LA GUERRA DE LAS 100 HORAS

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Todo el mundo ha oído hablar de la Guerra de los Cien Años (ó 116 años). ¿Pero… y la Guerra de las 100 Horas? Este conflicto de cuatro días entre El Salvador y Honduras es bastante fascinante, como sugiere el nombre inusual. El conflicto en realidad tiene otro nombre, aún más intrigante: la “Guerra del fútbol”. 

La Guerra de las 100 Horas estalló el 14 de julio de 1969, cuando El Salvador invadió Honduras por aire y tierra. Pero las tensiones entre los dos países centroamericanos se habían elevado durante años. En la década de 1960, Honduras tenía aproximadamente cinco veces más tierra que El Salvador, pero El Salvador tenía casi 1 millón de habitantes más. Como resultado, durante varias décadas previas a la Guerra de las 100 Horas, los salvadoreños habían estado emigrando a Honduras para trabajar en las tierras de cultivo más ampliamente disponibles. Esto llevó a un conflicto entre los campesinos salvadoreños y hondureños, ya que ambos grupos tuvieron que competir por puestos de trabajo en tierras propiedad de las élites ricas locales y las empresas frutícolas estadounidenses.

El gobierno hondureño buscó promulgar una reforma agraria para aliviar estas tensiones. Pero los terratenientes ricos y las corporaciones internacionales presionaron con éxito al gobierno para proteger sus propios derechos de propiedad. Entonces, en lugar de perseguir a los grandes terratenientes, Honduras apuntó a los inmigrantes salvadoreños, se apoderó de sus tierras y deportó a miles nuevmente a El Salvador.

El gobierno de El Salvador expresó su indignación por el trato a los inmigrantes salvadoreños en Honduras, alegando que “el gobierno de Honduras no ha tomado ninguna medida efectiva para sancionar estos delitos que constituyen genocidio, ni ha dado garantías de indemnización o reparación por los daños causados”. a los salvadoreños “. Para empeorar las cosas, mientras todo esto sucedía, El Salvador y Honduras también estaban involucrados en una serie de disputas fronterizas, principalmente centradas en pequeñas islas en el Golfo de Fonseca.

Por lo tanto, las relaciones entre El Salvador y Honduras estaban en su punto más bajo cuando los dos países se enfrentaron en 1969 por los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA a disputarse en 1970, en México. El 8 de junio, Honduras fue sede del primero de los dos partidos de fútbol programados. y ganó 1-0. El 15 de junio, El Salvador fue sede del segundo partido y ganó 3-0. Ambos partidos fueron seguidos por violentas reyertas en el estadio entre salvadoreños y hondureños.

El juego de desempate estaba programado para el 27 de junio en la Ciudad de México. Ese día, El Salvador disolvió formalmente todos los lazos diplomáticos con la nación de Honduras, citando, entre otras cosas, el hecho de que cerca de 12.000 salvadoreños habían huido de Honduras luego del partido de fútbol anterior debido a una supuesta persecución por parte de hondureños. El juego se desarrolló según lo programado y El Salvador ganó 3-2 en tiempo extra.

La ofensiva de El Salvador comenzó con el lanzamiento de tres aviones de combate al espacio aéreo hondureño. El Salvador siguió a este sorpresivo ataque aéreo con una invasión terrestre a lo largo de la carretera principal que conectaba a El Salvador con Honduras. Con mejores armas y el elemento sorpresa, el ejército salvadoreño pudo avanzar con paso firme hacia Honduras. Sin embargo, las cosas pronto cambiarían a favor de Honduras debido a una combinación de fuerte resistencia militar, clima inclemente y al ejército salvadoreño quedándose sin municiones. Asimismo, los aviones de guerra de Honduras pudieron bombardear refinerías de petróleo y otros centros estratégicos en El Salvador.

Sin embargo, en cuestión de días, ambas partes se estaban quedando sin municiones. Honduras seguía temiendo que El Salvador pudiera invadir su ciudad capital, por lo que el gobierno hondureño pidió a la “Organización de los Estados Americanos” que interviniera. La OEA así lo hizo, y en la noche del 18 de julio, la organización presionó con éxito a El Salvador para que accediera a un alto el fuego. (Exactamente 100 horas después de que comenzara la guerra).

Las fuerzas de El Salvador se habían retirado completamente de Honduras en agosto de 1969. Se estima que murieron alrededor de 3.000 personas, principalmente civiles hondureños. Muchos más fueron desplazados. Las tensiones entre Honduras y El Salvador se mantuvieron altas durante muchos años, y las disputas fronterizas menores continúan hasta el día de hoy. Además, a pesar de clasificarse para la Copa del Mundo de 1970, El Salvador fue eliminado en la fase de grupos después de perder tres partidos seguidos.

 


PrisioneroEnArgentina.com

Junio 22, 2021


 

Ciudad Bitcoin

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La semana pasada, la legislatura de El Salvador votó para convertirse en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Si bien el dólar estadounidense seguirá siendo la moneda oficial de El Salvador, todas las empresas del país deberán comenzar a aceptar Bitcoin salvo circunstancias atenuantes (como la falta de recursos tecnológicos), y los ciudadanos podrán pagar sus impuestos y deudas con la criptomoneda.

