés y las embarazadas, amuleto contra cualquier argumento legal.
Los políticos y periodistas potencian la iracundia con su amnesia decorativa; paracaidistas suecos que golpearon los cuarteles y escondieron la mano hoy chillan y patalean como si no tuvieran el corazón anestesiado.
Pero no estamos llegando al meollo del problema. ¿Qué los mueve? ¿Qué mueve a condenar a un subteniente, a un cocinero, a un guardia perimetral de una penitenciaría, a un baquiano que transportaba caballos?
Ojo al parche que nos equivocamos si buscamos justicia o venganza en sus actos. Nunca los movió la justicia ¿por qué iban a
empezar ahora? ¿Acaso usan el mismo estándar justiciero con Maduro o los Castro?
Ojo al parche que este proyecto persecutorio viene de lejos, no desde el gobierno de los Kirchner que se sirvieron de las “orgas” como quien compra un traje prệt–à- porter. Las “orgas” les entregaron el “proyecto” para que los Kirchner lo ejecutaran a cambio de impunidad en el saqueo del país.
Este “proyecto” viene de lejos, desde Alfonsín o tal vez antes. Alfonsín lo intentó pero tuvo que detenerse frente a las demandas carapintadas. El principal mentor de Alfonsín, el ideólogo en la implementación de los juicios a militares y policías fue el doctrinario Carlos Nino. En su libro póstumo “Juicio al mal absoluto” afirma que el objetivo de la pena debe ser “prevencionista” o sea, impedir que un delito se vuelva a repetir independientemente de que se vea satisfecha la percepción de justicia. En pocas palabras, sin importar la culpabilidad o inocencia, sin atender al principio de legalidad, el “Juicio al mal absoluto” busca evitar la repetición. Costra moral que tritura personas para poner un ejemplo a los demás; se lo conoció publicitariamente como “NUNCA MAS”.
No podemos ver lo evidente porque analizamos con ojos de Justicia, de bien o de mal. Pretendemos juzgar personas de una naturaleza diametralmente opuesta como si tuvieran nuestros mismos valores.
Algún abogado me ha contestado que buscar la “no repetición” es un absurdo puesto que para que pudiera repetirse la represión de los 70 deberían repetirse las condiciones de guerra revolucionaria que llevó a esa represión.
Y yo podría contestarle al abogado “elemental Watson” pero prefiero decirle “Ojo al parche”.
Ojo al parche que no han abandonado la idea de conquistar el Poder por medio de las armas.
Lo tenemos ante nuestros ojos. Ojo al parche.
Durante todos estos años y particularmente durante el kirchnerismo, el “relato” y la desarticulación de instituciones como la
Justicia y las Fuerzas Armadas persiguen el objetivo de inhibir la respuesta de la sociedad argentina ante un futuro ataque armado de grupos insurrectos.
Tal vez no lo hagan mañana, ni la semana que viene, pero en su plan sin tiempo de tomar el poder incluye volver a utilizar las armas. En algunos puntos del país, con la guerra de los Mapuches (truchos) ya lo han hecho.
Si pensamos que los miembros de la izquierda disolvente ven la vida como la vemos nosotros, que buscan la paz, que aspiran a la concordia, a criar a sus hijos en un país seguro y próspero seguiremos dando vueltas sobre el asunto como un perro que se muerde la cola sin comprender verdaderamente el problema.
Entonces, toda la indiferencia de los cobardes y la corrupción de los cómplices se volverá contra la sociedad que creyéndose libre del flagelo del terrorismo castrocomunista, abandonó a su suerte a los que la salvaron en los 70.
Ojo al parche!
Dra, Andrea Palomas Alarcón
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 10, 2017
La Importancia de Llamarse Nada
[ezcol_1fifth].[/ezcol_1fifth] [ezcol_3fifth]Escribo la historia de Napoleón para responder a un libelo. Es una empresa imprudente porque ese libelo lo lanza el primer talento del siglo contra un hombre que, desde hace cuatro años, es objeto de la venganza de todos los poderes de la tierra. Estoy encadenado por la expresión de mi pensamiento, me falta talento y mi noble adversario tiene como auxiliares a todos los tribunales de policía correccional. Por lo demás, al margen de su gloria, ese adversario gozaba de gran fortuna, de un gran renombre en los salones de Europa y de todas las ventajas sociales. Halagó incluso a nombres oscuros, y su gloria póstuma no dejará de excitar el celo de todos esos nobles escritores, siempre dispuestos a enternecerse en favor de los infortunios del poder, del tipo que sea.
