“No deshonra a un hombre equivocarse. Lo que deshonra es persistir en el error”.
Benito Juárez
Milei
Atribuyen a Julio César, que habría acuñado la frase para justificar su divorcio de Pompeya, haber dicho que su mujer no sólo debía ser honesta sino parecerlo. Como he afirmado infinidad de veces desde el 10 de diciembre, aplaudo y apoyo decididamente a Javier Milei por la forma en que está actuando el Gobierno, ya que está alcanzando, con inusitada velocidad y pese a lo catastrófico de la herencia, éxitos notables en economía, defensa, seguridad y acción social, y en la permanente exhibición y denuncia de hechos y nichos de corrupción de las anteriores administraciones.
Cuneo Libarona
Pero ello no obsta para que me produzcan enorme escozor algunas decisiones que adopta. La primera, como he dicho en otras notas, fue la designación para ocupar el crucial cargo de Ministro de Justicia a Mariano Cúneo Libarona, un abogado penalista con máculas importantes en su pasado reciente (haber representado a connotados narcotraficantes y funcionarios corruptos). Si bien es correcto el argumento que ahora esgrime, en el sentido de que todos tienen derecho a una defensa letrada, no lo es menos que cada profesional tiene idéntica libertad para rechazarlos; para ello, el Estado dispone de un cuerpo de defensores públicos que asumen ese rol cuando un imputado carece de abogado particular, cualquiera fuera la razón.
Lijo
Esta semana, esa categoría de cuestionable llegó a un extremo más grave aún: la inexplicable propuesta del actual Juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. El vocero presidencial arguyó que contaba con gran experiencia en materia penal para justificar la decisión de Milei, pero el argumento cae por su propio peso cuando se sabe que hay multitud de profesionales intachables y con extensos pergaminos académicos con mejores cualidades que este extraño candidato, si lo que se hubiera buscado era llevar al máximo Tribunal un especialista en el tema.
Martínez Di Giorgi
Los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal, en especial los doce –muchos de ellos vacantes- que tienen su asiento en la Capital Federal, tienen un rol fundamental: de su decisión, revisable por la Cámara Federal de Apelaciones, depende que una causa llegue o no a juicio oral; en resumen, tienen el “pasa o no pasa” de las denuncias, con todo lo que ello implica en materia de permanentes y efectivas tentaciones. Algunos de los jueces que ocupan ese cargo son verdaderamente intachables y, por eso, sólo tienen un buen pasar, mientras que otros exhiben una riqueza injustificable, siempre producto de favores políticos o criminales. Como pueden “dormir” las causas durante años (Marcelo Martínez de Giorgi es un claro ejemplo de ese expertise), demoran su juzgamiento y permiten que accedan a la prescripción, equivalente a la impunidad más absoluta.
MayansCristina Fernández
Milei le está pidiendo a la sociedad que tenga paciencia y aguante el monumental ajuste que, tal como había dicho en campaña, está aplicando y que recae sobre las pymes y las clases media y baja con salarios formales. Pero los tragos tan amargos resultarían digeribles porque también la “casta” se vería perjudicada y, en gran medida, parece estar haciéndolo; por eso, no se entiende qué buscó con la proposición de Lijo, tal vez el mejor exponente de ella en la Justicia. Esa falta de visible razón da pábilo a sospechas y genera rumores acerca de algún pacto subterráneo con el kirchnerismo dado que, para la efectiva designación, se requiere del voto afirmativo de 48 senadores, una cifra imposible de alcanzar sin la aprobación de Cristina Fernández, que conserva una enorme influencia sobre los legisladores de su facción; ayer mismo, una de sus principales espadas, el Senador José Mayans, expresó su complacencia por la intención de cubrir la vacante en la Corte. Reconozcamos que suena raro.
RosattiRosencrantzMaqueda
El Presidente está pagando un enorme costo político con esta propuesta, una tonelada de barro que cayó sobre su impoluta imagen. Si lo hizo sólo para intentar subordinar a los tres ministros (Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda) que se niegan a actuar con la ductilidad que mostraba su colega Lorenzetti al tratar con la Casa Rosada cuando ejercía la Presidencia del cuerpo, no lo logrará, por mucho que haya jubilado anticipadamente (avisándole que no permitirá su permanencia cuando cumpla 75 años) al tercero de los antes mencionados.
García Mansilla
La otra posibilidad, claro, es que se busque compensar políticamente a la “casta”, con el ingreso de Lijos a la Corte, la conformidad simultánea para la designación de Manuel García-Mansilla, un constitucionalista intachable, que reemplazaría a Maqueda al cesar éste. Si bien creo que la política es el arte de la negociación, que se torna esencial cuando se carece de volumen numérico en el H° Aguantadero, me parece que el Tribunal supremo, árbitro de la constitucionalidad de las leyes y como tal necesariamente incuestionable y transparente, no debe ser un ámbito donde esas transacciones puedan llevarse a cabo, en especial en un Gobierno que, como vemos todos los días, se resiste siquiera a dialogar con la oposición para alcanzar sus objetivos legislativos.
VialeVillarruel
Por el bien de la República y de sus instituciones, espero que el Presidente dé marcha atrás y desista de cometer tamaño disparate, porque con una Justicia independiente, seria, rápida y limpia, todo será posible; sin ella, nada lo será. Concluyo felicitando a Victoria Villarruel, Vicepresidente de la Nación, por la forma en que se está desempeñando, plasmada en la entrevista que concedió a Joni Viale el jueves, que le permitió desmentir las especulaciones, emanadas de las múltiples usinas destituyentes afectadas por la liberación de la economía y las desregulaciones, acerca de su presunta intención de reemplazar a Milei en el sillón de Rivadavia.
La investigación sobre las visitas del juez Gustavo Hornos al ex presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada avanza ya que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi pidió los registros de ingresos y egresos de la Casa de Gobierno en el marco de una causa iniciada por Martín Soria antes de su llegada al Ministerio de Justicia y otros diputados del Frente de Todos. La Cámara Federal porteña había resuelto que el caso debía tramitar por separado de otra causa judicial en la que se investiga a una mesa judicial del gobierno anterior acusada de presionar a jueces y fiscales y que se encuentra más avanzada.
El pasado febrero, el ministro de justicia Martín Soria, Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade denunciaron a Hornos por haber mantenido al menos seis reuniones con Macri en la Casa de Gobierno. Se trata de encuentros entre el 22 de diciembre de 2015 hasta el 13 de agosto de 2018. Advirtieron que Hornos visitó a Mauricio Macri de manera contemporánea con el dictado de resoluciones clave, como una sentencia contra Cristina de Kirchner. Hicieron además una presentación en el Consejo de la Magistratura para que se investigue su conducta.
La denuncia desató una fuerte interna en el seno de la Casación donde varios colegas, entre ellos Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, reclamaron la renuncia de Hornos a la presidencia. También una carta que hizo pública la jueza María Servini, donde reclamó también el apartamiento de Hornos por cuestiones de decoro y dijo no sentirse representada por la actual conducción de Casación. En su último plenario de superintendencia, donde se reúnen los presidentes de las Salas y donde debía discutirse ese tema, no hubo alusiones.
Martin Soria había pedido inicialmente que los encuentros de Hornos y Macri debían investigarse en la causa de la mesa judicial que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y la jueza María Eugenia Capuchetti. Pero la Cámara Federal consideró que debía instruirse como una nueva causa, ya que el objeto de investigación era distinto al de las presiones a los jueces y a los fiscales.
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La fiscal María Alejandra Mangano al impulsar el caso pidió al juez Martínez de Giorgi solicitar los ingresos a la Casa Rosada, lo que fue ordenado por el magistrado. Hornos continúa siendo presidente del máximo tribunal penal federal del país y por ello el oficio se envió a su vicepresidente, Alejandro Slokar.