Bukele

El gobierno espera que esta política económica futurista atraiga inversiones de negocios de criptomonedas, proporcione recursos financieros transformadores para el 70 por ciento de los salvadoreños que no están bancarizados y facilite las remesas, que representan alrededor del 20 por ciento del producto interno bruto del país. Fiel al espíritu alocado de la comunidad de Bitcoin, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ya ha ordenado a una empresa de electricidad geotérmica estatal que comience a construir instalaciones mineras de Bitcoin que serán alimentadas por el calor de los volcanes del país.

Al mismo tiempo, los críticos han señalado que el plan es muy ligero en detalles y que Bitcoin es notoriamente difícil de usar como moneda del día a día, en parte debido a su volatilidad. Además, existe una buena posibilidad de que una gran franja de empresas en el país ni siquiera pueda aceptar de manera factible la criptomoneda; El Salvador tiene las tasas más bajas de penetración de internet en América Latina. Bukele, sin embargo, ha estado apuntando a un pequeño pueblo costero salvadoreño llamado El Zonte donde los residentes han estado usando Bitcoin durante casi dos años como evidencia de que la criptomoneda podría ayudar a impulsar la economía en todo el país.

El Zonte es un pueblo en la costa del Pacífico que tiene una población de aproximadamente 3,000 personas y es popular para practicar surf y pesca. Si bien un pueblo de playa puede parecer próspero, El Zonte no lo es: El Zonte es visiblemente pobre, con caminos de tierra y un sistema de drenaje defectuoso, en 2019, un donante anónimo en los EE. UU. comenzó a enviar Bitcoin a organizaciones sin fines de lucro en el área con el objetivo de encontrar formas de construir un ecosistema de criptomonedas sostenible en la comunidad. Luego, los trabajadores sin fines de lucro en El Zonte, en consulta con el donante, lanzaron Bitcoin Beach, una iniciativa que inyectó la criptomoneda en la economía local, estableció a las personas con billeteras digitales y ayudó a las empresas a configurar sistemas para aceptar pagos de Bitcoin.

Los residentes utilizan un sistema de pago de aplicaciones similar a Venmo para intercambiar Bitcoin, que fue desarrollado por una empresa de tecnología en California llamada Galoy Money. Con la aplicación, las personas pueden ver qué empresas aceptan Bitcoin y buscarse entre sí por nombre de usuario.

Aunque ha habido cierto éxito en la integración de Bitcoin en la economía de El Zonte (alrededor del 90 por ciento de las familias en la ciudad han realizado una transacción de criptografía, según Bitcoin Beach, para pagar cosas como comestibles, servicios públicos y atención médica), no lo ha hecho sin sus obstáculos. Los informes indican que algunos residentes han tenido problemas para acceder al sistema de pago debido a los planes de datos limitados y la falta de acceso a teléfonos inteligentes más avanzados. La mayoría de las personas en la ciudad parecen tener teléfonos Android de gama baja que pueden admitir transacciones de Bitcoin, aunque hubo algunos problemas al hacer que las cámaras de menor resolución en los dispositivos detecten códigos QR en las empresas locales. 

Pero las razones por las que los inversores criptográficos se sintieron atraídos por El Zonte no son ciertas en todo el país. Solo el 45 por ciento de la población de El Salvador tiene acceso a Internet. Queda por ver cómo exactamente piensa el gobierno nacional que mejorará la conectividad, particularmente en las áreas rurales, y pondrá dispositivos lo suficientemente potentes en las manos de la gente para apoyar una economía bitcoin. Bukele ha planteado la idea de construir una red de satélites para mejorar la cobertura, pero eso, obviamente, llevaría bastante tiempo implementarlo.

La volatilidad también sigue siendo una preocupación. En mayo, los precios de Bitcoin cayeron un 30 por ciento después de que China implementó nuevas restricciones de moneda digital y Tesla anunció que ya no aceptaría la criptomoneda como pago. Alrededor de ese tiempo, hubo una disminución substancial en el número de transacciones de Bitcoin en El Zonte. Según todas las apariencias, la gente estaba esperando que el valor volviera a subir antes de usarlo. Lo preocupante es que los consumidores promedio y los dueños de negocios no quieran involucrarse constantemente en este tipo de especulación al decidir si usar su dinero. Las empresas tienden a descargar Bitcoin lo más rápido que pueden debido a la fluctuación del tipo de cambio. Si lo recibe por la mañana, fácilmente podría bajar un 5 o un 10 por ciento al cierre del negocio.

Bukele ha dicho que el gobierno establecerá un fondo de U$ 150 millones para que las personas puedan cambiar de inmediato su Bitcoin por dólares, protegiéndolos así de parte de la volatilidad. Sin embargo, los detalles de esta parte del plan también son escasos, y existe el peligro de que El Salvador se establezca como un país con regulaciones financieras permisivas que esté dispuesto a cambiar dólares por Bitcoin en cualquier momento. Para los delincuentes que están en posesión de grandes cantidades de Bitcoin, El Salvador podría ser un lugar atractivo para cobrar. En el peor de los casos, básicamente, se podría tener portadores de Bitcoin que quieran billetes verdes que estén en condiciones de aspirar básicamente todos los billetes verdes que existen en El Salvador, y el lugar colapsaría sin él.

