Antes de analizar el porqué de este dicho, que son amantes eternos de la ilegalidad, debo hacer la salvedad que existen honrosas excepciones, que indudablemente no son los políticos que rigen los destinos del país, que nos llevan inexorablemente hacia el abismo, como un carro con caballos desbocados y sin conductor.
Es una vergüenza, que consideremos que “LO MAS ES LO MEJOR”, y en ese error basamos siempre nuestros fundamentos, en vez de fijarnos en la excelencia de lo que es correcto, y no en la excelencia de lo que conveniente para los políticos y hace 10 años los destinos de la Nación, también están en manos de una Justicia Corrupta (Justicia Legítima) que viene navegando en un rio de total ilegalidad, apoyada por “LOS ARGENTINOS AMANTES ETERNOS DE LA HIPOCRESÍA Y DE LA ILEGALIDAD”.
Claro está que “el pueblo no gobierna, ni delibera sino por medio de sus representantes”, lo que podría suponerse que nuestros males son por culpa exclusiva de nuestros representantes, una linda manera de sacarse la verdadera responsabilidad, por eso permítanme recordarles que nosotros votamos esos representantes, y luego aceptamos como cordero que va a ser degollado, las aberrantes maquinaciones de los tres poderes del Estado, para empobrecer, embrutecer y así esclavizar al pueblo que confió en ellos.
Entrando en tema voy a tratar de ser lo más claro y sencillo para que todo aquel que quiera leerlo pueda entenderlo y así sacar sus propias conclusiones.
Nuestra historia está plagada de violaciones a las leyes desde el mismo 25 de Mayo de 1810, hasta nuestro días, solo voy a tomar y en forma muy escueta desde la primer presidencia de Perón hasta nuestros días.
Todos sabemos, o al menos eso supongo, como llegó Perón a la presidencia de la Nación, lo que ignoramos o queremos ignorar, es que Perón desde que pudo participó en cuanto golpe militar existiera, es decir siempre estaba dispuesto a violar las leyes, tanto militares como la Constitución Nacional que lo regían, así que indudablemente quien es un asiduo violador del derecho que debe cumplir, no va a cambiar cuando tome el poder, y con el poder en la mano se va a dedicar a violar las leyes a fin de perpetuarse ilegalmente en el poder, y sin embargo este personaje fue elegido en tres oportunidades por este pueblo amante de la ilegalidad.
Recordemos en sus dos primeros gobiernos, la quema de iglesias, los jefes políticos por manzana, la persecución de todo el que no sea peronista, la cesantía de todo empleado público que no se colocaron el luto a la muerte de Eva Duarte, es decir de su esposa, la desaparición de todo el oro que recibió al asumir la primera presidencia, la compra de los servicios por su sumas millonarias(Trenes, otras muchas que a los dos años hubieran pasado sin pagar un centavo, por vencerse los contratos y franquicias) etc.
Luego comienza a surgir, ya en el año 1959 en total ilegalidad las organizaciones terroristas, y en el año 1964 en el gobierno de ILLIA en el Congreso de la Nación, su ministro DEHEZA manifiesta que se ha declarado una guerra revolucionaria a todos los gobiernos latino americanos, sean democráticos o no, tan ilegales eran que tenían sus propias leyes, códigos militares, reglamentos militares etc. que llegaron a asesinar niños, obreros, sindicalistas, diplomáticos, profesores, sacerdotes, jueces, militares, incorporar niños como soldado etc. este pueblo los apoyó, muchos estudiantes se les unían, con consentimiento incluso de los padres, muchos lo hacían por conveniencia, ya que ser parte de la organización terrorista, les aseguraba, aprobar las materias, todo era joda, tomaban las cátedras con fusiles en la mano y asesinaban a quienes se les daba la gana, pero cuando el gobierno de Perón ordenó efectuar operaciones militares y se dieron cuenta que estaban metidos en una guerra por ellos buscada, que mataban y morían, muchos quisieron abandonar las organizaciones terroristas, siendo asesinados por sus compañeros, así aparecían grupos de estudiantes muertos en distintos lugares, muertos que luego fueron cargados a las Fuerzas Armadas en la gran mentira de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, estas organizaciones llegaron a ser tan incontrolables que en ese momento todos los estamentos sociales, pidieron a gritos la intervención y toma del poder por parte de los militares.
Luego vinieron gobiernos democráticos y de factos, tanto unos como otros viendo el avance que iban teniendo, ilegalmente dejaron a los terroristas pastorear, engordar, actuar impunemente hasta llegar a las colosales organizaciones que formaron, me refiero al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, responsabilidad exclusiva de los gobiernos ya que la Constitución Nacional obliga al Gobierno la defensa de la Patria y su Constitución. (Art 21), mientras los representantes del pueblo, es decir el pueblo mismo miraba para otro lado, mientras el país era desmembrado por estos terroristas, muy distinto hubiera sido la historia si estos representantes del pueblo cobarde, hubieran actuado como lo hizo en su oportunidad el gobierno Boliviano, que saco la plaga de raíces al ordenar aniquilar al invasor liderado por el “CHE GEVARA”, en su incipiente nacimiento.
En el gobierno de CAMPORA, se comete otra aberrante ilegalidad, que es dar la libertad, a los terroristas, por medio de una resolución redactada por el entonces Procurador General de la Nación el terrorista ESTEBAN RIGUI nombre de guerra “El Bebe”, por supuesto el pueblo festejando tal medida.
En el último gobierno de PERON, este presidente actúa ya sobrepasado por las organizaciones terroristas que querían tomar el poder. Totalmente en forma ilegal, manda a matar terroristas y sus ideólogos, con la organización clandestina denominada AAA (conocida como la tripe A), fuera de toda ley a cargo de López Rega, llamado “El Brujo”, actitud tan cobarde como la de los gobiernos anteriores.
Su esposa MARIA ESTELA DE PERON a la muerte de este, asume la presidencia, y es la única que tiene los atributos necesarios para que las Fuerzas Armadas salgan a combatir a los terroristas firmando el estado de sitio y los decretos de aniquilar al enemigo, pero comete un serió error, entre los planes presentados por los militares acepta el de rápida terminación, con las consecuencias que eso a posteriori traería, el plan aceptado estaba fuera de toda legalidad, no obstante el pueblo amante de la ilegalidad y de la hipocresía, siempre contento haciendo merito por lo “más es lo mejor”, pues ellos los habían votado.
Este pueblo hipócrita, que pidió a gritos la mayor de todas las ilegalidades, la toma del poder por los militares, apoyó no solo al gobierno de facto sino también a las operaciones militares, tal es así que, al menos en Tucumán, en el Regimiento 19 de Infantería, al iniciar el Operativo Independencia se presentaron todos los soldados desertores y en esos dos años no hubo ninguna deserción.
Al tomar el gobierno la Junta Militar, que podrían haber encarrilado jurídicamente las operaciones, sigue actuando ilegalmente como lo había ordenado el gobierno democrático, desconozco las causas, pero supongo que fue como se dijo en el juicio a los Comandantes, conocido como 13/84, que tenían todos los medios legales para hacer las cosas legales, se referían a la pena de muerte, pero eso significaba tener que firmar las sentencias, es preciso aclarar que en esto nada tuvieron que ver el resto de los mandos, menos aún lo grados inferiores de Oficiales Subalternos y menos aún los Suboficiales, el Ejercito estaba regido por el Código de Justicia Militar en donde en su Art 514 decía que el único responsable es el que imparte la orden, y si alguien se excede en su cumplimiento es considerado cómplice.
Y así con las ilegalidades llegamos al Gobierno de ALFONSIN, donde son juzgados ilegalmente los Comandantes, este juicio se los juzga con el Código Penal, y no con el Código de Justicia Militar, y por jueces federales y no militares, es decir violan flagrante mente el Art 18 de la Constitución Nacional.
Al juzgarlos con un Código Penal, con jueces no naturales, el Juicio a las Juntas conocido como 13/84 fue totalmente ilegal, pero sí fue más ecuánime, y la responsabilidad fue aplicada, de acuerdo a lo que fijaba el Código de Justicia Militar, aplicándose que “El único responsable es el que imparte la orden”. Y se les impuso una condena acorde a los hechos vividos en la década de los años 1970.
La segunda ilegalidad de este gobierno democrático, es que solo se juzgó a los militares, creando una dudosa impunidad sobre los terroristas, claro está que este presidente tenía muchísima afinidad con los grupos terroristas, especialmente con el ERP, siendo defensor ad honoren de este asesino MARIO ROBERTO SANTUCHO, Jefe Político y Militar de esta organización.
No obstante este pueblo AMANTE DE LA HIPOCRECIA Y DE LA ILEGALIDAD, festejaba tales ilegalidades.
Lo mismo ocurrió, con la caída de LA RUA, un golpe de estado provocado por los peronistas, donde este pueblo, nada dijo nuevamente a la mayor de las ilegalidades.
Luego tenemos un período, donde aparentemente se había logrado la pacificación nacional hasta que caemos en la nefasta década ganada, donde se producen las ilegalidades inimaginables con la violación de la Constitución Nacional, Leyes Nacionales y Tratados Internacionales, estas violaciones fueron festejadas por todo EL PUEBLO HIPÓCRITA Y AMANTE DE LA ILAGALIDADES, quienes abandonaron a los que derrotaron al terrorismo internacional, cuando hablo del pueblo me refiero a todos los estamentos sociales del quehacer nacional, políticos, obreros, sindicalistas, industriales, maestros, militares etc.
Son tantas las ilegales aberraciones y violaciones que se efectúan en los juicios mal llamados de “lesa humanidad” que nombrarlas todas podríamos hacer un libro, por lo que voy a tratar con palabras muy sencillas y poco jurídicas, para que todos pueden entender,
En primer lugar los delitos nacen con la ley penal, es decir que el delito de Lesa Humanidad en los años 70, este delito nace con el Estatuto de Roma (1998) es incorporado a la legislación argentina por Ley 25.390 del 9 de enero de 2007, es decir 31 años después de los hechos ocurridos, prohibiendo expresamente en su Art 25 la aplicación retroactiva, cuando fue firmado por el Estado Argentino acepto la irretroactividad de la ley, para lo que no sepan, es que no se puede juzgar esos delitos tipificados en el Estatuto de Roma, porque en esos años no teníamos ese tratado, es decir el delito no existía, y para juzgar no solo se violó el compromiso internacional de cumplir el mencionado Estatuto, sino que solamente tomaron del mismo, lo que a los jueces y fiscales prevaricadores les convenía para poder condenar, es decir solo tomaron el artículo de Lesa Humanidad, desechando prácticamente todo el resto del Estatuto de Roma, y todos los derechos y garantías establecidas en la Constitución Nacional.
Al igual que en juicio a los Comandante, se juzga con el Código Penal asegurando así la sentencia, ya que este Código es diametralmente opuesto al Código de Justicia Militar, en el primero uno puede ir preso por una trompada, con el segundo toda orden, en guerra significa morir o matar, esto sumado a jueces no militares, es decir que se sacan los jueces naturales, con lo que violan flagrante mente el Art 18 de la Constitución Nacional.
Se juzgan sin prueba alguna a Cabos y Subtenientes, que son las más bajas jerarquías del ejército, y de ahí para arriba, a personas que solo cumplieron órdenes, con dichos de testigos que son amigos, parientes, hijos, esposas, terroristas de las organizaciones, testigos de las organizaciones terroristas que colaborando con el ejército entregaron a sus compañeros, escraches, programados por la Cámpora etc. apoyados con gran algarabía por los amantes de las ilegalidades, de estos juicio que han nacido mal paridos por una nefasta política de estado
Desgraciadamente la participación del pueblo fue negativa, siempre apoyando las ilegalidades de los gobiernos de turno.
Tuvimos la década ganada, y ahora, con el gobierno de CAMBIEMOS, que nada cambia, continua el pueblo apoyando el asesinato de ancianos, juzgados y condenados ilegalmente, manteniendo todas las ilegalidades instrumentadas por sus predecesores, el claro ejemplo es la actitud del gobierno de MACRI ante la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto al 2×1, y a lo mismo que hiciera KISCHNER, ejerce una terrible presión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los diputados y senadores de su partido.