La decisión de Mangano, que trabaja junto al fiscal ante los tribunales orales Marcelo Colombo en la Procuraduría contra la Trata de Personas, representa una continuidad a lo que informó Ámbito en su edición de ayer respecto al sacudón que representó que Colombo solicitara como medidas de prueba adicional, previas al juicio del Memorándum con Irán, que se incorporaran también las visitas de Hornos. Lo hizo al solicitar a la Casa Militar los accesos a la Quinta de Olivos del camarista Mariano Borinsky, que a partir de un pedido de acceso a la información pública de Poder Ciudadano dieron cuenta de sucesivas visitas a reuniones con Macri. Además, el fiscal -que ordenó una audiencia oral donde podrá exponer Cristina de Kirchner- solicitó que se certifiquen los mensajes que estaban alojados en el celular del exsecretario presidencial Darío Nieto, en la causa de espionaje ilegal.
La biblia contra el calefón. El calefón no anda. ¿Interpretamos mal la ley? ¿Bostezamos mucho? Marcelo Martínez de Giorgi protagoniza un nuevo capítulo de “Cómo vivir en la Argentina y no morir en el intento”
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LOS GAUCHOS JODIDOS
El Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a cuatro usuarios de la red social Twitter que replicaron la frase desde sus cuentas personales. “Es una forma de repudiar ciertas políticas públicas”, consideró el magistrado, conocido por ser vapuleado por Hebe de Bonafini.
Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento a cuatro personas que retuitearon frases dirigidas al Presidente que declaraban “Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la Federal”, entre otras amenazas para nada riesgosas.
Una de las acusados había dicho en su defensa que esas palabras se escuchan habitualmente en canciones en las canchas y que nunca la entendió como una amenaza.
Los imputados que resultaron sobreseídos son Ignacio Izaguirre, Vanesa Noemi Lofeudo, Carla Alejandra Latorre y Juan José Nahuel Ortega. Todos habían publicado en Twitter frases dirigidas a Macri.
El juez consideró que “tales expresiones no tienen por finalidad anunciar un mal real o posible contra la figura del Presidente, sino que son una forma de manifestación en contra de ciertas circunstancias que acontecieron durante la administración que Mauricio Macri lleva a cabo en el país”.
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MALDITOS YANKEES
Un hombre de Nueva York fue arrestado el pasado mes de octubre por amenazar con asesinar y agredir a dos senadores de los EE. UU. por su apoyo al exitoso nombramiento de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema. El hombre, Ronald DeRisi, de 74 años, de Smithtown, Long Island, llamó por teléfono a sus oficinas en los estados de origen de los senadores, según una denuncia federal presentada contra él.
DeRisi se declaró culpable de un cargo de acoso agravado por parte del estado, que estaba relacionado con su repetición de llamar a la casa y la oficina de la víctima más de 15 veces en 2015 para dejar mensajes amenazadores. La nueva denuncia dice que DeRisi, a partir del 27 de septiembre, dejó más de 10 “mensajes de voz amenazantes” en las oficinas de los dos senadores con respecto a la entonces pendiente nominación de Kavanaugh. Aparentemente, las amenazas se hicieron para desalentar a los senadores de apoyar a Kavanaugh “y / o como represalia por haber votado para confirmar al juez Kavanaugh” más tarde, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, que está procesando el caso. La queja dice que DeRisi usó un teléfono celular prepago para hacer las llamadas amenazantes desde o alrededor de su casa.
Ronald DeRisi enfrenta hasta 10 años de prisión por los cargos
En momentos que el gobierno lanza su Plan Nacional Anticorrupción (2019-2023), que el presidente de la CSJN afirma que la justicia sufre una crisis de legitimidad y perdida confianza por parte de la sociedad, que la responsable de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso se niega a asumir sus deberes para los cuales fue designada por el Poder Ejecutivo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó el 15 abril pasado, entre numerosos procesamientos, la falta de merito al Sr. Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento, al « Declarar la falta de mérito para ordenar el procesamiento, así como también para sobreseer a Angel Jorge Antonio Calcaterra, de las restantes condiciones personales obrantes en el exordio, en orden a los hechos por los que fuera indagado y sin perjuicio de la prosecución de la investigación (artículo 309 del Código Procesal Penal) » https://www.cij.gov.ar/nota-34132-El-juez-Mart-nez-de-Giorgi-proces–a-Julio-De-Vido–Jos–L-pez–Ricardo-Jaime-y-otros-imputados-en-la-causa-por-el-soterramiento-del-tren-Sarmiento.html.
El juez federal De Giorgi, consideró que en relación al Sr. Calcaterra, hay : Ausencia de pruebas que avalen la sospecha. Expresó que en su imputación se le endilga haber ejercido un poder de representación de esas empresas en el expediente de la licitación y/o en reuniones en la Secretaría de Transporte, pero que existe una visible diferencia entre sobornar a un funcionario público mediante un circuito de empresas off shore y transferencias desde cuentas bancarias del exterior y el hecho de asistir a reuniones por cuestiones operativas y técnicas en un Ministerio Público. Que esa intervención nunca podría ser interpretada como un intento de direccionamiento.
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Calcaterra
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Martínez Di Giorgi
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Alonso
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Macri
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Esa extraňa esa decisión en un caso de corrupción con ramificaciones internacionales, donde la situación judicial del Sr Angelo Calcaterra frágil y confusa, merece una instrucción más profunda antes de confirmar una resolución que el juez no puede ignorar tiene un impacto en la sociedad nacional e internacional, sobretodo teniendo presente que actualmente el delito de corrupción es la vitrina de la Argentina a nivel mundial. Esperemos que los resultados de la prosecución de la investigación aporten satisfacción y justicia a las partes. Paris, 18 abril 2019. CasppaFrance.
El Poder Ejecutivo nacional -y el de la Provincia de Buenos Aires no se quedó atrás al promulgar la demencial ley que impide el cuestionamiento de un número dogmático, los 30.000 desaparecidos- pretendía obtener una actitud contemporizadora por parte de los organismos que nuclean (ya fue confesado por ellos mismos) a quienes reivindican el accionar de los terroristas de los 70’s y hasta pretenden traerlo al presente, mientras militan en el kirchnerismo tumbero.
Para justificar esta última afirmación basta recordar qué sucedió durante la manifestación del 24 de marzo de este mismo año en la Plaza de Mayo, donde fue leída una proclama, firmada por todas las organizaciones, en la que propusieron volver a las armas para derrocar al Presidente, al cual identificaron con la dictadura militar; las denuncias penales formuladas por sedición, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del crimen fueron rápidamente archivadas por el diligente Juez Marcelo Martínez de Giorgi, otro conspicuo inquilino de Comodoro Py, porque afectaban ¡el derecho a la libertad de expresión!
Durante dos años, el Gobierno creyó que, para conseguir la paz que buscaba, bastaba con su total prescindencia respecto al accionar del Poder Judicial colonizado y la completa inacción de la Secretaría de Derechos Humanos frente a la situación de los ancianos militares y civiles detenidos por presuntos crímenes de lesa humanidad, aguantar sin inmutarse los cortes de calles y caminos y la ocupación de los espacios públicos por encapuchados armados con palos y la absurda permisibilidad frente a la actual presencia de claros propaladores del odio y la violencia institucional en los medios de comunicación del propio Estado; esa inútil política de seducción incluyó cancelar cualquier esperada medida tendiente a la revisión de las írritas sentencias dictadas en los fraudulentos procesos de venganza, que mantienen casi dos mil presos políticos en las cárceles de todo el país.
Pero, en su inocencia, no se dio cuenta que ese terreno, el de los malversados derechos humanos, era el campo de batalla elegido por el perdidoso kirchnerismo y el “club del helicóptero” para continuar con su guerra abierta contra Mauricio Macri, la democracia y la República. Siguió tolerando, y subsidiando, las actividades desestabilizadoras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, de Horacio Verbitsky), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de Madres (Hebe Bonafini, quien el jueves pasado reiteró su incondicional apoyo a Cristina Elisabet Fernández) y Abuelas (Estela Carlotto) de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S., y hasta les permite la posesión de lugares y edificios emblemáticos que debieran pertenecer a toda la ciudadanía.
