El Gobierno de El Salvador solicita al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que autorice al país a utilizar la energía nuclear.
Los instrumentos legales fueron entregados por Daniel Álvarez, titular de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), y Adriana Mira, vicecanciller de El Salvador, a Rafael Grossi, el director general de la OIEA.
“El Salvador está comprometido con la descarbonización, diversificando su mix energético y beneficiándose de las aplicaciones nucleares pacíficas”, publicó Grossi en su cuenta de X. “El Salvador se hace nuclear”, reaccionó a la publicación el presidente del país Nayib Bukele.
Por su parte, la Dirección señaló que este es un paso “importante para la diversificación de nuestra matriz energética a largo plazo y lograr los objetivos de descarbonización de nuestro país”.
En marzo de 2023, El Salvador firmó un acuerdo de cooperación con la organización estadounidense Thorium Energy Alliance para estudiar la generación de energía nuclear a partir del torio. El torio es un elemento que puede utilizarse como combustible nuclear para la energía eléctrica en reactores nucleares. Según el Gobierno, un 68,4 % de la demanda nacional de energía es abastecida con generación renovable.
El Gobierno de El Salvador resaltó este lunes la visita reciente del ministro de Justicia y de Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, como una muestra de que la nación “se ha convertido en un referente regional en seguridad ciudadana”. El ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, publicó un mensaje en la red social X junto a un video en el cual se resume el itinerario de Arana la semana pasada en el país centroamericano.
AranaBullrichVillatoro
Arana recorrió el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, departamento de La Paz, conocido como ‘Zacatraz’, donde conoció los “sistemas innovadores” del centro penitenciario que incluye inteligencia artificial.
Con Villatoro intercambió experiencias en el combate al crimen organizado, como la sonada guerra contra las pandillas. Además, observó una iniciativa para la resocialización de los privados de libertad “en fase de confianza”.
“Ahora, otras naciones buscan inspirarse en nuestras estrategias para combatir y eliminar el crimen organizado en sus territorios, evidenciando un cambio significativo y el interés global en aplicar soluciones efectivas”, dijo Villatoro.
La semana pasada, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, anunció que en las próximas semanas presentarán “un informe muy concreto” sobre esta visita de trabajo.
El viernes pasado, el ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño había destacado que, “bajo el liderazgo visionario” del mandatario Nayib Bukele, la nación centroamericana “se ha convertido en un referente en materia de seguridad a nivel mundial”.
Así se expresó luego de que la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, elogiara la gestión de Bukele durante el contexto de un foro ultraconservador efectuado en EE.UU. “Queremos seguir el modelo que usted está llevando adelante”, señaló.
“Este liderazgo ha posicionado a nuestro país como un ejemplo a seguir en la gestión integral de la seguridad, contribuyendo al bienestar de nuestra sociedad y al reconocimiento internacional de nuestras iniciativas”, sostuvo Villatoro.
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó que trabaja junto a expertos de diversos países para elaborar y enviar al Congreso una legislación que les permita enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado en el país. En una entrevista televisiva que brindó ayer 13 de febrero detalló que la nueva norma está basada en iniciativas de Italia, EE.UU. y El Salvador.
Bullrich se refirió al trabajo conjunto que realizan desde la cartera a su cargo con especialistas italianos en la lucha contra el crimen organizado y destacó que “ellos sufrieron a la mafia durante años”. Afirmó que estudian “artículo por artículo el código penal italiano” y que un equipo de expertos del país europeo se encuentra en Argentina para mostrarles “cómo operan con el aislamiento, con el arrepentido para que las organizaciones ilícitas caigan en su totalidad”.
Bullrich
Respecto a la colaboración de El Salvador, Bullrich señaló que en representación de ese país viajó a la asunción del presidente Javier Milei, el pasado 10 de diciembre, el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, con quien mantuvieron un encuentro en el que les brindó consejos sobre cómo enfrentar la problemática de las cárceles.
“Ya empezamos con un plan de aislamiento de los presos de alta peligrosidad en los penales con las condiciones que tenemos, pero necesitamos que los penales tengan mejores condiciones para que el aislamiento sea total y absoluto”, explicó Bullrich, quien añadió que a la redacción del nuevo proyecto de ley se sumarán quienes trabajaron “en el marco jurídico de El Salvador”.
Por otra parte, esa normativa también está basada en la denominada ley RICO de EE.UU., que dio herramientas a las autoridades de ese país para enfrentar el crimen organizado. “Cada uno de los delitos que se comete en grupo, en una asociación ilícita, los deben pagar todos los miembros de esa asociación. Independientemente de que no hayan sido ellos los que lo cometieron de manera personal”, señaló la ministra, que aseguró que Italia, EE.UU. y El Salvador tienen la misma base jurídica.
“Esta es la única manera de terminar en la Argentina con el delito organizado y que no crezca. Es por eso que junto al equipo antimafia estamos redactando la ley”, dijo la funcionaria y aseguró que el objetivo es “meterlos a todos presos, desarmar de una vez y para siempre esa mafia, no permitirles más operaciones”.
“Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Patricia Bullrich no asesoría, porque creo que esa no es la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas en seguridad”
Nos interesa adaptar el modelo de Bukele. La violencia en Argentina está fuerte. El último fin de semana hubo muertos en el fútbol, fue un verano con peleas permanentes, banditas. El modelo de la mara es complicado, pero vemos el aumento de nivel de violencia de banda que se cruzan, o los enfrentamientos en boliches. Esa violencia, trabajar sobre eso, nos interesa.
Sin duda, la principal clave del triunfo de Nayib Bukele en El Salvador es la de haber reducido los niveles de violencia a mínimos históricos durante su primer gobierno en El Salvador, que en 2015 llegó a ser el país con mayor número de homicidios per cápita en todo el mundo. Desde que en marzo de 2022 aprobó el régimen de excepción para el país, más de 75.000 personas fueron detenidas por presuntos vínculos con las pandillas que durante décadas aterrorizaron a los salvadoreños y que, en la actualidad, se encuentran prácticamente desarticuladas. La seguridad regresó a la mayor parte del país. Los salvadoreños aseguran que pueden transitar libremente entre zonas que antes contaban con “fronteras invisibles” al estar controladas por pandillas rivales. Comerciantes y empresarios dejaron de sufrir extorsiones y otros países se interesaron por replicar el modelo de “mano dura” de Bukele. Uno de esos paises podría ser Argentina, según lo manifestado por Patricia Bullrich.
Hasta ahora, El Salvador ha sido conocido en el extranjero principalmente por la guerra civil y las brutales pandillas.Durante los últimos años, ha exportado poco más que inmigrantes.Pero ahora está en marcha un experimento político que podría darle al país un “poder blando” a nivel internacional que nunca antes había tenido.El experimento ha sido iniciado por el presidente Nayib Bukele utilizando lo que se llama “bukelismo”.Aunque se le conoce como “-ismo”, no es una ideología política, sino más bien un método político.Se ha vuelto muy popular en su país y políticos de otros países están intentando copiarlo.De hecho, este método puede llegar a ser más importante para comprender la política latinoamericana que el tradicional eje derecha-izquierda.Y tal vez también pueda generar influencia fuera de América Latina.El método es sencillo y técnicamente avanzado.No se trata de visiones de desarrollo social con metas, principios y planes.El principio rector es retener y fortalecer el poder del presidente Nayib Bukele y su círculo íntimo garantizando que su popularidad se mantenga alta en todo momento.El bukelismo incorpora estrategias de populistas latinoamericanos, desde Hugo Chávez hasta Jair Bolsonaro, y tiene rasgos de Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping y Rodrigo Duterte.Al mismo tiempo, el bukelismo ha desarrollado estrategias de comunicación mucho más sofisticadas y ha llevado la política al mundo de los medios virtuales más que nadie.Allí, la tropa de sus seguidores recibe mensajes finamente perfeccionados que representan a un Bukele fresco, juvenil, moderno, divertido y relajado, que atrae a una población joven, muchos de los cuales tienen un pie enEstados Unidos y uno en El Salvador.Desde la guerra civil, el promedio anual de asesinatos en El Salvador ha sido de alrededor de 4.000.Pero el año pasado se registraron 496 asesinatos y la tendencia continúa a la baja.Los casos de extorsión se han reducido entre un 70% y un 90% y la gente ha vuelto a las calles, los niños y jóvenes juegan al fútbol, los pequeños negocios están resurgiendo y el centro de la ciudad ha vuelto a la vida.
Los salvadoreños agradecen a Bukele por su nueva paz y libertad.¿Cómo ha logrado esto?El método puede describirse en cuatro puntos que van mucho más allá de la lucha contra el crimen.En primer lugar, el poder se ha centralizado.Bukele ha tomado el control tanto de la Asamblea Nacional como del poder judicial, rompiendo las reglas y asegurando un mayor apoyo en las elecciones parciales.Ni los ministros ni los alcaldes del Partido Nuevas Ideas de Bukele pueden tener un diálogo directo con empresarios u otros actores políticos.Todo pasa por Bukele y sus tres hermanos.Se ignoran los presupuestos y se aprueban cada vez más leyes que dan al presidente control directo sobre el gasto;De esta manera, el presidente se ha asegurado una libertad de acción casi total.En segundo lugar, el poder ha sido monopolizado.Cualquiera que desafíe el poder de Bukele corre el riesgo de ser objeto de campañas de desprestigio emprendidas por un ejército de trolls y asesores de comunicaciones.Y en lugar de contratar empleados de El Salvador, ha contratado “mercenarios políticos” venezolanos.Bukele buscó la reelección, aunque está prohibido por la constitución.Más del 90% de los salvadoreños votaron por él.
En tercer lugar, cualquier organización social puede ser atacada.El gobierno suele referirse a las ONG como “frentes para la intervención extranjera”.Estas medidas no son nuevas, pero lo que hace especial al bukelismo es el cuarto elemento: una gestión basada en el seguimiento de la opinión.El bukelismo gobierna por popularidad mediante un seguimiento constante de las opiniones de los salvadoreños, tanto de los que viven en El Salvador como de los que viven en Estados Unidos y tienen derecho a votar.La estrategia de comunicación se ajusta continuamente en función de las tendencias de las redes sociales y las encuestas de opinión.Obtener apoyo y mejorar la imagen de El Salvador en el exterior son los objetivos centrales.La introducción de Bitcoin por parte de Bukele como medio de pago obligatorio en 2021 debe entenderse como parte de esa construcción de imagen.Bitcoin tiene dos funciones centrales para el bukelismo: primero, le ha dado a El Salvador una nueva imagen entre los entusiastas de las criptomonedas y la tecnología, lo que ha puesto al país en el mapa y el turismo ha comenzado a recuperarse después de años de caída;En segundo lugar, Bitcoin ofrece al propio Bukele, al gobierno y a los actores criminales una forma de mover dinero fuera del control institucional.De esta manera, Bitcoin se ha convertido en un mecanismo favorito de lavado de dinero, pero también es utilizado por migrantes para enviar dinero a casa desde Estados Unidos, aunque no se aplica a negocios locales.Por lo tanto, Bitcoin, aunque no funciona realmente como medio de pago, tampoco crea razones para que la gente se oponga a él.Con una creciente popularidad y control sobre todas las instituciones, Bukele pudo lanzar una gran ofensiva contra las pandillas el año pasado.Esto se produjo después de que 87 personas fueran asesinadas en un fin de semana de marzo, rompiendo lo que probablemente era un pacto con Bukele.Posteriormente se impuso el estado de emergencia.
Apoyando firmemente el poder de la policía y el ejército, comenzó una campaña de detenciones masivas.Desde marzo de 2022, 64.700 han sido detenidos y el número de reclusos en prisiones ha aumentado a casi 100.000.El Salvador tiene ahora el mayor número de presos por cada 100.000 habitantes del mundo.Y Bukele inauguró la nueva prisión gigante del país, con una capacidad para 40.000 personas.El lado oscuro es que se ha arrestado a muchas personas inocentes.Se ha convertido en una práctica común en los barrios pobres que los hombres, especialmente los jóvenes, sean encarcelados a pesar de no haber estado afiliados a pandillas.Y si bien Bukele ha indultado hasta ahora a 3.745 condenados inocentes, el número de presos sin derechos ni oportunidades de comunicarse con sus familias es mucho mayor.Por el momento, la mayoría de los salvadoreños aceptan el argumento de que los encarcelamientos irregulares son “daños colaterales”.Pero algunos se preguntan cuánto tiempo podrán mantener encarcelado al 2% de la población.
Su partido, Nuevas Ideas, ya ha establecido oficinas en Guatemala y Honduras;y en la región están apareciendo políticos interesados en su estrategia, como deslizó Bullrich.La pregunta es si la estrategia se puede replicar.El Salvador tiene algunas condiciones particulares que permitieron ser controlado tan rápidamente por el bukelismo.Es un país pequeño que estaba amenazado por bandas jerárquicas con las que se podía negociar y cuyos miembros podían identificarse con relativa facilidad gracias a los tatuajes y la vestimenta.Las remesas de Estados Unidos, que representan alrededor del 25% de la economía y dan aire a los más pobres, reducen los impactos de los acontecimientos a diferencia de otros países.Pero el factor más importante para que El Salvador se convirtiera en un país de seguidores de Bukele fue un pueblo inseguro y exhausto que había perdido la fe en los políticos y las instituciones, y que hacía un uso extensivo de las redes sociales.Desafortunadamente, El Salvador tiene mucho en común con demasiados países, por lo que el “bukelismo” puede convertirse rápidamente en un artículo de exportación al que hay que prestar atención, para bien o para mal.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que ha ganado las elecciones presidenciales de este domingo con más de 85 % de los votos, batiendo el “récord en toda la historia democrática del mundo”.
“De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85 % de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea. El récord en toda la historia democrática del mundo”, escribió el mandatario en sus redes sociales.
Bukele se pronunció antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciara los resultados del conteo de votos. De confirmarse la victoria del político, se convertirá en el primer presidente de El Salvador reelegido de forma inmediata en décadas. Mientras, medios locales informan que los salvadoreños ya han empezado a festejar el triunfo de Bukele. Videos compartidos en las redes sociales muestran a la gente lanzando fuegos artificiales en las calles del país.
En medio de las controversias en torno a candidatura presidencial, Bukele descartó en una conferencia de prensa este domingo que sea necesaria una reforma constitucional para establecer un sistema que permita la reelección indefinida, recogen medios locales. “Creo que no es necesaria la reforma constitucional”, aseguró.
Bukele ha liderado todas las encuestas que apuntaban a una victoria arrasadora. Según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), el mandatario, de 42 años, ganaría los comicios con un 81,9 % de los votos, frente a una oposición atomizada entre cinco candidatos, ninguno de los cuales alcanzaría el 5 % de los sufragios.
Entre los candidatos presidenciales también se encontraban el exdiputado Manuel Flores, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); el empresario Joel Sánchez, del derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena); el médico obstetra José Renderos, de Fuerza Solidaria; el abogado Luis Parada, de Nuestro Tiempo; y la arquitecta Marina Murillo, de Fraternidad Patriótica Salvadoreña.
La postulación de Bukele ha desatado la polémica en el país centroamericano, cuya Constitución prohíbe la relección inmediata. Para poder participar en los comicios, el presidente se tomó el pasado mes de diciembre una licencia especial de seis meses y, en su lugar, fue designada Claudia Juana Rodríguez.
Bukele asumió la Presidencia de El Salvador en junio de 2019 y ha ganado gran popularidad por reducir al mínimo la violencia de las maras y pandillas, convirtiendo al país que antes era uno de los más violentos del mundo en uno de los más seguros de Latinoamérica.
Para lograrlo, recurrió al régimen de excepción decretado en marzo de 2022 y, desde entonces, fue extendido en 22 oportunidades. La medida, que suspende derechos constitucionales de los ciudadanos, ha sido cuestionada por organismos de los derechos humanos que denuncian detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y torturas.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, renovada por la Asamblea Legislativa del país centroamericano controlada por el oficialismo, emitieron un dictamen en septiembre de 2021, para que el mandatario pueda aspirar a la silla presidencia de nuevo.
La única condición para reelección era no ejercer el poder seis meses antes de los comicios, lo que el dirigente hizo. Para que Bukele, de 42 años, pudiera participar en los comicios, el Parlamento del país centroamericano otorgó en diciembre una licencia especial por seis meses al presidente y, en su lugar, nombró a Claudia Juana Rodríguez de Guevara como “designada presidencial”.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ganaría la reelección y dominaría casi por completo el Congreso en los comicios del 4 de febrero, aseguró una encuesta de la privada Universidad Francisco Gavidia (UFG). Bukele, con su partido Nuevas Ideas (NI), obtuvo un 70,9% de la intención de voto, según la encuesta que tiene un margen de error del 2,8% y que fue realizada del 3 al 8 de enero con 1.904 personas. Relegados con un 2,9% figuró el candidato de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), el exdiputado Manuel Flores. La derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), con el empresario Joel Sánchez, figura con un 2,7%, y el candidato de Nuestro Tiempo (NT, centro) Luis Parada, con 1,1%. Otros dos postulantes juntos acaparan 1,2%. Un 21,2% se abstuvo de opinar o anuló su voto.
El FMLN y Arena dominaron la política salvadoreña tras la guerra civil salvadoreña (1980-1992), hasta que Bukele en 2019 rompió ese bipartidismo al ganar la presidencia. En los comicios de febrero, con un padrón de 6,2 millones de electores, también será renovado el Congreso, que tendrá 60 diputados en vez de los actuales 84 que el oficialismo y sus aliados dominan, en virtud de una reforma a la ley electoral. La proyección, según el sondeo, es que el partido Nuevas Ideas obtendría 57 diputados, 2 Arena, y 1 el Partido Demócrata Cristiano. Otra encuesta realizada en diciembre pasado por la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) consignó que siete de cada 10 salvadoreños están “de acuerdo” con que Bukele sea candidato a la reelección.