[/ezcol_3fifth] [ezcol_1fifth_end][/ezcol_1fifth_end]No estoy tratando de establecer un paralelo entre la narración del francés y cualquier parecido entre los obstáculos que se debieron sortear durante la Década Ganada o en los dieciocho meses de Cambiemos. Para ello hay sobrados ejemplos extraídos de la dura vida de aquellos tocados por los circenses casos de lesa humanidad.
En el país de los derechos humanos, queda en descubierto que todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Sobre todo, en esta disputa de la ley del 2 x 1, cercana a una comedia de enredos. Esa pasión por distinguir la equidad es lo que exhiben los legisladores argentinos -incluso aquellos que pertenecen a Cambiemos, esa coalición política que con la discrepancia de ideas solo refleja ambición de poder y no unión de ideas- que no tienen la menor timidez en admitir que el negocio de esos derechos humanos va a seguir por largo tiempo contradiciendo a su propio contradictorio líder.
Los juicios de lesa humanidad nunca van a reflejar la verdad, ya que es claro el medio utilizado, ese que permite condenar sin pruebas. Cuando hablamos de evidencia, me permito describir estas con el diálogo entre un imputado y su abogado defensor. Usted juzgará quién es quién.
[ezcol_1fifth].[/ezcol_1fifth] [ezcol_3fifth]– Con respecto al principio de legalidad le cuento que esa cuestión ya ha sido resuelta por la jurisprudencia, se basan en el estatuto de Roma que tipificaba los delitos de tortura y secuestros ya en el año 1950, a su vez la convención de delitos de lesa humanidad, incorporada a la Constitución, considera que se tienen que juzgar e investigar en cualquier momento que se hayan cometido y eso los hace imprescriptibles, se lo explico someramente, es más profundo el tema.
– Percibo una discrepancia, dado que estoy convencido que en nuestro país no se puede legislar mediante la jurisprudencia, (en Gran Bretaña, quizás sí) y menos existiendo leyes vigentes en el país. Por supuesto el cambio de la Constitución debe realizarse como lo establece el artículo 30 de la Constitución Nacional. No hay funcionario Judicial con autoridad para modificarla. También le recuerdo que el Estatuto de Roma declara en su contenido que es solo aplicable a partir de la fecha que está vigente, en nuestro caso 2001. De cualquier manera, a pesar de todo, lo único que me queda es recuperar mi dignidad.
– Tendrá tiempo para restituir su dignidad después, en un libro, por ejemplo, le digo que tengo bastantes argumentos para pelear su defensa, no hay pruebas en su contra.
– De acuerdo. Tampoco había pruebas en mi contra cuando me condenaron a prisión perpetua la primera vez.
[/ezcol_3fifth] [ezcol_1fifth_end][/ezcol_1fifth_end]Cuando esto se produce, percibimos que la interpretación de La Ley no es una excusa que solo usan los jueces y fiscales militantes. Los abogados defensores apostados en la playa miran la bandera negra y amarilla mientras sus defendidos nadan en un mar dudoso. Ciertos tribunales aprovechan el desconocimiento de las partes o se burlan. “El imputado no podía no saber…” o “El testigo no identifica ni describe a quien lo arrestó, pero se infiere…” son algunas de las frases que quedaran para el análisis de nuevos hombres de derecho que las interpretarán según el color de la tendencia ideológica que los maneje. Si un ex uniformado es acusado por un hecho producido el día A, y logra comprobar que no se encontraba en el lugar sino hasta el día B, el problema tiene solución. Simplemente se cambia la fecha y se continúa. Habiendo exhibido esto, no es sorprendente que la ley del 2 x 1 tenga febriles combatientes y se logre dictar solo para violadores, narcotraficantes o asesinos seriales. Lesa humanidad no se mancha, porque produce dinero.
En mi opinión, que no afecta a nadie, solo ofende o se discute, el fundamento a discutir no es esta ley que puede o no beneficiar a los condenados (aquellos que aún no son llevados a juicio pueden morir presos, aguardando). El principio a debatir es el desarrollo de los casos, las imputaciones y los elementos de prueba, que llevan al resultado de los juicios -siempre en desventaja- que si afectan vidas humanas.