Luego de la década ganada, que fue en todo aspecto ilegal, cuando después de esos años la Corte, realmente libre se atreve a sacar una sentencia dentro de lo estrictamente legal, este gobierno que se llena la boca de defender la independencia de los poderes del estado, hace lo imposible para revertir tal sentencia, por eso les pido que escuchen lo que dijo la ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS AIRES quien:
“Expresa su preocupación por los sectores de la sociedad, así como también de la dirigencia política y gubernamental, en desconocer el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Muiña” el 3 de mayo del corriente año”.
“Reiterando los argumentos vertidos por esta Academia en su dictamen del 7 de diciembre de 2004, ella considera que la aplicación de la ley penal más benigna tal como está regulada en el art. 2° del Código Penal es una garantía constitucional que, por integrar el concepto de ley penal previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional, y adecuarse a las prescripciones del art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no puede ser desconocido por una sociedad y su dirigencia si es que aspiran a una convivencia democrática basada sobre la tolerancia, la libertad, la dignidad y el progreso que están plasmadas en el Preámbulo de nuestra Ley Fundamental”.
“Esta Academia entiende que el fallo de la Corte se ajustó a una estricta aplicación de la ley conforme a las reglas del Estado de Derecho, con prescindencia de la aceptación o rechazo que pueda merecer su parte dispositiva, inclusive para los jueces del Alto Tribunal que conformaron el voto de la mayoría”.
Este AMOR ETERNO POR LA HIPOCRESIA Y POR LA ILEGALIDAD, por parte de toda la sociedad, es la causa de estar como estamos, un pueblo dividido con un sector lleno de venganza, odios y rencores “NI OLVIDO NI PERDON”, un país desmembrado en sus raíces, su historia y su Constitución, por gobernantes mentirosos (Se acabaron los curros de los derechos humanos), donde se legaliza la mentira (Caso Vidal en la Provincia de Buenos Aires 30.000 desaparecidos) y se impide decir la verdad (Caso de maestras dejadas cesantes por atreverse a decir la verdad en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires), donde se presiona a la Corte Suprema de Justicia para que dicte sentencias a lo convenientemente político, son acciones totalitarias idénticas a las que efectuaban, el gobierno de KISCHNER, los comunistas y los nazistas, y esto está ocurriendo con CAMBIEMOS, aquí en la Argentina y en este momento con los juicios mal llamados de “lesa humanidad” donde se aplican los once principios del nazismo, confeccionados por el Ministro de propaganda JOSEF GOEBBELS de HITLER, basados en que “una mentira repetida mil veces se convierte en realidad”
Esta inseguridad jurídica, tan alegremente aplaudida por el pueblo, nos quita toda posibilidad de ser una nación unida, hermanada, produce desconfianza especialmente ante los ojos de las naciones donde el respeto de la Constitución y de las leyes, sean nacionales e internacionales, es prioridad absoluta.
Que la discusión en los medios sobre el reciente fallo de la Corte, que acepta el 2 x 1 para los condenados por crímenes de lesa humanidad parta del supuesto de que son genocidas, constituye un despropósito epistemológico y ético. Ello porque de ninguna manera son tal cosa y los que así lo afirman, o actúan de mala fe o son unos ignorantes redomados. Ya en democracia, la guerra comenzó con el ataque artero, homicida y generalizado de las bandas terroristas contra civiles, militares y el Estado de Derecho. El objetivo confeso era imponer por las armas la dictadura comunista. La lógica reacción de los gobiernos de Juan e Isabel Perón fue actuar en defensa propia, del orden constitucional y de la sociedad en su conjunto ¿Qué otra respuesta distinta a la represión merecía la horda subversiva de Firmenich, la hija de Carlotto y compañía? Acaso, ¡que los militares y policías se echen al suelo a esperar que los capen los Montoneros! De que el peronismo y el gobierno militar no reprimió con la ley en la mano es un hecho (La paternidad peronista de la Triple A está fuera de discusión.) Ahora bien, la guerra de los ‘70 no se caracterizó por dirimir los conflictos en los tribunales sino a balazo limpio. Ello quedó más que claro cuando, después de amnistiados por el presidente Cámpora, los jóvenes “idealistas” se largaron a asesinar a los jueces que los persiguieron con la ley en la mano. Y, aunque se cuidan muy bien de decirlo, fue Juan Perón que comenzó con la represión “genocida”. Y no lo dicen porque, aunque miserable, es negocio posar de víctimas y no de victimarios. Además, ahí están los “milicos” hijos de la pavota para que se coman el garrón del victimario universal; esa y no otra es la sustancia que oculta la cáscara conocida como “Memoria, Verdad y Justicia” y “política de derechos humanos”.
Ahora bien, cabe preguntarse por las causas que disparate semejante no haya despertado la saludable reacción cívica que pusiera las cosas en su lugar. Que sujetos de baja estofa y, también, de buena leche, no hayan recibido la condena social oportuna por tergiversar los hechos con el objeto de demonizar el fallo, revela el grado de decadencia en el que está sumida la sociedad argentina. Dicho de otro modo, en la incapacidad para reunir la masa crítica de ciudadanos necesaria que incline la balanza hacia un país medianamente decente. De qué manera se explica, por ejemplo, que los “sedientos” de justicia se rasguen las vestiduras ante el fallo del 2 x 1 y no se perturben y hasta aplaudan que no se juzgue a los “jóvenes idealistas” por los homicidios y demás crímenes que cometieron ¿Qué pasa? ¿Son tontos, infames o se les ha atrofiado el sentido de justicia? Tal vez sea el pánico que infunde la posibilidad de exponerse a ser escrachado por la lengua venenosa de la Carlotto. Es que rinde mucho más y no implica riesgo alguno la cobardía (políticamente correcta) de, por ejemplo, gritarle “genocida” a un héroe de guerra como el teniente coronel Guillermo Nani. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las de las respectivas provincias y municipios, de hecho, se crearon para triturar a las Fuerzas Armadas. Los recursos públicos “invertidos” en esa política son fabulosos. Hay que reconocer que hicieron bien su trabajo. Las multitudinarias reacciones en contra y las escasas a favor del fallo así lo indican.
En los últimos doce años la Argentina se llevó puesta a sus Fuerzas Armadas . Soy escéptico en cuanto a que sea factible reconstituirlas. Es que los soldados saben bien que el único gesto que pueden esperar de aquellos a los que socorrieron es una fuerte y soberbia patada.
Reportaje a Ricardo Valdéz, héroe olvidado que defendió el ataque terrorista de un comando de la organización Montoneros en Formosa, habla de ese trágico día y de la indiferencia de gobierno tras gobierno luego de haber arriesgado su vida por la patria y bajo las órdenes de la Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en plena democracia. María Estela Martínez de Perón.
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Más de cuarenta años después, los soldados que defendieron el ataque de un comando de la organización Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa, parecen haber sido borrados de la historia argentina, pero el momento que contiene aquella sangrienta tragedia está intacto.
“Los guerrilleros ocupaban el pasillo cuando vieron salir a los soldados hacia el parque. Alcanzaron a dispararles y le dieron a dos, que salieron lanzados por la fuerza del impacto. Los demás se arrojaron al pasto con sus fusiles en la mano, y contra todos los pronósticos, giraron para devolver los disparos, para resistir. “No lo pensamos. Simplemente combatimos”, relata Ricardo Valdez, quién tenía 21 años y poco tiempo como soldado.
La resistencia de los soldados tuvo un rápido apoyo de parte de dos o tres suboficiales y soldados que en otro flanco sur del cuartel, habían alcanzado una ametralladora asentada junto al mástil de la Plaza de Armas del Regimiento.
Los montoneros decidieron entonces la retirada. Se tenían que ir rápido, porque en el aeropuerto los esperaba el avión secuestrado y para no dar tiempo a que llegaron refuerzos para el cuartel.
Los conscriptos del Regimiento 29 volvían al retén luego de un partido de fútbol. Eran jóvenes de 20 y 21 años que se hallaban realizando el Servicio Militar Obligatorio. Algunos de ellos tenían un buen nivel de instrucción formal, como el santafesino Luis Roberto Mayol, que estudiaba Derecho; otros, como Hermindo “el Negro” Luna, en cambio, estaban aprendiendo a leer y escribir en el cuartel. Pero todos, usaban el mismo uniforme que los convertía en camaradas y juraban la misma bandera que los hermanaba. Inmediatamente después del partido los conscriptos fueron a ducharse, todos reían menos uno…Mayol. Aquel era el día elegido por los terroristas para llevar a cabo un espectacular golpe contra el Ejército Argentino, con la intención de intimidar al gobierno constitucional de ‘Isabelita’ Perón. Además del hecho propagandístico, Montoneros se proponían dotarse de cuantas armas pudieran tomar del cuartel del Regimiento. Ellos habían comprometido un centenar de efectivos fuertemente pertrechados, llevando ametralladoras, fusiles FAL con 5 cargadores por hombre, escopetas recortadas, granadas, minas vietnamitas y equipos de comunicación portátiles. Vestían uniformes azules y contaban con una muda de ropa civil y documentos falsos. Para desplazarse disponían de 11 vehículos y una avioneta. La operación, minuciosamente planeada, establecía un asalto simultáneo al Regimiento y al aeropuerto “El Pucú” de Formosa, cuyo control era vital para la posterior evasión de los terroristas, escape que se realizaría con un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas desviado de su ruta original Buenos Aires-Posadas. La irrupción al cuartel se efectuaría mediante un ataque a la Guardia y una penetración por el área posterior de la unidad. En cuanto a la inteligencia previa, los Montoneros tenían “ojos” dentro del cuartel.
Mientras algunos conscriptos dormían y otros en encontraban ya duchándose, Mayol -famoso por sus bromas- le arrebató el fusil a su compañero del Puesto de Guardia Nº 2 y abrió los portones para permitir el ingreso de 5 camionetas que transportaban unos treinta terroristas fuertemente armados. El primer vehículo se dirigió al Puesto de Guardia Nº 1, cerca de la Guardia Central, donde el Sargento Víctor Sanabria estaba intentando operar una radio, y al descubrirlo, lo mataron para cortar toda comunicación con el exterior. Simultáneamente, otro pelotón de montoneros entró al dormitorio de la Guardia y mató a 5 Soldados que se hallaban durmiendo. Otros conscriptos murieron en las duchas, alcanzados por las granadas arrojadas desde las ventanas del baño.
Conducidos por el conscripto entregador, los subversivos sabían muy bien dónde se hallaban los depósitos de armas y de municiones. Cuando se acercó un Subteniente que había oído los disparos, Mayol le apuntó con su FAL, pero el arma se trabó y el oficial logró abatirlo. Les fue sencillo en el pabellón de la “Compañía A”, donde mataron al Subteniente Ricardo Massaferro, un joven de 21 años. Yaguer, el jefe del ataque, se dirigió hacia el depósito de armas (sólo se iban a llevar unos 18 fusiles FAL y un FAP de los 200 que habían), mientras un grupo fue a controlar la reserva de Soldados que descansaba en el pabellón de la “Compañía B”.
El “Negro” Luna, quién se hallaba de guardia en la Compañía Comando, decidió enfrentar a cinco guerrilleros que saltaron de una de las camionetas y lo encararon.
-“¡Rendite, negro, que con vos no es la cosa!”-, le ordenron.
En uno de los tantos bosquejos de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, Thomas Jefferson redactaba Sostenemos estas verdades como sagradas e inalterables. En ese grupo de mentes privilegiadas también estaba Ben Franklin que en su revisión decidió modificarla, entonces imprimió en tinta que Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas.
Juan Domingo Perón había pasado a mejor vida y su esposa María Estela Martínez de Perón -presidente heredera haciendo equilibrio en un mar picado por el terrorismo- fue una de las firmantes del Decreto 261/75 del 5 de febrero de 1975.
Esta orden ejecutiva tuvo como empresa tomar medidas militares para combatir el accionar extremista del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Tucumán, zona que había sido estratégicamente sitiada por el ERP por medio de la Compañía Ramón Rosa Jiménez. El propósito era obtener una zona del país y que esta fuera reconocida como independiente en el terreno internacional.
El Decreto establece claramente sus designios, ordenando al Ejército Argentino a actuar militarmente en Tucumán con el fin de “aniquilar el accionar” subversivo.