El mandatario recibió el 30 de noviembre una licencia del Congreso por seis meses para lanzarse a la campaña de reelección en los venideros comicios. El respaldo popular masivo a Bukele se debe a que su “guerra” contra las pandillas criminales llevó tranquilidad a la población, pero a costa de derechos civiles limitados por un régimen de excepción que rige desde marzo de 2022, según grupos de derechos humanos.
El presidente en licencia de El Salvador, Nayib Bukele, celebró esta semana la subida del precio del bitcoin. Su gobierno empezó a adquirir la criptomoneda con fondos públicos en 2021 y el reciente aumento de su valor fue motivo de celebración para el mandatario.
“Con el precio actual del mercado del bitcoin, si vendiéramos nuestros bitcoins, no solo recuperaríamos el 100% de nuestra inversión sino que también obtendríamos una ganancia de US$3.620.277”, escribió Bukele en la red social X.
“¡Las inversiones en bitcoin de El Salvador están en números negros!”, señaló.
Sin embargo, economistas -dentro y fuera del país centroamericano- aseguran que es demasiado pronto para celebrar una apuesta de alto riesgo como esta.
Bukele renunció hace unos días a su cargo de presidente para dedicarse a hacer campaña electoral con el objetivo de lograr un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2024, un escenario probable dado su alto nivel de popularidad entre la población salvadoreña.
Según una página web que monitorea la cartera de bitcoin de El Salvador a partir de los anuncios que Bukele hace en redes sociales, las 2.764 monedas digitales que compró El Salvador en los últimos años, alcanzaron un valor superior al monto de dinero que pagó por ellas.
Bukele publicó en la red X una foto del gráfico de esa página web que muestra el supuesto beneficio obtenido.
Se han publicado miles de artículos que “ridiculizaban nuestras supuestas pérdidas”, escribió el mandatario.
“Es importante que los detractores y los autores de esos artículos críticos se retracten de sus declaraciones”, señaló Bukele. Este mensaje recibió los elogios de los entusiastas del bitcoin, quienes reivindicaron el potencial de las monedas digitales.
En medio de una persistente caída en el valor del bitcoin desde mediados de 2022, hubo un momento en el que las reservas de El Salvador de la criptomoneda valían la mitad de lo que el gobierno había pagado por ellas. Pero en la última semana, el precio del bitcoin aumentó hasta los US$44.000, el más alto del último año y medio. Pero algunos economistas consideran que la situación no es tan positiva como la presenta Bukele. Y es que los más de US$100 millones que su gobierno gastó en la compra de la criptomoneda son sólo una parte de los fondos públicos utilizados para promover el uso del bitcoin entre los salvadoreños, desde que el país lo adoptó como moneda de curso legal en noviembre de 2021.
“El gobierno gastó mucho dinero en el desarrollo de la aplicación Chivo Wallet, en la instalación de cajeros automáticos, que en su mayoría no funcionan, en un bono de US$30 para todos los ciudadanos mayores de 18 años, en propaganda y eventos internacionales”, dice Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencias de la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador. “Cuando se suman todos los gastos, el resultado no puede ser positivo. El resultado está en rojo, y en rojo intenso”.
La mayoría de la población ha estado usando la moneda digital menos de lo que Bukele y otros entusiastas querían, a pesar de las grandes inversiones gubernamentales.
“El tono victorioso de Bukele sobre el aumento del precio de bitcoin es bastante ilusorio”, señaló la economista salvadoreña Tatiana Marroquín. “No compensa el costo económico del proyecto bitcoin”. Marroquín aseguró que se han gastado millones de dólares de dinero público en campañas para persuadir a los ciudadanos de que adopten la moneda digital. “Es un fracaso total”, afirmó. “Casi nadie en El Salvador usa bitcoin. Ni siquiera en el turismo parece ser una atracción”.
Lourdes Molina, economistadel Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), asegura que “en un contexto de pobreza extrema e inseguridad alimentaria que continúan aumentando, destinar recursos públicos a esta especulación tiene un costo social. Esos fondos públicos podrían haberse utilizado para garantizar derechos básicos de la población salvadoreña, como el derecho al acceso a la alimentación o a un ingreso digno”.
Economistas consultados insisten en la falta de transparencia.
“No hay más información oficial que los tuits del presidente Bukele”, dice Frank Muci, investigador de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE, por sus siglas en inglés).
Incluso algunos entusiastas del bitcoin critican la falta de información pública.
“Es muy desafortunado que no revelen su contabilidad de bitcoin de manera formal”, dijo el criptoinversor Pledditor en la red social X.
El autor de la publicación Bitcoin Standard, Saifedean Ammous, quien habría sido nombrado asesor económico de bitcoin para el gobierno de Bukele en mayo, no respondió a las preguntas sobre la falta de transparencia, pero dijo que el aumento de valor de las reservas salvadoreñas de la criptomoneda era un motivo de celebración.
“Es significativo que el bitcoin y la inversión de El Salvador se hayan recuperado después de dos años bajo el agua, porque políticos, economistas y organizaciones internacionales tildaron repetidamente a Bukele y su política de bitcoin de fracaso porque el precio había bajado”, sostuvo.
“También es común descartar la estrategia bitcoin de El Salvador, basándose en la preocupación a corto plazo por la adopción (de la moneda) en los pagos de consumo, pero eso pasa por alto el panorama más amplio”, agregó Ammous.
“Mucho más importante que los pagos que hacen los consumidores, es el papel que el bitcoin puede desempeñar en la independencia económica y en la Tesorería de El Salvador, donde ofrece un activo de reserva que se aprecia con el tiempo y tiene un fondo de liquidez global grande y creciente”.
Bukele ha criticado repetidamente a instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le advirtió sobre el riesgo que la criptomoneda representaba para El Salvador, enfatizando que sería difícil obtener un préstamo de la institución.
Cumpliendo milimétricamente con una coreografía ya anunciada, este martes Nayib Bukele anticipó que se apartará de la presidencia de El Salvador durante medio año.
“Primero que nada, como todos saben, dentro de tres días aproximadamente voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña, y no estaré ejerciendo como presidente”, dijo el mandatario.
Bukele no especificó quién lo sustituirá en el cargo en los seis meses que quedan hasta que el 1 de junio finalice su mandato de cinco años.
Con esta decisión de pedir licencia quedará superado, según el gobierno y analistas afines, el último escollo legal para que Bukele pueda competir por un segundo mandato en las elecciones generales del 2 de febrero de 2024, después de que en 2021 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avalara la reelección presidencial inmediata.
Algo que sus críticos siguen sosteniendo es inconstitucional, argumentando que seis artículos de la Carta Magna la prohíben.
A continuación te explicamos lo que significa de cara a los comicios este último paso de uno de los líderes mejor valorados del mundo, quien se jacta de haber transformado el país centroamericano al liberarlo del control de las pandillas, pero sobre el que pesan señalamientos de haber incurrido en detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos para lograrlo, de maniobrar para controlar los tres poderes del Estado y de una cada vez mayor deriva autoritaria.
¿Por qué Bukele pedirá una licencia de 6 meses y qué tiene que ver con la búsqueda de la reelección? Para responder a esta pregunta hay que retroceder primero dos años, hasta la polémica resolución del 3 septiembre de 2021 con la que la entonces nueva Sala de lo Constitucional del CSJ le dio luz verde a la reelección presidencial inmediata.
Los magistrados de dicho órgano habían sido nombrados el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa en la que ya tenía mayoría absoluta Nuevas Ideas, el partido con el que Bukele gobierna El Salvador desde 2019.
El parlamento unicameral los eligió tras haber destituido a los que hasta entonces lo conformaban, en un controvertido proceso que fue criticado dentro y fuera del país y que la oposición llegó a tachar de “golpe de Estado”.
La Sala está facultada para decidir si determinadas leyes o decretos presidenciales son contrarios a la Constitución, y era una de las instancias judiciales que había emitido veredictos contrarios a las políticas de Bukele.
En septiembre, los nuevos magistrados, que los críticos señalan de ser leales a Bukele, publicaron en la red social X (antes Twitter) una resolución de 28 páginas en respuesta a una demanda de pérdida de derechos de ciudadanía contra una diputada por presuntamente haber violado la Constitución al promover la reelección presidencial.
Con el auto sobreseyeron el proceso argumentando que carecía de fundamento, pero también hicieron una lectura de una serie de artículos de la Constitución; entre ellos, el 152.
En su ordinal primero, este artículo establece que no podrá ser candidato a presidente:
El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial.
Sin embargo, los magistrados consideraron que “permite que el presidente participe en la contienda electoral por una segunda ocasión y es el pueblo quien decide si este resulta electo”.
Y que para poder inscribirse como candidato, el presidente tendría que pedir un “permiso o licencia” seis meses antes del inicio del período presidencial.
Para ello, argumentaron que el texto constitucional por el que se rige hoy el país (en vigor desde 1983) “responde a las necesidades de hace 20, 30, 40 años”, y que, a la luz de los nuevos tiempos, eso representa una “excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica y el actuar de representantes que se resisten al cambio soberano, que se resisten a escuchar la voluntad del pueblo”.
Asimismo, ordenaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) dar cumplimiento a la resolución y permitir que “una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.
La posibilidad de aspirar a un segundo mandato ya había sido reconocida mediante sentencia de la Sala de lo Constitucional en 2014, aunque entonces esta resolvió que había que esperar dos períodos (10 años) para optar a la reelección.
El 4 de septiembre el TSE anunció que acataría la nueva disposición del máximo tribunal. En un escueto comunicado de tres párrafos resaltó el hecho de que, si así lo deseaba el actual presidente, podría postularse de nuevo.
Y es que hasta entonces Bukele no había hecho pública su intención de volver a aspirar al cargo.
Lo anunció el 15 de septiembre de 2022, durante una alocución con motivo del aniversario de la independencia del país.
“Después de discutirlo con mi esposa Gabriela y mi familia, le anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido que seré candidato a la presidencia de la República”, dijo el mandatario de 40 años.
El proceso que debía seguir para materializarlo lo explicó el vicepresidente Félix Ulloa durante un evento el 24 de abril, algo que los críticos tachan directamente de “farsa con aspecto de legalidad”.
Bukele debía inscribirse en un partido político, ganar las elecciones internas y presentar su candidatura ante el TSE. “Ya cuando sea candidato oficial inscrito ante el tribunal, entonces decidirá en qué momento se separa del cargo”, enumeró el también doctor en Derecho.
Y en una entrevista con la BBC, Ulloa especificó que eso último debía hacerlo “al menos seis meses antes de que comience el nuevo mandato”; esto es, antes del 1 de diciembre.
El mandatario llegó a inscribir su candidatura el pasado 26 de octubre, a pocos minutos de vencerse el plazo y con decenas de sus seguidores esperando afuera de la sede del TSE.
“El pueblo salvadoreño va a decidir si quiere seguir construyendo el nuevo El Salvador o si quieren regresar al pasado (…). Vamos, con la ayuda de Dios, a enterrar a esa oposición. Para eso necesitamos arrasar en todas las urnas”, declaró siguiendo el manual, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad.
Y el 3 de noviembre el TSE le dio luz verde, a pesar de los recursos de nulidad presentados por dos abogados constitucionalistas, dos partidos opositores (Alianza Republicana Nacionalista o Arena y Nuestro Tiempo) y un ciudadano particular contra la candidatura.
En su cuenta oficial de X, el ente electoral informó que la fórmula de Nuevas Ideas, compuesta por Bukele y su vicepresidente, Ulloa, fue aprobada con 4 votos de los 5 magistrados que componen ese organismo.
De acuerdo al procedimiento por ellos mismos adelantado, solo le quedaba separarse del cargo y que la Asamblea Legislativa nombrara a un sustituto provisional.
“Seguramente, este proceso lo vamos a hacer en la última plenaria de noviembre”, zanjó las dudas el propio presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, el 7 de noviembre.
Con el anuncio de este miércoles se allana el camino para que esto suceda.
¿Qué dicen del proceso sus críticos? ¿Y qué señala exactamente la Constitución sobre la reelección? “Farsa”, “conspiración”, “fraude a la Constitución”… son quizá los calificativos que más han repetido los críticos de Bukele desde aquella resolución de 2021 de la Sala de lo Constitucional.
Diversos abogados, organizaciones civiles y la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la estatal Universidad de El Salvador (UES), por citar algunos, sostienen que la reelección presidencial inmediata es inconstitucional.
“La candidatura de Bukele, se vea por donde se vea, es contraria a la Constitución”, le reitera a BBC Mundo el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya, quien presentó la demanda por la cual la Sala emitió en 2021 la polémica resolución.
También introdujo un recurso de nulidad ante el TSE, y uno de revisión al ser aquél rechazado.
“Ya sin acudir a la última frase del ordinal primero del artículo 152 es ilegal, porque ya ha sido presidente durante prácticamente cuatro años y medio en el periodo inmediato anterior al de la candidatura, en 2019-2024”, explica.
“Pero además en nuestro sistema el cargo de presidente no es renunciable, salvo por causas muy graves que debe de calificar la Asamblea Legislativa”, prosigue.
“Así que pedir permiso, licencia, exoneración, apartarse del cargo, dejarlo en depósito… es un eufemismo para no decir renuncia y es también fraude a la Constitución”, subraya.
Aclara además que el texto constitucional no habla de pedir permiso, porque este se diseñó para que no hubiera reelección inmediata.
Y argumenta, al igual que otros críticos, que al menos seis artículos de la Constitución prohíben la reelección presidencial inmediata o continua.
Los artículos de la Constitución que prohíben la reelección inmediata según los críticos de Bukele
88: La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos.
131: Corresponde a la Asamblea Legislativa: 16º- Desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado su período constitucional continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la Presidencia, designará un presidente provisional.
152: No podrán ser candidatos a presidente de la República: 1º- El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial.
154: El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más.
248: No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.
75: Pierde los derechos de ciudadano: 4º- Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin.
“Lo del permiso es un invento de los (magistrados) usurpadores de la Sala, aunque es la forma en la que le darán una apariencia de legalidad a la reelección”, zanja.
Con él concuerda el juez Juan Antonio Durán, y agrega que la interpretación de los magistrados es además “prevaricadora”.
“Que un juez dicte una sentencia ilegal o abiertamente injusta es delito de prevaricato y los magistrados, que son jueces, han incurrido en ello y lo saben”, le dice a BBC Mundo.
¿Tiene el procedimiento seguido por Bukele algún precedente? Todo esto hay que interpretarlo además “en el contexto de la historia constitucional de El Salvador”, señala el historiador salvadoreño Héctor Lindo Fuentes.
“Casi todas las constituciones salvadoreñas desde la de 1886, usando una redacción similar y de forma inequívoca, prohíben la reelección”, le dice a BBC Mundo quien es profesor emérito de la Universidad de Fordham, Nueva York.
Pero eso no significa que no haya habido en el pasado intentos de los gobernantes por volver a ser presidentes tras haberse vencido su período.
Un claro precedente de esto es el del general Maximiliano Hernández Martínez.
Habiendo asumido la vicepresidencia de El Salvador el 11 de marzo de 1931, en diciembre urdió un golpe de Estado para hacerse con la jefatura del Estado.
Las siguientes elecciones presidenciales eran en 1935, pero la Constitución de 1886 prohibía la reelección en al menos tres artículos.
Así que unos meses antes del fin del período, en agosto de 1934, Hernández Martínez solicitó una licencia a la Asamblea y dejó el cargo en manos de otro militar, hasta que ganó las elecciones de enero de 1935 con el 100% de los votos y en marzo inició su segundo mandato.
Cuatro años después, cuando tenía que dejar el poder, hizo reformar la Constitución para que lo habilitara para ser presidente en el período 1939-1944. El artículo 91 decía que eso se le permitiría “por esta única vez”.
Pero cinco años después se volvió a reformular, eliminando esa salvedad, con pretensiones de volver a repetir mandato. Pero una rebelión militar primero y una civil después, conocida como la “huelga de los brazos caídos”, precipitaron su caída y la salida del país.
“Realmente Bukele sigue una tradición muy larga”, advierte Lindo Fuentes. “Nuevas Ideas se llama su partido, pero muchas de sus ideas son repeticiones de lo que han hecho gobiernos autoritarios en El Salvador desde el siglo XIX”, zanja.
¿Qué sigue ahora en el camino hacia los comicios de febrero? El constitucionalista Anaya dice que ya no quedan vías internas para tratar de revertir la candidatura presidencial de Bukele. Para quienes se oponen a ella, la opción que resta es acudir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana. Es un mecanismo que se puede agotar, pero es sumamente lento, advierte. “Para cuando falla los hechos ya están consumados”.
Los comicios presidenciales y legislativos están previstos para el 4 de febrero de 2024, donde los ciudadanos elegibles tendrán derecho a votar por 44 alcaldes y concejos municipales, 60 diputados nacionales y la fórmula de presidente y vicepresidente que gobernará El Salvador por cinco años.
El Código Electoral salvadoreño prohíbe la propaganda electoral anticipada. Según el calendario electoral autorizado por el TSE, en el caso de los candidatos a presidente y vicepresidente solo podrán realizarla desde el 3 de octubre y hasta el 31 de enero.
Sin embargo, la oposición denuncia que Bukele vive en un “estado de propaganda permanente”.
Sea como fuere, este se encamina a los comicios con el viento a favor, según los sondeos más recientes.
Una encuesta organizada por la Universidad Francisco Gavidia en agosto apunta que el hasta ahora jefe de Estado lleva la ventaja en la preferencia popular para los comicios, con un 68,4% de apoyo.
Y otra llevada a cabo por Cid Gallup en noviembre le otorga a la fórmula presidencial que forma con Ulloa una intención de voto aún mayor: el 95%.