Una de las poesías favoritas de mi padre es Sobre los Indiferentes, de Martin Niemüller y es un reflejo sin tiempo para las sociedades que decidan no respetar sus leyes, que pisotean su Constitución Nacional, que es miope a sus códigos penales. La Argentina Salvaje acusa a grupos ya que algo habrán hecho. Todos somos todos. Y todos puede ser usted. No vinieron realmente por Menem ni por De Vido, como no van a venir por Cristina Kirchner. Es usted y yo. O usted o yo.
Fabian Kussman
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@FabianKussman
Mayo 10, 2017
La Mujer Maravilla de Venezuela
[ezcol_3fifth]Caterina Ciarcelluti – que ha sido apodada la “Mujer Maravilla” de Venezuela – con jeans recortado al mejor estilo Catherine Bach en los Duques de Hazard una muy sexy musculosa, casco de seguridad y gafas de sol aviador, es una ciudadana de 44 años que no teme demostrar su rabia contra el régimen del presidente Maduro. Su agraciada cara, su rubia melena, y su valiente actitud se están transformando en un símbolo del descontento de los opositores a la administración populista. Su propuesta es gráfica y es la de no asustarse mientras combate lanzando una roca a la guardia nacional durante una protesta en Caracas. Ciarcelluti se ha convertido en la heroína no oficial de la oposición venezolana. Su imagen estilizada es un poster de batalla internacional y sin dudas despertará la atención de más de un hombre.
La alta inflación, la escasez de alimentos y las protestas con riesgo de muerte se están apoderando del país, una vez considerado el país más rico de Sudamérica. Ahora está al borde del colapso, ya que su pueblo exige una reforma económica y el fin del gobierno autoritario del país. Aunque el país tiene más petróleo subterráneo que Arabia Saudita, se enfrenta a tiempos desesperados con la gente haciendo cola durante horas para los alimentos básicos y las provisiones.
Ciarcelluti se ha manifestado en contra de los gobiernos de izquierda del presidente Nicolás Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, desde que fue estudiante de educación física a principios de los años 2000.
[/ezcol_3fifth] [ezcol_2fifth_end]PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 9, 2017
[/ezcol_2fifth_end]
NACIÓN SOBERANA DESDE 1810
Escribe Alfredo Nobre Leite.
Asimismo, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (acnudh), Amerigo Incalterra, se considera con derecho a interferir en nuestros asuntos internos, señalando que “La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”, le recuerdo que “La Constitución Nacional es la ley suprema de la Nación” (art. 31 CN), por lo cual le mando ocuparse de las situaciones de Venezuela, Cuba, Rusia, China, Corea del Norte …, que no respetan los derechos humanos, puntualizando que lamentablemente la ONU ha devenido en una entelequia por los vetos de las potencias en Consejo de Seguridad; y el pseudo Derecho Internacional es otra impostura de las potencias por el uso de la fuerza, que no da derechos, de modo que no aceptamos interferencias externas.
Con respecto a la penosa actitud en la cuestión de Derechos Humanos, le recuerdo a Pinedo, y demás opinantes, que el presidente Mauricio Macri prometió terminar con el “curro” de los derechos humanos, pero parece que se han constituido en cómplices de las pseudo madres y abuelas (de terroristas) de Plaza de Mayo, recordándoles que Hebe de Bonafini que con su lengua viperina insulta hasta al más santo, ha utilizado el Altar Mayo de la Catedral de Buenos Aires como baño público (no me acuerdo que el Cardenal Bergoglio haya condenado ese sacrilegio), y enviaba los recursos provistos por el kirchnerismo a sus dos hijos (¿desapararecidos?) terroristas que viven en París. En cuanto, a Estela Barnes de Carlotto es otra farsante, pseudo abuela pues su hija montonera Laura era estéril, ha recibido unos 600 mil dólares, amén de otros subsidios, acumulando una fortuna con el “curro” de los nietos “apropiados”, que fueron hijos de subversivos, nacidos en cautiverio, que eran entregados a sus parientes o a personas que los criaban cristianamente, según documentación entregada por el general Suárez Mason, a la sazón comandante del Primer Cuerpo de Ejército, al juez Ballestero, actual camarista de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones.