La orden dictamina también a la Policía Federal ponerse bajo el mando del Ejército y solicita al gobierno de la Provincia de Tucumán, hacer lo mismo con la policía provincial.
Los firmantes del Decreto fueron la Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas María Estela de Perón, el Ministro del Interior y al momento de los sucesos Ministro de Justicia Alberto L. Rocamora, el Ministro de Educación Oscar Ivanissevich, el Ministro de Relaciones Exteriores Alberto J. Vignes , el Ministro de Defensa Adolfo M. Savino, el Ministro de Bienestar Social, el oscuro José López Rega, el Ministro de Economía Alfredo Gómez Morales y Ricardo Otero, titular de la cartera de Trabajo).
La señora Presidente debió tomar vacaciones (Macri no es el único) y fue relevada temporalmente por Ítalo Lúder, quién en un acuerdo de ministros, dictó los decretos 2770/75, el 2771/75 y 2772/75, extendiendo a todo el país y bajo el mando directo de las Fuerzas Armadas, la orden de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, que se iniciara con el Operativo Independencia, en la provincia de Tucumán. El decreto número 2770 creaba dos Consejos: El Consejo de Seguridad Interna, encabezado por el Presidente e integrado por los ministros y los tres jefes militares para dirigir “los esfuerzos para la lucha contra la subversión”. El Consejo de Defensa, presidido por el ministro de Defensa e integrado por los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, era el que más les interesaba a los militares por sus funciones, y le permitía entre otras cosas conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión y planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales.
El decreto 2771 disponía que el Ministerio del Interior firmara tratados con los gobernadores para que la policía y el servicio penitenciario de cada provincia quedaran bajo control del Consejo de Defensa.
El decreto 2772 le ordenaba a las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, la ejecución de las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país.
Estos tres decretos fueron firmados por el Presidente interino Ítalo Argentino Lúder Colombo, el Ministro de Trabajo Carlos Federico Ruckauf, el Ministro de Relaciones Exteriores Manuel Guillermo Aráuz Castex, el Ministro de Defensa Tomás Salvador Vottero, el Ministro de Bienestar Social y Salud Pública Carlos Alberto Emery, el Ministro de Economía Antonio Francisco Cafiero y el santafecino Ángel Federico Robledo, que ocupaba la cartera del Interior.
María Estela Martínez de Perón y Carlos Federico Ruckauf sobreviven a la historia. Un Juez Federal, Raúl Acosta, se encontraba en el año 2006 en el medio de las investigaciones sobre los aludidos edictos y decidió que citaría a la ex presidente, a Cafiero y a Ruckauf. El juez Acosta había solicitado al gobierno de Mendoza y a la Policía Federal que le informen sobre la identidad y referencias personales de cada uno de los firmantes de esas disposiciones. La plantilla incluía al ex Ministro de Interior Ángel Federico Robledo, al ex Canciller Manuel Guillermo Arauz Castex, al ex Ministro de Defensa Tomás Vottero, al ex Ministro de Bienestar Social Carlos Emery y al ex Presidente Provisional del Senado, Ítalo Argentino Lúder, quién para ese entonces ya padecía una grave enfermedad que le impediría comparecer (No existía el término Impunidad Gerontológica, claro). Acosta, entonces, recibió la información de que el resto de los implicados habían perecido. En su emprendimiento, el juez dejaba frases como “Si no fuera un delito de lesa humanidad, lo que investigo estaría prescripto”. La viuda de Juan Perón permaneció en España. Cafiero y Ruckauf fueron sobreseídos.
La ex Presidente Perón y Carlos Ruckauf sobreviven a la historia y siguen sobreviviendo. Ítalo Lúder en su testimonio en el juicio a las juntas se refirió a sus decretos: “Había que garantizar la seguridad y la tranquilidad de un país comprometido por el accionar de la subversión y las policías provinciales habían sido rebasadas en su capacidad”. Cuando se le inquirió por la palabra Aniquilación, Lúder explicó que esa palabra significaba “Inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significaba aniquilamiento físico…” Damas y caballeros, les presento aquí a un político argentino. Pero quiero dejar de lado al doctor Lúder, sin poder de réplica por su fallecimiento y ya sabemos que todos -con excepción de los ex uniformados- se transforman en buenos cuando pasan a mejor vida.
Antonio Cafiero fue un espejo. Ya hacia el año 2010 el veterano dirigente Peronista esgrimía que el objetivo del gobierno constitucional fue detener o dificultar la acción de la guerrilla mediante las Fuerzas Armadas. Acordando con Lúder aseguraba que la policía estaba superada. “La guerrilla tenía capacidad de dañar, pero no para gobernar. Quería apoderarse del poder, aunque nunca tuvo el apoyo del pueblo.” Sostenía uno de los firmantes del decreto tan famoso y adhería: “El concepto de aniquilar la subversión -comprendido en un decreto firmado por el presidente provisional Ítalo Lúder- no es eliminar al subversivo sino sólo desarmar al enemigo. No es exterminar al adversario sino dejarlo inerme para que no pueda seguir actuando.” Cafiero aseveraba que los jóvenes militantes tenían gran capacidad de combate, pero sin experiencia. Sus líderes mostraban que no tenían ni capacidad, ni coraje y que huyeron como ratas mientras sus conducidos eran abatidos o detenidos. Tanto Lúder como Cafiero -siempre tarde- se vuelven elocuentes y explícitos con sus epítetos. Algo que no utilizaron a la hora de los eventos. Como ayuda memoria, es bueno desempolvar el diccionario y buscar el verbo aniquilar. No cometa errores, por más pasionario que sea el ser humano, aquí no hay excusas. Aniquilar significa reducir a la nada, destruir o arruinar enteramente. Entre sus sinónimos podemos leer exterminar, masacrar, arrasar, arruinar, asolar, demoler, derribar, derruir, destruir, destrozar, devastar.
¿Qué esperaba el gobierno democrático peronista al llamar a las Fuerzas Armadas? Sospecho que cumplieran con las órdenes de su Comandante en Jefe. Los firmantes de los decretos no eran funcionarios ignorantes. Sabían que la tarea del Ejército Argentino era y es servir a la patria, para contribuir a la defensa nacional a fin de proteger sus intereses vitales. Entre estos, la independencia y la soberanía; la integridad territorial y la protección de los bienes, la vida y la libertad de los habitantes que, por cierto -y según las palabras de ayer- Lúder y Cafiero sostenían que estaba siendo amenazada por esos grupos subversivos. Sin mencionar, claro, que se supone que un soldado está preparado para matar o morir en defensa de su misión.
Néstor Kirchner fue un político más que solo vio la luz y eran estas las marquesinas del negocio. Como gran comerciante sin escrúpulos, supo leer la historia argentina y el comportamiento de ciudadanos creando no solo una gran división entre hermanos, sino alimentando la intolerancia, cometiendo crímenes, pisoteando la Constitución Nacional en pos de llenar esa caja fuerte que tanto supo abrazar.
“Considerada la Guerra como un crimen, ningún soberano se ha confesado su autor”
Tenemos que partir de la base que el orden natural es anterior al orden positivo según lo que los abogados suelen aprender en su primera materia de la carrera de abogados. Es así entonces que lo único que hace el derecho positivo o sean las leyes es reconocer ese orden natural . Los derechos humanos son universales, hacen a la esencia propia de la naturaleza humana y no son el resultado caprichoso del gobierno de turno.
La visión de los derechos humanos se ha visto totalmente distorsionada durante los doce años de gobierno kirchnerista por razones estrictamente “políticas y de conveniencia personal tanto de Nestor como Cristina, que hasta tuvieron en su gestión a ex-terroristas montoneros en su Gobierno.Esto no significa aprobar los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas que combatieron a la guerrilla por orden como todos sabemos por un Gobierno Democrático que fue el de Maria Estela Martinez de Peron.
Los guerrilleros fueron en realidad jovenes idealistas de muertes y secuestros de muchos inocentes, no solo militares e hijos de militares, sino empresarios nacionales y extranjeros.
Las Fuerzas Revolucionarias de Cuba y Nicaragua les prestaron ayuda y le sirvieron de refugio. No se puede sino de hablar de verdaderos farsantes que ni siquiera han pedido perdón a victimas inocentes de sus crímines que nada tuvieron que ver con el aparato represor militar. Muchos de estos asesinos hasta han sido indemnizados por el Estado Nacional y hasta son testigo contra los supuestos acusados de delitos de “Lesa Humanidad”La Constitución Nacional establece que todos los argentinos son iguales ante la ley hecho que desconoce el Poder Político y la Justicia Argentina.
Es cierto que los delitos cometidos por el Estado deben ser considerados más graves porque se usa el aparato estatal contra los ciudadanos en vez de servir al pueblo van contra el pueblo. No se puede decir que son defensores de los derechos humanos a quienes dicen sentir odio y sed de venganza y que ni siquiera pidieron jamas perdon por sus asesinatos, sus secuestros.
La pacificación nacional es un durísimo camino a transitar. Los políticos no quieren en el fondo discutir maduramente la historia triste del pasado en forma “objetiva” en forma “racional”, con”paz y serenidad”.La violencia del pasado fue generada por los peronistas de extrema derecha y de extrema izquierda que hoy parecen olvidar todo y su gran responsabilidad histórica.
LAS HERIDAS ESTAN ABIERTAS. Según el ex-Fiscal que acusara a los Miembros de las Juntas Militares en la época de Alfonsín ha sostenido siempre que los delitos cometidos por el terrorismo son “Delitos de Lesa Humanidad”, pero la Corte Suprema sostiene que son sólo delitos de lesa humanidad los cometidos desde el Estado. El Dr.Moreno Ocampo ocupo el cargo de Fiscal en la Corte Internacional de la Haya.”LOS DERECHOS HUMANOS NO DEBEN RESPONDER A CUESTIONES IDEOLOGICAS”.
La diputada Cecilia Moreau presentará un proyecto de ley que agravará la pena por apología del delito a quienes se atrevan a “Negar la existencia de un plan sistemático de represión y tortura a aquellos que pensaban distinto…” Quiero creer, en el mejor de los casos, que la diputada no vivió esa época, ignora supinamente los hechos a los que alude o, en su defecto y en el peor, pretende imponernos a fuerza de garrotazos el pensamiento único. En contra de esto último, a los que compartan esta intención, entre asesinatos, secuestros, torturas, heridos, extorsiones, robos, ataques a cuarteles, etcétera, debemos recordar que el número de atentados perpetrados por los terroristas de las bandas Montoneros, ERP y otras asciende a la friolera cifra de 17.000. También, a propósito de que la diputada integra un bloque que presume de peronista, le refiero que fue Juan Domingo Perón (no Jorge Rafael Videla) quien, al referirse a los subversivos, dijo (y actuó en consecuencia) que haría todo lo que esté a su alcance para que “…el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la Republica”. Luego vinieron la represión de la mano de La Triple A, el decreto de aniquilamiento de Martínez de Perón y el gobierno militar. De manera tal que, el ardid de que los reprimieron “porque pensaban distinto” es una burda patraña que tergiversa los hechos. ¡Los reprimieron porque querían tomar el poder a fuerza de asesinar! Esa es la verdad incontrovertible (perdón, por ser tan políticamente incorrecto). Verdad que, cuando se apruebe la ley, convertirá en delincuente a aquel que la empuñe. Se perseguirá, ahora sí, a los que “piensen distinto”. Por lo pronto, los macristas Darío Lopérfido y Gómez Centurión ya sufrieron un adelanto por cuestionar el número de los desaparecidos. Y aunque a ningún diputado como tampoco al ministro de Educación le importen que en las escuelas se mienta a los niños que fueron 30 mil, los datos oficiales (chequeados por el actual y el anterior gobierno) afirman que, desde 24/03/76 al 10/12/83, fueron 6348. Por mi parte, digo que por más ley, amenazas de represión y/o escraches insistiré públicamente en que se trató de una guerra y no un genocidio. Protejo demasiado mi autoestima como para decir o hacer algo que me merezca sentir repugnancia de mí mismo.