Muy por detrás sitúa a los otros dúos: a Joel Sánchez–Hilcia Bonilla de Arena, con el 4,3%; a Manuel flores–Werner Marroquín del FMLN con el 2,8 %; a Luis Parada-Celia Medrano, de Nuestro Tiempo, con el 2 %; y a José Renderos– Rafael Montalvo, de Fuerza Solidaria, con apenas el 1,5 %.
Bukele goza de uno de los índices de popularidad más altos en la región, a pesar de los múltiples reportes sobre violaciones a los derechos humanos durante su mandato y sus polémicas con el orden constitucional vigente.
Todo el mundo ha oído hablar de la Guerra de los Cien Años (ó 116 años). ¿Pero… y la Guerra de las 100 Horas? Este conflicto de cuatro días entre El Salvador y Honduras es bastante fascinante, como sugiere el nombre inusual. El conflicto en realidad tiene otro nombre, aún más intrigante: la “Guerra del fútbol”.
La Guerra de las 100 Horas estalló el 14 de julio de 1969, cuando El Salvador invadió Honduras por aire y tierra. Pero las tensiones entre los dos países centroamericanos se habían elevado durante años. En la década de 1960, Honduras tenía aproximadamente cinco veces más tierra que El Salvador, pero El Salvador tenía casi 1 millón de habitantes más. Como resultado, durante varias décadas previas a la Guerra de las 100 Horas, los salvadoreños habían estado emigrando a Honduras para trabajar en las tierras de cultivo más ampliamente disponibles. Esto llevó a un conflicto entre los campesinos salvadoreños y hondureños, ya que ambos grupos tuvieron que competir por puestos de trabajo en tierras propiedad de las élites ricas locales y las empresas frutícolas estadounidenses.
El gobierno hondureño buscó promulgar una reforma agraria para aliviar estas tensiones. Pero los terratenientes ricos y las corporaciones internacionales presionaron con éxito al gobierno para proteger sus propios derechos de propiedad. Entonces, en lugar de perseguir a los grandes terratenientes, Honduras apuntó a los inmigrantes salvadoreños, se apoderó de sus tierras y deportó a miles nuevmente a El Salvador.
El gobierno de El Salvador expresó su indignación por el trato a los inmigrantes salvadoreños en Honduras, alegando que “el gobierno de Honduras no ha tomado ninguna medida efectiva para sancionar estos delitos que constituyen genocidio, ni ha dado garantías de indemnización o reparación por los daños causados”. a los salvadoreños “. Para empeorar las cosas, mientras todo esto sucedía, El Salvador y Honduras también estaban involucrados en una serie de disputas fronterizas, principalmente centradas en pequeñas islas en el Golfo de Fonseca.
Por lo tanto, las relaciones entre El Salvador y Honduras estaban en su punto más bajo cuando los dos países se enfrentaron en 1969 por los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA a disputarse en 1970, en México. El 8 de junio, Honduras fue sede del primero de los dos partidos de fútbol programados. y ganó 1-0. El 15 de junio, El Salvador fue sede del segundo partido y ganó 3-0. Ambos partidos fueron seguidos por violentas reyertas en el estadio entre salvadoreños y hondureños.
El juego de desempate estaba programado para el 27 de junio en la Ciudad de México. Ese día, El Salvador disolvió formalmente todos los lazos diplomáticos con la nación de Honduras, citando, entre otras cosas, el hecho de que cerca de 12.000 salvadoreños habían huido de Honduras luego del partido de fútbol anterior debido a una supuesta persecución por parte de hondureños. El juego se desarrolló según lo programado y El Salvador ganó 3-2 en tiempo extra.
La ofensiva de El Salvador comenzó con el lanzamiento de tres aviones de combate al espacio aéreo hondureño. El Salvador siguió a este sorpresivo ataque aéreo con una invasión terrestre a lo largo de la carretera principal que conectaba a El Salvador con Honduras. Con mejores armas y el elemento sorpresa, el ejército salvadoreño pudo avanzar con paso firme hacia Honduras. Sin embargo, las cosas pronto cambiarían a favor de Honduras debido a una combinación de fuerte resistencia militar, clima inclemente y al ejército salvadoreño quedándose sin municiones. Asimismo, los aviones de guerra de Honduras pudieron bombardear refinerías de petróleo y otros centros estratégicos en El Salvador.
Sin embargo, en cuestión de días, ambas partes se estaban quedando sin municiones. Honduras seguía temiendo que El Salvador pudiera invadir su ciudad capital, por lo que el gobierno hondureño pidió a la “Organización de los Estados Americanos” que interviniera. La OEA así lo hizo, y en la noche del 18 de julio, la organización presionó con éxito a El Salvador para que accediera a un alto el fuego. (Exactamente 100 horas después de que comenzara la guerra).
Las fuerzas de El Salvador se habían retirado completamente de Honduras en agosto de 1969. Se estima que murieron alrededor de 3.000 personas, principalmente civiles hondureños. Muchos más fueron desplazados. Las tensiones entre Honduras y El Salvador se mantuvieron altas durante muchos años, y las disputas fronterizas menores continúan hasta el día de hoy. Además, a pesar de clasificarse para la Copa del Mundo de 1970, El Salvador fue eliminado en la fase de grupos después de perder tres partidos seguidos.
La semana pasada, la legislatura de El Salvador votó para convertirse en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Si bien el dólar estadounidense seguirá siendo la moneda oficial de El Salvador, todas las empresas del país deberán comenzar a aceptar Bitcoin salvo circunstancias atenuantes (como la falta de recursos tecnológicos), y los ciudadanos podrán pagar sus impuestos y deudas con la criptomoneda.
Bukele
El gobierno espera que esta política económica futurista atraiga inversiones de negocios de criptomonedas, proporcione recursos financieros transformadores para el 70 por ciento de los salvadoreños que no están bancarizados y facilite las remesas, que representan alrededor del 20 por ciento del producto interno bruto del país. Fiel al espíritu alocado de la comunidad de Bitcoin, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ya ha ordenado a una empresa de electricidad geotérmica estatal que comience a construir instalaciones mineras de Bitcoin que serán alimentadas por el calor de los volcanes del país.
Al mismo tiempo, los críticos han señalado que el plan es muy ligero en detalles y que Bitcoin es notoriamente difícil de usar como moneda del día a día, en parte debido a su volatilidad. Además, existe una buena posibilidad de que una gran franja de empresas en el país ni siquiera pueda aceptar de manera factible la criptomoneda; El Salvador tiene las tasas más bajas de penetración de internet en América Latina. Bukele, sin embargo, ha estado apuntando a un pequeño pueblo costero salvadoreño llamado El Zonte donde los residentes han estado usando Bitcoin durante casi dos años como evidencia de que la criptomoneda podría ayudar a impulsar la economía en todo el país.
El Zonte es un pueblo en la costa del Pacífico que tiene una población de aproximadamente 3,000 personas y es popular para practicar surf y pesca. Si bien un pueblo de playa puede parecer próspero, El Zonte no lo es: El Zonte es visiblemente pobre, con caminos de tierra y un sistema de drenaje defectuoso, en 2019, un donante anónimo en los EE. UU. comenzó a enviar Bitcoin a organizaciones sin fines de lucro en el área con el objetivo de encontrar formas de construir un ecosistema de criptomonedas sostenible en la comunidad. Luego, los trabajadores sin fines de lucro en El Zonte, en consulta con el donante, lanzaron Bitcoin Beach, una iniciativa que inyectó la criptomoneda en la economía local, estableció a las personas con billeteras digitales y ayudó a las empresas a configurar sistemas para aceptar pagos de Bitcoin.
Los residentes utilizan un sistema de pago de aplicaciones similar a Venmo para intercambiar Bitcoin, que fue desarrollado por una empresa de tecnología en California llamada Galoy Money. Con la aplicación, las personas pueden ver qué empresas aceptan Bitcoin y buscarse entre sí por nombre de usuario.
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Aunque ha habido cierto éxito en la integración de Bitcoin en la economía de El Zonte (alrededor del 90 por ciento de las familias en la ciudad han realizado una transacción de criptografía, según Bitcoin Beach, para pagar cosas como comestibles, servicios públicos y atención médica), no lo ha hecho sin sus obstáculos. Los informes indican que algunos residentes han tenido problemas para acceder al sistema de pago debido a los planes de datos limitados y la falta de acceso a teléfonos inteligentes más avanzados. La mayoría de las personas en la ciudad parecen tener teléfonos Android de gama baja que pueden admitir transacciones de Bitcoin, aunque hubo algunos problemas al hacer que las cámaras de menor resolución en los dispositivos detecten códigos QR en las empresas locales.
Pero las razones por las que los inversores criptográficos se sintieron atraídos por El Zonte no son ciertas en todo el país. Solo el 45 por ciento de la población de El Salvador tiene acceso a Internet. Queda por ver cómo exactamente piensa el gobierno nacional que mejorará la conectividad, particularmente en las áreas rurales, y pondrá dispositivos lo suficientemente potentes en las manos de la gente para apoyar una economía bitcoin. Bukele ha planteado la idea de construir una red de satélites para mejorar la cobertura, pero eso, obviamente, llevaría bastante tiempo implementarlo.
La volatilidad también sigue siendo una preocupación. En mayo, los precios de Bitcoin cayeron un 30 por ciento después de que China implementó nuevas restricciones de moneda digital y Tesla anunció que ya no aceptaría la criptomoneda como pago. Alrededor de ese tiempo, hubo una disminución substancial en el número de transacciones de Bitcoin en El Zonte. Según todas las apariencias, la gente estaba esperando que el valor volviera a subir antes de usarlo. Lo preocupante es que los consumidores promedio y los dueños de negocios no quieran involucrarse constantemente en este tipo de especulación al decidir si usar su dinero. Las empresas tienden a descargar Bitcoin lo más rápido que pueden debido a la fluctuación del tipo de cambio. Si lo recibe por la mañana, fácilmente podría bajar un 5 o un 10 por ciento al cierre del negocio.
Bukele ha dicho que el gobierno establecerá un fondo de U$ 150 millones para que las personas puedan cambiar de inmediato su Bitcoin por dólares, protegiéndolos así de parte de la volatilidad. Sin embargo, los detalles de esta parte del plan también son escasos, y existe el peligro de que El Salvador se establezca como un país con regulaciones financieras permisivas que esté dispuesto a cambiar dólares por Bitcoin en cualquier momento. Para los delincuentes que están en posesión de grandes cantidades de Bitcoin, El Salvador podría ser un lugar atractivo para cobrar. En el peor de los casos, básicamente, se podría tener portadores de Bitcoin que quieran billetes verdes que estén en condiciones de aspirar básicamente todos los billetes verdes que existen en El Salvador, y el lugar colapsaría sin él.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría oficialista, destituyó el sábado a los magistrados principales y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, Raúl Melara.
Además, los diputados en su primer día de trabajo eligieron y juramentaron a los nuevos jueces, lo que ha causado reacciones en la comunidad internacional que ve con preocupación la falta de contrapesos de una democracia y el irrespeto a la separación de poderes.
Presidente Bukele
A petición de Nuevas Ideas, partido del presidente de El Salavador, Nayib Bukele, los diputados destituyeron de sus cargos, con 64 de 84 votos, a los magistrados. La decisión la tomaron porque consideran que irrespetaron la Constitución y que con sus sentencias afectaron el manejo de la emergencia sanitaria por covid-19.
“Existen claras evidencias de que los magistrados actuales no reúnen los méritos para un rol tan fundamental y obliga a esta Asamblea a removerlos”, dijo en el pleno Suecy Callejas, diputada por Nuevas Ideas.
Por ejemplo, los magistrados ordenaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada, en abril de 2020, que dejaran de detener en centros de contención sanitarios a las personas acusadas de violar la cuarentena nacional obligatoria por coronavirus, impuesta por el gobierno para intentar contener el avance del virus.
Los diputados de cuatro partidos —Arena, Fmln, Vamos y Nuestro Tiempo—, que suman 20 votos y los cuales fueron insuficientes para frenar las destituciones, señalaron irregularidades en el proceso de destitución.
“Lo que se está haciendo con la mayoría que el pueblo dio a través del voto es un golpe de Estado”, señaló René Portillo Cuadra, diputado de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Minutos después de que los diputados votaran por la destitución de los miembros de la Sala de lo Constitucional, los magistrados destituidos emitieron un fallo en el que declaraban inconstitucional el decreto aprobado por la Asamblea para removerlos del cargo debido a que viola la independencia judicial.
“Solo controlando al poder hay seguridad de que la democracia y los derechos no dependen del arbitrio de una persona o de un grupo”, se lee en la sentencia.
Sin embargo, los diputados juramentaron al abogado Óscar López Jerez como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y a otros cuatro integrantes para la Sala de lo Constitucional.
“Ahorita vamos para la Corte a tomar posesión pero no sabemos cómo va a salir todo ahí”, dijo el magistrado Óscar López Jerez tras ser juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro,
Los nuevos magistrados pudieron ingresar a la Corte Suprema de Justicia con la ayuda de la Policía Nacional Civil.
Harris
Por su parte, los diputados acordaron destituir, con 64 de 84 votos, a Raúl Melara como fiscal general de El Salvador y juramentaron en su lugar al abogado Rodolfo Delgado.
Las primeras decisiones de la Asamblea Legislativa causaron, de inmediato, revuelo en el país y a nivel internacional.
La Organización de los Estados Americanos rechazó este domingo la destitución de los magistrados y el fiscal general, así como las acciones del poder ejecutivo que guiaron las decisiones, según un comunicado.
“Así no se hace”, escribió en Twitter Juan González, asesor principal del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para Latinoamérica.
Asimismo, el relator de la Organización de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, se sumó a las críticas.
“Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional”, escribió Garcia-Sayán en un tuit.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó en redes oficiales su preocupación por la situación en El Salvador.
“Tenemos profundas preocupaciones sobre la democracia de El Salvador, a la luz del voto en la Asamblea Nacional para remover jueces de la corte constitucional. Un poder judicial independiente es clave para una democracia sana… y para una economía fuerte”, dijo en su cuenta de Twitter oficial.
Por el contrario, el presidente Bukele aplaudió la decisión de sus diputados y a través de su cuenta de Twitter hizo un llamado a la comunidad internacional a no entrometerse.
“Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca, pero con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa. Y eso no es de su incumbencia”, aseguró Bukele en un tuit.
En El Salvador, organizaciones de la sociedad civil y gremiales empresariales han expresado su preocupación por lo ocurrido en el primer día de trabajo de los nuevos diputados.
Determinación presidencial sobre tránsito importante de drogas o principales países productores de drogas ilícitas para Año fiscal 2020
Por la autoridad conferida a mí como Presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, incluida la sección 706 (1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, Año Fiscal 2003 (Ley Pública 107-228) (FRAA), por la presente identifico siguientes países como principales países de tránsito de drogas o principales países productores de drogas ilícitas: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México , Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
La presencia de un país en la lista anterior no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos antinarcóticos de su gobierno o el nivel de cooperación con los Estados Unidos. De conformidad con la definición legal de tránsito de drogas importante o país productor de drogas ilícitas establecido en la sección 481 (e) (2) y (5) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961, según enmendada (Ley Pública 87-195) (FAA ), la razón por la que los países se colocan en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas, incluso si un gobierno ha emprendido medidas de control de narcóticos sólidas y diligentes.
De conformidad con la sección 706 (2) (A) de la FRAA, por la presente designo a Bolivia y al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela por haber fallado demostrablemente durante los 12 meses anteriores a cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales antinarcóticos y tomar las medidas requerido por la sección 489 (a) (1) de la FAA. Con esta determinación se incluyen las justificaciones para las designaciones de Bolivia y el régimen de Maduro, como lo requiere la sección 706 (2) (B) del FRAA. También he determinado, de conformidad con las disposiciones de la sección 706 (3) (A) de la FRAA, que los programas de los Estados Unidos que apoyan al gobierno interino legítimo en Venezuela son vitales para los intereses nacionales de los Estados Unidos.
Mi Administración ha dedicado recursos sin precedentes para combatir el flagelo de las drogas ilícitas en los Estados Unidos, incluso mediante el fortalecimiento de las fronteras de nuestro país y la expansión de los programas para prevenir el uso de drogas ilícitas y ayudar a la recuperación y el tratamiento de quienes lo necesitan. Estamos haciendo progresos constantes para cambiar el rumbo de la epidemia de drogas de nuestro país, pero aún queda mucho por hacer. Esto incluye esfuerzos adicionales más allá de las fronteras de nuestra nación, por parte de gobiernos de países donde se originan drogas ilegales peligrosas.
En Colombia, el presidente Iván Duque ha logrado avances tempranos en la reducción de los niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína heredados de su predecesor y en los principales esfuerzos para reiniciar un programa de erradicación aérea liderado por Colombia. Este progreso debe continuar y expandirse, y mi Administración trabajará con nuestros socios colombianos para alcanzar nuestra meta conjunta de 5 años para reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína a la mitad para fines de 2023. También continuaremos coordinando estrechamente con Colombia y otros socios con ideas afines en nuestro hemisferio para restaurar la democracia en Venezuela. Con el fin de la dictadura de Maduro plagada de elementos criminales, Estados Unidos tendrá una oportunidad mucho mejor de trabajar con Venezuela para detener el flujo de drogas que salen de América del Sur.
A lo largo de nuestra frontera sur, México necesita hacer más para detener el flujo de drogas letales que ingresan a nuestro país. Necesitamos que el gobierno mexicano intensifique sus esfuerzos para aumentar la erradicación de la adormidera, la prohibición de drogas ilícitas, los enjuiciamientos y la incautación de activos, y para desarrollar una estrategia integral de control de drogas. En particular, la plena cooperación de México es esencial para reducir la producción de heroína y enfrentar la producción ilícita de fentanilo y todas las formas de tráfico de drogas, incluso a través de los puertos de entrada de los Estados Unidos. Muchos profesionales militares y policiales mexicanos, en cooperación con sus homólogos de los Estados Unidos, están enfrentando valientemente este desafío y confrontando a las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a nuestros dos países. Necesitamos ver un compromiso sostenido y unificado de los funcionarios del gobierno mexicano a través de agencias militares y civiles y trabajar con socios extranjeros. Sin más progreso durante el próximo año, consideraré determinar que México ha fallado demostrablemente en cumplir con sus compromisos internacionales de control de drogas.
