La población civil ha sido la más afectada por el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, en dos hechos recientes en el Cauca, los pobladores han repelido la acción de las Fuerzas Militares en las zonas donde operan bloques de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que abre interrogantes sobre las razones de esa respuesta. Los medios colombianos y las redes reportaron el pasado sábado que los habitantes del municipio caucano de Timba corrieron a la Policía y al Ejército, entre gritos e insultos. Previamente, había ocurrido un enfrentamiento entre un grupo de las disidencias de la extinta guerrilla y la Fuerza Pública, que dejó a un excombatiente muerto. Pero este no es el primer evento de este tipo que ocurre en este mes. El pasado 5 de noviembre, 200 soldados fueron retenidos por la comunidad campesina en el corregimiento de El Plateado, situado en el cañón de Micay, en el Cauca, supuestamente por coacción del grupo armado. Esta situación de orden público, que culminó con la liberación de los uniformados, causó la primera gran crisis del diálogo que apenas se había iniciado el 16 de octubre entre el Estado Mayor Central (EMC) del extinto grupo guerrillero y el Gobierno, y que ocurre cuando se cumplen ocho años del Acuerdo de paz entre una facción mayoritaria de las FARC y el Gobierno.

En el casco urbano de ese municipio del Cauca, una veintena de miembros del frente ‘Jaime Martínez’, que pertenece al EMC, atacaron con disparos de largo alcance a miembros del Batallón de Operaciones Terrestres N° 13, que realizan labores de seguridad con la Policía en el casco urbano del corregimiento. Mientras ocurría el intercambio de balas, la población de Timba expulsó a los uniformados del sitio entre insultos, según se evidencia en los videos que circulan en las redes sociales. Tras el enfrentamiento, Argemiro Fajardo Perdomo, firmante del Acuerdo de paz de 2016, resultó muerto por una bala perdida mientras se desplazaba en su motocicleta, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). En la zona donde ocurrió el combate fue incautada una camioneta donde iban tres miembros del frente armado y en la que se hallaron armas, una granada y material de guerra. Si bien el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha tenido como política el diálogo con los grupos armados –entre los que se encuentran principalmente las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)–, siempre ha mantenido la determinación de militarizar el cañón del Micay, que es una región caucana estratégica con salida al Pacífico. El mandatario ha dicho que allí se produce más del 70 % de la hoja de coca del Cauca, por lo que su estrategia militar, que se desarrolla desde junio pasado, apunta bloquear las salidas para las economías ilícitas y acabar con el asedio a la población, que está atrapada en medio de los enfrentamientos de los grupos armados por el control territorial.

Gustavo Petro ha hablado de las supuestas alianzas, basadas en pagos, que tendrían miembros de las FF.MM. con las organizaciones armadas irregulares, para permitirles ocupar ocupar el Cañón del Micay. El hecho de que más recientemente los habitantes hayan retenido o expulsado a la Fuerza Pública de sus comunidades pareciera apuntar a una manifestación del síndrome de Estocolmo, al preferir la presencia de una facción de las disidencias de las FARC. No obstante, aunque sería la respuesta más obvia, el Ejecutivo se ha referido a una posible “instrumentalización” de la población por parte de los grupos armados, bajo coacción y amenazas. Frente a la acusación del uso de civiles, ese grupo de las disidencias alega que el Ministerio de Defensa “viola el cese al fuego”, establecido el 16 de octubre, y que “el asedio contra las FARC-EP y población civil, dificulta avanzar en mesa, responsabilidad de los atacantes”. “No es instrumentalización es indignación”, se defendieron en una publicación en la plataforma X.

Sin embargo, la opinión de las autoridades va por el rumbo contrario. El jefe del Comando Específico del Cauca, Federico Mejía, sostiene que las disidencias ordenaron a la comunidad salir con banderas para sacar a los militares. Bajo su punto de vista, los habitantes de esa localidad son instrumentalizados “de manera periódica y permanente” por la estructura Jaime Martínez, por lo que se ven obligados a repeler a la Fuerza Pública para que los grupos armados sigan con sus actividades ilícitas. Por su parte, el director de la Policía, William Salamanca, pidió en un video institucional que la comunidad rodee a la autoridad. “Yo entiendo que están bajo la presión de estos grupos criminales, pero aquí seguiremos haciendo presencia porque estamos cumpliendo con la constitución”, aseveró. Debido a estos hechos, se hará un consejo de seguridad en ese municipio, que fue convocado por el Ejército, para determinar cuáles serán las acciones inmediatas.  Aunque el Gobierno anunció que retomará las conversaciones con el EMC, tras la crisis que representó la toma del cañón del Micay, este nuevo hecho en Timba vuelve a poner sobre la mesa la participación de civiles en un conflicto que mantiene el grupo armado con el Estado y las garantías de seguridad que tiene la población, atrapada en medio de distintos tipos de violencia.