Pese a que ya había alterado el orden constitucional con sus acciones a favor de Milagro Salas, una política presa por la multiplicidad de delitos de los que se la acusa, y humillado con ello a la Justicia argentina, el Gobierno continuó contribuyendo financieramente al sostenimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ahora se ha sumado a la tergiversación (la “desaparición forzada” en manos de la Gendarmería) de los hechos comprobados en el caso de Santiago Maldonado, que encontró la muerte ahogándose en un río del sur, mientras acompañaba los actos terroristas de esa falsa etnia; y ello aún cuando la presencia en la CIDH de Raúl Zaffaroni garantiza su utilización como efectiva arma contra las instituciones argentinas.
El nuevo camino que ha comenzado a recorrer se vincula, qué menos se podía esperar, con el tema de los inventados mapuches que buscan la secesión de un territorio, no por casualidad de multimillonario valor y al que califican falsamente de ancestral, tanto de Argentina como de Chile; los movimientos indigenistas han sido elegidos también por el Foro de San Pablo como arietes contra los Estados y las democracias de América. El objetivo de la fábula construida con la desaparición temporal del tatuador y el descubrimiento de su cadáver intacto ha sido claro, ya que aún la familia y las organizaciones de izquierda nacionales e internacionales, contra toda evidencia, lo siguen utilizando para victimizarse y culpar al Gobierno, a la Ministro de Defensa (Patricia Bullrich) y a la Gendarmería por su supuesto asesinato.
En este tema en particular, y dada la segura influencia y el dinero de las FARC colombianas, de Sendero Luminoso peruano, de los colectivos chavistas y de las organizaciones terroristas chilenas en la región, la Justicia no podrá continuar con su aberrante política de reconocimiento fáctico de una soberanía -pedir permiso para ingresar y aceptar que los okupas palpen de armas a las fuerzas de seguridad- distinta a la nacional en las regiones afectadas por este fenómeno, porque está en juego la propia existencia del Estado que, por definición, debe velar por el cumplimiento de las leyes y por la integridad de su territorio.
Esta semana, la CIDH celebró en Montevideo su 165° período de sesiones. En ella, tanto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia cuanto el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV) fueron impedidos a gritos de participar, pese a haberse inscripto con los requisitos exigidos, y el Dr. Guillermo Fanego, un abogado defensor, fue expulsado con violencia de la sesión, todo ello con el aquiescente y permisivo silencio de las autoridades del cuerpo. Quedó probado así cuál es el rol que le ha asignado a este organismo de la O.E.A. el Foro de Pablo, es decir, un lugar en el que sólo la izquierda cerril, el falso progresismo y los regímenes cleptocráticos puedan tener voz.
Esa actitud, de neto corte stalinista, se consumó en presencia de Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos argentino, que recibió, de parte de Estela Carlotto, una puñalada trapera; esta también confesa dirigente kirchnerista acusó a nuestro Gobierno, ante una nutrida concurrencia regional, de abandonar la postura sesgada que se mantuvo durante toda la década saqueada y de llevar adelante una inexistente política que, de concretarse, simplemente permitiría que la protección alcanzara a todos los habitantes de la nación, en especial a aquéllos que lucharon con las armas legales contra la subversión y a las víctimas civiles del terrorismo, y no solamente a esos monumentalmente indemnizados y premiados “jóvenes idealistas”, que asolaron el país hace cuarenta años.
El viernes pasado, Mauricio Macri criticó a la Comisión diciendo que estaba operando sobre el caso Maldonado con “fines políticos”. ¡Era hora de que perdiera la inocencia y lo descubriera! Esperemos que, a partir de ese tardía toma de conciencia, proponga al Congreso que la Argentina deje de pertenecer a la CIDH, como lo hizo Donald Trump con la UNESCO, terminando así con la supremacía de las resoluciones de dicho organismo sobre nuestro Poder Judicial, ya que nuestra presencia en ella convalida la bastarda utilización de todos los escenarios, micrófonos y cámaras posibles para denostar y combatir contra el sistema democrático y republicano, ese que la Argentina y casi todos los países del continente han elegido para vivir.
Hoy tanto en el diario Página 12 como así en numerosos sitios, pudimos leer la convocatoria para el día de la mañana de un “escrache” a Ruben Alfredo Boan, quien fuera suboficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Debo decir que lo conocí y compartí espacio en el pabellón 19 de la U 31 de Ezeiza, hasta que una gravísima emergencia cardiológica, lo llevó a una compleja operación. Sobrevivió y le concedieron prisión domiciliaria, a la que se fue sosteniendo porfiadamente que con Macri “se terminaba el curro de los DDHH”. Hace nada más que 10 meses y a raíz de diferentes escraches que se llevaban a cabo a prisioneros con arresto domiciliario, publicamos la nota: “KRISTALLNACHT, ALEMANIA NAZI – Noviembre 1938 / ESCRACHES, ARGENTINA DEL CAMBIEMOS – Noviembre 2016”. En este breve lapso de tiempo se produjeron no pocos cambios en el país. Así adquirieron notoriedad presuntos mapuches, que toman “pacíficamente” un juzgado federal y hasta obligaron al titular del mismo y a una fiscal, a huir al terminar la jornada laboral, mientras recordaban a las madres de los funcionarios, sin que pase nada.
UN SOLO PP EN ARGENTINA
También supimos que lesionar 20 policías, causar daños por sumas millonarias en el centro porteño que pagaremos nosotros los pavotes y arrojar bombas molotov, con 48 escasas horas de arresto se supera el entuerto. Para ello está nuestro conocido juez federal cobardón Marcelo Martínez De Giorgi que no tiene prejuicio alguno de habilitar su juzgado un día domingo para mandarlos a su casa. Destacado lugar tiene “la única PP del país”, la señora Milagro Sala, quien con 56 jóvenes años de edad goza de una privilegiada y muy cara prisión domiciliaria.
Sus gastos también los pagaremos nosotros los pavotes, a pesar de lo cual la señora no está conforme. Si bien la lista de cambios es extensa, la terminaré con el broche de oro puesto por la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Elena Liberatori. Esta “sabiamente” afirmó que los querubines que tomaron más de 30 colegios, no permitiendo que haya clases, “están haciendo uso de sus derechos constitucionales”. Y cuidadito de hacer una denuncia policial por las tomas, ya que eso si es un acto muy ilegal. Los daños que queden al final de estas “usurpaciones”, con perdón de la palabra, a que no saben quién los pagará? Por supuesto nosotros los pavotes.
LOS QUE NO CAMBIAN
Los únicos que no cambian, excepto en caso de morir, son los adultos mayores prisioneros a como dé lugar por los mal llamados delitos de lesa humanidad. Salvo honrosas excepciones, se mantiene el silencio, la disciplina, el orden, no se escracha a nadie y ni hablar de decir ¡BASTA! a tanta iniquidad. Quien obtiene el mendrugo de amargo pan que es el arresto domiciliario, se da por conforme y en algunos casos pareciera que toca el cielo con las manos. Eso si ahora se podrá saber leyendo el diario, aunque este sea Página 12, que día y a qué hora vendrán por nosotros.
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ESCRACHE
El escrache en la Alemania nazi hacia los judíos o gitanos, en la Italia de Mussolini, hacia los no fascistas o los homosexuales, o en la España de Franco hacia los republicanos fatalmente vaticinaba sangre.
A Stalin -uno de los mayores asesinos seriales de la historia- le propusieron hacer escraches: “Usted piense, camarada, vamos a la vivienda de algún ruso blanco, o algún menchevique, y hacemos una pequeña manifestación, coreamos consignas, montamos un poco de ruido e informamos a los vecinos de que ahí vive un enemigo de la Revolución. En ocasiones, cuando la cosa se caldee, podríamos incluso… ¡Pegar carteles en el portal de la vivienda!”, insinuaba un “camarada”.
