“Eliminar la guerra y el terror”

¿Pena de muerte para el terrorismo?
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  Por JORGE B. LOBO ARAGÓN

La pena de muerte y la pena en general son aspectos del derecho largamente debatidos, en los que hay múltiples opiniones discordantes. Actualmente cobro vigencia ante los numerosos atentados terrorista que está sufriendo el mundo y que padeció también nuestro país. Su nombre, “pena”, viene del latín “poena” que deriva del griego “poine”, dolor, relacionado con “ponos”, trabajo, fatiga, sufrimiento, del sánscrito “punya”, purificación. Lo que resume que a través de los siglos que forjaron nuestra cultura se ha considerado que la pena es el doloroso sufrimiento que purifica. El orden que impone el derecho precisa que las transgresiones a la ley sean sancionadas. La justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, lo que a cada cual le corresponde, y lo que le corresponde al malhechor es un castigo proporcionado a su delito. Su sufrimiento es una expiación que retribuye a la sociedad ofendida y un medio de purificar el alma del injusto. Así lo enseña platón coincidiendo con los pueblos de oriente, con la biblia y con los posteriores teólogos cristianos. Incluso con Kant, que sostiene que el derecho a castigar es “el que tiene el soberano de afectar dolorosamente al súbdito per causa de la transgresión de la ley”. Pero a partir del siglo XVIII aparecen nueves criterios. Expiar es borrar la culpa, purificarse por medio del sacrificio y el dolor. Si no se reconoce a la pureza como un valor tampoco se pretenderá la purificación. Se supone que a la justicia no le corresponde imponer un castigo sino corregirlo al delincuente. Su prisión no tiene el sentido de que pague por el mal cometido sino de que se regenere, que aprenda a ser bueno. Por otra parte su separación de la sociedad la libera a ésta de ser dañada, y con eso ya se satisface. Estos distintos criterios ven de distinta forma a la pena de muerte. La doctrina clásica, de la antigüedad y de los teólogos cristianos, la acepta. Dios nos manda “no matarás”, pero los mandamientos son órdenes genéricas, como que se admite que es lícito matar en defensa propia. Se la compara con el derecho de que disponemos para extirparnos un miembro enfermo que pone en peligro al resto del organismo, que es la sociedad a la que por naturaleza pertenecemos. Otros no ven en esa sociedad un hecho natural sino el resultado de un convenio. Imaginan que el hombre originalmente vivía, aislado, y que por su conveniencia ha buscado agruparse. Los derechos del grupo social serían los que voluntariamente el hombre le habría cedido. Si el hombre carece del derecho para disponer de su propia vida, ¿cómo habría de ceder a la sociedad un derecho que no tiene? la discusión, con muy serios argumentos a favor y en contra, se ha extendido por siglos y ha ocupado a pensadores inteligentísimos. Ambas posiciones se afirman en argumentos sólidos, atendibles, y cuentan con respetabilísimos defensores. Sus partidarios la presentan como disuasiva. Sus contrarios afirman que la estadística no muestra ese efecto. Hasta presidentes de países como el nuestro insistieron en su ya anunciado propósito de imponérsela a los traficantes de narcóticos “que han levantado verdaderos imperios”. Hay muchos que pueden merecerla sin duda, en especial con un terrorismo que acecha sin piedad el mundo entero. Pero los argumentos en su favor suponen la existencia de una justicia por lo menos respetable. Justicia que en nuestro país se encuentra en una profunda crisis de credibilidad. Sin esa clase de justicia nadie la defendería. Pero algo se tiene que hacer. La comunidad argentina y la de otros países tiene autoridades que no han venido de Marte sino que ellos mismos han elegido. Y la corrupción en algunos jueces espanta. ¿Que no son todos?, pues claro, ya se sabe que no son todos, pero trascienden ejemplares que dejan perpleja a la ciudadanía. De manera que ahora, durante este encierro o confinamiento por pandemia existe un escepticismo brutal. Lo malo es que esa desconfianza se apoya en datos concretos brindados por los mismos funcionarios, por la prensa, por la experiencia. Existe justicia ineficaz, que libera presos -condenados-, con grandísimos antecedentes sin escrúpulo alguno a través de la mentira y el engaño como sistema de ganar voluntades o de acercarse a quien gobierna en esa trípode del poder. Los presos políticos se mueren en las cárceles sin compasión alguna. Esta inseguridad es una clara muestra del fracaso de los políticos argentinos y de muchos países de la región en la tarea de construir una sociedad justa, moral, como la que soñamos para nuestros hijos y nietos. Pero el fracaso político nos abarca a todos, a usted también, que con su voto contribuye a elegir los equipos de gobierno que se encargan de administrar el Estado, de procurar el bien común, de impartir justicia. De modo que el asunto del castigo y de la pena tiene tanta gravedad que debiera preocuparnos del mismo modo que la lentitud en la justicia que es cruel y exasperante. La pena máxima de prisión perpetua para delitos gravísimos es muchas veces una ficción. En mi país la mayor parte de la sociedad se conmueve, cuando por formalismos son beneficiados autores conocidos de crímenes o delitos aberrantes aterrantes. Entonces sí, la sociedad protesta contra la impunidad, pues los delitos quedan incólumes ante la lenidad de la pena. Y no se ve el modo de corregir, pues así como los romanos decían “la ley es dura, pero es la ley”, el sistema actual contesta: “la ley es blanda, pero es la ley”. La sociedad necesita un sistema que disuada a quienes se resistan a ese derecho; que, para disuadir, el rigor -y hasta una cierta dureza- son indispensables. Que a esa dureza la justifica la necesidad del orden y el bien común respaldado en su momento por el mismísimo General José de San Martin que varias veces recordó la necesidad de la dureza contra el desorden. El estado tiene derecho si lo estima oportuno, de dar muerte a los criminales, que tras un juicio justo, son declarados culpables de ciertos crímenes gravísimos que ponen en peligro la convivencia pacífica del pueblo. La doctrina y la historia no dejan resquicio para la duda .La Iglesia Católica siempre ha defendido sin titubeos la pena capital para los crímenes más graves, apoyándose en las sagradas escrituras , la doctrina de los Padres de la Iglesia, la obra de los grandes teólogos y su propio magisterio y de innumerables purpurados y Santos Papas. Lo que nos hace reflexionar que ninguno de los padres de la Iglesia con el martirio de incontables cristianos predicó en contra de la pena capital. El Doctor Angélico en el pasaje de su “Summa Theologica” nos dice que todo poder correctivo y sancionario proviene de Dios, quien lo delega a la sociedad de hombre; por lo cual el poder público está facultado como representante divino, para imponer toda clase de sanciones jurídicas debidamente instituidas con el objeto de defender la salud de la sociedad. De la misma manera que es conveniente y licito amputar un miembro putrefacto para salvar la salud del resto del cuerpo, de la misma manera lo es también eliminar al criminal pervertido mediante la pena de muerte para salvar al resto de la sociedad. Está demostrado que tanto las sagradas escrituras, como la tradición y la historia de la Iglesia se inclina de manera abrumadora a favor de la licitud de la pena de muerte. Lástima que en nuestro país y en gran parte del mundo con un sistema judicial perverso es imposible pensar en un sistema de castigo más grave por las injusticias que pudiera acarrear. Pero Usted señor lector tiene la posibilidad de opinar si lo desea. Todavía algunos nos podemos expresar libremente y sin ataduras.

Dr. Jorge Bernabé Lobo Aragón

jorgeloboaragon@gmail.com

jorgeloboaragon@hotmail.com

 


PrisioneroEnArgentina.com

Julio 27, 2020


 

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