Créase o no, el auto de elevación del juez Bejas, el que promovió el juicio oral que por estos días que se celebra en Tucumán con el nombre de “Operativo Independencia”, afirma que el contexto en el que se dieron los hechos que se juzgan fue el de un plan de aniquilamiento sistemático contra la población civil a través del cual cientos de tucumanos fueron perseguidos, torturados y/ o eliminados por su posición política, pensamiento, o condición social. Casi idéntica aserción obra en el respectivo requerimiento a juicio producido por los fiscales Leopoldo Oscar Peralta Palma y Pablo Camuñas (“la primera intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos”). Pues bien, actuando ambos escritos en la causa y teniendo en cuenta el hecho de que el “Operativo Independencia” comenzó a ejecutarse el 8 de febrero de 1975, no hay otra opción posible que endilgar la responsabilidad intelectual al gobierno que diseñó y ordenó dicha acción. El cuál, no es otro que la gestión del partido Justicialista comandado por María Estela Martínez de Perón y sus ministros.
Yo no fui; fueron ellos
Mas, créase o no, el juez Bejas en su escrito sostiene que no fue así y, en una suerte de responsabilidad objetiva, atribuye exclusivamente la responsabilidad del Operativo Independencia al colectivo de las fuerzas armadas y a las de seguridad (jefes y subordinados incluidos). De allí que, con prescindencia del cargo o grado del individuo y por el mero hecho de pertenecer al colectivo que actuó en Tucumán en esa época, es suficiente para caer bajo el estado de sospecha. En tal marco “jurídico” una simple denuncia por una “violación de domicilio”, supuestamente, acaecida hace cuarenta años basta y sobra para procesar penalmente, enviar a juicio y condenar al infortunado; no así, en cambio, para Estela Martínez de Perón y los ministros firmantes del Decreto 261/75 que ordenó dicho Operativo. Es más, en su escrito, Bejas sugiere que los militares (léase, desde Videla hasta el cabo más moderno e incluyendo a los conscriptos) se aprovecharon de la candidez política de los López Rega, Lorenzo Miguel, Cafiero, Ruckauf, Herminio Iglesias y demás angelitos del peronismo gobernante para embaucarlos y así convencerlos de firmar el decreto para combatir la subversión en Tucumán.
Onganía, verdadero “padre” del Operativo Independencia
Según Bejas el Operativo Independencia constituiría una segunda fase a ejecutar de un plan militar contra la economía tucumana anterior al gobierno peronista que asumió el 25 de mayo de 1973. “El Operativo Tucumán”, a éste se refiere, es un plan de la presidencia del general Onganía que, entre otras medidas y en medio de la crisis del bajo precio mundial del producto, terminó con el subsidio a la industria azucarera tucumana. Dicho plan, sostiene Bejas, preveía la futura represión de los obreros y campesinos (especialmente sus líderes sindicales) que se verían afectados por la pérdida de sus fuentes de trabajo.
Al juez Bejas lo comprenden las generales de la ley
Ello así porque Bejas, antes de ser juez federal, se desempeñó como apoderado del partido justicialista tucumano (antecedente que suele ser decisivo en la elección de un magistrado). Por ende, quién más calificado e interesado que un ex apoderado para desvincular a su partido de la paternidad del Operativo Independencia. Además, un trámite sencillo por estos tiempos; como quitarle un dulce a un niño; sobre todo cuando se tiene a disposición a ancianos militares que hacen de pato de todas las bodas de los políticos.
Trabalenguas de la traición
El Operativo Independencia fue ordenado, en su momento, por los peronistas para defender un gobierno peronista de los terroristas que querían hacerse del poder por las armas. Hoy, paradojalmente, son también peronistas los que persiguen y llaman “genocidas” a aquellos que cumplieron la orden (“criminal”), del gobierno peronista, de defender el gobierno peronista. Y, para más inri, son peronistas los que les erigen monumentos y llaman víctimas a justamente aquellos que, en su momento, mandó a aniquilar.
Los hechos
A nadie, que frise los cincuenta años o esté medianamente informado, se le escapa que el Operativo Independencia fue la reacción natural, previsible, constitucional, lógica y espontánea, del gobierno civil de Isabel Perón, al ataque de fuerzas guerrilleras que intentaron hacerse del estado tucumano como primer paso hacia la toma del poder de la Nación. Así lo expreso el fallo de la causa 13 en El juicio a las Juntas. Por lo dicho, además de una falsedad ideológica, constituye una burla y un insulto a la inteligencia de los argentinos el llamar “opositores políticos civiles” a individuos que, estaban organizados en banda (Ejército Revolucionario del Pueblo) vestían uniforme de combate, portaban armas largas a la vista, habían sido entrenados militarmente en Cuba, enarbolaban bandera extraña al pabellón nacional, contaban con extranjeros en sus filas, atacaban cuarteles; tomaban pueblos; secuestraban y asesinaban civiles (entre ellos, niños); deribaban aviones; etcétera. Así, por ejemplo y con el objeto de aniquilarlos, en número de 120 atacaron a doce soldados en la escuela de Manchalá. Todo esos actos de guerra están registrados hasta en los más mínimos detalles en los cientos de publicaciones del ERP. Sin embargo e incomprensiblemente, Bejas y los fiscales del caso no se tomaron el trabajo de citar una de estas revistas. ¿Será que allí, por lo menos una vez por página, se insiste que están librando una guerra? ¿Será que se quiere ocultar lo evidente?
Lo evidente
Lo evidente es que era absolutamente legítimo e imperioso reprimir a los guerrilleros en Tucumán. Se podrá cuestionar la forma. Mas, no es ésta sino la represión, en sí misma, lo que el juez Bejas y los fiscales consideran crimen de lesa humanidad. El axioma que rige en los juicios de lesa humanidad es que reprimir a los “opositores políticos” es un acto criminal de lesa humanidad. De allí que los jueces y fiscales, a contrapelo de los hechos, se ven en figurillas para negar que fue una guerra. Se llega hasta el monstruso absurdo de, por ejemplo, que en el propio juicio oral los asesinos del Capitán Viola y su hija María Cristina sean querellantes-víctimas de aquellos que los reprimieron por haber cometido el tan alevoso crimen. Un disparate nauseabundo que califica crimen de lesa humanidad al hecho de que los policías atrapen a los asesinos pero no al que estos (para los jueces, “víctimas”) masacren a una niña de tres años.
Pudor
El tribunal de la Megacausa “Operativo Independencia” está integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Los dos primeros, ya recibidos de abogado, residieron en Tucumán en el tiempo de los hechos que se juzgan. Como pocos y de manera directa, conocen el contexto en que se dieron. Es de suponer que el contexto histórico, que el juez Bejas y los fiscales proponen como el real, les cae como una grosera falta de respeto a su inteligencia y a su investidura. De no ser afectados de tal manera y aceptar dicho “contexto” como ajustado a la verdad, entonces sería deseable que, por una cuestión elemental de pudor, transiten las calles de La Cuna de la Independencia con sus respectivas caretas.-
La saña contra el doctor Jaime Smart, respetado hombre del derecho, es una muestra contundente de abuso del poder estatal en violación del marco legal.
“Dadme una persona y yo le encontraré un delito” es la frase atribuida a Andrey Vyshinsky, el temido procurador general de la URSS (1935), la perversa mente creativa detrás de la gran purga que llevó a cabo José Stalin, mediante los célebres juicios de Moscú. Se trataba de falsos procesos públicos, con sentencias condenatorias preestablecidas, para así eliminar a sus enemigos políticos, presuntamente respetando las formalidades procesales. Vyshinsky recomendaba a sus fiscales y a los jueces, guiar sus investigaciones y sentencias conforme una “perspectiva social más amplia”. Es decir, que cada caso debía ser juzgado en el “contexto” de la doctrina marxista de la lucha de clases. Como resultado, en esos juicios no era necesario respetar las garantías del debido proceso legal ni los principios de la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley, el nulla poena sine lege o el derecho de defensa, sino que bastaba determinar que el imputado había sido reticente en adherir a la sociedad sin clases o insistente en conservar sus hábitos burgueses. O simplemente, por razón de Estado: cuando el Partido Comunista considerase útil el dictado de condenas ejemplares para educar a la población en lo que consideraba el recto camino. Es realmente notable que la teoría del “contexto” como factor de atribución penal para condenar sólo sobre la base de presunciones, haya sido también copiada, 80 años más tarde, por algunos miembros de nuestro Poder Judicial que militan en la agrupación Justicia Legítima.
Como los métodos de los totalitarismos siempre convergen, cabe recordar que durante la Alemania nazi fue creado el Volksgerichtshof o tribunal del pueblo, que también edificó farsas judiciales para condenar a los enemigos del nazismo en función del “contexto” en que los imputados habrían actuado. Sobre la base de presunciones de corte ideológico, miles de alemanes sufrieron la pena capital con el argumento de que ponían en peligro al Tercer Reich, no obstante que los delitos no estaban tipificados ni existían pruebas de culpabilidad. No sorprende que el presidente del Tribunal fuese el gélido Roland Freisler, admirador declarado del ruso Vyshinsky, a pesar de lo sucedido en Stalingrado.
En la Argentina se llevan a cabo cientos de juicios de lesa humanidad contra militares que intervinieron en la guerra antisubversiva. Sin embargo existe un solo caso de un civil condenado a prisión perpetua. Se trata del doctor Jaime Smart, quien fue ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar y, por tal razón, la Justicia le atribuyó, sin probarlo más allá de toda duda razonable, haber sido ideólogo de un plan de exterminio de la población civil durante aquel período. Smart fue condenado por el Tribunal Nº 1 de La Plata, presidido por el escandaloso ex juez Carlos Rozanski, quien renunció a su cargo para evitar enfrentar las gravísimas denuncias que se habían acumulado en su contra en el Consejo de la Magistratura.
Al igual que en los juicios de Moscú, Rozanski dispuso realizar las audiencias en un teatro, para dar cabida a intimidatorias barras de militantes que convirtieron una actuación judicial independiente en un circo político, con cánticos amenazadores más próximos a la violencia que a la razón y al derecho. Smart fue condenado, no obstante que en el juicio a los comandantes quedó probado que la policía de la provincia de Buenos Aires no dependía operativamente del Ministerio de Gobierno, sino del Primer Cuerpo de Ejército. Por tanto, la gestión de Smart se limitó al ejercicio de las competencias civiles de su ministerio. El tribunal recurrió a Vyshinsky, sin nombrarlo, y adoptó la doctrina del “contexto”, señalando que bastaba que Smart hubiese “integrado el aparato organizado del poder represivo, con independencia del tipo de intervención que hubiese tenido”.
La saña contra Smart tiene un claro sentido de venganza, pues en los años setenta, este respetado hombre de derecho integró la Cámara Federal en lo Penal que juzgó a los terroristas que asolaban el país aplicando el Código Penal. Pero su esfuerzo fue abandonado cuando asumió la presidencia Héctor Cámpora, quien de inmediato dispuso la liberación de presos de las cárceles. Tal fue el clima de terror a partir de 1973, que María Estela Martínez de Perón ordenó “aniquilar” a aquéllos, dejando de lado al Poder Judicial y encomendando la tarea a los efectivos parapoliciales de la Triple A. El tribunal que integró Smart fue un intento de aplicar el debido proceso legal a quienes atentaban con violencia contra el orden público en democracia y la forma más adecuada de encarar la tragedia de la lucha armada.
Ya han pasado 33 años desde la instauración de la democracia. En ella, la Justicia debe actuar en forma legítima, respetando el debido proceso legal y las garantías constitucionales. De lo contrario, aunque se denomine legítima, es sólo una torpe puesta en escena con fines políticos e ideológicos. Y si los delitos de lesa humanidad se juzgan conforme la ideología o la política, dejan de ser delitos y pierden su carga humanitaria. Como lo hemos dicho reiteradamente desde estas columnas, si las garantías constitucionales son soslayadas en nombre de la liberación, el socialismo nacional o del hombre nuevo, como hicieran Vyshinsky y Freisler, no será en el ámbito de Diké, diosa de la justicia, sino en el de Némesis, diosa de la venganza.
Hace más de ocho años que Smart se encuentra detenido -los últimos en Marcos Paz y en Ezeiza- a pesar de haber superado los 80 años, habiendo alegado infundadamente el tribunal presidido por el renunciado Rozanski, que existe “peligro de fuga”. Y, más tarde, dado lo absurdo de esa causal, alegándose el riesgo de que Smart pudiese utilizar su “ascendiente” personal sobre “estructuras aún subsistentes” de personas con afinidad a la extinguida dictadura militar.