Pero ni Stalin se atrevió a llevar a cabo ese plan. Ni un tirano salvaje y paranoico como el georgiano, dispuesto a todo con tal de mantener el poder, se atrevería a hacer.
Una cosa -para el exterminador comunista- era exterminar a millones de seres humanos, y otra escrachar algo que le podía reportar propaganda abierta en su contra. Eso sólo se atreven a hacerlo en Argentina.
No sé quiénes son, ni a quiénes responden los que protagonizaron los actos de vandalismo en Plaza de Mayo durante la marcha por Santiago Maldonado. Lo que sí me parece pertinente es que, a los que arrojaron cascotes contra peatones y policías, antes que de “intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad” debe imputárselos por “homicidio en grado de tentativa”.
Cuando el sujeto activo, aun sin quererla expresamente, contempla la muerte del pasivo como probable resultado de su acción y, pese a lo cual, no desiste de su obrar, está aceptando aquel eventual resultado. Los cuarenta o más delincuentes que, de manera premeditada, encapuchados, arrojando piedras que portaban en sus mochilas y esgrimiendo palos atacaron por sorpresa a una señora y a un policía que se encontraban en la sede de Gendarmería Nacional procedieron conscientes del potencial resultado letal de sus acciones.
Lo mismo vale para los que lanzaron bombas molotov en la localidad de El Bolsón dejando un saldo de diez gendarmes heridos.
Y no es que haya mucho que investigar; a través de la televisión, millones fuimos testigos de los hechos en vivo y en directo.
Ni Pérez Esquivel, ni Estela Carlotto, ni Horacio Verbitsky, ni a las organizaciones que integran exigieron al juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, el cambio de carátula por “homicidio en grado de tentativa” ¿Es que los derechos humanos valen solo para los que militan en la izquierda? El esclarecimiento de la desaparición de Santiago Maldonado es imprescindible; mas, el camino hacia la verdad no pasa por cometer delitos en su nombre. Tampoco por la criminalización sistemática de las fuerzas legales lleva a buen puerto. Por el contrario, obra como eficiente estímulo para repetir viejas y sangrientas épocas que, por lo visto, no terminan de ser superadas.
Últimamente me estoy convenciendo que las instituciones de la Argentina, principalmente en aquellas en donde predominan los miembros del sexo masculino, han sido invadidas por algún imaginario virus de la cobardía. Así día a día se desdibujan las cualidades morales como el honor, el valor, la verdad, la camaradería, el fiel cumplimiento del deber, la ética y otros. Son reemplazados por la misma cobardía, la indignidad, la sumisión, la mentira, el egoísmo del “sálvese quien pueda” y otras numerosas actitudes detestables, atrás en el tiempo. Así a los miembros del poder judicial dejando de lado la Constitución y los Códigos, le llegó, la militancia, la obsecuencia y la tan mentada, ilegítima y vergonzante “política de estado”.
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Marcelo Martínez De Giorgi
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Juez Santiago Ulpiano Martínez
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Susana Arrechea
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CON LA DECLARACIÓN EN EL OR..
Uno de los destacados cultores de esa política, junto a muchos otros es el Juez Federal MARCELO MARTÍNEZ De GIORGI (1). ¿Lo recuerdan? Aquel que en agosto del 2016 pretendió indagar a la señora Hebe de Bonafini y esta hizo y logró lo que quiso, al tiempo que le recomendaba que se “metiera la declaración en el or…” (2). Hoy ese mismo juez al tener la causa de los 31 detenidos por los graves incidentes ocurridos al finalizar el día primero del corriente, o sea hace unas 36 horas, faltando 12 para cumplirse lo que establece la ley, habilitó el juzgado para recibirles declaración indagatoria. No importa que sea día domingo. La ley es sagrada y hay que cumplir con lo estatuido por el Código de Procedimiento Penal. Desde ya, solo en estos casos, en donde los militantes radicalizados se hacen oír por las buenas o por las malas. En el mío, otro semi togado (secretario con cargo de juez subrogante luego destituido), llamado ULPIANO MARTINEZ, gran obsecuente de los fiscales militantes Abel Córdoba, José Nebbia y Miguel Palazzani, luego de mi detención, tranquilamente se tomó 18 días. Así al término de los mismos pude declarar ante una empleada contratada por la Secretaria de Derechos Humanos llamada SUSANA ARRECHEA(3), como queda demostrada en la grabación de un diálogo telefónico que le hiciera. Esta dama en sucesivas oportunidades cada vez que pudo me cambió, lo que yo expresaba. “Justicia independiente”, gran burla de nuestro primer mandatario. Este y otros abusos verdaderamente criminales los he denunciado ante varios jueces, Concejo de la Magistratura, Ministerio de Justicia, Presidencia de la Nación, Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, Iglesia, Legisladores, y Comisión Interamericana de DDHH, para nada. Todos actuando vilmente fuera de la ley se hacen los ciegos, sordos y mudos, ya que “es política de estado” para con quienes estamos imputados por los mal llamados delitos de lesa humanidad. Más que evidente que la señora Bonafini y otras, como así estos 31 detenidos, obtienen resultados positivos, alzando la voz. Entonces sí son escuchados por los “honorables” funcionarios. Por supuesto también hay que destacar el apoyo de sus camaradas (4).
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Cristina Elisabet Fernández de Kirchner y César Gerardo Santos del Corazón de Jesús Milani
jueces provinciales de Jujuy, quienes insólitamente decretaron el arresto domiciliario “sui generis” a decir del primero, a Milagro Sala de CINCUENTA Y TRES años de edad y buena salud.
DANIEL HERRERA PIEDRABUENA
juez federal en la provincia de La Rioja, cajoneó la causa y mandó detener a César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, recién 14 meses después que este general kirchnerista pasara a retiro y su “jefa” dejara el gobierno.
FERNANDO LUIS POVIÑA
juez federal en la provincia de Tucumán, cajoneó la causa Ledo y lo procesó a César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani recién 15 meses después de su retiro, estando ya detenido por la causa de la provincia de La Rioja.
PEDRO CORNELIO FEDERICO HOOFT,
en el pasado estricto juez de la justicia ordinaria en Mar del Plata, fue falsamente imputado por delitos de lesa humanidad. Logró con influencias y buenos contactos probar su inocencia. En enero del corriente año, lo invité a no callar (5). Como hombre justo y de la justicia no podía ser cómplice del exterminio que se lleva a cabo. Respondió con el silencio.
Podría seguir dando ejemplos que son la muestra cabal de la cobardía a nivel institucional, pero si se detiene a pensar y observar, los podrá ver a diario en los medios de comunicaciones. Estos ahora nos hacen saber de la rápida libertad de los detenidos. Atrás quedan 20 policías heridos, daños por más de 6 millones de pesos (380.000 dólares) que pagaremos entre todos, y a esperar la próxima demostración de quien ganó la calle. ¿Esta será la herencia que se quiere dejar a quienes nos sucedan, en este territorio llamado Argentina al que tanto se pregona querer?
“Te doy un beso en la frente para que la conserves pura. Esa es tu herencia”.
Leandro N. Alem (1842-1896)
EN MEMORIA DE TODOS AQUELLOS PRISIONEROS ADULTOS MAYORES, QUE CON ILEGALES
PRISIONES PREVENTIVAS QUE VAN DE LOS 5 A LOS 10 O MAS AÑOS, SIN JUICIOS, SUFREN
Y MUEREN EN LAS CÁRCELES ARGENTINAS. PAÍS CUYOS HIPÓCRITAS DIRIGENTES
LO DEFINEN COMO DEMOCRÁTICO CON UNA “JUSTICIA INDEPENDIENTE”.