 


PrisioneroEnArgentina.com

Junio 22, 2021


 

Condena Internacional por las destituciones en El Salvador

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La Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría oficialista, destituyó el sábado a los magistrados principales y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, Raúl Melara.

Además, los diputados en su primer día de trabajo eligieron y juramentaron a los nuevos jueces, lo que ha causado reacciones en la comunidad internacional que ve con preocupación la falta de contrapesos de una democracia y el irrespeto a la separación de poderes.

Presidente Bukele

A petición de Nuevas Ideas, partido del presidente de El Salavador, Nayib Bukele, los diputados destituyeron de sus cargos, con 64 de 84 votos, a los magistrados. La decisión la tomaron porque consideran que irrespetaron la Constitución y que con sus sentencias afectaron el manejo de la emergencia sanitaria por covid-19.

“Existen claras evidencias de que los magistrados actuales no reúnen los méritos para un rol tan fundamental y obliga a esta Asamblea a removerlos”, dijo en el pleno Suecy Callejas, diputada por Nuevas Ideas.

Por ejemplo, los magistrados ordenaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada, en abril de 2020, que dejaran de detener en centros de contención sanitarios a las personas acusadas de violar la cuarentena nacional obligatoria por coronavirus, impuesta por el gobierno para intentar contener el avance del virus.

Los diputados de cuatro partidos —Arena, Fmln, Vamos y Nuestro Tiempo—, que suman 20 votos y los cuales fueron insuficientes para frenar las destituciones, señalaron irregularidades en el proceso de destitución.

“Lo que se está haciendo con la mayoría que el pueblo dio a través del voto es un golpe de Estado”, señaló René Portillo Cuadra, diputado de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Minutos después de que los diputados votaran por la destitución de los miembros de la Sala de lo Constitucional, los magistrados destituidos emitieron un fallo en el que declaraban inconstitucional el decreto aprobado por la Asamblea para removerlos del cargo debido a que viola la independencia judicial.

“Solo controlando al poder hay seguridad de que la democracia y los derechos no dependen del arbitrio de una persona o de un grupo”, se lee en la sentencia.

Sin embargo, los diputados juramentaron al abogado Óscar López Jerez como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y a otros cuatro integrantes para la Sala de lo Constitucional.

Ahorita vamos para la Corte a tomar posesión pero no sabemos cómo va a salir todo ahí”, dijo el magistrado Óscar López Jerez tras ser juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro,

Los nuevos magistrados pudieron ingresar a la Corte Suprema de Justicia con la ayuda de la Policía Nacional Civil.

Harris

Por su parte, los diputados acordaron destituir, con 64 de 84 votos, a Raúl Melara como fiscal general de El Salvador y juramentaron en su lugar al abogado Rodolfo Delgado.

Las primeras decisiones de la Asamblea Legislativa causaron, de inmediato, revuelo en el país y a nivel internacional.

La Organización de los Estados Americanos rechazó este domingo la destitución de los magistrados y el fiscal general, así como las acciones del poder ejecutivo que guiaron las decisiones, según un comunicado.

“Así no se hace”, escribió en Twitter Juan González, asesor principal del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para Latinoamérica.

Asimismo, el relator de la Organización de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, se sumó a las críticas.

“Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional”, escribió Garcia-Sayán en un tuit.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó en redes oficiales su preocupación por la situación en El Salvador.

“Tenemos profundas preocupaciones sobre la democracia de El Salvador, a la luz del voto en la Asamblea Nacional para remover jueces de la corte constitucional. Un poder judicial independiente es clave para una democracia sana… y para una economía fuerte”, dijo en su cuenta de Twitter oficial.

Por el contrario, el presidente Bukele aplaudió la decisión de sus diputados y a través de su cuenta de Twitter hizo un llamado a la comunidad internacional a no entrometerse.

“Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca, pero con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa. Y eso no es de su incumbencia”, aseguró Bukele en un tuit.

En El Salvador, organizaciones de la sociedad civil y gremiales empresariales han expresado su preocupación por lo ocurrido en el primer día de trabajo de los nuevos diputados.


PrisioneroEnArgentina.com

Mayo 3, 2021


 

Memorándum sobre la determinación del Presidente Donald J. Trump sobre el tránsito de drogas importantes o los principales países productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2020

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Determinación presidencial sobre tránsito importante de drogas
o principales países productores de drogas ilícitas para
Año fiscal 2020

 

Por la autoridad conferida a mí como Presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, incluida la sección 706 (1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, Año Fiscal 2003 (Ley Pública 107-228) (FRAA), por la presente identifico siguientes países como principales países de tránsito de drogas o principales países productores de drogas ilícitas: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México , Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

La presencia de un país en la lista anterior no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos antinarcóticos de su gobierno o el nivel de cooperación con los Estados Unidos. De conformidad con la definición legal de tránsito de drogas importante o país productor de drogas ilícitas establecido en la sección 481 (e) (2) y (5) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961, según enmendada (Ley Pública 87-195) (FAA ), la razón por la que los países se colocan en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas, incluso si un gobierno ha emprendido medidas de control de narcóticos sólidas y diligentes.