Como las causas han sido apeladas, ahora la Cámara de Casación se encuentra considerando el caso. Ha correspondido la intervención de la Sala I, presidida por la jueza Ana María Figueroa, de Justicia Legítima, a quien secundan como subrogantes Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Cabe ahora recordar que el fundamento utilizado en la Argentina para distinguir el “terrorismo de Estado” del accionar de las bandas subversivas se refiere al abuso del poder coactivo del Estado contra ciudadanos, cuando su finalidad es el bien común, actuando conforme a la ley. Ese argumento tiene una contracara y conlleva una obligación simétrica: todos los órganos del Estado, y no solamente el Poder Ejecutivo, deben apegarse a derecho. Y los jueces -con más razón- están obligados a dejar de lado tanto la política como la ideología, confirmando así que en nuestro país se ha dado vuelta la peligrosa página de la parcialidad. Es de desear que nunca más asistamos a un abuso del poder estatal fuera del marco legal como el que hace años viene sufriendo Smart.
PUEBLO ARGENTINO AMANTES ETERNOS DE LA DE LA HIPOCRESÍA Y DE LA ILEGALIDAD.
Escribe Ariel Valdiviezo.
Antes de analizar el porqué de este dicho, que son amantes eternos de la ilegalidad, debo hacer la salvedad que existen honrosas excepciones, que indudablemente no son los políticos que rigen los destinos del país, que nos llevan inexorablemente hacia el abismo, como un carro con caballos desbocados y sin conductor.
Claro está que “el pueblo no gobierna, ni delibera sino por medio de sus representantes”, lo que podría suponerse que nuestros males son por culpa exclusiva de nuestros representantes, una linda manera de sacarse la verdadera responsabilidad, por eso permítanme recordarles que nosotros votamos esos representantes, y luego aceptamos como cordero que va a ser degollado, las aberrantes maquinaciones de los tres poderes del Estado, para empobrecer, embrutecer y así esclavizar al pueblo que confió en ellos.
Entrando en tema voy a tratar de ser lo más claro y sencillo para que todo aquel que quiera leerlo pueda entenderlo y así sacar sus propias conclusiones.
Nuestra historia está plagada de violaciones a las leyes desde el mismo 25 de Mayo de 1810, hasta nuestro días, solo voy a tomar y en forma muy escueta desde la primer presidencia de Perón hasta nuestros días.
Todos sabemos, o al menos eso supongo, como llegó Perón a la presidencia de la Nación, lo que ignoramos o queremos ignorar, es que Perón desde que pudo participó en cuanto golpe militar existiera, es decir siempre estaba dispuesto a violar las leyes, tanto militares como la Constitución Nacional que lo regían, así que indudablemente quien es un asiduo violador del derecho que debe cumplir, no va a cambiar cuando tome el poder, y con el poder en la mano se va a dedicar a violar las leyes a fin de perpetuarse ilegalmente en el poder, y sin embargo este personaje fue elegido en tres oportunidades por este pueblo amante de la ilegalidad.
Luego comienza a surgir, ya en el año 1959 en total ilegalidad las organizaciones terroristas, y en el año 1964 en el gobierno de ILLIA en el Congreso de la Nación, su ministro DEHEZA manifiesta que se ha declarado una guerra revolucionaria a todos los gobiernos latino americanos, sean democráticos o no, tan ilegales eran que tenían sus propias leyes, códigos militares, reglamentos militares etc. que llegaron a asesinar niños, obreros, sindicalistas, diplomáticos, profesores, sacerdotes, jueces, militares, incorporar niños como soldado etc. este pueblo los apoyó, muchos estudiantes se les unían, con consentimiento incluso de los padres, muchos lo hacían por conveniencia, ya que ser parte de la organización terrorista, les aseguraba, aprobar las materias, todo era joda, tomaban las cátedras con fusiles en la mano y asesinaban a quienes se les daba la gana, pero cuando el gobierno de Perón ordenó efectuar operaciones militares y se dieron cuenta que estaban metidos en una guerra por ellos buscada, que mataban y morían, muchos quisieron abandonar las organizaciones terroristas, siendo asesinados por sus compañeros, así aparecían grupos de estudiantes muertos en distintos lugares, muertos que luego fueron cargados a las Fuerzas Armadas en la gran mentira de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, estas organizaciones llegaron a ser tan incontrolables que en ese momento todos los estamentos sociales, pidieron a gritos la intervención y toma del poder por parte de los militares.
Luego vinieron gobiernos democráticos y de factos, tanto unos como otros viendo el avance que iban teniendo, ilegalmente dejaron a los terroristas pastorear, engordar, actuar impunemente hasta llegar a las colosales organizaciones que formaron, me refiero al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, responsabilidad exclusiva de los
gobiernos ya que la Constitución Nacional obliga al Gobierno la defensa de la Patria y su Constitución. (Art 21), mientras los representantes del pueblo, es decir el pueblo mismo miraba para otro lado, mientras el país era desmembrado por estos terroristas, muy distinto hubiera sido la historia si estos representantes del pueblo cobarde, hubieran actuado como lo hizo en su oportunidad el gobierno Boliviano, que saco la plaga de raíces al ordenar aniquilar al invasor liderado por el “CHE GEVARA”, en su incipiente nacimiento.
En el gobierno de CAMPORA, se comete otra aberrante ilegalidad, que es dar la libertad, a los terroristas, por medio de una resolución redactada por el entonces Procurador General de la Nación el terrorista ESTEBAN RIGUI nombre de guerra “El Bebe”, por supuesto el pueblo festejando tal medida.
En el último gobierno de PERON, este presidente actúa ya sobrepasado por las organizaciones terroristas que querían tomar el poder. Totalmente en forma ilegal, manda a matar terroristas y sus ideólogos, con la organización clandestina denominada AAA (conocida como la tripe A), fuera de toda ley a cargo de López Rega, llamado “El Brujo”, actitud tan cobarde como la de los gobiernos anteriores.
Su esposa MARIA ESTELA DE PERON a la muerte de este, asume la presidencia, y es la única que tiene los atributos necesarios para que las Fuerzas Armadas salgan a combatir a los terroristas firmando el estado de sitio y los decretos de aniquilar al enemigo, pero comete un serió error, entre los planes presentados por los militares acepta el de rápida terminación, con las consecuencias que eso a posteriori traería, el plan aceptado estaba fuera de toda legalidad, no obstante el pueblo amante de la ilegalidad y de la hipocresía, siempre contento haciendo merito por lo “más es lo mejor”, pues ellos los habían votado.
Al tomar el gobierno la Junta Militar, que podrían haber encarrilado jurídicamente las operaciones, sigue actuando ilegalmente como lo había ordenado el gobierno democrático, desconozco las causas, pero supongo que fue como se dijo en el juicio a los Comandantes, conocido como 13/84, que tenían todos los medios legales para hacer las cosas legales, se referían a la pena de muerte, pero eso significaba tener que firmar las sentencias, es preciso aclarar que en esto nada tuvieron que ver el resto de los mandos, menos aún lo grados inferiores de Oficiales Subalternos y menos aún los Suboficiales, el Ejercito estaba regido por el Código de Justicia Militar en donde en su Art 514 decía que el único responsable es el que imparte la orden, y si alguien se excede en su cumplimiento es considerado cómplice.
Y así con las ilegalidades llegamos al Gobierno de ALFONSIN, donde son juzgados ilegalmente los Comandantes, este juicio se los juzga con el Código Penal, y no con el Código de Justicia Militar, y por jueces federales y no militares, es decir violan flagrante mente el Art 18 de la Constitución Nacional.
Al juzgarlos con un Código Penal, con jueces no naturales, el Juicio a las Juntas conocido como 13/84 fue totalmente ilegal, pero sí fue más ecuánime, y la responsabilidad fue aplicada, de acuerdo a lo que fijaba el Código de Justicia Militar, aplicándose que “El único responsable es el que imparte la orden”. Y se les impuso una condena acorde a los hechos vividos en la década de los años 1970.
No obstante este pueblo AMANTE DE LA HIPOCRECIA Y DE LA ILEGALIDAD, festejaba tales ilegalidades.
Lo mismo ocurrió, con la caída de LA RUA, un golpe de estado provocado por los peronistas, donde este pueblo, nada dijo nuevamente a la mayor de las ilegalidades.
Luego tenemos un período, donde aparentemente se había logrado la pacificación nacional hasta que caemos en la nefasta década ganada, donde se producen las ilegalidades inimaginables con la violación de la Constitución Nacional, Leyes Nacionales y Tratados Internacionales, estas violaciones fueron festejadas por todo EL PUEBLO HIPÓCRITA Y AMANTE DE LA ILAGALIDADES, quienes abandonaron a los que derrotaron al terrorismo internacional, cuando hablo del pueblo me refiero a todos los estamentos sociales del quehacer nacional, políticos, obreros, sindicalistas, industriales, maestros, militares etc.
Son tantas las ilegales aberraciones y violaciones que se efectúan en los juicios mal llamados de “lesa humanidad” que nombrarlas todas podríamos hacer un libro, por lo que voy a tratar con palabras muy sencillas y poco jurídicas, para que todos pueden entender,
En primer lugar los delitos nacen con la ley penal, es decir que el delito de Lesa Humanidad en los años 70, este delito nace con el Estatuto de Roma (1998) es incorporado a la legislación argentina por Ley 25.390 del 9 de enero de 2007, es decir 31 años después de los hechos ocurridos, prohibiendo expresamente en su Art 25 la aplicación retroactiva, cuando fue firmado por el Estado Argentino acepto la irretroactividad de la ley, para lo que no sepan, es que no se puede juzgar esos delitos tipificados en el Estatuto de Roma,
porque en esos años no teníamos ese tratado, es decir el delito no existía, y para juzgar no solo se violó el compromiso internacional de cumplir el mencionado Estatuto, sino que solamente tomaron del mismo, lo que a los jueces y fiscales prevaricadores les convenía para poder condenar, es decir solo tomaron el artículo de Lesa Humanidad, desechando prácticamente todo el resto del Estatuto de Roma, y todos los derechos y garantías establecidas en la Constitución Nacional.
Al igual que en juicio a los Comandante, se juzga con el Código Penal asegurando así la sentencia, ya que este Código es diametralmente opuesto al Código de Justicia Militar, en el primero uno puede ir preso por una trompada, con el segundo toda orden, en guerra significa morir o matar, esto sumado a jueces no militares, es decir que se sacan los jueces naturales, con lo que violan flagrante mente el Art 18 de la Constitución Nacional.
Se juzgan sin prueba alguna a Cabos y Subtenientes, que son las más bajas jerarquías del ejército, y de ahí para arriba, a personas que solo cumplieron órdenes, con dichos de testigos que son amigos, parientes, hijos, esposas, terroristas de las organizaciones, testigos de las organizaciones terroristas que colaborando con el ejército entregaron a sus compañeros, escraches, programados por la Cámpora etc. apoyados con gran algarabía por los amantes de las ilegalidades, de estos juicio que han nacido mal paridos por una nefasta política de estado
Desgraciadamente la participación del pueblo fue negativa, siempre apoyando las ilegalidades de los gobiernos de turno.
Tuvimos la década ganada, y ahora, con el gobierno de CAMBIEMOS, que nada cambia, continua el pueblo apoyando el asesinato de ancianos, juzgados y condenados ilegalmente, manteniendo todas las ilegalidades instrumentadas por sus predecesores, el claro ejemplo es la actitud del gobierno de MACRI ante la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto al 2×1, y a lo mismo que hiciera KISCHNER, ejerce una terrible presión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los
diputados y senadores de su partido.
Luego de la década ganada, que fue en todo aspecto ilegal, cuando después de esos años la Corte, realmente libre se atreve a sacar una sentencia dentro de lo estrictamente legal, este gobierno que se llena la boca de defender la independencia de los poderes del estado, hace lo imposible para revertir tal sentencia, por eso les pido que escuchen lo que dijo la ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS AIRES quien:
“Expresa su preocupación por los sectores de la sociedad, así como también de la dirigencia política y gubernamental, en desconocer el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Muiña” el 3 de mayo del corriente año”.