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1
Artículo 259 Código Penal de la Nación Argentina
Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año. (textual)
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2
¿Quién no escuchó alguna vez en su vida los cantos que escribiera don JOSÉ HERNANDEZ en el año 1872, cuando estaba proscripto por el entonces presidente de la Nación DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO?
La mujer de César
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por Enrique Guillermo Avogadro.
“No deshonra a un hombre equivocarse. Lo que deshonra es persistir en el error”.
Benito Juárez
Atribuyen a Julio César, que habría acuñado la frase para justificar su divorcio de Pompeya, haber dicho que su mujer no sólo debía ser honesta sino parecerlo. Como he afirmado infinidad de veces desde el 10 de diciembre, aplaudo y apoyo decididamente a Javier Milei por la forma en que está actuando el Gobierno, ya que está alcanzando, con inusitada velocidad y pese a lo catastrófico de la herencia, éxitos notables en economía, defensa, seguridad y acción social, y en la permanente exhibición y denuncia de hechos y nichos de corrupción de las anteriores administraciones.
Pero ello no obsta para que me produzcan enorme escozor algunas decisiones que adopta. La primera, como he dicho en otras notas, fue la designación para ocupar el crucial cargo de Ministro de Justicia a Mariano Cúneo Libarona, un abogado penalista con máculas importantes en su pasado reciente (haber representado a connotados narcotraficantes y funcionarios corruptos). Si bien es correcto el argumento que ahora esgrime, en el sentido de que todos tienen derecho a una defensa letrada, no lo es menos que cada profesional tiene idéntica libertad para rechazarlos; para ello, el Estado dispone de un cuerpo de defensores públicos que asumen ese rol cuando un imputado carece de abogado particular, cualquiera fuera la razón.
Esta semana, esa categoría de cuestionable llegó a un extremo más grave aún: la inexplicable propuesta del actual Juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. El vocero presidencial arguyó que contaba con gran experiencia en materia penal para justificar la decisión de Milei, pero el argumento cae por su propio peso cuando se sabe que hay multitud de profesionales intachables y con extensos pergaminos académicos con mejores cualidades que este extraño candidato, si lo que se hubiera buscado era llevar al máximo Tribunal un especialista en el tema.
Los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal, en especial los doce –muchos de ellos vacantes- que tienen su asiento en la Capital Federal, tienen un rol fundamental: de su decisión, revisable por la Cámara Federal de Apelaciones, depende que una causa llegue o no a juicio oral; en resumen, tienen el “pasa o no pasa” de las denuncias, con todo lo que ello implica en materia de permanentes y efectivas tentaciones. Algunos de los jueces que ocupan ese cargo son verdaderamente intachables y, por eso, sólo tienen un buen pasar, mientras que otros exhiben una riqueza injustificable, siempre producto de favores políticos o criminales. Como pueden “dormir” las causas durante años (Marcelo Martínez de Giorgi es un claro ejemplo de ese expertise), demoran su juzgamiento y permiten que accedan a la prescripción, equivalente a la impunidad más absoluta.
Milei le está pidiendo a la sociedad que tenga paciencia y aguante el monumental ajuste que, tal como había dicho en campaña, está aplicando y que recae sobre las pymes y las clases media y baja con salarios formales. Pero los tragos tan amargos resultarían digeribles porque también la “casta” se vería perjudicada y, en gran medida, parece estar haciéndolo; por eso, no se entiende qué buscó con la proposición de Lijo, tal vez el mejor exponente de ella en la Justicia. Esa falta de visible razón da pábilo a sospechas y genera rumores acerca de algún pacto subterráneo con el kirchnerismo dado que, para la efectiva designación, se requiere del voto afirmativo de 48 senadores, una cifra imposible de alcanzar sin la aprobación de Cristina Fernández, que conserva una enorme influencia sobre los legisladores de su facción; ayer mismo, una de sus principales espadas, el Senador José Mayans, expresó su complacencia por la intención de cubrir la vacante en la Corte. Reconozcamos que suena raro.
El Presidente está pagando un enorme costo político con esta propuesta, una tonelada de barro que cayó sobre su impoluta imagen. Si lo hizo sólo para intentar subordinar a los tres ministros (Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda) que se niegan a actuar con la ductilidad que mostraba su colega Lorenzetti al tratar con la Casa Rosada cuando ejercía la Presidencia del cuerpo, no lo logrará, por mucho que haya jubilado anticipadamente (avisándole que no permitirá su permanencia cuando cumpla 75 años) al tercero de los antes mencionados.
La otra posibilidad, claro, es que se busque compensar políticamente a la “casta”, con el ingreso de Lijos a la Corte, la conformidad simultánea para la designación de Manuel García-Mansilla, un constitucionalista intachable, que reemplazaría a Maqueda al cesar éste. Si bien creo que la política es el arte de la negociación, que se torna esencial cuando se carece de volumen numérico en el H° Aguantadero, me parece que el Tribunal supremo, árbitro de la constitucionalidad de las leyes y como tal necesariamente incuestionable y transparente, no debe ser un ámbito donde esas transacciones puedan llevarse a cabo, en especial en un Gobierno que, como vemos todos los días, se resiste siquiera a dialogar con la oposición para alcanzar sus objetivos legislativos.
Por el bien de la República y de sus instituciones, espero que el Presidente dé marcha atrás y desista de cometer tamaño disparate, porque con una Justicia independiente, seria, rápida y limpia, todo será posible; sin ella, nada lo será. Concluyo felicitando a Victoria Villarruel, Vicepresidente de la Nación, por la forma en que se está desempeñando, plasmada en la entrevista que concedió a Joni Viale el jueves, que le permitió desmentir las especulaciones, emanadas de las múltiples usinas destituyentes afectadas por la liberación de la economía y las desregulaciones, acerca de su presunta intención de reemplazar a Milei en el sillón de Rivadavia.
— Enrique Guillermo Avogadro Abogado Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401 Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003 Cel. en Brasil (+5521) 98128 7896 E.mail: ega1@avogadro.com.ar E.mail: ega1avogadro@gmail.com Site: www.avogadro.com.ar Blog: http://egavogadro.blogspot.com Facebook: Enrique Guillermo Avogadro Twitter: @egavogadro
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marzo 22, 2024
La Complicada situación del Juez Gustavo Hornos
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La investigación sobre las visitas del juez Gustavo Hornos al ex presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada avanza ya que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi pidió los registros de ingresos y egresos de la Casa de Gobierno en el marco de una causa iniciada por Martín Soria antes de su llegada al Ministerio de Justicia y otros diputados del Frente de Todos. La Cámara Federal porteña había resuelto que el caso debía tramitar por separado de otra causa judicial en la que se investiga a una mesa judicial del gobierno anterior acusada de presionar a jueces y fiscales y que se encuentra más avanzada.
El pasado febrero, el ministro de justicia Martín Soria, Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade denunciaron a Hornos por haber mantenido al menos seis reuniones con Macri en la Casa de Gobierno. Se trata de encuentros entre el 22 de diciembre de 2015 hasta el 13 de agosto de 2018. Advirtieron que Hornos visitó a Mauricio Macri de manera contemporánea con el dictado de resoluciones clave, como una sentencia contra Cristina de Kirchner. Hicieron además una presentación en el Consejo de la Magistratura para que se investigue su conducta.
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[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth] [/ezcol_1fifth] [ezcol_2fifth_end]La denuncia desató una fuerte interna en el seno de la Casación donde varios colegas, entre ellos Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, reclamaron la renuncia de Hornos a la presidencia. También una carta que hizo pública la jueza María Servini, donde reclamó también el apartamiento de Hornos por cuestiones de decoro y dijo no sentirse representada por la actual conducción de Casación. En su último plenario de superintendencia, donde se reúnen los presidentes de las Salas y donde debía discutirse ese tema, no hubo alusiones.