De conformidad con la sección 706 (2) (A) de la FRAA, por la presente designo a Bolivia y al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela por haber fallado demostrablemente durante los 12 meses anteriores a cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales antinarcóticos y tomar las medidas requerido por la sección 489 (a) (1) de la FAA. Con esta determinación se incluyen las justificaciones para las designaciones de Bolivia y el régimen de Maduro, como lo requiere la sección 706 (2) (B) del FRAA. También he determinado, de conformidad con las disposiciones de la sección 706 (3) (A) de la FRAA, que los programas de los Estados Unidos que apoyan al gobierno interino legítimo en Venezuela son vitales para los intereses nacionales de los Estados Unidos.

Mi Administración ha dedicado recursos sin precedentes para combatir el flagelo de las drogas ilícitas en los Estados Unidos, incluso mediante el fortalecimiento de las fronteras de nuestro país y la expansión de los programas para prevenir el uso de drogas ilícitas y ayudar a la recuperación y el tratamiento de quienes lo necesitan. Estamos haciendo progresos constantes para cambiar el rumbo de la epidemia de drogas de nuestro país, pero aún queda mucho por hacer. Esto incluye esfuerzos adicionales más allá de las fronteras de nuestra nación, por parte de gobiernos de países donde se originan drogas ilegales peligrosas.

En Colombia, el presidente Iván Duque ha logrado avances tempranos en la reducción de los niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína heredados de su predecesor y en los principales esfuerzos para reiniciar un programa de erradicación aérea liderado por Colombia. Este progreso debe continuar y expandirse, y mi Administración trabajará con nuestros socios colombianos para alcanzar nuestra meta conjunta de 5 años para reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína a la mitad para fines de 2023. También continuaremos coordinando estrechamente con Colombia y otros socios con ideas afines en nuestro hemisferio para restaurar la democracia en Venezuela. Con el fin de la dictadura de Maduro plagada de elementos criminales, Estados Unidos tendrá una oportunidad mucho mejor de trabajar con Venezuela para detener el flujo de drogas que salen de América del Sur.

A lo largo de nuestra frontera sur, México necesita hacer más para detener el flujo de drogas letales que ingresan a nuestro país. Necesitamos que el gobierno mexicano intensifique sus esfuerzos para aumentar la erradicación de la adormidera, la prohibición de drogas ilícitas, los enjuiciamientos y la incautación de activos, y para desarrollar una estrategia integral de control de drogas. En particular, la plena cooperación de México es esencial para reducir la producción de heroína y enfrentar la producción ilícita de fentanilo y todas las formas de tráfico de drogas, incluso a través de los puertos de entrada de los Estados Unidos. Muchos profesionales militares y policiales mexicanos, en cooperación con sus homólogos de los Estados Unidos, están enfrentando valientemente este desafío y confrontando a las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a nuestros dos países. Necesitamos ver un compromiso sostenido y unificado de los funcionarios del gobierno mexicano a través de agencias militares y civiles y trabajar con socios extranjeros. Sin más progreso durante el próximo año, consideraré determinar que México ha fallado demostrablemente en cumplir con sus compromisos internacionales de control de drogas.

Usted está autorizado y dirigido a presentar esta designación, junto con los memorandos de justificación de Bolivia y Venezuela, bajo la sección 706 de la FRAA, al Congreso, y a publicarla en el Registro Federal.

DONALD J. TRUMP

 


PrisioneroEnArgentina.com

Agosto 9, 2019


 

¿Quién es Nayib Armando Bukele?

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En los primeros días de febrero de este año los salvadoreños eligieron a Nayib Armando Bukele Ortez, el ex alcalde popular de San Salvador, como el nuevo presidente del país centroamericano, un resultado que termina con el control de 30 años sobre el poder de sus dos partidos más grandes.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) del país le había otorgado  una ventaja “irreversible” de 53,78 por ciento de los votos.
Bukele, un ávido usuario de redes sociales que a menudo luce una chaqueta de cuero negra, ha prometido aumentar la inversión en educación y combatir la corrupción, pero su tarea principal será implementar nuevos programas para enfrentar la inseguridad.
También tendrá que formar una alianza con la derecha, que domina el congreso.

Nayib Bukele, de 37 años, asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio.

Bukele se ha llamado a sí mismo un hombre de izquierda y comenzó su vida política en el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí (FMLN). Sin embargo, terminó compitiendo para presidente con el partido conservador Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA).
“Es difícil ver dónde encaja en la política latinoamericana actual”, dijo Mike Allison, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Scranton “Bukele es considerado un populista, un candidato externo que se postulaba contra el sistema. Dice que viene de la izquierda, pero que tuvo que unirse a un partido político de derecha para arrivar al poder”.

Las redes sociales sociales han sido sus grandes aliadas. Desde que ganó las elecciones, Bukele no dio ni una sola conferencia de prensa y lanzó sus mensajes vía Twitter. Si necesitaba dar una explicación más larga, recurría a Facebook Live.