“Reiterando los argumentos vertidos por esta Academia en su dictamen del 7 de diciembre de 2004, ella considera que la aplicación de la ley penal más benigna tal como está regulada en el art. 2° del Código Penal es una garantía constitucional que, por integrar el concepto de ley penal previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional, y adecuarse a las prescripciones del art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no puede ser desconocido por una sociedad y su dirigencia si es que aspiran a una convivencia democrática basada sobre la tolerancia, la libertad, la dignidad y el progreso que están plasmadas en el Preámbulo de nuestra Ley Fundamental”.
“Esta Academia entiende que el fallo de la Corte se ajustó a una estricta aplicación de la ley conforme a las reglas del Estado de Derecho, con prescindencia de la aceptación o rechazo que pueda merecer su parte dispositiva, inclusive para los jueces del Alto Tribunal que conformaron el voto de la mayoría”.
Esta inseguridad jurídica, tan alegremente aplaudida por el pueblo, nos quita toda posibilidad de ser una nación unida, hermanada, produce desconfianza especialmente ante los ojos de las naciones donde el respeto de la Constitución y de las leyes, sean nacionales e internacionales, es prioridad absoluta.
Ariel Valdiviezo
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 17, 2017
FALLO DEL 2 X 1 E INDIGENCIA MORAL
Que la discusión en los medios sobre el reciente fallo de la Corte, que acepta el 2 x 1 para los condenados por crímenes de lesa humanidad parta del supuesto de que son genocidas, constituye un despropósito epistemológico y ético. Ello porque de ninguna manera son tal cosa y los que así lo afirman, o actúan de mala fe o son unos ignorantes redomados. Ya en democracia, la guerra comenzó con el ataque artero, homicida y generalizado de las bandas terroristas contra civiles, militares y el Estado de Derecho. El objetivo confeso era imponer por las armas la dictadura comunista. La lógica reacción de los gobiernos de Juan e Isabel Perón fue actuar en defensa propia, del orden constitucional y de la sociedad en su conjunto ¿Qué otra respuesta distinta a la represión merecía la horda subversiva de Firmenich, la hija de Carlotto y compañía? Acaso, ¡que los militares y policías se echen al suelo a esperar que los capen los Montoneros! De que el peronismo y el gobierno militar no reprimió con la ley en la mano es un hecho (La paternidad peronista de la Triple A está fuera de discusión.) Ahora bien, la guerra de los ‘70 no se caracterizó por dirimir los conflictos en los tribunales sino a balazo limpio. Ello quedó más que claro cuando, después de amnistiados por el presidente Cámpora, los jóvenes “idealistas” se largaron a asesinar a los jueces que los persiguieron con la ley en la mano. Y, aunque se cuidan muy bien de decirlo, fue Juan Perón que comenzó con la represión “genocida”. Y no lo dicen porque, aunque miserable, es negocio posar de víctimas y no de victimarios. Además, ahí están los “milicos” hijos de la pavota para que se coman el garrón del victimario universal; esa y no otra es la sustancia que oculta la cáscara conocida como “Memoria, Verdad y Justicia” y “política de derechos humanos”.
Ahora bien, cabe preguntarse por las causas que disparate semejante no haya despertado la saludable reacción cívica que pusiera las cosas en su lugar. Que sujetos de baja estofa y, también, de buena leche, no hayan recibido la condena social oportuna por tergiversar los hechos con el objeto de demonizar el fallo, revela el grado de decadencia en el que está sumida la sociedad argentina. Dicho de otro modo, en la incapacidad para reunir la masa crítica de ciudadanos necesaria que incline la balanza hacia un país medianamente decente. De qué manera se explica, por ejemplo, que los “sedientos” de justicia se rasguen las vestiduras ante el fallo del 2 x 1 y no se perturben y hasta aplaudan que no se juzgue a los “jóvenes idealistas” por los homicidios y demás crímenes que cometieron ¿Qué pasa? ¿Son tontos, infames o se les ha atrofiado el sentido de justicia? Tal vez sea el pánico que infunde la posibilidad de exponerse a ser escrachado por la lengua venenosa de la Carlotto. Es que rinde mucho más y no implica riesgo alguno la cobardía (políticamente correcta) de, por ejemplo, gritarle “genocida” a un héroe de guerra como el teniente coronel Guillermo Nani. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las de las respectivas provincias y municipios, de hecho, se crearon para triturar a las Fuerzas Armadas. Los recursos públicos “invertidos” en esa política son fabulosos. Hay que reconocer que hicieron bien su trabajo. Las multitudinarias reacciones en contra y las escasas a favor del fallo así lo indican.
En los últimos doce años la Argentina se llevó puesta a sus Fuerzas Armadas . Soy escéptico en cuanto a que sea factible reconstituirlas. Es que los soldados saben bien que el único gesto que pueden esperar de aquellos a los que socorrieron es una fuerte y soberbia patada.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 5, 2017
Entrevista a Ricardo Valdéz, un héroe olvidado
Reportaje a Ricardo Valdéz, héroe olvidado que defendió el ataque terrorista de un comando de la organización Montoneros en Formosa, habla de ese trágico día y de la indiferencia de gobierno tras gobierno luego de haber arriesgado su vida por la patria y bajo las órdenes de la Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en plena democracia. María Estela Martínez de Perón.
[one_third padding=”0 30px 0 0″]Más de cuarenta años después, los soldados que defendieron el ataque de un comando de la organización Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa, parecen haber sido borrados de la historia argentina, pero el momento que contiene aquella sangrienta tragedia está intacto.
“Los guerrilleros ocupaban el pasillo cuando vieron salir a los soldados hacia el parque. Alcanzaron a dispararles y le dieron a dos, que salieron lanzados por la fuerza del impacto. Los demás se arrojaron al pasto con sus fusiles en la mano, y contra todos los pronósticos, giraron para devolver los disparos, para resistir. “No lo pensamos. Simplemente combatimos”, relata Ricardo Valdez, quién tenía 21 años y poco tiempo como soldado.
La resistencia de los soldados tuvo un rápido apoyo de parte de dos o tres suboficiales y soldados que en otro flanco sur del cuartel, habían alcanzado una ametralladora asentada junto al mástil de la Plaza de Armas del Regimiento.
Los montoneros decidieron entonces la retirada. Se tenían que ir rápido, porque en el aeropuerto los esperaba el avión secuestrado y para no dar tiempo a que llegaron refuerzos para el cuartel.
[/one_third] [two_third_last padding=”0 0 0 30px”]
Los conscriptos del Regimiento 29 volvían al retén luego de un partido de fútbol. Eran jóvenes de 20 y 21 años que se hallaban realizando el Servicio Militar Obligatorio. Algunos de ellos tenían un buen nivel de instrucción formal, como el santafesino Luis Roberto Mayol, que estudiaba Derecho; otros, como Hermindo “el Negro” Luna, en cambio, estaban aprendiendo a leer y escribir en el cuartel. Pero todos, usaban el mismo uniforme que los convertía en camaradas y juraban la misma bandera que los hermanaba. Inmediatamente después del partido los conscriptos fueron a ducharse, todos reían menos uno…Mayol. Aquel era el día elegido por los terroristas para llevar a cabo un espectacular golpe contra el Ejército Argentino, con la intención de intimidar al gobierno constitucional de ‘Isabelita’ Perón. Además del hecho propagandístico, Montoneros se proponían dotarse de cuantas armas pudieran tomar del cuartel del Regimiento. Ellos habían comprometido un centenar de efectivos fuertemente pertrechados, llevando ametralladoras, fusiles FAL con 5 cargadores por hombre, escopetas recortadas, granadas, minas vietnamitas y equipos de comunicación portátiles. Vestían uniformes azules y contaban con una muda de ropa civil y documentos falsos. Para desplazarse disponían de 11 vehículos y una avioneta. La operación, minuciosamente planeada, establecía un asalto simultáneo al Regimiento y al aeropuerto “El Pucú” de Formosa, cuyo control era vital para la posterior evasión de los terroristas, escape que se realizaría con un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas desviado de su ruta original Buenos Aires-Posadas. La irrupción al cuartel se efectuaría mediante un ataque a la Guardia y una penetración por el área posterior de la unidad. En cuanto a la inteligencia previa, los Montoneros tenían “ojos” dentro del cuartel.
Mientras algunos conscriptos dormían y otros en encontraban ya duchándose, Mayol -famoso por sus bromas- le arrebató el fusil a su compañero del Puesto de Guardia Nº 2 y abrió los portones para permitir el ingreso de 5 camionetas que transportaban unos treinta terroristas fuertemente armados. El primer vehículo se dirigió al Puesto de Guardia Nº 1, cerca de la Guardia Central, donde el Sargento Víctor Sanabria estaba intentando operar una radio, y al descubrirlo, lo mataron para cortar toda comunicación con el exterior. Simultáneamente, otro pelotón de montoneros entró al dormitorio de la Guardia y mató a 5 Soldados que se hallaban durmiendo. Otros conscriptos murieron en las duchas, alcanzados por las granadas arrojadas desde las ventanas del baño.
Conducidos por el conscripto entregador, los subversivos sabían muy bien dónde se hallaban los depósitos de armas y de municiones. Cuando se acercó un Subteniente que había oído los disparos, Mayol le apuntó con su FAL, pero el arma se trabó y el oficial logró abatirlo. Les fue sencillo en el pabellón de la “Compañía A”, donde mataron al Subteniente Ricardo Massaferro, un joven de 21 años. Yaguer, el jefe del ataque, se dirigió hacia el depósito de armas (sólo se iban a llevar unos 18 fusiles FAL y un FAP de los 200 que habían), mientras un grupo fue a controlar la reserva de Soldados que descansaba en el pabellón de la “Compañía B”.
El “Negro” Luna, quién se hallaba de guardia en la Compañía Comando, decidió enfrentar a cinco guerrilleros que saltaron de una de las camionetas y lo encararon.
-“¡Rendite, negro, que con vos no es la cosa!”-, le ordenron.
-“¡Acá no se rinde nadie, mierda!” -, respondió.
[/two_third_last]Idea y producción: Mariel Fernández Siguenza
Fabian Kussman
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Marzo 13, 2017
Nuestros Nuevos Padres Fundadores y la Hipocresía en la Sangre.
[five_sixth padding=”0 20px 0 0″]En uno de los tantos bosquejos de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, Thomas Jefferson redactaba Sostenemos estas verdades como sagradas e inalterables. En ese grupo de mentes privilegiadas también estaba Ben Franklin que en su revisión decidió modificarla, entonces imprimió en tinta que Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas.
Juan Domingo Perón había pasado a mejor vida y su esposa María Estela Martínez de Perón -presidente heredera haciendo equilibrio en un mar picado por el terrorismo- fue una de las firmantes del Decreto 261/75 del 5 de febrero de 1975.
Esta orden ejecutiva tuvo como empresa tomar medidas militares para combatir el accionar extremista del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Tucumán, zona que había sido estratégicamente sitiada por el ERP por medio de la Compañía Ramón Rosa Jiménez. El propósito era obtener una zona del país y que esta fuera reconocida como independiente en el terreno internacional.
El Decreto establece claramente sus designios, ordenando al Ejército Argentino a actuar militarmente en Tucumán con el fin de “aniquilar el accionar” subversivo.
La orden dictamina también a la Policía Federal ponerse bajo el mando del Ejército y solicita al gobierno de la Provincia de Tucumán, hacer lo mismo con la policía provincial.
Los firmantes del Decreto fueron la Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas María Estela de Perón, el Ministro del Interior y al momento de los sucesos Ministro de Justicia Alberto L. Rocamora, el Ministro de Educación Oscar Ivanissevich, el Ministro de Relaciones Exteriores Alberto J. Vignes , el Ministro de Defensa Adolfo M. Savino, el Ministro de Bienestar Social, el oscuro José López Rega, el Ministro de Economía Alfredo Gómez Morales y Ricardo Otero, titular de la cartera de Trabajo).