Martin Soria había pedido inicialmente que los encuentros de Hornos y Macri debían investigarse en la causa de la mesa judicial que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y la jueza María Eugenia Capuchetti. Pero la Cámara Federal consideró que debía instruirse como una nueva causa, ya que el objeto de investigación era distinto al de las presiones a los jueces y a los fiscales.
[/ezcol_2fifth_end]La fiscal María Alejandra Mangano al impulsar el caso pidió al juez Martínez de Giorgi solicitar los ingresos a la Casa Rosada, lo que fue ordenado por el magistrado. Hornos continúa siendo presidente del máximo tribunal penal federal del país y por ello el oficio se envió a su vicepresidente, Alejandro Slokar.
La decisión de Mangano, que trabaja junto al fiscal ante los tribunales orales Marcelo Colombo en la Procuraduría contra la Trata de Personas, representa una continuidad a lo que informó Ámbito en su edición de ayer respecto al sacudón que representó que Colombo solicitara como medidas de prueba adicional, previas al juicio del Memorándum con Irán, que se incorporaran también las visitas de Hornos. Lo hizo al solicitar a la Casa Militar los accesos a la Quinta de Olivos del camarista Mariano Borinsky, que a partir de un pedido de acceso a la información pública de Poder Ciudadano dieron cuenta de sucesivas visitas a reuniones con Macri. Además, el fiscal -que ordenó una audiencia oral donde podrá exponer Cristina de Kirchner- solicitó que se certifiquen los mensajes que estaban alojados en el celular del exsecretario presidencial Darío Nieto, en la causa de espionaje ilegal.
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Junio 9, 2021
¿Pagar las consecuencias o poner la otra mejilla?
La biblia contra el calefón. El calefón no anda. ¿Interpretamos mal la ley? ¿Bostezamos mucho? Marcelo Martínez de Giorgi protagoniza un nuevo capítulo de “Cómo vivir en la Argentina y no morir en el intento”
[ezcol_1half]LOS GAUCHOS JODIDOS
El Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a cuatro usuarios de la red social Twitter que replicaron la frase desde sus cuentas personales. “Es una forma de repudiar ciertas políticas públicas”, consideró el magistrado, conocido por ser vapuleado por Hebe de Bonafini.
Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento a cuatro personas que retuitearon frases dirigidas al Presidente que declaraban “Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la Federal”, entre otras amenazas para nada riesgosas.
Una de las acusados había dicho en su defensa que esas palabras se escuchan habitualmente en canciones en las canchas y que nunca la entendió como una amenaza.
Los imputados que resultaron sobreseídos son Ignacio Izaguirre, Vanesa Noemi Lofeudo, Carla Alejandra Latorre y Juan José Nahuel Ortega. Todos habían publicado en Twitter frases dirigidas a Macri.
El juez consideró que “tales expresiones no tienen por finalidad anunciar un mal real o posible contra la figura del Presidente, sino que son una forma de manifestación en contra de ciertas circunstancias que acontecieron durante la administración que Mauricio Macri lleva a cabo en el país”.
MALDITOS YANKEES
Un hombre de Nueva York fue arrestado el pasado mes de octubre por amenazar con asesinar y agredir a dos senadores de los EE. UU. por su apoyo al exitoso nombramiento de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema. El hombre, Ronald DeRisi, de 74 años, de Smithtown, Long Island, llamó por teléfono a sus oficinas en los estados de origen de los senadores, según una denuncia federal presentada contra él.
DeRisi se declaró culpable de un cargo de acoso agravado por parte del estado, que estaba relacionado con su repetición de llamar a la casa y la oficina de la víctima más de 15 veces en 2015 para dejar mensajes amenazadores. La nueva denuncia dice que DeRisi, a partir del 27 de septiembre, dejó más de 10 “mensajes de voz amenazantes” en las oficinas de los dos senadores con respecto a la entonces pendiente nominación de Kavanaugh. Aparentemente, las amenazas se hicieron para desalentar a los senadores de apoyar a Kavanaugh “y / o como represalia por haber votado para confirmar al juez Kavanaugh” más tarde, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, que está procesando el caso. La queja dice que DeRisi usó un teléfono celular prepago para hacer las llamadas amenazantes desde o alrededor de su casa.
Ronald DeRisi enfrenta hasta 10 años de prisión por los cargos
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Abril 24, 2019
Primera decisión judicial favorable para el primo del Presidente Macri
El juez federal De Giorgi, consideró que en relación al Sr. Calcaterra, hay : Ausencia de pruebas que avalen la sospecha. Expresó que en su imputación se le endilga haber ejercido un poder de representación de esas empresas en el expediente de la licitación y/o en reuniones en la Secretaría de Transporte, pero que existe una visible diferencia entre sobornar a un funcionario público mediante un circuito de empresas off shore y transferencias desde cuentas bancarias del exterior y el hecho de asistir a reuniones por cuestiones operativas y técnicas en un Ministerio Público. Que esa intervención nunca podría ser interpretada como un intento de direccionamiento.
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Calcaterra
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Martínez Di Giorgi
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Alonso
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Macri
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Esa extraňa esa decisión en un caso de corrupción con ramificaciones internacionales, donde la situación judicial del Sr Angelo Calcaterra frágil y confusa, merece una instrucción más profunda antes de confirmar una resolución que el juez no puede ignorar tiene un impacto en la sociedad nacional e internacional, sobretodo teniendo presente que actualmente el delito de corrupción es la vitrina de la Argentina a nivel mundial. Esperemos que los resultados de la prosecución de la investigación aporten satisfacción y justicia a las partes. Paris, 18 abril 2019. CasppaFrance.
https://www.casppafrance.org/
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Abril 18, 2019
Inocencia Perdida
Por Enrique Guillermo Avogadro.
“Yo os envío, como ovejas en medio de los lobos”.
Mateo 10:16
El Poder Ejecutivo nacional -y el de la Provincia de Buenos Aires no se quedó atrás al promulgar la demencial ley que impide el cuestionamiento de un número dogmático, los 30.000 desaparecidos- pretendía obtener una actitud contemporizadora por parte de los organismos que nuclean (ya fue confesado por ellos mismos) a quienes reivindican el accionar de los terroristas de los 70’s y hasta pretenden traerlo al presente, mientras militan en el kirchnerismo tumbero.
Para justificar esta última afirmación basta recordar qué sucedió durante la manifestación del 24 de marzo de este mismo año en la Plaza de Mayo, donde fue leída una proclama, firmada por todas las organizaciones, en la que propusieron volver a las armas para derrocar al Presidente, al cual identificaron con la dictadura militar; las denuncias penales formuladas por sedición, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del crimen fueron rápidamente archivadas por el diligente Juez Marcelo Martínez de Giorgi, otro conspicuo inquilino de Comodoro Py, porque afectaban ¡el derecho a la libertad de expresión!
Durante dos años, el Gobierno creyó que, para conseguir la paz que buscaba, bastaba con su total prescindencia respecto al accionar del Poder Judicial colonizado y la completa inacción de la Secretaría de Derechos Humanos frente a la situación de los ancianos militares y civiles detenidos por presuntos crímenes de lesa humanidad, aguantar sin inmutarse los cortes de calles y caminos y la ocupación de los espacios públicos por encapuchados armados con palos y la absurda permisibilidad frente a la actual presencia de claros propaladores del odio y la violencia institucional en los medios de comunicación del propio Estado; esa inútil política de seducción incluyó cancelar cualquier esperada medida tendiente a la revisión de las írritas sentencias dictadas en los fraudulentos procesos de venganza, que mantienen casi dos mil presos políticos en las cárceles de todo el país.
Pero, en su inocencia, no se dio cuenta que ese terreno, el de los malversados derechos humanos, era el campo de batalla elegido por el perdidoso kirchnerismo y el “club del helicóptero” para continuar con su guerra abierta contra Mauricio Macri, la democracia y la República. Siguió tolerando, y subsidiando, las actividades desestabilizadoras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, de Horacio Verbitsky), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de Madres (Hebe Bonafini, quien el jueves pasado reiteró su incondicional apoyo a Cristina Elisabet Fernández) y Abuelas (Estela Carlotto) de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S., y hasta les permite la posesión de lugares y edificios emblemáticos que debieran pertenecer a toda la ciudadanía.