Usted está autorizado y dirigido a presentar esta designación, junto con los memorandos de justificación de Bolivia y Venezuela, bajo la sección 706 de la FRAA, al Congreso, y a publicarla en el Registro Federal.
En los primeros días de febrero de este año los salvadoreños eligieron a Nayib Armando Bukele Ortez, el ex alcalde popular de San Salvador, como el nuevo presidente del país centroamericano, un resultado que termina con el control de 30 años sobre el poder de sus dos partidos más grandes. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) del país le había otorgado una ventaja “irreversible” de 53,78 por ciento de los votos. Bukele, un ávido usuario de redes sociales que a menudo luce una chaqueta de cuero negra, ha prometido aumentar la inversión en educación y combatir la corrupción, pero su tarea principal será implementar nuevos programas para enfrentar la inseguridad. También tendrá que formar una alianza con la derecha, que domina el congreso.
Nayib Bukele, de 37 años, asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio.
Bukele se ha llamado a sí mismo un hombre de izquierda y comenzó su vida política en el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí (FMLN). Sin embargo, terminó compitiendo para presidente con el partido conservador Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA). “Es difícil ver dónde encaja en la política latinoamericana actual”, dijo Mike Allison, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Scranton “Bukele es considerado un populista, un candidato externo que se postulaba contra el sistema. Dice que viene de la izquierda, pero que tuvo que unirse a un partido político de derecha para arrivar al poder”.
Las redes sociales sociales han sido sus grandes aliadas. Desde que ganó las elecciones, Bukele no dio ni una sola conferencia de prensa y lanzó sus mensajes vía Twitter. Si necesitaba dar una explicación más larga, recurría a Facebook Live.
Entre sus primeras medidas, Bukele pidió máxima eficiencia para capturas a un grupo de asaltantes de un autobús, hecho en el cual también supuestamente fueron violadas dos mujeres.
“No se salgan con ser suaves, les va a caer todo el peso de la ley” se manifestó en tonces Bukele y agregó que ordenó medidas “más duras” en los centros penales. Luego de la detención de los malhechores el mandatario ordenó, vía Twitter, al director de Centros Penales que envíe a los “capturados por el secuestro del bus y las violaciones de 2 mujeres” al penal de máxima seguridad y “colocarlos en aislamiento total”.
El gobierno de Bukele ya realizó, entre el 22 y 23 de junio, el traslado de unos 1,600 reos a prisiones con mayor seguridad, además obligó a las cuatro compañías de telefonía a cortar la señal de llamadas e internet, eliminó casetas de comunicación controladas en las prisiones y suspendió las visitas porque se ordenó un estado de emergencia. El presidente de El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda, ha solicitado a los diputados un refuerzo presupuestario de 15 millones de dólares para la alimentación de los policías y soldados. Bukele adelantó que solicitará equipo sofisticado para sus agentes y señaló que si los diputados no aprueban los recursos será porque están “del lado del crimen”.
Bukele, un hombre de izquierdas como se refleja en esta nota, es curiosamente un activo crítico de su par venezolano Nicolás Maduro a quien llama usurpador. No quiso que el chavista, ni el dictador nicaraguense Daniel Ortega estuvieran en su toma de mando, el pasado 1 de junio.
El presidente de El Salvador nació el 24 de julio de 1981, es hijo del fallecido empresario Armando Bukele, un químico industrial y representante de la comunidad de origen árabe-palestina, y de Olga Ortez.
Bukele pasó su primera semana haciendo una parte de sus tareas de gobierno a través de Twitter. Anunció que, de acuerdo con su nuevo gabinete, se disolverían cinco ministerios: Gobernanza, Inclusión Social, Transparencia, Tecnología y Vulnerabilidad. Para hacer que el estado sea más eficiente, declaró que los proyectos de estos ministerios se redistribuirían entre los otros 16 ministerios. Bukele también tuiteó que le pidió a su nuevo gabinete que le entregara cartas de renuncia sin fecha para que se queden en su oficina como un recordatorio de que pueden ser reemplazados en cualquier momento si no están sirviendo a la gente.
Bukele también usó Twitter para ordenar a los miembros de su administración que despidieran a más de 40 funcionarios del gobierno. Los funcionarios despedidos tenían vínculos familiares con el ex presidente Salvador Sánchez Cerén, miembros de su administración saliente y miembros del partido del Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí que se encuentra en el poder. Algunos miembros de la administración de Bukele también utilizaron Twitter para responder y confirmar los despidos.
En junio, Nayib Bukele encabezó el ranking mundial de los mandatarios mejor evaluados. Cuenta con un 71% de la aprobación.
Bukele exhibe más talento y tacto que sus oponentes, su posición de no favorito y su compromiso con el público es todo lo que los millennials hoy buscan en un líder. La personalidad de las redes sociales de un político libre de salarios era suficiente para que entrara, pero ahora Bukele necesita cumplir, y una vez más las probabilidades están en su contra. Primero, tendrá que construir un gabinete libre de nepotismo, y tendrá que enfrentarse a la música en la asamblea general, ARENA y FMLN aún dominan, mientras que GANA actualmente solo tiene 10 de 84 plazas. El Salvador necesitaba desesperadamente sangre nueva para dar un primer paso para cambiar, y Nayib Bukele es el hombre que puede hacer que eso suceda a partir del 1 de junio de 2019. Lo cierto es que la gente sigue a sus lideres por pasión y a cincuenta días de su llegada al poder, no se sabe si Bukele es un niño bien o un hombre del pueblo.
¿A quién se le hubiese ocurrido, por ejemplo, que las sociedades que padecieron la crueldad extrema de las dictaduras pudiesen luego recuperar la justicia bajo el entendimiento de que el derecho positivo doméstico está sujeto al derecho internacional de los derechos humanos, permitiendo el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad? https://www.perfil.com/noticias/columnistas/una-corte-fundamental.phtml afirma el profesor de derecho constitucional Guido Risso lo que significa para este académico aceptar en nombre de los fallos de la CorteIDH la aplicación de la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la excepcionalidad (suspensión de garantías), la analogía penal, una costumbre internacional contestable[1], no respetar la prescripción, el tiempo razonable del proceso penal, como también violar principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de los Estados miembros, en los mal llamados procesos de lesa humanidad.
Recordando que la interpretación que hace la CorteIDH de la costumbre internacional al imponerla en derecho interno de los países miembros es contraria a la Constitución Nacional y no corresponde a los principios de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), quien en su estatuto artículo 38, inciso 1b, precisa que “La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho”. (la costumbre en derecho internacional se distingue del uso y de la cortesía internacional que no tienen obligatoriedad. Así, el derecho diplomático, el comercial internacional, o el derecho del mar, tienen numerosos usos o cortesías internacionales que no son equivalentes de costumbre en el sentido del artículo 38 del estatuto de la CIJ). Las condiciones para la aplicación de la costumbre en derecho internacional público suponen la reunión de dos elementos: el objetivo: una práctica general (usus) pertinente y coherente de los Estados (sujeto activo del DIP) y el subjetivo; la opinio juris[2], es decir la convicción que esta práctica corresponde a una obligación jurídica (Derecho Consuetudinario, in Revista Internacional de la Cruz Roja, Volumen 87, numero 857, marzo 2005).
Por ello, el principio según el cual, nadie puede ser castigado por actos que no constituían un crimen contra la humanidad en el momento que fueron cometidos, no puede ceder ante la costumbre internacional como es interpretada por la CorteIDH, la CSJN y los tribunales argentinos.
Observando que la Constitución Nacional es clara y precisa en esos aspectos porque:
no hace referencia explícita a la posición que ocupa la costumbre internacional en relación con otras fuentes de derecho interno, sea la propia Carta Magna, o leyes dictadas por el Congreso de la Nación. La costumbre no tiene jerarquía constitucional y no es superior a las leyes nacionales.
no define o revela la costumbre como jus cogens.
no menciona que los tratados, concordatos, acuerdos y convenciones se conforman a las reglas y costumbres del derecho público internacional.
ningún artículo de la CN u otra disposición de valor constitucional prescriben que un juez haga prevalecer la costumbre internacional sobre la ley (penal) en caso de conflicto entre dos normas.
el artículo 31 de la CN establece: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales…”. La costumbre internacional no es ley suprema para la constitución nacional.
el artículo 43 de la CN reconoce el recurso o acción de amparo: “…contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley…”. No se puede realizar un recurso contra una costumbre internacional porque no tiene existencia en la constitución.
en el artículo 75, inciso 22 de la CN, refiere que únicamente “…los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”, no haciendo mención alguna de la costumbre internacional.
Afirmando que los principios del Estado de derecho, las obligaciones positivas y los derechos humanos están en juego si la CorteIDH continua con decisiones que extrañamente reconocen las violaciones de los derechos humanos únicamente a individuos o grupos que buscaron tomar el poder por las armas, no defendían los derechos humanos ni un régimen democrático. En tanto que derechos subjetivos se hace una utilización inoperante y política de los DDHH.
“El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. L a obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. El respeto por los derechos humanos requiere el establecimiento del estado de derecho en el plano nacional e internacional” https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
Lo que preocupa legítimamente a Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Colombia, es la legalidad de los procedimientos, decisiones, intervenciones de la CorteIDH (y la CIDH) cuando son contrarias a principios constitucionales, a la soberanía de países miembros y al derecho internacional. Esos países interrogaron públicamente sobre la subsidiaridad, el razonable margen de autonomía de los Estados, la aplicación estricta del Derecho Internacional, el diálogo transparente y abierto con los órganos del sistema, …ausente actualmente en el sistema interamericano de DDHH. La pregunta es entonces donde empieza la CorteIDH o donde termina el Estado https://www.casppafrance.org/2019/06/donde-empieza-la-cidh-o-donde-termina.html No se puede ignorar esas interrogaciones que a la fecha no hubo reacción pública de las instituciones criticadas. Otros países se encuentran en situaciones similares como El Salvador y Guatemala.
Hoy día la CorteDH está politizada, sus miembros son jueces y militantes políticos, las decisiones son según la influencia del demandante o su orientación ideológica. Los magistrados realizan una inexacta y orientada interpretación de los fallos del TEDH como de documentos internacionales. Por ejemplo: queriendo demostrar que en Europa se acepta la retroactividad penal, formalmente prohibida (sin excepción) por el artículo 15 del Convenio Europeo de DDHH, o que la costumbre puede reemplazar la norma escrita imposible por el artículo 7 del CEDH. La Comisión de Viena (Argentina es país observador) fija los parámetros e indicadores a respetar en un Estado de derecho. Ninguna convención, tratado o documento de valor internacional autoriza la retroactividad penal, la suspensión de garantías fundamentales en los delitos de lesa humanidad.
Par ir más lejos
“…recuperar la justicia bajo el entendimiento de que elderecho positivo doméstico está sujeto al derecho internacional de los derechos humanos…” como declara el Profesor Guido Rizzo es una ecuación inoperante porque: no se puede recuperar algo que no se poseía por su inexistencia dado que las convenciones y tratados firmados por Argentina se integran al derecho interno a partir de 1994 y no antes. Es decir que el derecho interno argentino no puede estar sujeto a una norma internacional inexistente y la retroactividad penal está estrictamente prohibida[3].
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en virtud del protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, Comunicación 275/1988 del 26 marzo 1990: declara que la regla general para todas las normas jurídicas es la no retroactividad. En la esfera concreta del derecho de los tratados, una práctica internacional firmemente establecida lleva a la misma conclusión. Tanto la Corte Permanente de Justicia Internacional (Serie A/B, No. 4, 24) como la Corte Internacional de Justicia (Recueil 1952, 40) han sostenido que no ha de considerarse que un tratado tenga efecto retroactivo sino cuando esta intención se halle expresada en el tratado o pueda inferirse claramente de sus disposiciones. La vigencia del principio de no retroactividad de los tratados fue consagrada en la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados (que entró en vigor el 27 de enero de 1980) Con respecto a la aplicación ratione temporis del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Protocolo Facultativo en la Argentina, el Comité recuerda que ambos instrumentos entraron en vigor el 8 de noviembre de 1986. Observa que el Pacto no puede aplicarse retroactivamente y que el Comité no puede examinar, ratione tenporis, presuntas violaciones ocurridas antes de la entrada en vigor del Pacto para el Estado parte interesado. http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/spanish/275-1988.html
Informe del Comité contra la Tortura de la ONU, del 21 junio 1990[4], en las decisiones realizadas durante la reunión del 23 noviembre 1989, correspondiente a las Comunicaciones n° 1, 2 y 3/1988, del 22 noviembre 1988, presentadas por OR, MM y MS c/Argentina, decidió, por ejemplo: En cuanto al período de aplicación de la Convención, el Comité recuerda que la Convención contra la Tortura y otros penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes entró en vigor el 26 de junio de 1987. A este respecto, el Comité observa que la Convención sólo surte efecto a partir de esa fecha y no puede aplicarse retroactivamente. En consecuencia, la promulgación de la Ley titulada «Ley de punto Final», del 24 de diciembre de 1966 y de la Ley titulada Ley de Obediencia Debida” del 08 junio 1987 no puede, ratione temporis, constituir una violación de una convención que todavía no había entrado en vigor. El Comité observa que los casos de “tortura” a los efectos de la Convención sólo pueden entenderse en los casos de tortura ocurridos después de la entrada en vigor de la Convención. Así, las disposiciones de los artículos 13 y 14 de la Convención no se aplican a los casos de tortura ocurridos en 1976, diez años antes de la entrada en vigor de la Convención, y el derecho a una reparación previsto en la Convención sólo entra necesariamente en juego en relación con acontecimientos posteriores al 26 de junio de 1987.
Al contrario, y en el universo de la costumbre internacional al que la Argentina recurre, es sorprendente que la CSJN y los tribunales inferiores no hacen referencia a las 161 normas del derecho internacional consuetudinario[5](o derecho internacional vinculante), que son obligatorias para todos los Estados y para todas las partes en conflicto (incluyéndose grupos armados ilegales, movimientos armados de liberación, guerrilleros…), sin necesidad de una adhesión oficial. Varios principios del derecho internacional humanitario forman parte del derecho internacional consuetudinario como obligaciones generales. Normas 100, 101, 102, 139, 142, 143, 149, por ejemplo.
Finalmente,
¿Y las victimas (nacionales y extranjeras) que dejaron los grupos terroristas en Argentina y América Latina?, asesinadas, secuestradas, heridas, minusválidas. Quien las reconoce como tal, quien juzga los autores de esos hechos. Las Obligaciones Positivas no son de aplicación subjetivas, ideológicas o políticas. El silencio de la CorteIDH y la CIDH en estos casos de violación a los derechos humanos es desconcertante.
¿Porque la CorteIDH y la CIDH no brindan repuestas a las numerosas demandas presentadas por las victimas acusadas ilegalmente de lesa humanidad en Argentina? ¿No tienen los mismos derechos humanos que los otros ciudadanos, no les corresponde la Convención de San José?
¿Porque la doctrina de la CorteIDH no es jurisprudencia en Europa ni se aplica en el ámbito del TEDH? Hay divergencias y contradicciones en los fallos porque los realizados por la CorteIDH son de imposible aplicación en el TEDH. Varios son los aspectos aún no resueltos para hablar de una corte fundamental. La organización actual de la CorteIDH, requiere una urgente restructuración como se realizó con el TEDH, sin necesidad de mantener el funcionamiento de la CIDH que genera más problemas que soluciones. Los derechos humanos y la justicia se deben imponer sobre la política. Paris, 13 julio2019, CasppaFrance
[1] Sin valor constitucional argentino, ni reuniendo los principios reconocidos por la CIJ y sin reconocimiento en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
[2] CIJ: Continental Shelf, «es naturalmente axiomático que la materia del derecho internacional consuetudinario hay que buscarla ante todo en la práctica efectiva y en la opinio juris de los Estados» (CIJ, Continental Shelf case (Libyan Arab Jamahiriya v. Malta), fallo, 3 de junio de 1985, paginas 29-30, párrafo. 27 http://www.icj-cij.org/docket/files/68/6414.pdf ).
[3] Bélgica v. Senegal (CIJ, Questions relating to the obligation to prosecute or extradite (Belgium v. Senegal) 20 julio 2012 http://www.icj-cij.org/docket/files/144/17065.pdf), al tratar la relación entre la convención contra tortura y otras penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes del 10 diciembre 1984 y el derecho consuetudinario internacional, el alto tribunal internacional determinó en su decisión, que en base a la Convención de Viena (CdV): el artículo 28 (CdV), que refleja el derecho consuetudinario en materia de interpretación de los tratados, la obligación convencional de enjuiciar presuntos autores de actos de tortura se aplica sólo a los hechos ocurridos después de la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura por el Estado que se trate. Nada en la Convención contra la Tortura revela una intención de obligar a un Estado Parte a tipificar como delito, en virtud del artículo 4 de la CdV, los actos de tortura ocurrida antes de su entrada en vigor para ese Estado o de establecer la jurisdicción por tales actos de conformidad con el artículo 5 de la CdV.
Luego del proyecto de iniciativa de ley 5377, que se encuentro en proceso parlamentario en el Congreso de la República de Guatemala (Ley de Reconciliación Nacional), los parlamentarios de El Salvador presentaron un proyecto de Ley de Reconciliación Nacionalcon argumentos constitucionales y convencionales validos que serán difícil de oponerse, salvo que se impongan los aspectos políticos y no jurídicos por parte de los detractores del proyecto.