Entre sus primeras medidas, Bukele pidió máxima eficiencia para capturas a un grupo de asaltantes de un autobús, hecho en el cual también supuestamente fueron violadas dos mujeres. 

“No se salgan con ser suaves, les va a caer todo el peso de la ley” se manifestó en tonces Bukele y agregó que ordenó medidas “más duras” en los centros penales. Luego de la detención de los malhechores el mandatario ordenó, vía Twitter, al director de Centros Penales que envíe a los “capturados por el secuestro del bus y las violaciones de 2 mujeres” al penal de máxima seguridad y “colocarlos en aislamiento total”.

El gobierno de Bukele ya realizó, entre el 22 y 23 de junio, el traslado de unos 1,600 reos a prisiones con mayor seguridad, además obligó a las cuatro compañías de telefonía a cortar la señal de llamadas e internet, eliminó casetas de comunicación controladas en las prisiones y suspendió las visitas porque se ordenó un estado de emergencia. El presidente de El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda, ha solicitado a los diputados un refuerzo presupuestario de 15 millones de dólares para la alimentación de los policías y soldados. Bukele adelantó que solicitará equipo sofisticado para sus agentes y señaló que si los diputados no aprueban los recursos será porque están “del lado del crimen”.

Bukele, un hombre de izquierdas como se refleja en esta nota, es curiosamente un activo crítico de su par venezolano Nicolás Maduro a quien llama usurpador. No quiso que el chavista, ni el dictador nicaraguense Daniel Ortega estuvieran en su toma de mando, el pasado 1 de junio. 

El presidente de El Salvador nació el 24 de julio de 1981, es hijo del fallecido empresario Armando Bukele, un químico industrial y representante de la comunidad de origen árabe-palestina, y de Olga Ortez.

Bukele pasó su primera semana haciendo una parte de sus tareas de gobierno a través de Twitter. Anunció que, de acuerdo con su nuevo gabinete, se disolverían cinco ministerios: Gobernanza, Inclusión Social, Transparencia, Tecnología y Vulnerabilidad. Para hacer que el estado sea más eficiente, declaró que los proyectos de estos ministerios se redistribuirían entre los otros 16 ministerios. Bukele también tuiteó que le pidió a su nuevo gabinete que le entregara cartas de renuncia sin fecha para que se queden en su oficina como un recordatorio de que pueden ser reemplazados en cualquier momento si no están sirviendo a la gente.

Bukele también usó Twitter para ordenar a los miembros de su administración que despidieran a más de 40 funcionarios del gobierno. Los funcionarios despedidos tenían vínculos familiares con el ex presidente Salvador Sánchez Cerén, miembros de su administración saliente y miembros del partido del Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí que se encuentra en el poder. Algunos miembros de la administración de Bukele también utilizaron Twitter para responder y confirmar los despidos.

En junio, Nayib Bukele encabezó el ranking mundial de los mandatarios mejor evaluados. Cuenta con un 71% de la aprobación.

Bukele exhibe más talento y tacto que sus oponentes, su posición de no favorito y su compromiso con el público es todo lo que los millennials hoy buscan en un líder. La personalidad de las redes sociales de un político libre de salarios era suficiente para que entrara, pero ahora Bukele necesita cumplir, y una vez más las probabilidades están en su contra. Primero, tendrá que construir un gabinete libre de nepotismo,  y tendrá que enfrentarse a la música en la asamblea general, ARENA y FMLN aún dominan, mientras que GANA actualmente solo tiene 10 de 84 plazas. El Salvador necesitaba desesperadamente sangre nueva para dar un primer paso para cambiar, y Nayib Bukele es el hombre que puede hacer que eso suceda a partir del 1 de junio de 2019. Lo cierto es que la gente sigue a sus lideres por pasión y a cincuenta días de su llegada al poder, no se sabe si Bukele es un niño bien o un hombre del pueblo. 

 


PrisioneroEnArgentina.com

Julio 22, 2019


 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos: más justicia, menos política.

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¿A quién se le hubiese ocurrido, por ejemplo, que las sociedades que padecieron la crueldad extrema de las dictaduras pudiesen luego recuperar la justicia bajo el entendimiento de que el derecho positivo doméstico está sujeto al derecho internacional de los derechos humanos, permitiendo el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad? https://www.perfil.com/noticias/columnistas/una-corte-fundamental.phtml afirma el profesor de derecho constitucional Guido Risso lo que significa para este académico aceptar en nombre de los fallos de la CorteIDH la aplicación de la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la excepcionalidad (suspensión de garantías), la analogía penal, una costumbre internacional contestable[1], no respetar la prescripción, el tiempo razonable del proceso penal,  como también violar principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de los Estados miembros, en los mal llamados procesos de lesa humanidad. 

