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 Por Alberto Solanet

 

El editorial de LA NACIÓN del domingo pasado describe con todo detalle el último vergonzoso prevaricato de la Corte Suprema que, con la honrosa excepción del voto del doctor Rosenkrantz, resolvió contrariamente a la aplicación de la ley más benigna para los acusados de delitos llamados de lesa humanidad, ya que estos son los únicos que no gozarán del beneficio de la ley del dos por uno. Luego hace un repaso de las distintas situaciones vividas en la Argentina, que con mayor o menor justificación afectaron tanto los derechos constitucionales de los ciudadanos como la seguridad jurídica, clave para la subsistencia de la República. Al listado de desbarajustes citados en el editorial, considero esencial agregar el más grave de ellos, ocurrido a partir del gobierno kirchnerista. Jamás en la historia, desde la Corte Suprema para abajo, se demolió el derecho en sus principios más fundamentales, como el principio de legalidad, cosa juzgada, aplicación de la ley penal más benigna, la prescripción, etcétera. El Congreso sancionó las leyes de amnistía y luego las anuló. La Corte declaró la constitucionalidad de esas leyes y luego avaló las nulidades. Esos fueron “los obstáculos” que el expresidente Lorenzetti dijo que hubo que remover para posibilitar la reapertura de los juicios por hechos ocurridos 40 años atrás, cometiendo un gigantesco prevaricato.

Todo eso dio lugar a que jueces corruptos se ensañaran mediante procesos absolutamente ilegales a encarcelar a más de 2000 militares, fuerzas de seguridad, civiles y religiosos, para los que no existen ninguna de las garantías y derechos que la Constitución asegura para todos los habitantes del país. Estos jueces no imparten justicia, sino instrumentan la venganza. Esta población vulnerable, cuyo promedio de edad es de 75 años, es groseramente discriminada y se puede afirmar, sin eufemismos, que se trata de una población descartada de la sociedad, condenada a morir en la cárcel, ya han muerto 490, últimamente a razón de dos por semana.

 

Alberto Solanet

asolanet@estudiosolanet.com.ar

 


Editorial LA NACIÓN

La Corte Suprema y el riesgo país

El máximo tribunal de justicia es la piedra fundamental de la credibilidad y su estructura institucional reposa en la solidez de sus fallos

