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La Unión de Promociones expresa su más profundo pesar por el fallecimiento el día Miércoles 20 de Febrero de 2019, del Suboficial Mayor (R) Carlos Alberto GUTIÉRREZ (Ejército Argentino), Preso Político en cautiverio.

Consecuentemente, ya son 493 (cuatrocientos noventa y tres) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 152 (ciento cincuenta y dos) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.

Solicitamos a todos los integrantes de las FFAA, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y Fuerzas Penitenciarias, a las distintas ONG e Instituciones, a familiares, amigos y allegados en general, a continuar sumándose en apoyo de todos quienes deben enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar, fortalecer e incrementar el planteo de los justos reclamos por acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del irrestricto respeto por la Constitución Nacional. La continuación de la ardua lucha en su apoyo, por la recuperación plena del estado de derecho y por la reparación del respeto y la credibilidad de las Instituciones de la República, así lo exige.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, compañeros de Promoción, camaradas y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Coronel (R) Guillermo César Viola.

Unión de Promociones.

 


PrisioneroEnArgentina.com

Febrero 27, 2019


 

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2 thoughts on “493”

  1. Nuestro acompañamiento a los familiares de Alberto Gutiérrez y que en paz descanse, ahora es libre. FAMILIA KUSSMAN

  2. El “genocidio” de los uniformados (excelente comentario de la web)

    La idea de exterminio silencioso y con poca trascendencia pública, tal como lo hicieron los nazis, de un grupo de la población argentina como lo son los profesionales uniformados y civiles relacionados, fue una acción que no se hizo ni se ejecuta al azar, sino que respondió y responde a la voluntad de destruir a un determinado sector de la población, un grupo sumamente homogéneo, bien diferenciado e indubitablemente identificado.
    El grupo perseguido, hostigado y martirizado, está integrado por aquellos argentinos que formaron parte del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, las Policías Provinciales, la Policía Federal, el Servicio Penitenciario Federal y los Servicios Penitenciarios Provinciales, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Nacional y funcionarios civiles en actividad, durante el Gobierno Militar del Proceso.
    Los ejecutores de esta persecución genocida, son los funcionarios ideologizados y bien pagos del Poder Judicial de la Nación Argentina identificados como integrantes de una corporación mafiosa autodenominada Justicia Legítima, que integran la Justicia Federal. Están apoyados financiera e ideológicamente por los terroristas subversivos argentinos vivos, los parientes de los muertos y los enemigos permanentes de argentina como el RUGB que apoya financiera a las ONG como Abuelas, Madre e Hijos de supuestos desaparecidos, que en realidad son gestoras de indemnizaciones y pensiones vitalicias que pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos. Y como no podían faltar, la mayoría de los ciudadanos argentinos, siempre indiferentes a todo, especialmente al sufrimiento de sus connacionales.
    La ejecución de este plan criminal no pretende cambiar la actitud del grupo uniformado ni de civiles amigos en relación al orden democrático, sino que quiere “destruir” el grupo, mediante las detenciones arbitrarias, las muertes en las hediondas cárceles argentinas, la negación sistemática de atención de problemas de salud, el amedrentamiento y marginación de los miembros del grupo uniformado que tengan la osadía de ayudarlos, el entorpecimiento permanente de todo lo solicitado y fundamentalmente, negándoles los derechos más elementales de un habitante del mundo civilizado, derechos que siempre les son concedidos, a los delincuentes comunes y a funcionarios políticos korruptos que robaron a mansalva, nuestros dineros del Estado.

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