Recordando que la interpretación que hace la CorteIDH de la costumbre internacional al imponerla en derecho interno de los países miembros es contraria a la Constitución Nacional y no corresponde a los principios de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), quien en su estatuto artículo 38, inciso 1b, precisa que “La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho”. (la costumbre en derecho internacional se distingue del uso y de la cortesía internacional que no tienen obligatoriedad. Así, el derecho diplomático, el comercial internacional, o el derecho del mar, tienen numerosos usos o cortesías internacionales que no son equivalentes de costumbre en el sentido del artículo 38 del estatuto de la CIJ). Las condiciones para la aplicación de la costumbre en derecho internacional público suponen la reunión de dos elementos: el objetivo: una práctica general (usus) pertinente y coherente de los Estados (sujeto activo del DIP) y el subjetivo; la opinio juris[2], es decir la convicción que esta práctica corresponde a una obligación jurídica (Derecho Consuetudinario, in Revista Internacional de la Cruz Roja, Volumen 87, numero 857, marzo 2005).

  • Por ello, el principio según el cual, nadie puede ser castigado por actos que no constituían un crimen contra la humanidad en el momento que fueron cometidos, no puede ceder ante la costumbre internacional como es interpretada por la CorteIDH, la CSJN y los tribunales argentinos.

Observando que la Constitución Nacional es clara y precisa en esos aspectos porque:

  • no hace referencia explícita a la posición que ocupa la costumbre internacional en relación con otras fuentes de derecho interno, sea la propia Carta Magna, o leyes dictadas por el Congreso de la Nación. La costumbre no tiene jerarquía constitucional y no es superior a las leyes nacionales.
  • no define o revela la costumbre como jus cogens.
  • no menciona que los tratados, concordatos, acuerdos y convenciones se conforman a las reglas y costumbres del derecho público internacional.
  • ningún artículo de la CN u otra disposición de valor constitucional prescriben que un juez haga prevalecer la costumbre internacional sobre la ley (penal) en caso de conflicto entre dos normas.   
  • el artículo 31 de la CN establece: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales…”. La costumbre internacional no es ley suprema para la constitución nacional.
  • el artículo 43 de la CN reconoce el recurso o acción de amparo: “…contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley…”. No se puede realizar un recurso contra una costumbre internacional porque no tiene existencia en la constitución.
  • en el artículo 75, inciso 22 de la CN, refiere que únicamente “…los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”, no haciendo mención alguna de la costumbre internacional.

Afirmando que los principios del Estado de derecho, las obligaciones positivas y los derechos humanos están en juego si la CorteIDH continua con decisiones que extrañamente reconocen las violaciones de los derechos humanos únicamente a individuos o grupos que buscaron tomar el poder por las armas, no defendían los derechos humanos ni un régimen democrático. En tanto que derechos subjetivos se hace una utilización inoperante y política de los DDHH.

  • “El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. L a obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. El respeto por los derechos humanos requiere el establecimiento del estado de derecho en el plano nacional e internacional” https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx   

Lo que preocupa legítimamente a Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Colombia, es la legalidad de los procedimientos, decisiones, intervenciones de la CorteIDH (y la CIDH) cuando son contrarias a principios constitucionales, a la soberanía de países miembros y al derecho internacional. Esos países interrogaron públicamente sobre la subsidiaridad, el razonable margen de autonomía de los Estados, la aplicación estricta del Derecho Internacional, el diálogo transparente y abierto con los órganos del sistema, …ausente actualmente en el sistema interamericano de DDHH. La pregunta es entonces donde empieza la CorteIDH o donde termina el Estado https://www.casppafrance.org/2019/06/donde-empieza-la-cidh-o-donde-termina.html  No se puede ignorar esas interrogaciones que a la fecha no hubo reacción pública de las instituciones criticadas. Otros países se encuentran en situaciones similares como El Salvador y Guatemala.

Hoy día la CorteDH está politizada, sus miembros son jueces y militantes políticos, las decisiones son según la influencia del demandante o su orientación ideológica. Los magistrados realizan una inexacta y orientada interpretación de los fallos del TEDH como de documentos internacionales. Por ejemplo: queriendo demostrar que en Europa se acepta la retroactividad penal, formalmente prohibida (sin excepción) por el artículo 15 del Convenio Europeo de DDHH, o que la costumbre puede reemplazar la norma escrita imposible por el artículo 7 del CEDH. La Comisión de Viena (Argentina es país observador) fija los parámetros e indicadores a respetar en un Estado de derecho. Ninguna convención, tratado o documento de valor internacional autoriza la retroactividad penal, la suspensión de garantías fundamentales en los delitos de lesa humanidad. 

Par ir más lejos

“…recuperar la justicia bajo el entendimiento de que el derecho positivo doméstico está sujeto al derecho internacional de los derechos humanos…” como declara el Profesor Guido Rizzo es una ecuación inoperante porque: no se puede recuperar algo que no se poseía por su inexistencia dado que las convenciones y tratados firmados por Argentina se integran al derecho interno a partir de 1994 y no antes. Es decir que el derecho interno argentino no puede estar sujeto a una norma internacional inexistente y la retroactividad penal está estrictamente prohibida[3].  