El 13 mayo 2019 la Comisión Ad-hoc que oportunamente se creó en junio 2018[2] para estudiar la sentencia de la Sala de lo Constitucional respecto a la ley de amnistía, entregó un informe de sus actividades a Comisión Política. https://www.asamblea.gob.sv/node/8873 Contiene los resultados de 14 reuniones de trabajo, encuentros y consultaciones con diversas personalidades de mundo académicos, de derechos humanos, iglesias, justicias, https://www.asamblea.gob.sv/taxonomy/term/672
– Los constitucionalistas consultados doctores Enrique Borgo Bustamante, Enrique Argumedo y Fabio Castillo, https://www.asamblea.gob.sv/node/7595 manifestaron que:
“en materia penal jamás las leyes pueden ser retroactivas. El concepto de la amnistía es un concepto político, de oportunidad, de obtener algo que no se logró por la vía de las armas. Con ella lo que se pretende es obtener la paz social” (Enrique Borgo Bustamante)
“La amnistía rebasa los aspectos jurídicos y pasa al campo de lo histórico. Yo sugeriría que parte del trabajo de ustedes debe ser no analizar la sentencia, sino analizar el problema y dar una solución, una nueva ley de amnistía que no adoleciera de los vicios que dice la sala” (Fabio Castillo).
“conocer la verdad es importante; que haya justicia y reparación. Mi recomendación es que cumplan esto (con la sentencia de la Sala de lo Constitucional). Escojan un grupo de abogados que les elabore un proyecto de ley para que la Asamblea Legislativa cumpla con la sentencia” (Enrique Argumedo)
El 14 mayo 2019, se creó una subcomisión que “…deberá estudiar los insumos generados por la comisión ad hoc que estudió la sentencia emitida por la Sala mediante la cual se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General, y producir un anteproyecto de ley que garantice la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas del conflicto armado y no repetición a crímenes de lesa humanidad.” https://www.asamblea.gob.sv/node/8880
Rápidamente las ONG mal llamadas de derechos humanos se movilizaron para oponerse al proyecto, por ideología, porque no se conoce aún el texto final del proyecto y la CIDH declaró en un comunicado que « observa con preocupación la tramitación del proyecto de Ley de Reconciliación Nacional en El Salvador que contiene disposiciones contrarias a los derechos humanos » http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/123.asp Son estos aspectos que se critican porque la intervención de la CIDH pone en peligro la soberanía de los Estados, ya que no se trata de una medida de subsidiariedad ni de complementariedad.
Hoy jueves la Subcomisión presentará el proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional ante la Comisión Política para que ésta instancia analice, realice las observaciones necesarias al respecto y emita dictamenhttps://www.asamblea.gob.sv/node/8922 Paris, 23 mayo 2019. CasppaFrance
[2] Se instala Comisión Ad hoc que estudiará las implicaciones de la sentencia de la Sala de lo Constitucional en la que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía 18junio2018 https://www.asamblea.gob.sv/node/7259
Bukele inicia gestiones sobre el uso de la energía atómica
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Los instrumentos legales fueron entregados por Daniel Álvarez, titular de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), y Adriana Mira, vicecanciller de El Salvador, a Rafael Grossi, el director general de la OIEA.
“El Salvador está comprometido con la descarbonización, diversificando su mix energético y beneficiándose de las aplicaciones nucleares pacíficas”, publicó Grossi en su cuenta de X. “El Salvador se hace nuclear”, reaccionó a la publicación el presidente del país Nayib Bukele.
Por su parte, la Dirección señaló que este es un paso “importante para la diversificación de nuestra matriz energética a largo plazo y lograr los objetivos de descarbonización de nuestro país”.
En marzo de 2023, El Salvador firmó un acuerdo de cooperación con la organización estadounidense Thorium Energy Alliance para estudiar la generación de energía nuclear a partir del torio. El torio es un elemento que puede utilizarse como combustible nuclear para la energía eléctrica en reactores nucleares. Según el Gobierno, un 68,4 % de la demanda nacional de energía es abastecida con generación renovable.
PrsioneroEnArgentina.com
Marzo 27, 2024
¿Perú copia a Bukele?
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Arana recorrió el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, departamento de La Paz, conocido como ‘Zacatraz’, donde conoció los “sistemas innovadores” del centro penitenciario que incluye inteligencia artificial.
Con Villatoro intercambió experiencias en el combate al crimen organizado, como la sonada guerra contra las pandillas. Además, observó una iniciativa para la resocialización de los privados de libertad “en fase de confianza”.
“Ahora, otras naciones buscan inspirarse en nuestras estrategias para combatir y eliminar el crimen organizado en sus territorios, evidenciando un cambio significativo y el interés global en aplicar soluciones efectivas”, dijo Villatoro.
La semana pasada, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, anunció que en las próximas semanas presentarán “un informe muy concreto” sobre esta visita de trabajo.
El viernes pasado, el ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño había destacado que, “bajo el liderazgo visionario” del mandatario Nayib Bukele, la nación centroamericana “se ha convertido en un referente en materia de seguridad a nivel mundial”.
Así se expresó luego de que la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, elogiara la gestión de Bukele durante el contexto de un foro ultraconservador efectuado en EE.UU. “Queremos seguir el modelo que usted está llevando adelante”, señaló.
“Este liderazgo ha posicionado a nuestro país como un ejemplo a seguir en la gestión integral de la seguridad, contribuyendo al bienestar de nuestra sociedad y al reconocimiento internacional de nuestras iniciativas”, sostuvo Villatoro.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 29, 2024
Plan argentino antinarcos
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Bullrich se refirió al trabajo conjunto que realizan desde la cartera a su cargo con especialistas italianos en la lucha contra el crimen organizado y destacó que “ellos sufrieron a la mafia durante años”. Afirmó que estudian “artículo por artículo el código penal italiano” y que un equipo de expertos del país europeo se encuentra en Argentina para mostrarles “cómo operan con el aislamiento, con el arrepentido para que las organizaciones ilícitas caigan en su totalidad”.
Respecto a la colaboración de El Salvador, Bullrich señaló que en representación de ese país viajó a la asunción del presidente Javier Milei, el pasado 10 de diciembre, el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, con quien mantuvieron un encuentro en el que les brindó consejos sobre cómo enfrentar la problemática de las cárceles.
“Ya empezamos con un plan de aislamiento de los presos de alta peligrosidad en los penales con las condiciones que tenemos, pero necesitamos que los penales tengan mejores condiciones para que el aislamiento sea total y absoluto”, explicó Bullrich, quien añadió que a la redacción del nuevo proyecto de ley se sumarán quienes trabajaron “en el marco jurídico de El Salvador”.
Por otra parte, esa normativa también está basada en la denominada ley RICO de EE.UU., que dio herramientas a las autoridades de ese país para enfrentar el crimen organizado. “Cada uno de los delitos que se comete en grupo, en una asociación ilícita, los deben pagar todos los miembros de esa asociación. Independientemente de que no hayan sido ellos los que lo cometieron de manera personal”, señaló la ministra, que aseguró que Italia, EE.UU. y El Salvador tienen la misma base jurídica.
“Esta es la única manera de terminar en la Argentina con el delito organizado y que no crezca. Es por eso que junto al equipo antimafia estamos redactando la ley”, dijo la funcionaria y aseguró que el objetivo es “meterlos a todos presos, desarmar de una vez y para siempre esa mafia, no permitirles más operaciones”.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 14, 2024
Argentina va por el Método Bukele
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Sin duda, la principal clave del triunfo de Nayib Bukele en El Salvador es la de haber reducido los niveles de violencia a mínimos históricos durante su primer gobierno en El Salvador, que en 2015 llegó a ser el país con mayor número de homicidios per cápita en todo el mundo. Desde que en marzo de 2022 aprobó el régimen de excepción para el país, más de 75.000 personas fueron detenidas por presuntos vínculos con las pandillas que durante décadas aterrorizaron a los salvadoreños y que, en la actualidad, se encuentran prácticamente desarticuladas. La seguridad regresó a la mayor parte del país. Los salvadoreños aseguran que pueden transitar libremente entre zonas que antes contaban con “fronteras invisibles” al estar controladas por pandillas rivales. Comerciantes y empresarios dejaron de sufrir extorsiones y otros países se interesaron por replicar el modelo de “mano dura” de Bukele. Uno de esos paises podría ser Argentina, según lo manifestado por Patricia Bullrich.
Hasta ahora, El Salvador ha sido conocido en el extranjero principalmente por la guerra civil y las brutales pandillas. Durante los últimos años, ha exportado poco más que inmigrantes. Pero ahora está en marcha un experimento político que podría darle al país un “poder blando” a nivel internacional que nunca antes había tenido. El experimento ha sido iniciado por el presidente Nayib Bukele utilizando lo que se llama “bukelismo”. Aunque se le conoce como “-ismo”, no es una ideología política, sino más bien un método político. Se ha vuelto muy popular en su país y políticos de otros países están intentando copiarlo. De hecho, este método puede llegar a ser más importante para comprender la política latinoamericana que el tradicional eje derecha-izquierda. Y tal vez también pueda generar influencia fuera de América Latina. El método es sencillo y técnicamente avanzado. No se trata de visiones de desarrollo social con metas, principios y planes. El principio rector es retener y fortalecer el poder del presidente Nayib Bukele y su círculo íntimo garantizando que su popularidad se mantenga alta en todo momento. El bukelismo incorpora estrategias de populistas latinoamericanos, desde Hugo Chávez hasta Jair Bolsonaro, y tiene rasgos de Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping y Rodrigo Duterte. Al mismo tiempo, el bukelismo ha desarrollado estrategias de comunicación mucho más sofisticadas y ha llevado la política al mundo de los medios virtuales más que nadie. Allí, la tropa de sus seguidores recibe mensajes finamente perfeccionados que representan a un Bukele fresco, juvenil, moderno, divertido y relajado, que atrae a una población joven, muchos de los cuales tienen un pie en Estados Unidos y uno en El Salvador. Desde la guerra civil, el promedio anual de asesinatos en El Salvador ha sido de alrededor de 4.000. Pero el año pasado se registraron 496 asesinatos y la tendencia continúa a la baja. Los casos de extorsión se han reducido entre un 70% y un 90% y la gente ha vuelto a las calles, los niños y jóvenes juegan al fútbol, los pequeños negocios están resurgiendo y el centro de la ciudad ha vuelto a la vida.
Los salvadoreños agradecen a Bukele por su nueva paz y libertad. ¿Cómo ha logrado esto? El método puede describirse en cuatro puntos que van mucho más allá de la lucha contra el crimen. En primer lugar, el poder se ha centralizado. Bukele ha tomado el control tanto de la Asamblea Nacional como del poder judicial, rompiendo las reglas y asegurando un mayor apoyo en las elecciones parciales. Ni los ministros ni los alcaldes del Partido Nuevas Ideas de Bukele pueden tener un diálogo directo con empresarios u otros actores políticos. Todo pasa por Bukele y sus tres hermanos. Se ignoran los presupuestos y se aprueban cada vez más leyes que dan al presidente control directo sobre el gasto; De esta manera, el presidente se ha asegurado una libertad de acción casi total. En segundo lugar, el poder ha sido monopolizado. Cualquiera que desafíe el poder de Bukele corre el riesgo de ser objeto de campañas de desprestigio emprendidas por un ejército de trolls y asesores de comunicaciones. Y en lugar de contratar empleados de El Salvador, ha contratado “mercenarios políticos” venezolanos. Bukele buscó la reelección, aunque está prohibido por la constitución. Más del 90% de los salvadoreños votaron por él.
En tercer lugar, cualquier organización social puede ser atacada. El gobierno suele referirse a las ONG como “frentes para la intervención extranjera”. Estas medidas no son nuevas, pero lo que hace especial al bukelismo es el cuarto elemento: una
gestión basada en el seguimiento de la opinión. El bukelismo gobierna por popularidad mediante un seguimiento constante de las opiniones de los salvadoreños, tanto de los que viven en El Salvador como de los que viven en Estados Unidos y tienen derecho a votar. La estrategia de comunicación se ajusta continuamente en función de las tendencias de las redes sociales y las encuestas de opinión. Obtener apoyo y mejorar la imagen de El Salvador en el exterior son los objetivos centrales. La introducción de Bitcoin por parte de Bukele como medio de pago obligatorio en 2021 debe entenderse como parte de esa construcción de imagen. Bitcoin tiene dos funciones centrales para el bukelismo: primero, le ha dado a El Salvador una nueva imagen entre los entusiastas de las criptomonedas y la tecnología, lo que ha puesto al país en el mapa y el turismo ha comenzado a recuperarse después de años de caída; En segundo lugar, Bitcoin ofrece al propio Bukele, al gobierno y a los actores criminales una forma de mover dinero fuera del control institucional. De esta manera, Bitcoin se ha convertido en un mecanismo favorito de lavado de dinero, pero también es utilizado por migrantes para enviar dinero a casa desde Estados Unidos, aunque no se aplica a negocios locales. Por lo tanto, Bitcoin, aunque no funciona realmente como medio de pago, tampoco crea razones para que la gente se oponga a él. Con una creciente popularidad y control sobre todas las instituciones, Bukele pudo lanzar una gran ofensiva contra las pandillas el año pasado. Esto se produjo después de que 87 personas fueran asesinadas en un fin de semana de marzo, rompiendo lo que probablemente era un pacto con Bukele. Posteriormente se impuso el estado de emergencia.
Apoyando firmemente el poder de la policía y el ejército, comenzó una campaña de detenciones masivas. Desde marzo de 2022, 64.700 han sido detenidos y el número de reclusos en prisiones ha aumentado a casi 100.000. El Salvador tiene ahora el mayor número de presos por cada 100.000 habitantes del mundo. Y Bukele inauguró la nueva prisión gigante del país, con una capacidad para 40.000 personas. El lado oscuro es que se ha arrestado a muchas personas inocentes. Se ha convertido en una práctica común en los barrios pobres que los hombres, especialmente los jóvenes, sean encarcelados a pesar de no haber estado afiliados a pandillas. Y si bien Bukele ha indultado hasta ahora a 3.745 condenados inocentes, el número de presos sin derechos ni oportunidades de comunicarse con sus familias es mucho mayor. Por el momento, la mayoría de los salvadoreños aceptan el argumento de que los encarcelamientos irregulares son “daños colaterales”. Pero algunos se preguntan cuánto tiempo podrán mantener encarcelado al 2% de la población.
Su partido, Nuevas Ideas, ya ha establecido oficinas en Guatemala y Honduras; y en la región están apareciendo políticos interesados en su estrategia, como deslizó Bullrich. La pregunta es si la estrategia se puede replicar. El Salvador tiene algunas condiciones particulares que permitieron ser controlado tan rápidamente por el bukelismo. Es un país pequeño que estaba amenazado por bandas jerárquicas con las que se podía negociar y cuyos miembros podían identificarse con relativa facilidad gracias a los tatuajes y la vestimenta. Las remesas de Estados Unidos, que representan alrededor del 25% de la economía y dan aire a los más pobres, reducen los impactos de los acontecimientos a diferencia de otros países. Pero el factor más importante para que El Salvador se convirtiera en un país de seguidores de Bukele fue un pueblo inseguro y exhausto que había perdido la fe en los políticos y las instituciones, y que hacía un uso extensivo de las redes sociales. Desafortunadamente, El Salvador tiene mucho en común con demasiados países, por lo que el “bukelismo” puede convertirse rápidamente en un artículo de exportación al que hay que prestar atención, para bien o para mal.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 6, 2024
Con record, Nayib Bukele es ganador de las elecciones en El Salvador
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que ha ganado las elecciones presidenciales de este domingo con más de 85 % de los votos, batiendo el “récord en toda la historia democrática del mundo”.
“De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85 % de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea. El récord en toda la historia democrática del mundo”, escribió el mandatario en sus redes sociales.
Bukele se pronunció antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciara los resultados del conteo de votos. De confirmarse la victoria del político, se convertirá en el primer presidente de El Salvador reelegido de forma inmediata en décadas. Mientras, medios locales informan que los salvadoreños ya han empezado a festejar el triunfo de Bukele. Videos compartidos en las redes sociales muestran a la gente lanzando fuegos artificiales en las calles del país.
En medio de las controversias en torno a candidatura presidencial, Bukele descartó en una conferencia de prensa este domingo que sea necesaria una reforma constitucional para establecer un sistema que permita la reelección indefinida, recogen medios locales. “Creo que no es necesaria la reforma constitucional”, aseguró.
Bukele ha liderado todas las encuestas que apuntaban a una victoria arrasadora. Según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), el mandatario, de 42 años, ganaría los comicios con un 81,9 % de los votos, frente a una oposición atomizada entre cinco candidatos, ninguno de los cuales alcanzaría el 5 % de los sufragios.
Entre los candidatos presidenciales también se encontraban el exdiputado Manuel Flores, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); el empresario Joel Sánchez, del derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena); el médico obstetra José Renderos, de Fuerza Solidaria; el abogado Luis Parada, de Nuestro Tiempo; y la arquitecta Marina Murillo, de Fraternidad Patriótica Salvadoreña.
La postulación de Bukele ha desatado la polémica en el país centroamericano, cuya Constitución prohíbe la relección inmediata. Para poder participar en los comicios, el presidente se tomó el pasado mes de diciembre una licencia especial de seis meses y, en su lugar, fue designada Claudia Juana Rodríguez.
Bukele asumió la Presidencia de El Salvador en junio de 2019 y ha ganado gran popularidad por reducir al mínimo la violencia de las maras y pandillas, convirtiendo al país que antes era uno de los más violentos del mundo en uno de los más seguros de Latinoamérica.