La señora Presidente debió tomar vacaciones (Macri no es el único) y fue relevada temporalmente por Ítalo Lúder, quién en un acuerdo de ministros, dictó los decretos 2770/75, el 2771/75 y 2772/75, extendiendo a todo el país y bajo el mando directo de las Fuerzas Armadas, la orden de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, que se iniciara con el Operativo Independencia, en la provincia de Tucumán. El decreto número 2770 creaba dos Consejos: El Consejo de Seguridad Interna, encabezado por el Presidente e integrado por los ministros y los tres jefes militares para dirigir “los esfuerzos para la lucha contra la subversión”. El Consejo de Defensa, presidido por el ministro de Defensa e integrado por los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, era el que más les interesaba a los militares por sus funciones, y le permitía entre otras cosas conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión y planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales.
El decreto 2771 disponía que el Ministerio del Interior firmara tratados con los gobernadores para que la policía y el servicio penitenciario de cada provincia quedaran bajo control del Consejo de Defensa.
El decreto 2772 le ordenaba a las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, la ejecución de las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país.
Estos tres decretos fueron firmados por el Presidente interino Ítalo Argentino Lúder Colombo, el Ministro de Trabajo Carlos Federico Ruckauf, el Ministro de Relaciones Exteriores Manuel Guillermo Aráuz Castex, el Ministro de Defensa Tomás Salvador Vottero, el Ministro de Bienestar Social y Salud Pública Carlos Alberto Emery, el Ministro de Economía Antonio Francisco Cafiero y el santafecino Ángel Federico Robledo, que ocupaba la cartera del Interior.
María Estela Martínez de Perón y Carlos Federico Ruckauf sobreviven a la historia. Un Juez Federal, Raúl Acosta, se encontraba en el año 2006 en el medio de las investigaciones sobre los aludidos edictos y decidió que citaría a la ex presidente, a Cafiero y a Ruckauf. El juez Acosta había solicitado al gobierno de Mendoza y a la Policía Federal que le informen sobre la identidad y referencias personales de cada uno de los firmantes de esas disposiciones. La plantilla incluía al ex Ministro de Interior Ángel Federico Robledo, al ex Canciller Manuel Guillermo Arauz Castex, al ex Ministro de Defensa Tomás Vottero, al ex Ministro de Bienestar Social Carlos Emery y al ex Presidente Provisional del Senado, Ítalo Argentino Lúder, quién para ese entonces ya padecía una grave enfermedad que le impediría comparecer (No existía el término Impunidad Gerontológica, claro). Acosta, entonces, recibió la información de que el resto de los implicados habían perecido. En su emprendimiento, el juez dejaba frases como “Si no fuera un delito de lesa humanidad, lo que investigo estaría prescripto”. La viuda de Juan Perón permaneció en España. Cafiero y Ruckauf fueron sobreseídos.
La ex Presidente Perón y Carlos Ruckauf sobreviven a la historia y siguen sobreviviendo. Ítalo Lúder en su testimonio en el juicio a las juntas se refirió a sus decretos: “Había que garantizar la seguridad y la tranquilidad de un país comprometido por el accionar de la subversión y las policías provinciales habían sido rebasadas en su capacidad”. Cuando se le inquirió por la palabra Aniquilación, Lúder explicó que esa palabra significaba “Inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significaba aniquilamiento físico…” Damas y caballeros, les presento aquí a un político argentino. Pero quiero dejar de lado al doctor Lúder, sin poder de réplica por su fallecimiento y ya sabemos que todos -con excepción de los ex uniformados- se transforman en buenos cuando pasan a mejor vida.
Antonio Cafiero fue un espejo. Ya hacia el año 2010 el veterano dirigente Peronista esgrimía que el objetivo del gobierno constitucional fue detener o dificultar la acción de la guerrilla mediante las Fuerzas Armadas. Acordando con Lúder aseguraba que la policía estaba superada. “La guerrilla tenía capacidad de dañar, pero no para gobernar. Quería apoderarse del poder, aunque nunca tuvo el apoyo del pueblo.” Sostenía uno de los firmantes del decreto tan famoso y adhería: “El concepto de aniquilar la subversión -comprendido en un decreto firmado por el presidente provisional Ítalo Lúder- no es eliminar al subversivo sino sólo desarmar al enemigo. No es exterminar al adversario sino dejarlo inerme para que no pueda seguir actuando.” Cafiero aseveraba que los jóvenes militantes tenían gran capacidad de combate, pero sin experiencia. Sus líderes mostraban que no tenían ni capacidad, ni coraje y que huyeron como ratas mientras sus conducidos eran abatidos o detenidos. Tanto Lúder como Cafiero -siempre tarde- se vuelven elocuentes y explícitos con sus epítetos. Algo que no utilizaron a la hora de los eventos. Como ayuda memoria, es bueno desempolvar el diccionario y buscar el verbo aniquilar. No cometa errores, por más pasionario que sea el ser humano, aquí no hay excusas. Aniquilar significa reducir a la nada, destruir o arruinar enteramente. Entre sus sinónimos podemos leer exterminar, masacrar, arrasar, arruinar, asolar, demoler, derribar, derruir, destruir, destrozar, devastar.
¿Qué esperaba el gobierno democrático peronista al llamar a las Fuerzas Armadas? Sospecho que cumplieran con las órdenes de su Comandante en Jefe. Los firmantes de los decretos no eran funcionarios ignorantes. Sabían que la tarea del Ejército Argentino era y es servir a la patria, para contribuir a la defensa nacional a fin de proteger sus intereses vitales. Entre estos, la independencia y la soberanía; la integridad territorial y la protección de los bienes, la vida y la libertad de los habitantes que, por cierto -y según las palabras de ayer- Lúder y Cafiero sostenían que estaba siendo amenazada por esos grupos subversivos. Sin mencionar, claro, que se supone que un soldado está preparado para matar o morir en defensa de su misión.
Néstor Kirchner fue un político más que solo vio la luz y eran estas las marquesinas del negocio. Como gran comerciante sin escrúpulos, supo leer la historia argentina y el comportamiento de ciudadanos creando no solo una gran división entre hermanos, sino alimentando la intolerancia, cometiendo crímenes, pisoteando la Constitución Nacional en pos de llenar esa caja fuerte que tanto supo abrazar.
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Por Fabian Kussman
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 10, 2017
Los derechos humanos en Argentina
Tenemos que partir de la base que el orden natural es anterior al orden positivo según lo que los abogados suelen aprender en su primera materia de la carrera de abogados. Es así entonces que lo único que hace el derecho positivo o sean las leyes es reconocer ese orden natural . Los derechos humanos son universales, hacen a la esencia propia de la naturaleza humana y no son el resultado caprichoso del gobierno de turno.
Los guerrilleros fueron en realidad jovenes idealistas de muertes y secuestros de muchos inocentes, no solo militares e hijos de militares, sino empresarios nacionales y extranjeros.
Las Fuerzas Revolucionarias de Cuba y Nicaragua les prestaron ayuda y le sirvieron de refugio. No se puede sino de hablar de verdaderos farsantes que ni siquiera han pedido perdón a victimas inocentes de sus crímines que nada tuvieron que ver con el aparato represor militar. Muchos de estos asesinos hasta han sido indemnizados por el Estado Nacional y hasta son testigo contra los supuestos acusados de delitos de “Lesa Humanidad”La Constitución Nacional establece que todos los argentinos son iguales ante la ley hecho que desconoce el Poder Político y la Justicia Argentina.
Es cierto que los delitos cometidos por el Estado deben ser considerados más graves porque se usa el aparato estatal contra los ciudadanos en vez de servir al pueblo van contra el pueblo. No se puede decir que son defensores de los derechos humanos a quienes dicen sentir odio y sed de venganza y que ni siquiera pidieron jamas perdon por sus asesinatos, sus secuestros.
La pacificación nacional es un durísimo camino a transitar. Los políticos no quieren en el fondo discutir maduramente la historia triste del pasado en forma “objetiva” en forma “racional”, con”paz y serenidad”.La violencia del pasado fue generada por los peronistas de extrema derecha y de extrema izquierda que hoy parecen olvidar todo y su gran responsabilidad histórica.
LAS HERIDAS ESTAN ABIERTAS. Según el ex-Fiscal que acusara a los Miembros de las Juntas Militares en la época de Alfonsín ha sostenido siempre que los delitos cometidos por el terrorismo son “Delitos de Lesa Humanidad”, pero la Corte Suprema sostiene que son sólo delitos de lesa humanidad los cometidos desde el Estado. El Dr.Moreno Ocampo ocupo el cargo de Fiscal en la Corte Internacional de la Haya.”LOS DERECHOS HUMANOS NO DEBEN RESPONDER A CUESTIONES IDEOLOGICAS”.
Dr. Francisco Bénard
Abogado,Periodista,Escritor y Poeta
GÓMEZ CENTURIÓN Y EL DELITO PENSAR DISTINTO
La diputada Cecilia Moreau presentará un proyecto de ley que agravará la pena por apología del delito a quienes se atrevan a “Negar la existencia de un plan sistemático de represión y tortura a aquellos que pensaban distinto…” Quiero creer, en el mejor de los casos, que la diputada no vivió esa época, ignora
supinamente los hechos a los que alude o, en su defecto y en el peor, pretende imponernos a fuerza de garrotazos el pensamiento único. En contra de esto último, a los que compartan esta intención, entre asesinatos, secuestros, torturas, heridos, extorsiones, robos, ataques a cuarteles, etcétera, debemos recordar que el número de atentados perpetrados por los terroristas de las bandas Montoneros, ERP y otras asciende a la friolera cifra de 17.000. También, a propósito de que la diputada integra un bloque que presume de peronista, le refiero que fue Juan Domingo Perón (no Jorge Rafael Videla) quien, al referirse a los subversivos, dijo (y actuó en consecuencia) que haría todo lo que esté a su alcance para que “…el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la Republica”. Luego vinieron la represión de la mano de La Triple A, el decreto de aniquilamiento de Martínez de Perón y el gobierno militar. De manera tal que, el ardid de que los reprimieron “porque 
pensaban distinto” es una burda patraña que tergiversa los hechos. ¡Los reprimieron porque querían tomar el poder a fuerza de asesinar! Esa es la verdad incontrovertible (perdón, por ser tan políticamente incorrecto). Verdad que, cuando se apruebe la ley, convertirá en delincuente a aquel que la empuñe. Se perseguirá, ahora sí, a los que “piensen distinto”. Por lo pronto, los macristas Darío Lopérfido y Gómez Centurión ya sufrieron un adelanto por cuestionar el número de los desaparecidos. Y aunque a ningún diputado como tampoco al ministro de Educación le importen que en las escuelas se mienta a los niños que fueron 30 mil, los datos oficiales (chequeados por el actual y el anterior gobierno) afirman que, desde 24/03/76 al 10/12/83, fueron 6348. Por mi parte, digo que por más ley, amenazas de represión y/o escraches insistiré públicamente en que se trató de una guerra y no un genocidio. Protejo demasiado mi autoestima como para decir o hacer algo que me merezca sentir repugnancia de mí mismo.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 5, 2017
EL PUDOR Y EL OPERATIVO INDEPENDENCIA
Créase o no, el auto de elevación del juez Bejas, el que promovió el juicio oral que por estos días que se celebra en Tucumán con el nombre de “Operativo Independencia”, afirma que el contexto en el que se dieron los hechos que se juzgan fue el de un plan de aniquilamiento sistemático contra la población civil a través del cual cientos de tucumanos fueron perseguidos, torturados y/ o eliminados por su posición política, pensamiento, o condición social. Casi idéntica aserción obra en el respectivo requerimiento a juicio producido por los fiscales Leopoldo Oscar Peralta Palma y Pablo Camuñas (“la primera intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos”). Pues bien, actuando ambos escritos en la causa y teniendo en cuenta el hecho de que el “Operativo Independencia” comenzó a ejecutarse el 8 de febrero de 1975, no hay otra opción posible que endilgar la responsabilidad intelectual al gobierno que diseñó y ordenó dicha acción. El cuál, no es otro que la gestión del partido Justicialista comandado por María Estela Martínez de Perón y sus ministros.