Con relación a la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, no está demás reiterar que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad fue ratificada por el Congreso en 2003, mediante la ley 25.778, y por tanto no aplicable a los hechos de la década del ’70; como, asimismo, el Estatuto de Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su aplicación a posteriori de su ratificación y no a priori, y que las leyes penales no se imputan con retroactividad, por lo cual todas las condenas de prisión perpetua de militares, a miembros de las fuerzas de seguridad y policiales son inconstitucionales, por conculcar la legalidad (como bien sabe el presidente (por ahora) de la Corte, Ricardo Lorenzetti) y el artículo 18 CN; y, por ende, todos los presos políticos deben ser liberados. En la actualidad hay unos 2.400 presos políticos sometidos a persecución judicial, con prisiones preventivas que superan los dos años, sin sentencias definitivas desde hace años, y condenados a cadena perpetua sufriendo malos tratos, sin alimentación adecuada y atención médica, con una edad promedio de 76 años, ancianos mayores de 90 años muriéndose en presidio por negarles prisión domiciliaria, siendo que a peligrosos delincuentes, asesinos, pervertidos y violadores les otorgan prisión domiciliaria a los 70 años. Y han muerto, tras los malos tratos indicados, unos 400 presos políticos; que el representante de ACNUDH, Amerigo Incalterra, no debe ignorar, dado que a ellos les nieguen sus derechos humanos endógena y exógenamente. La persistencia de la política de derechos humanos que sigue el macrismo es de una hipocresía y cinismo inaceptables, que no lleva a buen puerto para quienes la padecen (¿con muerte legalizada?).
Qué no venga ACNUDH a darnos lecciones de ética y moral, y le sugiero que la ONU se ocupe de lo que debe ocuparse, y no interferir en nuestros asuntos internos, que la Argentina es una nación soberana desde 1810.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 9, 2017
La Cámpora S.A. Servicio de Seguridad y el “apriete” a los defensores de ex uniformados
Este tipo de hostigamiento se ha hecho común en las últimas horas al avistar -los camporistas- cualquier figura que pueda estar ligada a los casos (mal llamados) de lesa humanidad.
El grupo reivindica las acciones del grupo guerrillero Montoneros, y así fue nombrado en honor a Héctor José Cámpora, que había favorecido al grupo terrorista concediéndoles la libertad. El movimiento fue formado con el objetivo de enfrentar el discurso de opositores políticos a través de lo que percibe como su dominio de los medios argentinos que critican la sombra de corrupción que envuelve a la administración Kirchner, hacen frente común utilizando redes sociales o amedrentamiento como en este caso sucedido en los tribunales. La Cámpora confronta a los conglomerados de medios que controlan la gran mayoría de los medios argentinos que trabajan, según La Cámpora, para socavar la administración Kirchner.
El doctor Gutiérrez se encontraba en la Casa de la Ley, por motivos distintos a los cuestionados por el grupo mafioso, pero ha experimentado lo que será en el futuro lidiar con presentaciones respaldadas por la Corte Suprema.
Fabian Kussman
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@FabianKussman
Mayo 9, 2017
Fallo “dos por uno”
Escribe Enrique Molina Pico en Cartas de Lectores del diario La Nación.
Fallo “dos por uno”
“Dos por uno”, igualdad ante la ley y demás garantías constitucionales o el camino hacia el pensamiento único obligatorio. Declamamos ser un país que vive en democracia, con separación de poderes y una total independencia del Poder Judicial, que se expresa por sus fallos. Falta agregar: eso sí, siempre y cuando la sentencia concuerde con mis ideas o intereses, en caso contrario, estigmatizaremos y amenazaremos a los jueces, los denunciaremos penalmente y solicitaremos su juicio político y finalmente sancionaremos una ley opuesta que se aplicará con retroactividad.
Enrique Molina Pico
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 12, 2017
El Estado de Derecho. Editorial del periódico La Nación
El fallo de la Corte que aplicó el cómputo del dos por uno en un caso de lesa humanidad muestra el sano funcionamiento de la independencia de los poderes.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el cómputo del dos por uno a condenados por delitos de lesa humanidad y que tanta polémica despierta nos mueve a reflexionar acerca de si como sociedad hemos asumido plenamente lo que significa aceptar el Estado de Derecho, esto es, la sujeción del hombre al imperio de la ley que debe regir la vida en comunidad.
Los delitos de lesa humanidad, en los que incurrieron ambos bandos en tiempos del enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y los terroristas revolucionarios, recogen desde siempre un merecido repudio. Hay también acuerdo respecto de la imprescriptibilidad de esos delitos, pero la unanimidad cede cuando se restringe ese carácter exclusivamente a los cometidos por la represión ilegal y se deja inexplicable e injustificadamente fuera a los cometidos por la guerrilla subversiva.