24 de febrero de 2019
La ley 24.390 de 1994, conocida como del dos por uno, dispuso que luego de transcurridos dos años de prisión preventiva, deben computarse dos días de prisión por cada día de encarcelamiento cautelar. El 3 de mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia resolvió, en el caso Muiña, que también frente a un delito calificado como de lesa humanidad correspondía hacer ese cómputo, ya que la ley no preveía tal excepción. Por el voto de la mayoría, se resolvió el “dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad”, para concluir que “el dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes”, según el voto de Horacio Rosatti. Sin embargo, como señalamos en una opinión editorial anterior, se desató de inmediato una intensa campaña mediática contra el fallo, incluyendo marchas, escraches y amenazas contra los jueces de la Corte. Esto motivó que las dos cámaras del Congreso buscasen una solución política que tendiese el puente de plata para revertir aquella jurisprudencia. Así, se dictó la ley 27.362, que estableció una interpretación eufemísticamente llamada “auténtica” del artículo 7° de la ley 24.390. Se limitó de tal modo la aplicación del dos por uno en casos de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.
El 4 de diciembre último, la Corte se expidió en un caso similar (Rufino Batalla) y modificó el criterio del caso Muiña, basándose precisamente en la nueva ley 27.362. Muchos interpretarán, no sin razón, que los jueces parecieron cambiar de opinión ante la reacción social, aparentemente mayoritaria, por el fallo Muiña. En otras franjas de la sociedad se manifestó una posición distinta. Al pretender justificarse en función de la nueva ley, los dos ministros del tribunal que modificaron su criterio introdujeron una novedad controvertible en la jurisprudencia de la Corte: admitieron la posibilidad de dictar leyes penales retroactivas cuando el Congreso las denomine “interpretativas” de otras penales anteriores, aunque fuesen tan antiguas como la ley del dos por uno. En rigor, no había mucho para interpretar, ya que lo que hizo la supuesta norma interpretativa del Congreso fue modificar el alcance de una norma anterior a fin de excluir del beneficio del dos por uno a los procesados por delitos de lesa humanidad, con lo cual no quedaba resquicio para sostener su aplicación retroactiva.
El único magistrado que no modificó su opinión fue el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. En su solitaria disidencia, no poco valiente dados los ecos callejeros que había suscitado la cuestión, Rosenkrantz reconoció que la reacción social que motivó el dictado de la ley 27.362 había expresado tanto el legado del “nunca más” como el objetivo social de no claudicar en la persecución de delitos de lesa humanidad. Nadie podrá discutir que es ese un noble objetivo que el presidente del alto tribunal verdaderamente encarna. Pero, claro, para Rosenkrantz no cualquier modo de poner en práctica ese compromiso de estatura histórica es necesariamente respetuoso de la Constitución nacional. Sostuvo así que “la Constitución nos exige extender las garantías que consagra -como el principio de irretroactividad de la ley penal- a todos por igual” y que apartarnos de sus mandatos “pone en peligro el mejor, pero a la vez el más frágil, arreglo institucional que se ha inventado para que gente que está en desacuerdo acerca de muchas cuestiones pueda aspirar a convivir”.
La Argentina vivió muchas situaciones extremas. También, crisis económicas profundas que llevaron a decretar medidas de emergencia, con mayor o menor justificación, que afectaron tanto derechos constitucionales de los ciudadanos como la seguridad jurídica, clave para las inversiones.
Durante el gobierno de Frondizi, en 1962, se pagaron los sueldos públicos con bonos, mientras que el de Illia anuló los contratos petroleros y dispuso la primera pesificación de ahorros en bancos (1964). En 1973 se dispuso la nacionalización de depósitos y una artillería de controles de precios y de cambios que culminaron con el Rodrigazo, de 1975. Para paliar los efectos del abandono de la “tablita cambiaria” (1981), Cavallo estatizó como presidente del Banco Central la deuda privada, en 1982. Las necesidades fiscales llevaron a Alfonsín a adoptar el Plan Austral, en 1985, con su desagio y default unilateral. Y, en 1987. dispuso el “ahorro forzoso”, que no pudo detener la hiperinflación de 1989. Menem obligó a canjear depósitos por bonos (Plan Bonex, 1989) y declaró la emergencia económica. De la Rúa dispuso el “corralito” en 2001 y sus sucesores aplaudieron en el Congreso el default, el abandono de la convertibilidad y la pesificación asimétrica. Durante la gestión kirchnerista, se estatizaron los ahorros de las AFJP (2008), se estableció el cepo cambiario (2011) y se confiscó YPF (2012).
En ese contexto de sucesivas crisis, no es de extrañar que haya habido una explosión de litigiosidad en todos los ámbitos, de lo contencioso y comercial a lo laboral, pasando por las jubilaciones y los pleitos contra el Estado derivados de emergencias y regulaciones abusivas, atestando los tribunales y provocando presiones sobre la Corte para validar decisiones arbitrarias. Sabemos lo que esto costó al país en tribunales del extranjero.
Todas esas normas de excepción, violación de contratos, alteración de reglas, conforman el marco institucional que los inversores argentinos y extranjeros consideran cuando evalúan las condiciones para construir fábricas, tender caminos, emplear gente o prestar dinero a la Argentina o a sus empresas. Es el sustrato del llamado “riesgo país”, índice que ha vuelto a crecer en los últimos días, luego de conocerse otro controvertido fallo de la Corte, firmado por tres de sus integrantes, por el cual se condenó al Estado nacional a pagar 15.000 millones de pesos a la provincia de San Luis por la detracción de fondos coparticipables para financiar a la Anses entre 2006 y 2015.
Los poderes políticos suelen moverse de acuerdo con las necesidades del corto plazo, tanto buscando el aplauso inmediato como trasladando costos a las generaciones siguientes. Por ello, la Corte es la única institución que tiene capacidad de actuar como quilla y timón para que la Argentina mantenga el rumbo respetando las instituciones que aseguran la forma republicana de gobierno y las garantías constitucionales que devienen para todos los ciudadanos, sin distinción.
La reconstrucción de las instituciones y la recuperación de la confianza son el mayor desafío que el país debería asumir como política de Estado. Sin ellas no habrá pan, ni trabajo, ni educación, ni salud, ni seguridad, ni futuro. La Corte es la piedra fundamental de la credibilidad y toda su estructura institucional reposa sobre la solidez de sus fallos, en tanto sus efectos son por demás relevantes al condicionar nuestro futuro como Nación.
De ahí la relevancia del voto, por así llamarlo testimonial, de Rosenkrantz en el pronunciamiento de diciembre, en uno de los temas todavía más sensibles, pero a propósito de los cuales los argentinos con templanza de carácter se definen por sus propias ideas aunque deban enfrentarse con la intolerancia de los que alientan un pensamiento único.