Para lograrlo, recurrió al régimen de excepción decretado en marzo de 2022 y, desde entonces, fue extendido en 22 oportunidades. La medida, que suspende derechos constitucionales de los ciudadanos, ha sido cuestionada por organismos de los derechos humanos que denuncian detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y torturas.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, renovada por la Asamblea Legislativa del país centroamericano controlada por el oficialismo, emitieron un dictamen en septiembre de 2021, para que el mandatario pueda aspirar a la silla presidencia de nuevo.
La única condición para reelección era no ejercer el poder seis meses antes de los comicios, lo que el dirigente hizo. Para que Bukele, de 42 años, pudiera participar en los comicios, el Parlamento del país centroamericano otorgó en diciembre una licencia especial por seis meses al presidente y, en su lugar, nombró a Claudia Juana Rodríguez de Guevara como “designada presidencial”.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 5, 2024
Bukele pica en punta en la intención del voto por la presidencia en El Salvador
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El FMLN y Arena dominaron la política salvadoreña tras la guerra civil salvadoreña (1980-1992), hasta que Bukele en 2019 rompió ese bipartidismo al ganar la presidencia. En los comicios de febrero, con un padrón de 6,2 millones de electores, también será renovado el Congreso, que tendrá 60 diputados en vez de los actuales 84 que el oficialismo y sus aliados dominan, en virtud de una reforma a la ley electoral. La proyección, según el sondeo, es que el partido Nuevas Ideas obtendría 57 diputados, 2 Arena, y 1 el Partido Demócrata Cristiano. Otra encuesta realizada en diciembre pasado por la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) consignó que siete de cada 10 salvadoreños están “de acuerdo” con que Bukele sea candidato a la reelección.
El mandatario recibió el 30 de noviembre una licencia del Congreso por seis meses para lanzarse a la campaña de reelección en los venideros comicios. El respaldo popular masivo a Bukele se debe a que su “guerra” contra las pandillas criminales llevó tranquilidad a la población, pero a costa de derechos civiles limitados por un régimen de excepción que rige desde marzo de 2022, según grupos de derechos humanos.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 21, 2024
El Salvador, Bukele y el Bitcoin
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El presidente en licencia de El Salvador, Nayib Bukele, celebró esta semana la subida del precio del bitcoin. Su gobierno empezó a adquirir la criptomoneda con fondos públicos en 2021 y el reciente aumento de su valor fue motivo de celebración para el mandatario.
“Con el precio actual del mercado del bitcoin, si vendiéramos nuestros bitcoins, no solo recuperaríamos el 100% de nuestra inversión sino que también obtendríamos una ganancia de US$3.620.277”, escribió Bukele en la red social X.
“¡Las inversiones en bitcoin de El Salvador están en números negros!”, señaló.
Sin embargo, economistas -dentro y fuera del país centroamericano- aseguran que es demasiado pronto para celebrar una apuesta de alto riesgo como esta.
Bukele renunció hace unos días a su cargo de presidente para dedicarse a hacer campaña electoral con el objetivo de lograr un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2024, un escenario probable dado su alto nivel de popularidad entre la población salvadoreña.
Según una página web que monitorea la cartera de bitcoin de El Salvador a partir de los anuncios que Bukele hace en redes sociales, las 2.764 monedas digitales que compró El Salvador en los últimos años, alcanzaron un valor superior al monto de dinero que pagó por ellas.
Bukele publicó en la red X una foto del gráfico de esa página web que muestra el supuesto beneficio obtenido.
Se han publicado miles de artículos que “ridiculizaban nuestras supuestas pérdidas”, escribió el mandatario.
“Es importante que los detractores y los autores de esos artículos críticos se retracten de sus declaraciones”, señaló Bukele. Este mensaje recibió los elogios de los entusiastas del bitcoin, quienes reivindicaron el potencial de las monedas digitales.
En medio de una persistente caída en el valor del bitcoin desde mediados de 2022, hubo un momento en el que las reservas de El Salvador de la criptomoneda valían la mitad de lo que el gobierno había pagado por ellas. Pero en la última semana, el precio del bitcoin aumentó hasta los US$44.000, el más alto del último año y medio. Pero algunos economistas consideran que la situación no es tan positiva como la presenta Bukele. Y es que los más de US$100 millones que su gobierno gastó en la compra de la criptomoneda son sólo una parte de los fondos públicos utilizados para promover el uso del bitcoin entre los salvadoreños, desde que el país lo adoptó como moneda de curso legal en noviembre de 2021.
“El gobierno gastó mucho dinero en el desarrollo de la aplicación Chivo Wallet, en la instalación de cajeros automáticos, que en su mayoría no funcionan, en un bono de US$30 para todos los ciudadanos mayores de 18 años, en propaganda y eventos internacionales”, dice Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencias de la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador. “Cuando se suman todos los gastos, el resultado no puede ser positivo. El resultado está en rojo, y en rojo intenso”.
La mayoría de la población ha estado usando la moneda digital menos de lo que Bukele y otros entusiastas querían, a pesar de las grandes inversiones gubernamentales.
“El tono victorioso de Bukele sobre el aumento del precio de bitcoin es bastante ilusorio”, señaló la economista salvadoreña Tatiana Marroquín. “No compensa el costo económico del proyecto bitcoin”. Marroquín aseguró que se han gastado millones de dólares de dinero público en campañas para persuadir a los ciudadanos de que adopten la moneda digital. “Es un fracaso total”, afirmó. “Casi nadie en El Salvador usa bitcoin. Ni siquiera en el turismo parece ser una atracción”.
Lourdes Molina, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), asegura que “en un contexto de pobreza extrema e inseguridad alimentaria que continúan aumentando, destinar recursos públicos a esta especulación tiene un costo social. Esos fondos públicos podrían haberse utilizado para garantizar derechos básicos de la población salvadoreña, como el derecho al acceso a la alimentación o a un ingreso digno”.
Economistas consultados insisten en la falta de transparencia.
“No hay más información oficial que los tuits del presidente Bukele”, dice Frank Muci, investigador de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE, por sus siglas en inglés).
Incluso algunos entusiastas del bitcoin critican la falta de información pública.
“Es muy desafortunado que no revelen su contabilidad de bitcoin de manera formal”, dijo el criptoinversor Pledditor en la red social X.
El autor de la publicación Bitcoin Standard, Saifedean Ammous, quien habría sido nombrado asesor económico de bitcoin para el gobierno de Bukele en mayo, no respondió a las preguntas sobre la falta de transparencia, pero dijo que el aumento de valor de las reservas salvadoreñas de la criptomoneda era un motivo de celebración.
“Es significativo que el bitcoin y la inversión de El Salvador se hayan recuperado después de dos años bajo el agua, porque políticos, economistas y organizaciones internacionales tildaron repetidamente a Bukele y su política de bitcoin de fracaso porque el precio había bajado”, sostuvo.
“También es común descartar la estrategia bitcoin de El Salvador, basándose en la preocupación a corto plazo por la adopción (de la moneda) en los pagos de consumo, pero eso pasa por alto el panorama más amplio”, agregó Ammous.
“Mucho más importante que los pagos que hacen los consumidores, es el papel que el bitcoin puede desempeñar en la independencia económica y en la Tesorería de El Salvador, donde ofrece un activo de reserva que se aprecia con el tiempo y tiene un fondo de liquidez global grande y creciente”.
Bukele ha criticado repetidamente a instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le advirtió sobre el riesgo que la criptomoneda representaba para El Salvador, enfatizando que sería difícil obtener un préstamo de la institución.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 10, 2023
La licencia de Bukele
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Cumpliendo milimétricamente con una coreografía ya anunciada, este martes Nayib Bukele anticipó que se apartará de la presidencia de El Salvador durante medio año.
“Primero que nada, como todos saben, dentro de tres días aproximadamente voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña, y no estaré ejerciendo como presidente”, dijo el mandatario.
Bukele no especificó quién lo sustituirá en el cargo en los seis meses que quedan hasta que el 1 de junio finalice su mandato de cinco años.
Con esta decisión de pedir licencia quedará superado, según el gobierno y analistas afines, el último escollo legal para que Bukele pueda competir por un segundo mandato en las elecciones generales del 2 de febrero de 2024, después de que en 2021 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avalara la reelección presidencial inmediata.
Algo que sus críticos siguen sosteniendo es inconstitucional, argumentando que seis artículos de la Carta Magna la prohíben.
A continuación te explicamos lo que significa de cara a los comicios este último paso de uno de los líderes mejor valorados del mundo, quien se jacta de haber transformado el país centroamericano al liberarlo del control de las pandillas, pero sobre el que pesan señalamientos de haber incurrido en detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos para lograrlo, de maniobrar para controlar los tres poderes del Estado y de una cada vez mayor deriva autoritaria.
¿Por qué Bukele pedirá una licencia de 6 meses y qué tiene que ver con la búsqueda de la reelección? Para responder a esta pregunta hay que retroceder primero dos años, hasta la polémica resolución del 3 septiembre de 2021 con la que la entonces nueva Sala de lo Constitucional del CSJ le dio luz verde a la reelección presidencial inmediata.
Los magistrados de dicho órgano habían sido nombrados el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa en la que ya tenía mayoría absoluta Nuevas Ideas, el partido con el que Bukele gobierna El Salvador desde 2019.
El parlamento unicameral los eligió tras haber destituido a los que hasta entonces lo conformaban, en un controvertido proceso que fue criticado dentro y fuera del país y que la oposición llegó a tachar de “golpe de Estado”.
La Sala está facultada para decidir si determinadas leyes o decretos presidenciales son contrarios a la Constitución, y era una de las instancias judiciales que había emitido veredictos contrarios a las políticas de Bukele.
En septiembre, los nuevos magistrados, que los críticos señalan de ser leales a Bukele, publicaron en la red social X (antes Twitter) una resolución de 28 páginas en respuesta a una demanda de pérdida de derechos de ciudadanía contra una diputada por presuntamente haber violado la Constitución al promover la reelección presidencial.
Con el auto sobreseyeron el proceso argumentando que carecía de fundamento, pero también hicieron una lectura de una serie de artículos de la Constitución; entre ellos, el 152.
En su ordinal primero, este artículo establece que no podrá ser candidato a presidente:
El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial.
Sin embargo, los magistrados consideraron que “permite que el presidente participe en la contienda electoral por una segunda ocasión y es el pueblo quien decide si este resulta electo”.
Y que para poder inscribirse como candidato, el presidente tendría que pedir un “permiso o licencia” seis meses antes del inicio del período presidencial.
Para ello, argumentaron que el texto constitucional por el que se rige hoy el país (en vigor desde 1983) “responde a las necesidades de hace 20, 30, 40 años”, y que, a la luz de los nuevos tiempos, eso representa una “excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica y el actuar de representantes que se resisten al cambio soberano, que se resisten a escuchar la voluntad del pueblo”.
Asimismo, ordenaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) dar cumplimiento a la resolución y permitir que “una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.
La posibilidad de aspirar a un segundo mandato ya había sido reconocida mediante sentencia de la Sala de lo Constitucional en 2014, aunque entonces esta resolvió que había que esperar dos períodos (10 años) para optar a la reelección.
El 4 de septiembre el TSE anunció que acataría la nueva disposición del máximo tribunal. En un escueto comunicado de tres párrafos resaltó el hecho de que, si así lo deseaba el actual presidente, podría postularse de nuevo.
Y es que hasta entonces Bukele no había hecho pública su intención de volver a aspirar al cargo.
Lo anunció el 15 de septiembre de 2022, durante una alocución con motivo del aniversario de la independencia del país.
“Después de discutirlo con mi esposa Gabriela y mi familia, le anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido que seré candidato a la presidencia de la República”, dijo el mandatario de 40 años.
El proceso que debía seguir para materializarlo lo explicó el vicepresidente Félix Ulloa durante un evento el 24 de abril, algo que los críticos tachan directamente de “farsa con aspecto de legalidad”.
Bukele debía inscribirse en un partido político, ganar las elecciones internas y presentar su candidatura ante el TSE. “Ya cuando sea candidato oficial inscrito ante el tribunal, entonces decidirá en qué momento se separa del cargo”, enumeró el también doctor en Derecho.
Y en una entrevista con la BBC, Ulloa especificó que eso último debía hacerlo “al menos seis meses antes de que comience el nuevo mandato”; esto es, antes del 1 de diciembre.
El mandatario llegó a inscribir su candidatura el pasado 26 de octubre, a pocos minutos de vencerse el plazo y con decenas de sus seguidores esperando afuera de la sede del TSE.
“El pueblo salvadoreño va a decidir si quiere seguir construyendo el nuevo El Salvador o si quieren regresar al pasado (…). Vamos, con la ayuda de Dios, a enterrar a esa oposición. Para eso necesitamos arrasar en todas las urnas”, declaró siguiendo el manual, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad.
Y el 3 de noviembre el TSE le dio luz verde, a pesar de los recursos de nulidad presentados por dos abogados constitucionalistas, dos partidos opositores (Alianza Republicana Nacionalista o Arena y Nuestro Tiempo) y un ciudadano particular contra la candidatura.
En su cuenta oficial de X, el ente electoral informó que la fórmula de Nuevas Ideas, compuesta por Bukele y su vicepresidente, Ulloa, fue aprobada con 4 votos de los 5 magistrados que componen ese organismo.
De acuerdo al procedimiento por ellos mismos adelantado, solo le quedaba separarse del cargo y que la Asamblea Legislativa nombrara a un sustituto provisional.
“Seguramente, este proceso lo vamos a hacer en la última plenaria de noviembre”, zanjó las dudas el propio presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, el 7 de noviembre.
Con el anuncio de este miércoles se allana el camino para que esto suceda.
¿Qué dicen del proceso sus críticos? ¿Y qué señala exactamente la Constitución sobre la reelección? “Farsa”, “conspiración”, “fraude a la Constitución”… son quizá los calificativos que más han repetido los críticos de Bukele desde aquella resolución de 2021 de la Sala de lo Constitucional.
Diversos abogados, organizaciones civiles y la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la estatal Universidad de El Salvador (UES), por citar algunos, sostienen que la reelección presidencial inmediata es inconstitucional.
“La candidatura de Bukele, se vea por donde se vea, es contraria a la Constitución”, le reitera a BBC Mundo el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya, quien presentó la demanda por la cual la Sala emitió en 2021 la polémica resolución.
También introdujo un recurso de nulidad ante el TSE, y uno de revisión al ser aquél rechazado.
“Ya sin acudir a la última frase del ordinal primero del artículo 152 es ilegal, porque ya ha sido presidente durante prácticamente cuatro años y medio en el periodo inmediato anterior al de la candidatura, en 2019-2024”, explica.
“Pero además en nuestro sistema el cargo de presidente no es renunciable, salvo por causas muy graves que debe de calificar la Asamblea Legislativa”, prosigue.
“Así que pedir permiso, licencia, exoneración, apartarse del cargo, dejarlo en depósito… es un eufemismo para no decir renuncia y es también fraude a la Constitución”, subraya.
Aclara además que el texto constitucional no habla de pedir permiso, porque este se diseñó para que no hubiera reelección inmediata.
Y argumenta, al igual que otros críticos, que al menos seis artículos de la Constitución prohíben la reelección presidencial inmediata o continua.
Los artículos de la Constitución que prohíben la reelección inmediata según los críticos de Bukele
“Lo del permiso es un invento de los (magistrados) usurpadores de la Sala, aunque es la forma en la que le darán una apariencia de legalidad a la reelección”, zanja.
Con él concuerda el juez Juan Antonio Durán, y agrega que la interpretación de los magistrados es además “prevaricadora”.
“Que un juez dicte una sentencia ilegal o abiertamente injusta es delito de prevaricato y los magistrados, que son jueces, han incurrido en ello y lo saben”, le dice a BBC Mundo.
¿Tiene el procedimiento seguido por Bukele algún precedente? Todo esto hay que interpretarlo además “en el contexto de la historia constitucional de El Salvador”, señala el historiador salvadoreño Héctor Lindo Fuentes.
“Casi todas las constituciones salvadoreñas desde la de 1886, usando una redacción similar y de forma inequívoca, prohíben la reelección”, le dice a BBC Mundo quien es profesor emérito de la Universidad de Fordham, Nueva York.
Pero eso no significa que no haya habido en el pasado intentos de los gobernantes por volver a ser presidentes tras haberse vencido su período.
Un claro precedente de esto es el del general Maximiliano Hernández Martínez.
Habiendo asumido la vicepresidencia de El Salvador el 11 de marzo de 1931, en diciembre urdió un golpe de Estado para hacerse con la jefatura del Estado.
Las siguientes elecciones presidenciales eran en 1935, pero la Constitución de 1886 prohibía la reelección en al menos tres artículos.
Cuatro años después, cuando tenía que dejar el poder, hizo reformar la Constitución para que lo habilitara para ser presidente en el período 1939-1944. El artículo 91 decía que eso se le permitiría “por esta única vez”.
Pero cinco años después se volvió a reformular, eliminando esa salvedad, con pretensiones de volver a repetir mandato. Pero una rebelión militar primero y una civil después, conocida como la “huelga de los brazos caídos”, precipitaron su caída y la salida del país.
“Realmente Bukele sigue una tradición muy larga”, advierte Lindo Fuentes. “Nuevas Ideas se llama su partido, pero muchas de sus ideas son repeticiones de lo que han hecho gobiernos autoritarios en El Salvador desde el siglo XIX”, zanja.
¿Qué sigue ahora en el camino hacia los comicios de febrero? El constitucionalista Anaya dice que ya no quedan vías internas para tratar de revertir la candidatura presidencial de Bukele. Para quienes se oponen a ella, la opción que resta es acudir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana. Es un mecanismo que se puede agotar, pero es sumamente lento, advierte. “Para cuando falla los hechos ya están consumados”.
Los comicios presidenciales y legislativos están previstos para el 4 de febrero de 2024, donde los ciudadanos elegibles tendrán derecho a votar por 44 alcaldes y concejos municipales, 60 diputados nacionales y la fórmula de presidente y vicepresidente que gobernará El Salvador por cinco años.