A propósito del fallo “Muiña” de nuestro máximo tribunal, que conocimos días atrás, merced al cual se le concede a un represor el beneficio del dos por uno en su condena por el delito de privación ilegal de la libertad y tormentos para con trabajadores del hospital Posadas, se ha afirmado en distintos ámbitos que los derechos humanos universalmente reconocidos están por encima de cualquier ley. Pero si realmente aspiramos a vivir en un Estado de Derecho no hay doctrina política, ni religiosa, ni filosófica, ni relato ni memoria que puedan justificar su elevación por sobre la ley.
A lo largo de la historia, el mundo occidental civilizado ha incorporado sabiamente principios inamovibles como la igualdad ante la ley, el derecho de defensa, el debido proceso y que nadie puede ser juzgado ni condenado por conductas no previstas en leyes anteriores al hecho, entre muchos otros. Las llamadas leyes humanitarias han suprimido la prisión por deudas y la tortura; han consagrado el principio de in dubio pro reo, o beneficio de la duda; el principio de la ley más benigna a favor del imputado siempre que ésta estuviese vigente al momento del hecho, y que las cárceles sean sanas y limpias “para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas”. En la misma línea están la reducción de la pena por buena conducta y la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años. Se trata de conquistas que responden a piadosas tendencias humanitarias, precisamente a favor del hombre.
La sana división de poderes, con expresa prohibición de arrogarse otras funciones propias del Poder Judicial, y la obligación de los jueces de fallar según la ley, con independencia de toda doctrina o postura política por respetable que ella sea, constituyen garantías para el ciudadano. A la luz de estos principios fundamentales, la sociedad debe comprender que si se quiere vivir en un Estado de Derecho se deben respetar las leyes, nos gusten o no sus términos, pues no existe ninguna política capaz de situarse por encima de ese cuerpo legal. Si el fallo en cuestión se hubiese aplicado a un ex montonero, la situación sería exactamente la misma, pues nada tienen que ver en esto la militancia ni las argumentaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos.
Precisamente por este motivo se representa a la Justicia con una venda en los ojos para simbolizar su imparcialidad: la ley es igual para todos. La aplicación de este principio es justamente lo que nos distinguirá de los criminales de toda laya y de la barbarie, tanto como de quienes pretenderían ampararse en la deleznable consigna “al enemigo, ni justicia” para exigir venganza antes que el cumplimiento de las leyes.
No puede menos que repudiarse la afirmación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien, al cuestionar el fallo de la Corte Suprema, sostuvo que algo así no hubiese ocurrido durante su gestión gubernamental: otro vergonzoso sincericidio que confirma cuán lejos estaba de respetar la autonomía de los tres poderes que debe primar en una república, al aceptar que ella controlaba o aspiraba a digitar incluso al máximo tribunal de la Nación.
Que la sentencia no sea políticamente favorable al gobierno de Mauricio Macri, por un lado, y que desagrade a organismos defensores de los derechos humanos, por el otro, son una clara muestra de la independencia de la que ha hecho gala la Corte, con su dinámica de mayorías y minorías, al fallar de acuerdo con lo que entiende es la debida aplicación de la ley y las garantías procesales. Técnicamente el fallo resulta inobjetable, aun para sus detractores. Recordemos, además, que el régimen del dos por uno fue muy criticado y desde esta columna se pidió su derogación en 2000.
Recientemente, la Corte avaló el arresto domiciliario para un represor de 85 años y enfermo. Un fallo de características similares fue el de la Corte chilena que habilitó a Augusto Pinochet, de la misma edad, a terminar sus días en su hogar y no en prisión. En una auténtica república el respeto a la ley puede derivar en actos éticamente humanitarios, incluso para con aquellos que tan ferozmente la combatieron, pues sólo así se confirma su fortaleza y sus auténticos valores.
Desgraciadamente, continuando con una inercia de enfrentamiento que sólo nos aleja del futuro para anclarnos en el pasado, una parte de la ciudadanía parece haber olvidado que venimos de más de una década de denunciar la falta de independencia del Poder Judicial. Ya comienzan a oírse voces que anticipan apelar a mecanismos constitucionales que pongan freno a nuevos fallos, incluso al absurdo pedido de juicio político a los magistrados que conformaron el voto mayoritario. En el juego democrático, todo lo que acontezca dentro del marco institucional debe celebrarse. Hasta aquí, respetamos un ejemplo del sano funcionamiento de la independencia de los poderes tan largamente reclamada.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2021842-el-estado-de-derecho
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 9, 2017