Yo no fui; fueron ellos
Mas, créase o no, el juez Bejas en su escrito sostiene que no fue así y, en una suerte de responsabilidad objetiva, atribuye exclusivamente la responsabilidad del Operativo Independencia al colectivo de las fuerzas armadas y a las de seguridad (jefes y subordinados incluidos). De allí que, con prescindencia del cargo o grado del individuo y por el mero hecho de pertenecer al colectivo que actuó en Tucumán en esa época, es suficiente para caer bajo el estado de sospecha. En tal marco “jurídico” una simple denuncia por una “violación de domicilio”, supuestamente, acaecida hace cuarenta años basta y sobra para procesar penalmente, enviar a juicio y condenar al infortunado; no así, en cambio, para Estela Martínez de Perón y los ministros firmantes del Decreto 261/75 que ordenó dicho Operativo. Es más, en su escrito, Bejas sugiere que los militares (léase, desde Videla hasta el cabo más moderno e incluyendo a los conscriptos) se aprovecharon de la candidez política de los López Rega, Lorenzo Miguel, Cafiero, Ruckauf, Herminio Iglesias y demás angelitos del peronismo gobernante para embaucarlos y así convencerlos de firmar el decreto para combatir la subversión en Tucumán.
Onganía, verdadero “padre” del Operativo Independencia
Según Bejas el Operativo Independencia constituiría una segunda fase a ejecutar de un plan militar contra la economía tucumana anterior al gobierno peronista que asumió el 25 de mayo de 1973. “El Operativo Tucumán”, a éste se refiere, es un plan de la presidencia del general Onganía que, entre otras medidas y en medio de la crisis del bajo precio mundial del producto, terminó con el subsidio a la industria azucarera tucumana. Dicho plan, sostiene Bejas, preveía la futura represión de los obreros y campesinos (especialmente sus líderes sindicales) que se verían afectados por la pérdida de sus fuentes de trabajo.
Al juez Bejas lo comprenden las generales de la ley
Ello así porque Bejas, antes de ser juez federal, se desempeñó como apoderado del partido justicialista tucumano (antecedente que suele ser decisivo en la elección de un magistrado). Por ende, quién más calificado e interesado que un ex apoderado para desvincular a su partido de la paternidad del Operativo Independencia. Además, un trámite sencillo por estos tiempos; como quitarle un dulce a un niño; sobre todo cuando se tiene a disposición a ancianos militares que hacen de pato de todas las bodas de los políticos.
Trabalenguas de la traición
El Operativo Independencia fue ordenado, en su momento, por los peronistas para defender un gobierno peronista de los terroristas que querían hacerse del poder por las armas. Hoy, paradojalmente, son también peronistas los que persiguen y llaman “genocidas” a aquellos que cumplieron la orden (“criminal”), del gobierno peronista, de defender el gobierno peronista. Y, para más inri, son peronistas los que les erigen monumentos y llaman víctimas a justamente aquellos que, en su momento, mandó a aniquilar.
Los hechos
A nadie, que frise los cincuenta años o esté medianamente informado, se le escapa que el Operativo Independencia fue la reacción natural, previsible, constitucional, lógica y espontánea, del gobierno civil de Isabel Perón, al ataque de fuerzas guerrilleras que intentaron hacerse del estado tucumano como primer paso hacia la toma del poder de la Nación. Así lo expreso el fallo de la causa 13 en El juicio a las Juntas. Por lo dicho, además de una falsedad ideológica, constituye una burla y un insulto a la inteligencia de los argentinos el llamar “opositores políticos civiles” a individuos que, estaban organizados en banda (Ejército Revolucionario del Pueblo) vestían uniforme de combate, portaban armas largas a la vista, habían sido entrenados militarmente en Cuba, enarbolaban bandera extraña al pabellón nacional, contaban con extranjeros en sus filas, atacaban cuarteles; tomaban pueblos; secuestraban y asesinaban civiles (entre ellos, niños); deribaban aviones; etcétera. Así, por ejemplo y con el objeto de aniquilarlos, en número de 120 atacaron a doce soldados en la escuela de Manchalá. Todo esos actos de guerra están registrados hasta en los más mínimos detalles en los cientos de publicaciones del ERP. Sin embargo e incomprensiblemente, Bejas y los fiscales del caso no se tomaron el trabajo de citar una de estas revistas. ¿Será que allí, por lo menos una vez por página, se insiste que están librando una guerra? ¿Será que se quiere ocultar lo evidente?
Lo evidente
Lo evidente es que era absolutamente legítimo e imperioso reprimir a los guerrilleros en Tucumán. Se podrá cuestionar la forma. Mas, no es ésta sino la represión, en sí misma, lo que el juez Bejas y los fiscales consideran crimen de lesa humanidad. El axioma que rige en los juicios de lesa humanidad es que reprimir a los “opositores políticos” es un acto criminal de lesa humanidad. De allí que los jueces y fiscales, a contrapelo de los hechos, se ven en figurillas para negar que fue una guerra. Se llega hasta el monstruso absurdo de, por ejemplo, que en el propio juicio oral los asesinos del Capitán Viola y su hija María Cristina sean querellantes-víctimas de aquellos que los reprimieron por haber cometido el tan alevoso crimen. Un disparate nauseabundo que califica crimen de lesa humanidad al hecho de que los policías atrapen a los asesinos pero no al que estos (para los jueces, “víctimas”) masacren a una niña de tres años.
Pudor
El tribunal de la Megacausa “Operativo Independencia” está integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Los dos primeros, ya recibidos de abogado, residieron en Tucumán en el tiempo de los hechos que se juzgan. Como pocos y de manera directa, conocen el contexto en que se dieron. Es de suponer que el contexto histórico, que el juez Bejas y los fiscales proponen como el real, les cae como una grosera falta de respeto a su inteligencia y a su investidura. De no ser afectados de tal manera y aceptar dicho “contexto” como ajustado a la verdad, entonces sería deseable que, por una cuestión elemental de pudor, transiten las calles de La Cuna de la Independencia con sus respectivas caretas.-
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 1, 2016
Venganza no es justicia
Editorial del diario La Nación.
La saña contra el doctor Jaime Smart, respetado hombre del derecho, es una muestra contundente de abuso del poder estatal en violación del marco legal.
“Dadme una persona y yo le encontraré un delito” es la frase atribuida a Andrey Vyshinsky, el temido procurador general de la URSS (1935), la perversa mente creativa detrás de la gran purga que llevó a cabo José Stalin, mediante los célebres juicios de Moscú. Se trataba de falsos procesos públicos, con sentencias condenatorias preestablecidas, para así eliminar a sus enemigos políticos, presuntamente respetando las formalidades procesales. Vyshinsky recomendaba a sus fiscales y a los jueces, guiar sus investigaciones y sentencias conforme una “perspectiva social más amplia”. Es decir, que cada caso debía ser juzgado en el “contexto” de la doctrina marxista de la lucha de clases. Como resultado, en esos juicios no era necesario respetar las garantías del debido proceso legal ni los principios de la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley, el nulla poena sine lege o el derecho de defensa, sino que bastaba determinar que el imputado había sido reticente en adherir a la sociedad sin clases o insistente en conservar sus hábitos burgueses. O simplemente, por razón de Estado: cuando el Partido Comunista considerase útil el dictado de condenas ejemplares para educar a la población en lo que consideraba el recto camino. Es realmente notable que la teoría del “contexto” como factor de atribución penal para condenar sólo sobre la base de presunciones, haya sido también copiada, 80 años más tarde, por algunos miembros de nuestro Poder Judicial que militan en la agrupación Justicia Legítima.
Como los métodos de los totalitarismos siempre convergen, cabe recordar que durante la Alemania nazi fue creado el Volksgerichtshof o tribunal del pueblo, que también edificó farsas judiciales para condenar a los enemigos del nazismo en función del “contexto” en que los imputados habrían actuado. Sobre la base de presunciones de corte ideológico, miles de alemanes sufrieron la pena capital con el argumento de que ponían en peligro al Tercer Reich, no obstante que los delitos no estaban tipificados ni existían pruebas de culpabilidad. No sorprende que el presidente del Tribunal fuese el gélido Roland Freisler, admirador declarado del ruso Vyshinsky, a pesar de lo sucedido en Stalingrado.
En la Argentina se llevan a cabo cientos de juicios de lesa humanidad contra militares que intervinieron en la guerra antisubversiva. Sin embargo existe un solo caso de un civil condenado a prisión perpetua. Se trata del doctor Jaime Smart, quien fue ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar y, por tal razón, la Justicia le atribuyó, sin probarlo más allá de toda duda razonable, haber sido ideólogo de un plan de exterminio de la población civil durante aquel período. Smart fue condenado por el Tribunal Nº 1 de La Plata, presidido por el escandaloso ex juez Carlos Rozanski, quien renunció a su cargo para evitar enfrentar las gravísimas denuncias que se habían acumulado en su contra en el Consejo de la Magistratura.
Al igual que en los juicios de Moscú, Rozanski dispuso realizar las audiencias en un teatro, para dar cabida a intimidatorias barras de militantes que convirtieron una actuación judicial independiente en un circo político, con cánticos amenazadores más próximos a la violencia que a la razón y al derecho. Smart fue condenado, no obstante que en el juicio a los comandantes quedó probado que la policía de la provincia de Buenos Aires no dependía operativamente del Ministerio de Gobierno, sino del Primer Cuerpo de Ejército. Por tanto, la gestión de Smart se limitó al ejercicio de las competencias civiles de su ministerio. El tribunal recurrió a Vyshinsky, sin nombrarlo, y adoptó la doctrina del “contexto”, señalando que bastaba que Smart hubiese “integrado el aparato organizado del poder represivo, con independencia del tipo de intervención que hubiese tenido”.
La saña contra Smart tiene un claro sentido de venganza, pues en los años setenta, este respetado hombre de derecho integró la Cámara Federal en lo Penal que juzgó a los terroristas que asolaban el país aplicando el Código Penal. Pero su esfuerzo fue abandonado cuando asumió la presidencia Héctor Cámpora, quien de inmediato dispuso la liberación de presos de las cárceles. Tal fue el clima de terror a partir de 1973, que María Estela Martínez de Perón ordenó “aniquilar” a aquéllos, dejando de lado al Poder Judicial y encomendando la tarea a los efectivos parapoliciales de la Triple A. El tribunal que integró Smart fue un intento de aplicar el debido proceso legal a quienes atentaban con violencia contra el orden público en democracia y la forma más adecuada de encarar la tragedia de la lucha armada.
Ya han pasado 33 años desde la instauración de la democracia. En ella, la Justicia debe actuar en forma legítima, respetando el debido proceso legal y las garantías constitucionales. De lo contrario, aunque se denomine legítima, es sólo una torpe puesta en escena con fines políticos e ideológicos. Y si los delitos de lesa humanidad se juzgan conforme la ideología o la política, dejan de ser delitos y pierden su carga humanitaria. Como lo hemos dicho reiteradamente desde estas columnas, si las garantías constitucionales son soslayadas en nombre de la liberación, el socialismo nacional o del hombre nuevo, como hicieran Vyshinsky y Freisler, no será en el ámbito de Diké, diosa de la justicia, sino en el de Némesis, diosa de la venganza.
Hace más de ocho años que Smart se encuentra detenido -los últimos en Marcos Paz y en Ezeiza- a pesar de haber superado los 80 años, habiendo alegado infundadamente el tribunal presidido por el renunciado Rozanski, que existe “peligro de fuga”. Y, más tarde, dado lo absurdo de esa causal, alegándose el riesgo de que Smart pudiese utilizar su “ascendiente” personal sobre “estructuras aún subsistentes” de personas con afinidad a la extinguida dictadura militar.
Como las causas han sido apeladas, ahora la Cámara de Casación se encuentra considerando el caso. Ha correspondido la intervención de la Sala I, presidida por la jueza Ana María Figueroa, de Justicia Legítima, a quien secundan como subrogantes Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Cabe ahora recordar que el fundamento utilizado en la Argentina para distinguir el “terrorismo de Estado” del accionar de las bandas subversivas se refiere al abuso del poder coactivo del Estado contra ciudadanos, cuando su finalidad es el bien común, actuando conforme a la ley. Ese argumento tiene una contracara y conlleva una obligación simétrica: todos los órganos del Estado, y no solamente el Poder Ejecutivo, deben apegarse a derecho. Y los jueces -con más razón- están obligados a dejar de lado tanto la política como la ideología, confirmando así que en nuestro país se ha dado vuelta la peligrosa página de la parcialidad. Es de desear que nunca más asistamos a un abuso del poder estatal fuera del marco legal como el que hace años viene sufriendo Smart.
La Nación. Sábado 19 de noviembre de 2016.