  • El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en virtud del protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, Comunicación 275/1988 del 26 marzo 1990: declara que la regla general para todas las normas jurídicas es la no retroactividad. En la esfera concreta del derecho de los tratados, una práctica internacional firmemente establecida lleva a la misma conclusión. Tanto la Corte Permanente de Justicia Internacional (Serie A/B, No. 4, 24) como la Corte Internacional de Justicia (Recueil 1952, 40) han sostenido que no ha de considerarse que un tratado tenga efecto retroactivo sino cuando esta intención se halle expresada en el tratado o pueda inferirse claramente de sus disposiciones. La vigencia del principio de no retroactividad de los tratados fue consagrada en la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados (que entró en vigor el 27 de enero de 1980) Con respecto a la aplicación ratione temporis del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Protocolo Facultativo en la Argentina, el Comité recuerda que ambos instrumentos entraron en vigor el 8 de noviembre de 1986. Observa que el Pacto no puede aplicarse retroactivamente y que el Comité no puede examinar, ratione tenporis, presuntas violaciones ocurridas antes de la entrada en vigor del Pacto para el Estado parte interesadohttp://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/spanish/275-1988.html
  • Informe del Comité contra la Tortura de la ONU, del 21 junio 1990[4], en las decisiones realizadas durante la reunión del 23 noviembre 1989, correspondiente a las Comunicaciones n° 1, 2 y 3/1988, del 22 noviembre 1988, presentadas por OR, MM y MS c/Argentina, decidió, por ejemplo: En cuanto al período de aplicación de la Convención, el Comité recuerda que la Convención contra la Tortura y otros penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes entró en vigor el 26 de junio de 1987. A este respecto, el Comité observa que la Convención sólo surte efecto a partir de esa fecha y no puede aplicarse retroactivamente. En consecuencia, la promulgación de la Ley titulada «Ley de punto Final», del 24 de diciembre de 1966 y de la Ley titulada Ley de Obediencia Debida” del 08 junio 1987 no puede, ratione temporis, constituir una violación de una convención que todavía no había entrado en vigor. El Comité observa que los casos de “tortura” a los efectos de la Convención sólo pueden entenderse en los casos de tortura ocurridos después de la entrada en vigor de la Convención. Así, las disposiciones de los artículos 13 y 14 de la Convención no se aplican a los casos de tortura ocurridos en 1976, diez años antes de la entrada en vigor de la Convención, y el derecho a una reparación previsto en la Convención sólo entra necesariamente en juego en relación con acontecimientos posteriores al 26 de junio de 1987.

Al contrario, y en el universo de la costumbre internacional al que la Argentina recurre, es sorprendente que la CSJN y los tribunales inferiores no hacen referencia a las 161 normas del derecho internacional consuetudinario[5] (o derecho internacional vinculante), que son obligatorias para todos los Estados y para todas las partes en conflicto (incluyéndose grupos armados ilegales, movimientos armados de liberación, guerrilleros…), sin necesidad de una adhesión oficial. Varios principios del derecho internacional humanitario forman parte del derecho internacional consuetudinario como obligaciones generales. Normas 100, 101, 102, 139, 142, 143, 149, por ejemplo.

Finalmente,

¿Y las victimas (nacionales y extranjeras) que dejaron los grupos terroristas en Argentina y América Latina?, asesinadas, secuestradas, heridas, minusválidas. Quien las reconoce como tal, quien juzga los autores de esos hechos. Las Obligaciones Positivas no son de aplicación subjetivas, ideológicas o políticas. El silencio de la CorteIDH y la CIDH en estos casos de violación a los derechos humanos es desconcertante.

¿Porque la CorteIDH y la CIDH no brindan repuestas a las numerosas demandas presentadas por las victimas acusadas ilegalmente de lesa humanidad en Argentina? ¿No tienen los mismos derechos humanos que los otros ciudadanos, no les corresponde la Convención de San José?

¿Porque la doctrina de la CorteIDH no es jurisprudencia en Europa ni se aplica en el ámbito del TEDH? Hay divergencias y contradicciones en los fallos porque los realizados por la CorteIDH son de imposible aplicación en el TEDH. Varios son los aspectos aún no resueltos para hablar de una corte fundamental. La organización actual de la CorteIDH, requiere una urgente restructuración como se realizó con el TEDH, sin necesidad de mantener el funcionamiento de la CIDH que genera más problemas que soluciones. Los derechos humanos y la justicia se deben imponer sobre la política. Paris, 13 julio2019, CasppaFrance

[1] Sin valor constitucional argentino, ni reuniendo los principios reconocidos por la CIJ y sin reconocimiento en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

[2] CIJ: Continental Shelf, «es naturalmente axiomático que la materia del derecho internacional consuetudinario hay que buscarla ante todo en la práctica efectiva y en la opinio juris de los Estados» (CIJ, Continental Shelf case (Libyan Arab Jamahiriya v. Malta), fallo, 3 de junio de 1985, paginas 29-30, párrafo. 27 http://www.icj-cij.org/docket/files/68/6414.pdf   ).