El Código Electoral salvadoreño prohíbe la propaganda electoral anticipada. Según el calendario electoral autorizado por el TSE, en el caso de los candidatos a presidente y vicepresidente solo podrán realizarla desde el 3 de octubre y hasta el 31 de enero.
Sin embargo, la oposición denuncia que Bukele vive en un “estado de propaganda permanente”.
Sea como fuere, este se encamina a los comicios con el viento a favor, según los sondeos más recientes.
Una encuesta organizada por la Universidad Francisco Gavidia en agosto apunta que el hasta ahora jefe de Estado lleva la ventaja en la preferencia popular para los comicios, con un 68,4% de apoyo.
Y otra llevada a cabo por Cid Gallup en noviembre le otorga a la fórmula presidencial que forma con Ulloa una intención de voto aún mayor: el 95%.
Muy por detrás sitúa a los otros dúos: a Joel Sánchez–Hilcia Bonilla de Arena, con el 4,3%; a Manuel flores–Werner Marroquín del FMLN con el 2,8 %; a Luis Parada-Celia Medrano, de Nuestro Tiempo, con el 2 %; y a José Renderos– Rafael Montalvo, de Fuerza Solidaria, con apenas el 1,5 %.
Bukele goza de uno de los índices de popularidad más altos en la región, a pesar de los múltiples reportes sobre violaciones a los derechos humanos durante su mandato y sus polémicas con el orden constitucional vigente.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 3, 2023
LA GUERRA DE LAS 100 HORAS
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Todo el mundo ha oído hablar de la Guerra de los Cien Años (ó 116 años). ¿Pero… y la Guerra de las 100 Horas? Este conflicto de cuatro días entre El Salvador y Honduras es bastante fascinante, como sugiere el nombre inusual. El conflicto en realidad tiene otro nombre, aún más intrigante: la “Guerra del fútbol”.
La Guerra de las 100 Horas estalló el 14 de julio de 1969, cuando El Salvador invadió Honduras por aire y tierra. Pero las tensiones entre los dos países centroamericanos se habían elevado durante años. En la década de 1960, Honduras tenía aproximadamente cinco veces más tierra que El Salvador, pero El Salvador tenía casi 1 millón de habitantes más. Como resultado, durante varias décadas previas a la Guerra de las 100 Horas, los salvadoreños habían estado emigrando a Honduras para trabajar en las tierras de cultivo más ampliamente disponibles. Esto llevó a un conflicto entre los campesinos salvadoreños y hondureños, ya que ambos grupos tuvieron que competir por puestos de trabajo en tierras propiedad de las élites ricas locales y las empresas frutícolas estadounidenses.
El gobierno hondureño buscó promulgar una reforma agraria para aliviar estas tensiones. Pero los terratenientes ricos y las corporaciones internacionales presionaron con éxito al gobierno para proteger sus propios derechos de propiedad. Entonces, en lugar de perseguir a los grandes terratenientes, Honduras
apuntó a los inmigrantes salvadoreños, se apoderó de sus tierras y deportó a miles nuevmente a El Salvador.
El gobierno de El Salvador expresó su indignación por el trato a los inmigrantes salvadoreños en Honduras, alegando que “el gobierno de Honduras no ha tomado ninguna medida efectiva para sancionar estos delitos que constituyen genocidio, ni ha dado garantías de indemnización o reparación por los daños causados”. a los salvadoreños “. Para empeorar las cosas, mientras todo esto sucedía, El Salvador y Honduras también estaban involucrados en una serie de disputas fronterizas, principalmente centradas en pequeñas islas en el Golfo de Fonseca.
Por lo tanto, las relaciones entre El Salvador y Honduras estaban en su punto más bajo cuando los dos países se enfrentaron en 1969 por los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA a disputarse en 1970, en México. El 8 de junio, Honduras fue sede del primero de los dos partidos de fútbol programados. y ganó 1-0. El 15 de junio, El Salvador fue sede del segundo partido y ganó 3-0. Ambos partidos fueron seguidos por violentas reyertas en el estadio entre salvadoreños y hondureños.
El juego de desempate estaba programado para el 27 de junio en la Ciudad de México. Ese día, El Salvador disolvió formalmente todos los lazos diplomáticos con la nación de Honduras, citando, entre otras cosas, el hecho de que cerca de 12.000 salvadoreños habían huido de Honduras luego del partido de fútbol anterior debido a una supuesta persecución por parte de hondureños. El juego se desarrolló según lo programado y El Salvador ganó 3-2 en tiempo extra.
La ofensiva de El Salvador comenzó con el lanzamiento de tres aviones de combate al espacio aéreo hondureño. El Salvador siguió a este sorpresivo ataque aéreo con una invasión terrestre a lo largo de la carretera principal que conectaba a El Salvador con Honduras. Con mejores armas y el elemento sorpresa, el ejército salvadoreño pudo avanzar con paso firme hacia Honduras. Sin embargo, las cosas pronto cambiarían a favor de Honduras debido a una combinación de fuerte resistencia militar, clima inclemente y al ejército salvadoreño quedándose sin municiones. Asimismo, los aviones de guerra de Honduras pudieron bombardear refinerías de petróleo y otros centros estratégicos en El Salvador.
Sin embargo, en cuestión de días, ambas partes se estaban quedando sin municiones. Honduras seguía temiendo que El Salvador pudiera invadir su ciudad capital, por lo que el gobierno hondureño pidió a la “Organización de los Estados Americanos” que interviniera. La OEA así lo hizo, y en la noche del 18 de julio, la organización presionó con éxito a El Salvador para que accediera a un alto el fuego. (Exactamente 100 horas después de que comenzara la guerra).
Las fuerzas de El Salvador se habían retirado completamente de Honduras en agosto de 1969. Se estima que murieron alrededor de 3.000 personas, principalmente civiles hondureños. Muchos más fueron desplazados. Las tensiones entre Honduras y El Salvador se mantuvieron altas durante muchos años, y las disputas fronterizas menores continúan hasta el día de hoy. Además, a pesar de clasificarse para la Copa del Mundo de 1970, El Salvador fue eliminado en la fase de grupos después de perder tres partidos seguidos.
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 22, 2021
Ciudad Bitcoin
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La semana pasada, la legislatura de El Salvador votó para convertirse en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Si bien el dólar estadounidense seguirá siendo la moneda oficial de El Salvador, todas las empresas del país deberán comenzar a aceptar Bitcoin salvo circunstancias atenuantes (como la falta de recursos tecnológicos), y los ciudadanos podrán pagar sus impuestos y deudas con la criptomoneda.
El gobierno espera que esta política económica futurista atraiga inversiones de negocios de criptomonedas, proporcione recursos financieros transformadores para el 70 por ciento de los salvadoreños que no están bancarizados y facilite las remesas, que representan alrededor del 20 por ciento del producto interno bruto del país. Fiel al espíritu alocado de la comunidad de Bitcoin, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ya ha ordenado a una empresa de electricidad geotérmica estatal que comience a construir instalaciones mineras de Bitcoin que serán alimentadas por el calor de los volcanes del país.
Al mismo tiempo, los críticos han señalado que el plan es muy ligero en detalles y que Bitcoin es notoriamente difícil de usar como moneda del día a día, en parte debido a su volatilidad. Además, existe una buena posibilidad de que una gran franja de empresas en el país ni siquiera pueda aceptar de manera factible la criptomoneda; El Salvador tiene las tasas más bajas de penetración de internet en América Latina. Bukele, sin embargo, ha estado apuntando a un pequeño pueblo costero salvadoreño llamado El Zonte donde los residentes han estado usando Bitcoin durante casi dos años como evidencia de que la criptomoneda podría ayudar a impulsar la economía en todo el país.
El Zonte es un pueblo en la costa del Pacífico que tiene una población de aproximadamente 3,000 personas y es popular para practicar surf y pesca. Si bien un pueblo de playa puede parecer próspero, El Zonte no lo es: El Zonte es visiblemente pobre, con caminos de tierra y un sistema de drenaje defectuoso, en 2019, un donante anónimo en los EE. UU. comenzó a enviar Bitcoin a organizaciones sin fines de lucro en el área con el objetivo de encontrar formas de construir un ecosistema de criptomonedas sostenible en la comunidad. Luego, los trabajadores sin fines de lucro en El Zonte, en consulta con el donante, lanzaron Bitcoin Beach, una iniciativa que inyectó la criptomoneda en la economía local, estableció a las personas con billeteras digitales y ayudó a las empresas a configurar sistemas para aceptar pagos de Bitcoin.
Los residentes utilizan un sistema de pago de aplicaciones similar a Venmo para intercambiar Bitcoin, que fue desarrollado por una empresa de tecnología en California llamada Galoy Money. Con la aplicación, las personas pueden ver qué empresas aceptan Bitcoin y buscarse entre sí por nombre de usuario.
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[/ezcol_1half_end]Aunque ha habido cierto éxito en la integración de Bitcoin en la economía de El Zonte (alrededor del 90 por ciento de las familias en la ciudad han realizado una transacción de criptografía, según Bitcoin Beach, para pagar cosas como comestibles, servicios públicos y atención médica), no lo ha hecho sin sus obstáculos. Los informes indican que algunos residentes han tenido problemas para acceder al sistema de pago debido a los planes de datos limitados y la falta de acceso a teléfonos inteligentes más avanzados. La mayoría de las personas en la ciudad parecen tener teléfonos Android de gama baja que pueden admitir transacciones de Bitcoin, aunque hubo algunos problemas al hacer que las cámaras de menor resolución en los dispositivos detecten códigos QR en las empresas locales.
Pero las razones por las que los inversores criptográficos se sintieron atraídos por El Zonte no son ciertas en todo el país. Solo el 45 por ciento de la población de El Salvador tiene acceso a Internet. Queda por ver cómo exactamente piensa el gobierno nacional que mejorará la conectividad, particularmente en las áreas
rurales, y pondrá dispositivos lo suficientemente potentes en las manos de la gente para apoyar una economía bitcoin. Bukele ha planteado la idea de construir una red de satélites para mejorar la cobertura, pero eso, obviamente, llevaría bastante tiempo implementarlo.
La volatilidad también sigue siendo una preocupación. En mayo, los precios de Bitcoin cayeron un 30 por ciento después de que China implementó nuevas restricciones de moneda digital y Tesla anunció que ya no aceptaría la criptomoneda como pago. Alrededor de ese tiempo, hubo una disminución substancial en el número de transacciones de Bitcoin en El Zonte. Según todas las apariencias, la gente estaba esperando que el valor volviera a subir antes de usarlo. Lo preocupante es que los consumidores promedio y los dueños de negocios no quieran involucrarse constantemente en este tipo de especulación al decidir si usar su dinero. Las empresas tienden a descargar Bitcoin lo más rápido que pueden debido a la fluctuación del tipo de cambio. Si lo recibe por la mañana, fácilmente podría bajar un 5 o un 10 por ciento al cierre del negocio.
Bukele ha dicho que el gobierno establecerá un fondo de U$ 150 millones para que las personas puedan cambiar de inmediato su Bitcoin por dólares, protegiéndolos así de parte de la volatilidad. Sin embargo, los detalles de esta parte del plan también son escasos, y existe el peligro de que El Salvador se establezca como un país con regulaciones financieras permisivas que esté dispuesto a cambiar dólares por Bitcoin en cualquier momento. Para los delincuentes que están en posesión de grandes cantidades de Bitcoin, El Salvador podría ser un lugar atractivo para cobrar. En el peor de los casos, básicamente, se podría tener portadores de Bitcoin que quieran billetes verdes que estén en condiciones de aspirar básicamente todos los billetes verdes que existen en El Salvador, y el lugar colapsaría sin él.
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 22, 2021
Condena Internacional por las destituciones en El Salvador
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La Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría oficialista, destituyó el sábado a los magistrados principales y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, Raúl Melara.
Además, los diputados en su primer día de trabajo eligieron y juramentaron a los nuevos jueces, lo que ha causado reacciones en la comunidad internacional que ve con preocupación la falta de contrapesos de una democracia y el irrespeto a la separación de poderes.
A petición de Nuevas Ideas, partido del presidente de El Salavador, Nayib Bukele, los diputados destituyeron de sus cargos, con 64 de 84 votos, a los magistrados. La decisión la tomaron porque consideran que irrespetaron la Constitución y que con sus sentencias afectaron el manejo de la emergencia sanitaria por covid-19.
“Existen claras evidencias de que los magistrados actuales no reúnen los méritos para un rol tan fundamental y obliga a esta Asamblea a removerlos”, dijo en el pleno Suecy Callejas, diputada por Nuevas Ideas.
Por ejemplo, los magistrados ordenaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada, en abril de 2020, que dejaran de detener en centros de contención sanitarios a las personas acusadas de violar la cuarentena nacional obligatoria por coronavirus, impuesta por el gobierno para intentar contener el avance del virus.
Los diputados de cuatro partidos —Arena, Fmln, Vamos y Nuestro Tiempo—, que suman 20 votos y los cuales fueron insuficientes para frenar las destituciones, señalaron irregularidades en el proceso de destitución.
“Lo que se está haciendo con la mayoría que el pueblo dio a través del voto es un golpe de Estado”, señaló René Portillo Cuadra, diputado de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Minutos después de que los diputados votaran por la destitución de los miembros de la Sala de lo Constitucional, los magistrados destituidos emitieron un fallo en el que declaraban inconstitucional el decreto aprobado por la Asamblea para removerlos del cargo debido a que viola la independencia judicial.
“Solo controlando al poder hay seguridad de que la democracia y los derechos no dependen del arbitrio de una persona o de un grupo”, se lee en la sentencia.
Sin embargo, los diputados juramentaron al abogado Óscar López Jerez como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y a otros cuatro integrantes para la Sala de lo Constitucional.
“Ahorita vamos para la Corte a tomar posesión pero no sabemos cómo va a salir todo ahí”, dijo el magistrado Óscar López Jerez tras ser juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro,
Los nuevos magistrados pudieron ingresar a la Corte Suprema de Justicia con la ayuda de la Policía Nacional Civil.
Por su parte, los diputados acordaron destituir, con 64 de 84 votos, a Raúl Melara como fiscal general de El Salvador y juramentaron en su lugar al abogado Rodolfo Delgado.
Las primeras decisiones de la Asamblea Legislativa causaron, de inmediato, revuelo en el país y a nivel internacional.
La Organización de los Estados Americanos rechazó este domingo la destitución de los magistrados y el fiscal general, así como las acciones del poder ejecutivo que guiaron las decisiones, según un comunicado.
“Así no se hace”, escribió en Twitter Juan González, asesor principal del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para Latinoamérica.
Asimismo, el relator de la Organización de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, se sumó a las críticas.
“Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional”, escribió Garcia-Sayán en un tuit.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó en redes oficiales su preocupación por la situación en El Salvador.
“Tenemos profundas preocupaciones sobre la democracia de El Salvador, a la luz del voto en la Asamblea Nacional para remover jueces de la corte constitucional. Un poder judicial independiente es clave para una democracia sana… y para una economía fuerte”, dijo en su cuenta de Twitter oficial.
Por el contrario, el presidente Bukele aplaudió la decisión de sus diputados y a través de su cuenta de Twitter hizo un llamado a la comunidad internacional a no entrometerse.
“Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca, pero con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa. Y eso no es de su incumbencia”, aseguró Bukele en un tuit.
En El Salvador, organizaciones de la sociedad civil y gremiales empresariales han expresado su preocupación por lo ocurrido en el primer día de trabajo de los nuevos diputados.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 3, 2021
Memorándum sobre la determinación del Presidente Donald J. Trump sobre el tránsito de drogas importantes o los principales países productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2020
Determinación presidencial sobre tránsito importante de drogas
o principales países productores de drogas ilícitas para
Año fiscal 2020
Por la autoridad conferida a mí como Presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, incluida la sección 706 (1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, Año Fiscal 2003 (Ley Pública 107-228) (FRAA), por la presente identifico siguientes países como principales países de tránsito de drogas o principales países productores de drogas ilícitas: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México , Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
La presencia de un país en la lista anterior no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos antinarcóticos de su gobierno o el nivel de cooperación con los Estados Unidos. De conformidad con la definición legal de tránsito de drogas importante o país productor de drogas ilícitas establecido en la sección 481 (e) (2) y (5) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961, según enmendada (Ley Pública 87-195) (FAA ), la razón por la que los países se colocan en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas, incluso si un gobierno ha emprendido medidas de control de narcóticos sólidas y diligentes.
De conformidad con la sección 706 (2) (A) de la FRAA, por la presente designo a Bolivia y al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela por haber fallado demostrablemente durante los 12 meses anteriores a cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales antinarcóticos y tomar las medidas requerido por la sección 489 (a) (1) de la FAA. Con esta determinación se incluyen las justificaciones para las designaciones de Bolivia y el régimen de Maduro, como lo requiere la sección 706 (2) (B) del FRAA. También he determinado, de conformidad con las disposiciones de la sección 706 (3) (A) de la FRAA, que los programas de los Estados Unidos que apoyan al gobierno interino legítimo en Venezuela son vitales para los intereses nacionales de los Estados Unidos.
Mi Administración ha dedicado recursos sin precedentes para combatir el flagelo de las drogas ilícitas en los Estados Unidos, incluso mediante el fortalecimiento de las fronteras de nuestro país y la expansión de los programas para prevenir el uso de drogas ilícitas y ayudar a la recuperación y el tratamiento de quienes lo necesitan. Estamos haciendo progresos constantes para cambiar el rumbo de la epidemia de drogas de nuestro país, pero aún queda mucho por hacer. Esto incluye esfuerzos adicionales más allá de las fronteras de nuestra nación, por parte de gobiernos de países donde se originan drogas ilegales peligrosas.