Pese a que ya había alterado el orden constitucional con sus acciones a favor de Milagro Salas, una política presa por la multiplicidad de delitos de los que se la acusa, y humillado con ello a la Justicia argentina, el Gobierno continuó contribuyendo financieramente al sostenimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ahora se ha sumado a la tergiversación (la “desaparición forzada” en manos de la Gendarmería) de los hechos comprobados en el caso de Santiago Maldonado, que encontró la muerte ahogándose en un río del sur, mientras acompañaba los actos terroristas de esa falsa etnia; y ello aún cuando la presencia en la CIDH de Raúl Zaffaroni garantiza su utilización como efectiva arma contra las instituciones argentinas.
El nuevo camino que ha comenzado a recorrer se vincula, qué menos se podía esperar, con el tema de los inventados mapuches que buscan la secesión de un territorio, no por casualidad de multimillonario valor y al que califican falsamente de ancestral, tanto de Argentina como de Chile; los movimientos indigenistas han sido elegidos también por el Foro de San Pablo como arietes contra los Estados y las democracias de América. El objetivo de la fábula construida con la desaparición temporal del tatuador y el descubrimiento de su cadáver intacto ha sido claro, ya que aún la familia y las organizaciones de izquierda nacionales e internacionales, contra toda evidencia, lo siguen utilizando para victimizarse y culpar al Gobierno, a la Ministro de Defensa (Patricia Bullrich) y a la Gendarmería por su supuesto asesinato.
En este tema en particular, y dada la segura influencia y el dinero de las FARC colombianas, de Sendero Luminoso peruano, de los colectivos chavistas y de las organizaciones terroristas chilenas en la región, la Justicia no podrá continuar con su aberrante política de reconocimiento fáctico de una soberanía -pedir permiso para ingresar y aceptar que los okupas palpen de armas a las fuerzas de seguridad- distinta a la nacional en las regiones afectadas por este fenómeno, porque está en juego la propia existencia del Estado que, por definición, debe velar por el cumplimiento de las leyes y por la integridad de su territorio.
Esta semana, la CIDH celebró en Montevideo su 165° período de sesiones. En ella, tanto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia cuanto el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV) fueron impedidos a gritos de participar, pese a haberse inscripto con los requisitos exigidos, y el Dr. Guillermo Fanego, un abogado defensor, fue expulsado con violencia de la sesión, todo ello con el aquiescente y permisivo silencio de las autoridades del cuerpo. Quedó probado así cuál es el rol que le ha asignado a este organismo de la O.E.A. el Foro de Pablo, es decir, un lugar en el que sólo la izquierda cerril, el falso progresismo y los regímenes cleptocráticos puedan tener voz.
Esa actitud, de neto corte stalinista, se consumó en presencia de Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos argentino, que recibió, de parte de Estela Carlotto, una puñalada trapera; esta también confesa dirigente kirchnerista acusó a nuestro Gobierno, ante una nutrida concurrencia regional, de abandonar la postura sesgada que se mantuvo durante toda la década saqueada y de llevar adelante una inexistente política que, de concretarse, simplemente permitiría que la protección alcanzara a todos los habitantes de la nación, en especial a aquéllos que lucharon con las armas legales contra la subversión y a las víctimas civiles del terrorismo, y no solamente a esos monumentalmente indemnizados y premiados “jóvenes idealistas”, que asolaron el país hace cuarenta años.
El viernes pasado, Mauricio Macri criticó a la Comisión diciendo que estaba operando sobre el caso Maldonado con “fines políticos”. ¡Era hora de que perdiera la inocencia y lo descubriera! Esperemos que, a partir de ese tardía toma de conciencia, proponga al Congreso que la Argentina deje de pertenecer a la CIDH, como lo hizo Donald Trump con la UNESCO, terminando así con la supremacía de las resoluciones de dicho organismo sobre nuestro Poder Judicial, ya que nuestra presencia en ella convalida la bastarda utilización de todos los escenarios, micrófonos y cámaras posibles para denostar y combatir contra el sistema democrático y republicano, ese que la Argentina y casi todos los países del continente han elegido para vivir.
Enrique Guillermo Avogadro
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 1, 2017
LOS ESCRACHES. Estamos cambiando.
ESTAMOS CAMBIANDO
[ezcol_1half]LOS ESCRACHES
UN SOLO PP EN ARGENTINA
También supimos que lesionar 20 policías, causar daños por sumas millonarias en el centro porteño que pagaremos nosotros los pavotes y arrojar bombas molotov, con 48 escasas horas de arresto se supera el entuerto. Para ello está nuestro conocido juez federal cobardón Marcelo Martínez De Giorgi que no tiene prejuicio alguno de habilitar su juzgado un día domingo para mandarlos a su casa. Destacado lugar tiene “la única PP del país”, la señora Milagro Sala, quien con 56 jóvenes años de edad goza de una privilegiada y muy cara prisión domiciliaria.
Sus gastos también los pagaremos nosotros los pavotes, a pesar de lo cual la señora no está conforme. Si bien la lista de cambios es extensa, la terminaré con el broche de oro puesto por la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Elena Liberatori. Esta “sabiamente” afirmó que los querubines que tomaron más de 30 colegios, no permitiendo que haya clases, “están haciendo uso de sus derechos constitucionales”. Y cuidadito de hacer una denuncia policial por las tomas, ya que eso si es un acto muy ilegal. Los daños que queden al final de estas “usurpaciones”, con perdón de la palabra, a que no saben quién los pagará? Por supuesto nosotros los pavotes.
LOS QUE NO CAMBIAN
Los únicos que no cambian, excepto en caso de morir, son los adultos mayores prisioneros a como dé lugar por los mal llamados delitos de lesa humanidad. Salvo honrosas excepciones, se mantiene el silencio, la disciplina, el orden, no se escracha a nadie y ni hablar de decir ¡BASTA! a tanta iniquidad. Quien obtiene el mendrugo de amargo pan que es el arresto domiciliario, se da por conforme y en algunos casos pareciera que toca el cielo con las manos. Eso si ahora se podrá saber leyendo el diario, aunque este sea Página 12, que día y a qué hora vendrán por nosotros.
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]ESCRACHE
A Stalin -uno de los mayores asesinos seriales de la historia- le propusieron hacer escraches: “Usted piense, camarada, vamos a la vivienda de algún ruso blanco, o algún menchevique, y hacemos una pequeña manifestación, coreamos consignas, montamos un poco de ruido e informamos a los vecinos de que ahí vive un enemigo de la Revolución. En ocasiones, cuando la cosa se caldee, podríamos incluso… ¡Pegar carteles en el portal de la vivienda!”, insinuaba un “camarada”.
Pero ni Stalin se atrevió a llevar a cabo ese plan. Ni un tirano salvaje y paranoico como el georgiano, dispuesto a todo con tal de mantener el poder, se atrevería a hacer.
Una cosa -para el exterminador comunista- era exterminar a millones de seres humanos, y otra escrachar algo que le podía reportar propaganda abierta en su contra. Eso sólo se atreven a hacerlo en Argentina.
Septiembre 22, 2017
[/ezcol_1half_end]Malcolm X (1925-1965)
[ezcol_1half] [/ezcol_1half] [ezcol_1half_end] [/ezcol_1half_end]
El retorno de la barbarie
,
Por Mauricio Ortín.
No sé quiénes son, ni a quiénes responden los que protagonizaron los actos de vandalismo en Plaza de Mayo durante la marcha por Santiago Maldonado. Lo que sí me parece pertinente es que, a los que arrojaron cascotes contra peatones y policías, antes que de “intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad” debe imputárselos por “homicidio en grado de tentativa”.