 

 


Envío: Dra. ANDREA PALOMAS ALARCÓN

PrisioneroEnArgentina.com

Marzo 2, 2019


 

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15 thoughts on “Lesa humanidad”

    • Camila Segui
    • posted on March 3, 2019

    a Lorenzeti todos le tienen miedo y este viejo verde sigue haciendo lo que quiere

  1. Muy amable Respetable Señora- los argentinos estamos jugando con fuego a lado de una destilería de nafta. Y es inaudito que solo se miren el ombligo. Dejando le lado el Caso de los Asesinatos de nosotros los Prisioneros Políticos- Los argentinos no reaccionan frente a las violaciones de todo género y los homicidios calificados de mujeres y niños sometidos junto con hombres a esclavitud y sevicia.Los argentinos están viviendo en una nube de …recordemos con que inteligencia la TIFA (Tiranía Ideológica Financiera) en la década de los 2000, hizo campaña y logro el -DESARME- y muchos idiotas fueron con “espíritu democrático” al Tiro Federal y entregaron sus armas de defensa personal o caza a cambio de chauchas. Los HDP , desarmaron mientras ellos se armaban con AK47 (Milagros Sala – D´<Elia- Moyano y todos los que van a apoyar el regreso o mantenimiento del populismo demagógico y asesino…..por ello digo que a este pueblo de idiotas hay que hacerles entender que la marsellesa es la cancion epica de la rebelión – si es preciso armada contra los tiranos- es de puro derecho la Defensa Propia, es preferible ir a una carcel por matar a un asesino que morir o entregar la familia a los perversos…"tolerancia cero" (dij el alcalde de Nueva York Giuliani y se acabó…

  2. ¡¡Cómo me gustaría, cantar la Marsellesa mientras la guillotina hace su trabajo haciéndolos subir al cadalso, pero ni siquiera el pueblo argentino sabe que es y como se implementa la Desobediencia Civil y eventualmente la Acción Directa. La Tiranías no se toleran. Se las derriba…de puro derecho.

    1. Briilante Reflexión. Dijo el General San Martín “Cuando la patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla”.

  3. El Poder Judicial ha sido colonizado por el kirchnerismo. Los Fiscales, Jueces, Defensores, Camaristas y Secretarios de la Justicia Federal y las Justicias Provinciales, pertenecen a las agrupaciones kirchneristas Justicia Legítima (JL) y La Cámpora (LC). A través de la Procuradora Militante Gils Carbò, se nombraron irregularmente a los fiscales Ad Hoc de la RA. A través de la Defensora, la Dra Martínez, también de JL se nombraron a los defensores oficiales del país. A través del Consejo de la Magistratura con mayoría Kirchnerista, se nombraron a muchos los jueces y camaristas militantes de Argentina. 3 de los de la CSJN fueron puestos por los KK y los compraron con el manejo discrecional de la caja de la justicia.
    TODOS HACEN POLÏTICA CON SUS RESOLUCIONES. NINGUNO RESPETA EL DERECHO ESCRITO EN LAS LEYES DE ARGENTINA
    Hay que intervenir y reemplazar jueces y fiscales federales.

    1. Ya es tarde para cambios, Macri y su gente se dedicó a hacer “la plancha” y a disfrutar de los feriados y vacaciones. Cordialmente CLAUDIO KUSSMAN

        • jose
        • posted on March 3, 2019

        Simplemente son inútiles.

          • Salame Picado Grueso
          • posted on March 4, 2019

          Inutiles menos para hacer platita que nos quitan a los giles

    • Patricio
    • posted on March 2, 2019

    No olvidar que la artífice de la anulación de las leyes, fue la inefable LILITA CARRIO. Hay un error histórico en el texto, cuando se efectúa la estatización de la deuda, Cavallo ya no estaba en el Banco Central, fue, pese a varias controversias, Julio César González del Solar, con todo Cavallo no es de mi agrado; por el resto, un resumén de la historia reciente que hemos vivido y no nos pueden contar, da una imagen de por qué la Argentina, sigue en el mismo pantano hace 70 años, sumamos 2 + 2 y queremos que de 5 o 3 o 7, no, sigue dando 4.

    • T. Sanders
    • posted on March 2, 2019

    Con Rosenkrantz “el rey reina pero no gobierna” un grave problema para el país .