En Colombia, el presidente Iván Duque ha logrado avances tempranos en la reducción de los niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína heredados de su predecesor y en los principales esfuerzos para reiniciar un programa de erradicación aérea liderado por Colombia. Este progreso debe continuar y expandirse, y mi Administración trabajará con nuestros socios colombianos para alcanzar nuestra meta conjunta de 5 años para reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína a la mitad para fines de 2023. También continuaremos coordinando estrechamente con Colombia y otros socios con ideas afines en nuestro hemisferio para restaurar la democracia en Venezuela. Con el fin de la dictadura de Maduro plagada de elementos criminales, Estados Unidos tendrá una oportunidad mucho mejor de trabajar con Venezuela para detener el flujo de drogas que salen de América del Sur.
A lo largo de nuestra frontera sur, México necesita hacer más para detener el flujo de drogas letales que ingresan a nuestro país. Necesitamos que el gobierno mexicano intensifique sus esfuerzos para aumentar la erradicación de la adormidera, la prohibición de drogas ilícitas, los enjuiciamientos y la incautación de activos, y para desarrollar una estrategia integral de control de drogas. En particular, la plena cooperación de México es esencial para reducir la producción de heroína y enfrentar la producción ilícita de fentanilo y todas las formas de tráfico de drogas, incluso a través de los puertos de entrada de los Estados Unidos. Muchos profesionales militares y policiales mexicanos, en cooperación con sus homólogos de los Estados Unidos, están enfrentando valientemente este desafío y confrontando a las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a nuestros dos países. Necesitamos ver un compromiso sostenido y unificado de los funcionarios del gobierno mexicano a través de agencias militares y civiles y trabajar con socios extranjeros. Sin más progreso durante el próximo año, consideraré determinar que México ha fallado demostrablemente en cumplir con sus compromisos internacionales de control de drogas.
Usted está autorizado y dirigido a presentar esta designación, junto con los memorandos de justificación de Bolivia y Venezuela, bajo la sección 706 de la FRAA, al Congreso, y a publicarla en el Registro Federal.
DONALD J. TRUMP
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 9, 2019
¿Quién es Nayib Armando Bukele?
En los primeros días de febrero de este año los salvadoreños eligieron a Nayib Armando Bukele Ortez, el ex alcalde popular de San Salvador, como el nuevo presidente del país centroamericano, un resultado que termina con el control de 30 años sobre el poder de sus dos partidos más grandes.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) del país le había otorgado una ventaja “irreversible” de 53,78 por ciento de los votos.
Bukele, un ávido usuario de redes sociales que a menudo luce una chaqueta de cuero negra, ha prometido aumentar la inversión en educación y combatir la corrupción, pero su tarea principal será implementar nuevos programas para enfrentar la inseguridad.
También tendrá que formar una alianza con la derecha, que domina el congreso.
Bukele se ha llamado a sí mismo un hombre de izquierda y comenzó su vida política en el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí (FMLN). Sin embargo, terminó compitiendo para presidente con el partido conservador Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA).
“Es difícil ver dónde encaja en la política latinoamericana actual”, dijo Mike Allison, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Scranton “Bukele es considerado un populista, un candidato externo que se postulaba contra el sistema. Dice que viene de la izquierda, pero que tuvo que unirse a un partido político de derecha para arrivar al poder”.
Entre sus primeras medidas, Bukele pidió máxima eficiencia para capturas a un grupo de asaltantes de un autobús, hecho en el cual también supuestamente fueron violadas dos mujeres.
“No se salgan con ser suaves, les va a caer todo el peso de la ley” se manifestó en tonces Bukele y agregó que ordenó
medidas “más duras” en los centros penales. Luego de la detención de los malhechores el mandatario ordenó, vía Twitter, al director de Centros Penales que envíe a los “capturados por el secuestro del bus y las violaciones de 2 mujeres” al penal de máxima seguridad y “colocarlos en aislamiento total”.
El gobierno de Bukele ya realizó, entre el 22 y 23 de junio, el traslado de unos 1,600 reos a prisiones con mayor seguridad, además obligó a las cuatro compañías de telefonía a cortar la señal de llamadas e internet, eliminó casetas de comunicación controladas en las prisiones y suspendió las visitas porque se ordenó un estado de emergencia. El presidente de El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda, ha solicitado a los diputados un refuerzo presupuestario de 15 millones de dólares para la alimentación de los policías y soldados. Bukele adelantó que solicitará equipo sofisticado para sus agentes y señaló que si los diputados no aprueban los recursos será porque están “del lado del crimen”.
Bukele, un hombre de izquierdas como se refleja en esta nota, es curiosamente un activo crítico de su par venezolano Nicolás Maduro a quien llama usurpador. No quiso que el chavista, ni el dictador nicaraguense Daniel Ortega estuvieran en su toma de mando, el pasado 1 de junio.
Bukele pasó su primera semana haciendo una parte de sus tareas de gobierno a través de Twitter. Anunció que, de acuerdo con su nuevo gabinete, se disolverían cinco ministerios: Gobernanza, Inclusión Social, Transparencia, Tecnología y Vulnerabilidad. Para hacer que el estado sea más eficiente, declaró que los proyectos de estos ministerios se redistribuirían entre los otros 16 ministerios. Bukele también tuiteó que le pidió a su nuevo gabinete que le entregara cartas de renuncia sin fecha para que se queden en su oficina como un recordatorio de que pueden ser reemplazados en cualquier momento si no están sirviendo a la gente.
Bukele también usó Twitter para ordenar a los miembros de su administración que despidieran a más de 40 funcionarios del gobierno. Los funcionarios despedidos tenían vínculos familiares con el ex presidente Salvador Sánchez Cerén, miembros de su administración saliente y miembros del partido del Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí que se encuentra en el poder. Algunos miembros de la administración de Bukele también utilizaron Twitter para responder y confirmar los despidos.
Bukele exhibe más talento y tacto que sus oponentes, su posición de no favorito y su compromiso con el público es todo lo que los millennials hoy buscan en un líder. La personalidad de las redes sociales de un político libre de salarios era suficiente para que entrara, pero ahora Bukele necesita cumplir, y una vez más las probabilidades están en su contra. Primero, tendrá que construir un gabinete libre de nepotismo, y tendrá que enfrentarse a la música en la asamblea general, ARENA y FMLN aún dominan, mientras que GANA actualmente solo tiene 10 de 84 plazas. El Salvador necesitaba desesperadamente sangre nueva para dar un primer paso para cambiar, y Nayib Bukele es el hombre que puede hacer que eso suceda a partir del 1 de junio de 2019. Lo cierto es que la gente sigue a sus lideres por pasión y a cincuenta días de su llegada al poder, no se sabe si Bukele es un niño bien o un hombre del pueblo.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 22, 2019
La Corte Interamericana de Derechos Humanos: más justicia, menos política.
Recordando que la interpretación que hace la CorteIDH de la costumbre internacional al imponerla en derecho interno de los países miembros es contraria a la Constitución Nacional y no corresponde a los principios de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), quien en su estatuto artículo 38, inciso 1b, precisa que “La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho”. (la costumbre en derecho internacional se distingue del uso y de la cortesía internacional que no tienen obligatoriedad. Así, el derecho diplomático, el comercial internacional, o el derecho del mar, tienen numerosos usos o cortesías internacionales que no son equivalentes de costumbre en el sentido del artículo 38 del estatuto de la CIJ). Las condiciones para la aplicación de la costumbre en derecho internacional público suponen la reunión de dos elementos: el objetivo: una práctica general (usus) pertinente y coherente de los Estados (sujeto activo del DIP) y el subjetivo; la opinio juris[2], es decir la convicción que esta práctica corresponde a una obligación jurídica (Derecho Consuetudinario, in Revista Internacional de la Cruz Roja, Volumen 87, numero 857, marzo 2005).
Observando que la Constitución Nacional es clara y precisa en esos aspectos porque:
Afirmando que los principios del Estado de derecho, las obligaciones positivas y los derechos humanos están en juego si la CorteIDH continua con decisiones que extrañamente reconocen las violaciones de los derechos humanos únicamente a individuos o grupos que buscaron tomar el poder por las armas, no defendían los derechos humanos ni un régimen democrático. En tanto que derechos subjetivos se hace una utilización inoperante y política de los DDHH.
Lo que preocupa legítimamente a Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Colombia, es la legalidad de los procedimientos, decisiones, intervenciones de la CorteIDH (y la CIDH) cuando son contrarias a principios constitucionales, a la soberanía de países miembros y al derecho internacional. Esos países interrogaron públicamente sobre la subsidiaridad, el razonable margen de autonomía de los Estados, la aplicación estricta del Derecho Internacional, el diálogo transparente y abierto con los órganos del sistema, …ausente actualmente en el sistema interamericano de DDHH. La pregunta es entonces donde empieza la CorteIDH o donde termina el Estado https://www.casppafrance.org/2019/06/donde-empieza-la-cidh-o-donde-termina.html No se puede ignorar esas interrogaciones que a la fecha no hubo reacción pública de las instituciones criticadas. Otros países se encuentran en situaciones similares como El Salvador y Guatemala.
Hoy día la CorteDH está politizada, sus miembros son jueces y militantes políticos, las decisiones son según la influencia del demandante o su orientación ideológica. Los magistrados realizan una inexacta y orientada interpretación de los fallos del TEDH como de documentos internacionales. Por ejemplo: queriendo demostrar que en Europa se acepta la retroactividad penal, formalmente prohibida (sin excepción) por el artículo 15 del Convenio Europeo de DDHH, o que la costumbre puede reemplazar la norma escrita imposible por el artículo 7 del CEDH. La Comisión de Viena (Argentina es país observador) fija los parámetros e indicadores a respetar en un Estado de derecho. Ninguna convención, tratado o documento de valor internacional autoriza la retroactividad penal, la suspensión de garantías fundamentales en los delitos de lesa humanidad.
Par ir más lejos
“…recuperar la justicia bajo el entendimiento de que el derecho positivo doméstico está sujeto al derecho internacional de los derechos humanos…” como declara el Profesor Guido Rizzo es una ecuación inoperante porque: no se puede recuperar algo que no se poseía por su inexistencia dado que las convenciones y tratados firmados por Argentina se integran al derecho interno a partir de 1994 y no antes. Es decir que el derecho interno argentino no puede estar sujeto a una norma internacional inexistente y la retroactividad penal está estrictamente prohibida[3].
Al contrario, y en el universo de la costumbre internacional al que la Argentina recurre, es sorprendente que la CSJN y los tribunales inferiores no hacen referencia a las 161 normas del derecho internacional consuetudinario[5] (o derecho internacional vinculante), que son obligatorias para todos los Estados y para todas las partes en conflicto (incluyéndose grupos armados ilegales, movimientos armados de liberación, guerrilleros…), sin necesidad de una adhesión oficial. Varios principios del derecho internacional humanitario forman parte del derecho internacional consuetudinario como obligaciones generales. Normas 100, 101, 102, 139, 142, 143, 149, por ejemplo.
Finalmente,
¿Y las victimas (nacionales y extranjeras) que dejaron los grupos terroristas en Argentina y América Latina?, asesinadas, secuestradas, heridas, minusválidas. Quien las reconoce como tal, quien juzga los autores de esos hechos. Las Obligaciones Positivas no son de aplicación subjetivas, ideológicas o políticas. El silencio de la CorteIDH y la CIDH en estos casos de violación a los derechos humanos es desconcertante.
¿Porque la CorteIDH y la CIDH no brindan repuestas a las numerosas demandas presentadas por las victimas acusadas ilegalmente de lesa humanidad en Argentina? ¿No tienen los mismos derechos humanos que los otros ciudadanos, no les corresponde la Convención de San José?
¿Porque la doctrina de la CorteIDH no es jurisprudencia en Europa ni se aplica en el ámbito del TEDH? Hay divergencias y contradicciones en los fallos porque los realizados por la CorteIDH son de imposible aplicación en el TEDH. Varios son los aspectos aún no resueltos para hablar de una corte fundamental. La organización actual de la CorteIDH, requiere una urgente restructuración como se realizó con el TEDH, sin necesidad de mantener el funcionamiento de la CIDH que genera más problemas que soluciones. Los derechos humanos y la justicia se deben imponer sobre la política. Paris, 13 julio2019, CasppaFrance
[1] Sin valor constitucional argentino, ni reuniendo los principios reconocidos por la CIJ y sin reconocimiento en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
[2] CIJ: Continental Shelf, «es naturalmente axiomático que la materia del derecho internacional consuetudinario hay que buscarla ante todo en la práctica efectiva y en la opinio juris de los Estados» (CIJ, Continental Shelf case (Libyan Arab Jamahiriya v. Malta), fallo, 3 de junio de 1985, paginas 29-30, párrafo. 27 http://www.icj-cij.org/docket/files/68/6414.pdf ).
[3] Bélgica v. Senegal (CIJ, Questions relating to the obligation to prosecute or extradite (Belgium v. Senegal) 20 julio 2012 http://www.icj-cij.org/docket/files/144/17065.pdf), al tratar la relación entre la convención contra tortura y otras penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes del 10 diciembre 1984 y el derecho consuetudinario internacional, el alto tribunal internacional determinó en su decisión, que en base a la Convención de Viena (CdV): el artículo 28 (CdV), que refleja el derecho consuetudinario en materia de interpretación de los tratados, la obligación convencional de enjuiciar presuntos autores de actos de tortura se aplica sólo a los hechos ocurridos después de la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura por el Estado que se trate. Nada en la Convención contra la Tortura revela una intención de obligar a un Estado Parte a tipificar como delito, en virtud del artículo 4 de la CdV, los actos de tortura ocurrida antes de su entrada en vigor para ese Estado o de establecer la jurisdicción por tales actos de conformidad con el artículo 5 de la CdV.
[4] In Rapport du Comité contre la Torture, Doc. ONU A/45/44 (21 juin 1990) dans l’Annexe V (décision du 23nov1989, pages 114-119), Annexe VI (pages 120-121), paras. 150-174, pages 30-36, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N90/154/76/pdf/N9015476.pdf?OpenElement
[5] El derecho internacional humanitario consuetudinario, volumen I, normas. Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald-Beck, CICR, octubre 2007. https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_pcustom.pdf
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Julio 13, 2019
El Salvador ¿posible Proyecto de Ley de Reconciliación Nacional?
La propuesta de El Salvador es como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia, sala Constitucional, del 13julio 2016 que declaró la Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993[1]
El 13 mayo 2019 la Comisión Ad-hoc que oportunamente se creó en junio 2018[2] para estudiar la sentencia de la Sala de lo Constitucional respecto a la ley de amnistía, entregó un informe de sus actividades a Comisión Política. https://www.asamblea.gob.sv/node/8873 Contiene los resultados de 14 reuniones de trabajo, encuentros y consultaciones con diversas personalidades de mundo académicos, de derechos humanos, iglesias, justicias, https://www.asamblea.gob.sv/taxonomy/term/672
– Los constitucionalistas consultados doctores Enrique Borgo Bustamante, Enrique Argumedo y Fabio Castillo, https://www.asamblea.gob.sv/node/7595 manifestaron que:
“en materia penal jamás las leyes pueden ser retroactivas. El concepto de la amnistía es un concepto político, de oportunidad, de obtener algo que no se logró por la vía de las armas. Con ella lo que se pretende es obtener la paz social” (Enrique Borgo Bustamante)
“La amnistía rebasa los aspectos jurídicos y pasa al campo de lo histórico. Yo sugeriría que parte del trabajo de ustedes debe ser no analizar la sentencia, sino analizar el problema y dar una solución, una nueva ley de amnistía que no adoleciera de los vicios que dice la sala” (Fabio Castillo).
“conocer la verdad es importante; que haya justicia y reparación. Mi recomendación es que cumplan esto (con la sentencia de la Sala de lo Constitucional). Escojan un grupo de abogados que les elabore un proyecto de ley para que la Asamblea Legislativa cumpla con la sentencia” (Enrique Argumedo)
El 14 mayo 2019, se creó una subcomisión que “…deberá estudiar los insumos generados por la comisión ad hoc que estudió la sentencia emitida por la Sala mediante la cual se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General, y producir un anteproyecto de ley que garantice la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas del conflicto armado y no repetición a crímenes de lesa humanidad.” https://www.asamblea.gob.sv/node/8880
Los diputados de la subcomisión especial de la Asamblea acordaron este miércoles por la tarde enviar el informe del proyecto de “Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional” a la Comisión Política para que esta instancia decida si continúa estudiándola o emite dictamen favorable para que sea aprobada en la plenaria que se realizará el jueves por la tarde https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/diputados-preven-aprobar-este-jueves-la-ley-de-justicia-transicional-que-contempla-eximir-de-carcel-los-crimenes-de-guerra/605337/2019/
Rápidamente las ONG mal llamadas de derechos humanos se movilizaron para oponerse al proyecto, por ideología, porque no se conoce aún el texto final del proyecto y la CIDH declaró en un comunicado que « observa con preocupación la tramitación del proyecto de Ley de Reconciliación Nacional en El Salvador que contiene disposiciones contrarias a los derechos humanos » http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/123.asp Son estos aspectos que se critican porque la intervención de la CIDH pone en peligro la soberanía de los Estados, ya que no se trata de una medida de subsidiariedad ni de complementariedad.
Hoy jueves la Subcomisión presentará el proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional ante la Comisión Política para que ésta instancia analice, realice las observaciones necesarias al respecto y emita dictamenhttps://www.asamblea.gob.sv/node/8922 Paris, 23 mayo 2019. CasppaFrance
[1] Ley de Amnistía de 1993 file:///C:/Users/UTILIS~1/AppData/Local/Temp/DocumentosBoveda_D_2_1990-1999_1993_03_88871.PDF
[2] Se instala Comisión Ad hoc que estudiará las implicaciones de la sentencia de la Sala de lo Constitucional en la que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía 18junio2018 https://www.asamblea.gob.sv/node/7259
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Mayo 24, 2019