Cuando el sujeto activo, aun sin quererla expresamente, contempla la muerte del pasivo como probable resultado de su acción y, pese a lo cual, no desiste de su obrar, está aceptando aquel eventual resultado. Los cuarenta o más delincuentes que, de manera premeditada, encapuchados, arrojando piedras que portaban en sus mochilas y esgrimiendo palos atacaron por sorpresa a una señora y a un policía que se encontraban en la sede de Gendarmería Nacional procedieron conscientes del potencial resultado letal de sus acciones.
Lo mismo vale para los que lanzaron bombas molotov en la localidad de El Bolsón dejando un saldo de diez gendarmes heridos.
Y no es que haya mucho que investigar; a través de la televisión, millones fuimos testigos de los hechos en vivo y en directo.
Ni Pérez Esquivel, ni Estela Carlotto, ni Horacio Verbitsky, ni a las organizaciones que integran exigieron al juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, el cambio de carátula por “homicidio en grado de tentativa” ¿Es que los derechos humanos valen solo para los que militan en la izquierda? El esclarecimiento de la desaparición de Santiago Maldonado es imprescindible; mas, el camino hacia la verdad no pasa por cometer delitos en su nombre. Tampoco por la criminalización sistemática de las fuerzas legales lleva a buen puerto. Por el contrario, obra como eficiente estímulo para repetir viejas y sangrientas épocas que, por lo visto, no terminan de ser superadas.
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 9, 2017
LOS JUECES COBARDONES
Por Claudio Kussman.
MARCELO MARTÍNEZ De GIORGI
Últimamente me estoy convenciendo que las instituciones de la Argentina, principalmente en aquellas en donde predominan los miembros del sexo masculino, han sido invadidas por algún imaginario virus de la cobardía. Así día a día se desdibujan las cualidades morales como el honor, el valor, la verdad, la camaradería, el fiel cumplimiento del deber, la ética y otros. Son reemplazados por la misma cobardía, la indignidad, la sumisión, la mentira, el egoísmo del “sálvese quien pueda” y otras numerosas actitudes detestables, atrás en el tiempo. Así a los miembros del poder judicial dejando de lado la Constitución y los Códigos, le llegó, la militancia, la obsecuencia y la tan mentada, ilegítima y vergonzante “política de estado”.
[ezcol_1third]Marcelo Martínez De Giorgi
[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Juez Santiago Ulpiano Martínez
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Susana Arrechea
[/ezcol_1third_end]CON LA DECLARACIÓN EN EL OR..
Uno de los destacados cultores de esa política, junto a muchos otros es el Juez Federal MARCELO MARTÍNEZ De GIORGI (1). ¿Lo recuerdan? Aquel que en agosto del 2016 pretendió indagar a la señora Hebe de Bonafini y esta hizo y logró lo que quiso, al tiempo que le recomendaba que se “metiera la declaración en el or…” (2). Hoy ese mismo juez al tener la causa de los 31 detenidos por los graves incidentes ocurridos al finalizar el día primero del corriente, o sea hace unas 36 horas, faltando 12 para cumplirse lo que establece la ley, habilitó el juzgado para recibirles declaración indagatoria. No importa que sea día domingo. La ley es sagrada y hay que cumplir con lo estatuido por el Código de Procedimiento Penal. Desde ya, solo en estos casos, en donde los militantes radicalizados se hacen oír por las buenas o por las malas. En el mío, otro semi togado (secretario con cargo de juez subrogante luego destituido), llamado ULPIANO MARTINEZ, gran obsecuente de los fiscales militantes Abel Córdoba, José Nebbia y Miguel Palazzani, luego de mi detención, tranquilamente se tomó 18 días. Así al término de los mismos pude declarar ante una empleada contratada por la Secretaria de Derechos Humanos llamada SUSANA ARRECHEA (3), como queda demostrada en la grabación de un diálogo telefónico que le hiciera. Esta dama en sucesivas oportunidades cada vez que pudo me cambió, lo que yo expresaba. “Justicia independiente”, gran burla de nuestro primer mandatario. Este y otros abusos verdaderamente criminales los he denunciado ante varios jueces, Concejo de la Magistratura, Ministerio de Justicia, Presidencia de la Nación, Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, Iglesia, Legisladores, y Comisión Interamericana de DDHH, para nada. Todos actuando vilmente fuera de la ley se hacen los ciegos, sordos y mudos, ya que “es política de estado” para con quienes estamos imputados por los mal llamados delitos de lesa humanidad. Más que evidente que la señora Bonafini y otras, como así estos 31 detenidos, obtienen resultados positivos, alzando la voz. Entonces sí son escuchados por los “honorables” funcionarios. Por supuesto también hay que destacar el apoyo de sus camaradas (4).
[ezcol_1third]Cristina Elisabet Fernández de Kirchner y César Gerardo Santos del Corazón de Jesús Milani
[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Fiscales Palazzani, Córdoba y Nebbia
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]
[/ezcol_1third_end]MÁS COBARDONES
PULLEN LLERMANOS Y GASTÓN MARCAU
[ezcol_1half]jueces provinciales de Jujuy, quienes insólitamente decretaron el arresto domiciliario “sui generis” a decir del primero, a Milagro Sala de CINCUENTA Y TRES años de edad y buena salud.
DANIEL HERRERA PIEDRABUENA
juez federal en la provincia de La Rioja, cajoneó la causa y mandó detener a César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, recién 14 meses después que este general kirchnerista pasara a retiro y su “jefa” dejara el gobierno.
FERNANDO LUIS POVIÑA
juez federal en la provincia de Tucumán, cajoneó la causa Ledo y lo procesó a César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani recién 15 meses después de su retiro, estando ya detenido por la causa de la provincia de La Rioja.
PEDRO CORNELIO FEDERICO HOOFT,
en el pasado estricto juez de la justicia ordinaria en Mar del Plata, fue falsamente imputado por delitos de lesa humanidad. Logró con influencias y buenos contactos probar su inocencia. En enero del corriente año, lo invité a no callar (5). Como hombre justo y de la justicia no podía ser cómplice del exterminio que se lleva a cabo. Respondió con el silencio.
Podría seguir dando ejemplos que son la muestra cabal de la cobardía a nivel institucional, pero si se detiene a pensar y observar, los podrá ver a diario en los medios de comunicaciones. Estos ahora nos hacen saber de la rápida libertad de los detenidos. Atrás quedan 20 policías heridos, daños por más de 6 millones de pesos (380.000 dólares) que pagaremos entre todos, y a esperar la próxima demostración de quien ganó la calle. ¿Esta será la herencia que se quiere dejar a quienes nos sucedan, en este territorio llamado Argentina al que tanto se pregona querer?
Claudio Kussman
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Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
@PrisioneroA
Septiembre 03, 2017
EN MEMORIA DE TODOS AQUELLOS PRISIONEROS ADULTOS MAYORES, QUE CON ILEGALES
PRISIONES PREVENTIVAS QUE VAN DE LOS 5 A LOS 10 O MAS AÑOS, SIN JUICIOS, SUFREN
Y MUEREN EN LAS CÁRCELES ARGENTINAS. PAÍS CUYOS HIPÓCRITAS DIRIGENTES
LO DEFINEN COMO DEMOCRÁTICO CON UNA “JUSTICIA INDEPENDIENTE”.
[ezcol_1fifth]
1
Artículo 259 Código Penal de la Nación Argentina
Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año. (textual)
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]2
¿Quién no escuchó alguna vez en su vida los cantos que escribiera don JOSÉ HERNANDEZ en el año 1872, cuando estaba proscripto por el entonces presidente de la Nación DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO?
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[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]4
Hoy domingo cientos de personas se concentraron frente a Comodoro Py en apoyo a los 31 detenidos que son indagados. Un ejemplo de camaradería no?
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth_end].
[/ezcol_1fifth_end]PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 3, 2017