  4. La Justicia Federal es una verdulería donde los juzgados, las cámaras, tribunales orales y la corte, son locales con cajones de madera llamados “letras” que ofrecen los mismos productos pero de diferente marca y precio
    Los productos son archivo de la causa, sobreseimiento, falta demérito, procesamiento en libertad, procesamiento con arresto domiciliario, procesamiento con prisión preventiva en cárcel común, años de condena de cumplimiento efectivo, años de condena en suspenso y la absolución y otros.
    Viejos verduleros comerciantes de la libertad, los jueces federales saben que esta tiene su precio. En los juzgados se paga con la plata que uno puede llevar en el bolsillo, en las cámaras la que pueden llevar en portafolios, en casación la plata hay que llevarla en carretilla y en la corte con un camión de caudales. Si el juez está cerca de la edad para jubilarse, la cifra se duplica.
    Así las cosas, Pepito Perez robó una casa y está preso en Devoto, el turco Menem vendió 6500 toneladas de armas, municiones y explosivos que argentina compró para su defensa nacional y está absuelto.
    En Argentina la administración de justicia es una entelequia, una utopía, una quimera
    La justicia es como la serpiente, pica a los que caminan descalzos porque los que tiene plata compran impunidad
    Argentina, país sin justicia, Argentina, país de miyerda

    1. Estimada Dominga, EXCELENTE Y VERAZ comentario. Digno de mencionar que los pagos se efectúan en el estudio de algún abogado “amigo” del juez. Otro “sabio” de nuestro valle de lágrimas (para algunos) ha sido NORBERTO AYARBIDE, quien siempre sostuvo que la cárcel es para “los pobres y los pelotudos” (sic) lo cual parece ser cierto. Los muchachos con este tema de los cuadernos se esta relamiendo, veremos como termina la cosa. Cordialmente CLAUDIO KUSSMAN

  5. El “genocidio” de los uniformados (excelente comentario de la web)

    La idea de exterminio silencioso y con poca trascendencia pública, tal como lo hicieron los nazis, de un grupo de la población argentina como lo son los profesionales uniformados y civiles relacionados, fue una acción que no se hizo ni se ejecuta al azar, sino que respondió y responde a la voluntad de destruir a un determinado sector de la población, un grupo sumamente homogéneo, bien diferenciado e indubitablemente identificado.
    El grupo perseguido, hostigado y martirizado, está integrado por aquellos argentinos que formaron parte del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, las Policías Provinciales, la Policía Federal, el Servicio Penitenciario Federal y los Servicios Penitenciarios Provinciales, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Nacional y funcionarios civiles en actividad, durante el Gobierno Militar del Proceso.
    Los ejecutores de esta persecución genocida, son los funcionarios ideologizados y bien pagos del Poder Judicial de la Nación Argentina identificados como integrantes de una corporación mafiosa autodenominada Justicia Legítima, que integran la Justicia Federal. Están apoyados financiera e ideológicamente por los terroristas subversivos argentinos vivos, los parientes de los muertos y los enemigos permanentes de argentina como el RUGB que apoya financiera a las ONG como Abuelas, Madre e Hijos de supuestos desaparecidos, que en realidad son gestoras de indemnizaciones y pensiones vitalicias que pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos. Y como no podían faltar, la mayoría de los ciudadanos argentinos, siempre indiferentes a todo, especialmente al sufrimiento de sus connacionales.
    La ejecución de este plan criminal no pretende cambiar la actitud del grupo uniformado ni de civiles amigos en relación al orden democrático, sino que quiere “destruir” el grupo, mediante las detenciones arbitrarias, las muertes en las hediondas cárceles argentinas, la negación sistemática de atención de problemas de salud, el amedrentamiento y marginación de los miembros del grupo uniformado que tengan la osadía de ayudarlos, el entorpecimiento permanente de todo lo solicitado y fundamentalmente, negándoles los derechos más elementales de un habitante del mundo civilizado, derechos que siempre les son concedidos, a los delincuentes comunes y a funcionarios políticos korruptos que robaron a mansalva, nuestros dineros del Estado.

  6. La realidad Argentina está a la vista de todos que en mayoría son indiferentes lo cual asegura impunidad y permite acciones como: “vamos por todo”, “política de estado” y otras lindezas autóctonas. Mientras Macri siga recitando que el poder judicial es independiente, un RICARDO LORENZETTI seguirá teniendo el verdadero poder en la Corte. Esto es Argentina, país donde los jueces en mayoría ya tienen un “padrino” para llegar al cargo o buscan uno apenas asumen. Sistema perverso pero real. Cordialmente CLAUDIO KUSSMAN

    • Ana Tachella
    • posted on March 2, 2019

    La Corte es una joda como el resto de flos 3 poderes ..

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