[3] Bélgica v. Senegal (CIJ, Questions relating to the obligation to prosecute or extradite (Belgium v. Senegal) 20 julio 2012 http://www.icj-cij.org/docket/files/144/17065.pdf), al tratar la relación entre la convención contra tortura y otras penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes del 10 diciembre 1984 y el derecho consuetudinario internacional, el alto tribunal internacional determinó en su decisión, que en base a la Convención de Viena (CdV): el artículo 28 (CdV), que refleja el derecho consuetudinario en materia de interpretación de los tratados, la obligación convencional de enjuiciar presuntos autores de actos de tortura se aplica sólo a los hechos ocurridos después de la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura por el Estado que se trate. Nada en la Convención contra la Tortura revela una intención de obligar a un Estado Parte a tipificar como delito, en virtud del artículo 4 de la CdV, los actos de tortura ocurrida antes de su entrada en vigor para ese Estado o de establecer la jurisdicción por tales actos de conformidad con el artículo 5 de la CdV.

[4] In Rapport du Comité contre la Torture, Doc. ONU A/45/44 (21 juin 1990) dans l’Annexe V (décision du 23nov1989, pages 114-119), Annexe VI (pages 120-121), paras. 150-174, pages 30-36,  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N90/154/76/pdf/N9015476.pdf?OpenElement

[5] El derecho internacional humanitario consuetudinario, volumen I, normas.  Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald-Beck, CICR, octubre 2007. https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_pcustom.pdf

 


PrisioneroEnArgentina.com

Julio 13, 2019


 

El Salvador ¿posible Proyecto de Ley de Reconciliación Nacional?

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Luego del proyecto de iniciativa de ley 5377, que se encuentro en proceso parlamentario en el Congreso de la República de Guatemala (Ley de Reconciliación Nacional), los parlamentarios de El Salvador presentaron un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional con argumentos constitucionales y convencionales validos que serán difícil de oponerse, salvo que se impongan los aspectos políticos y no jurídicos por parte de los detractores del proyecto.

La propuesta de El Salvador es como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia, sala Constitucional, del 13julio 2016  que declaró la Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993[1]

El 13 mayo 2019 la Comisión Ad-hoc que oportunamente se creó en junio 2018[2] para estudiar la sentencia de la Sala de lo Constitucional respecto a la ley de amnistía, entregó un informe de sus actividades a Comisión Políticahttps://www.asamblea.gob.sv/node/8873 Contiene los resultados de 14 reuniones de trabajo, encuentros y consultaciones con diversas personalidades de mundo académicos, de derechos humanos, iglesias, justicias,  https://www.asamblea.gob.sv/taxonomy/term/672

–         Los constitucionalistas consultados doctores Enrique Borgo Bustamante, Enrique Argumedo y Fabio Castillo, https://www.asamblea.gob.sv/node/7595   manifestaron que:

  •  “en materia penal jamás las leyes pueden ser retroactivas. El concepto de la amnistía es un concepto político, de oportunidad, de obtener algo que no se logró por la vía de las armas. Con ella lo que se pretende es obtener la paz social” (Enrique Borgo Bustamante)

  • La amnistía rebasa los aspectos jurídicos y pasa al campo de lo histórico. Yo sugeriría que parte del trabajo de ustedes debe ser no analizar la sentencia, sino analizar el problema y dar una solución, una nueva ley de amnistía que no adoleciera de los vicios que dice la sala” (Fabio Castillo).

  • conocer la verdad es importante; que haya justicia y reparación. Mi recomendación es que cumplan esto (con la sentencia de la Sala de lo Constitucional). Escojan un grupo de abogados que les elabore un proyecto de ley para que la Asamblea Legislativa cumpla con la sentencia” (Enrique Argumedo)

El 14 mayo 2019, se creó una subcomisión que “…deberá estudiar los insumos generados por la comisión ad hoc que estudió la sentencia emitida por la Sala mediante la cual se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General, y producir un anteproyecto de ley que garantice la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas del conflicto armado y no repetición a crímenes de lesa humanidad.” https://www.asamblea.gob.sv/node/8880

Rápidamente las ONG mal llamadas de derechos humanos se movilizaron para oponerse al proyecto, por ideología, porque no se conoce aún el texto final del proyecto y la CIDH declaró en un comunicado que « observa con preocupación la tramitación del proyecto de Ley de Reconciliación Nacional en El Salvador que contiene disposiciones contrarias a los derechos humanos »   http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/123.asp Son estos aspectos que se critican porque la intervención de la CIDH pone en peligro la soberanía de los Estados, ya que no se trata de una medida de subsidiariedad ni de complementariedad. 

Hoy jueves la Subcomisión presentará el proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional  ante la Comisión Política para que ésta instancia analice, realice las observaciones necesarias al respecto y emita dictamenhttps://www.asamblea.gob.sv/node/8922 Paris, 23 mayo 2019. CasppaFrance

[1] Ley de Amnistía de 1993 file:///C:/Users/UTILIS~1/AppData/Local/Temp/DocumentosBoveda_D_2_1990-1999_1993_03_88871.PDF   

[2] Se instala Comisión Ad hoc que estudiará las implicaciones de la sentencia de la Sala de lo Constitucional en la que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía 18junio2018 https://www.asamblea.gob.sv/node/7259

 


PrisioneroEnArgentina.com

Mayo 24, 2019