Entrevista a Ricardo Valdéz, un héroe olvidado

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Reportaje a Ricardo Valdéz, héroe olvidado que defendió el ataque terrorista de un comando de la organización Montoneros en Formosa, habla de ese trágico día y de la indiferencia de gobierno tras gobierno luego de haber arriesgado su vida por la patria y bajo las órdenes de la Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en plena democracia. María Estela Martínez de Perón.

 

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Más de cuarenta años después, los soldados que defendieron el ataque de un comando de la organización Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa, parecen haber sido borrados de la historia argentina, pero el momento que contiene aquella sangrienta tragedia está intacto.

“Los guerrilleros ocupaban el pasillo cuando vieron salir a los soldados hacia el parque. Alcanzaron a dispararles y le dieron a dos, que salieron lanzados por la fuerza del impacto. Los demás se arrojaron al pasto con sus fusiles en la mano, y contra todos los pronósticos, giraron para devolver los disparos, para resistir. “No lo pensamos. Simplemente combatimos”, relata Ricardo Valdez, quién tenía 21 años y poco tiempo como soldado.

La resistencia de los soldados tuvo un rápido apoyo de parte de dos o tres suboficiales y soldados que en otro flanco sur del cuartel, habían alcanzado una ametralladora asentada junto al mástil de la Plaza de Armas del Regimiento.


Los montoneros decidieron entonces la retirada. Se tenían que ir rápido, porque en el aeropuerto los esperaba el avión secuestrado y para no dar tiempo a que llegaron refuerzos para el cuartel.

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Los conscriptos del Regimiento 29 volvían al retén luego de un partido de fútbol. Eran jóvenes de 20 y 21 años que se hallaban realizando el Servicio Militar Obligatorio. Algunos de ellos tenían un buen nivel de instrucción formal, como el santafesino Luis Roberto Mayol, que estudiaba Derecho; otros, como Hermindo “el Negro” Luna, en cambio, estaban aprendiendo a leer y escribir en el cuartel. Pero todos, usaban el mismo uniforme que los convertía en camaradas y juraban la misma bandera que los hermanaba. Inmediatamente después del partido los conscriptos fueron a ducharse, todos reían menos uno…Mayol. Aquel era el día elegido por los terroristas para llevar a cabo un espectacular golpe contra el Ejército Argentino, con la intención de intimidar al gobierno constitucional de ‘Isabelita’ Perón. Además del hecho propagandístico, Montoneros se proponían dotarse de cuantas armas pudieran tomar del cuartel del Regimiento. Ellos habían comprometido un centenar de efectivos fuertemente pertrechados, llevando ametralladoras, fusiles FAL con 5 cargadores por hombre, escopetas recortadas, granadas, minas vietnamitas y equipos de comunicación portátiles. Vestían uniformes azules y contaban con una muda de ropa civil y documentos falsos. Para desplazarse disponían de 11 vehículos y una avioneta. La operación, minuciosamente planeada, establecía un asalto simultáneo al Regimiento y al aeropuerto “El Pucú” de Formosa, cuyo control era vital para la posterior evasión de los terroristas, escape que se realizaría con un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas desviado de su ruta original Buenos Aires-Posadas. La irrupción al cuartel se efectuaría mediante un ataque a la Guardia y una penetración por el área posterior de la unidad. En cuanto a la inteligencia previa, los Montoneros tenían “ojos” dentro del cuartel.
Mientras algunos conscriptos dormían y otros en encontraban ya duchándose, Mayol -famoso por sus bromas- le arrebató el fusil a su compañero del Puesto de Guardia Nº 2 y abrió los portones para permitir el ingreso de 5 camionetas que transportaban unos treinta terroristas fuertemente armados. El primer vehículo se dirigió al Puesto de Guardia Nº 1, cerca de la Guardia Central, donde el Sargento Víctor Sanabria estaba intentando operar una radio, y al descubrirlo, lo mataron para cortar toda comunicación con el exterior. Simultáneamente, otro pelotón de montoneros entró al dormitorio de la Guardia y mató a 5 Soldados que se hallaban durmiendo. Otros conscriptos murieron en las duchas, alcanzados por las granadas arrojadas desde las ventanas del baño.
Conducidos por el conscripto entregador, los subversivos sabían muy bien dónde se hallaban los depósitos de armas y de municiones. Cuando se acercó un Subteniente que había oído los disparos, Mayol le apuntó con su FAL, pero el arma se trabó y el oficial logró abatirlo. Les fue sencillo en el pabellón de la “Compañía A”, donde mataron al Subteniente Ricardo Massaferro, un joven de 21 años. Yaguer, el jefe del ataque, se dirigió hacia el depósito de armas (sólo se iban a llevar unos 18 fusiles FAL y un FAP de los 200 que habían), mientras un grupo fue a controlar la reserva de Soldados que descansaba en el pabellón de la “Compañía B”.

El “Negro” Luna, quién se hallaba de guardia en la Compañía Comando, decidió enfrentar a cinco guerrilleros que saltaron de una de las camionetas y lo encararon.

-“¡Rendite, negro, que con vos no es la cosa!”-, le ordenron. 

-“¡Acá no se rinde nadie, mierda!” -, respondió.

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Idea y producción: Mariel Fernández Siguenza


Fabian Kussman

www.PrisioneroEnArgentina.com

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Marzo 13, 2017


 

Nuestros Nuevos Padres Fundadores y la Hipocresía en la Sangre.

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En uno de los tantos bosquejos de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, Thomas Jefferson redactaba Sostenemos estas verdades como sagradas e inalterables. En ese grupo de mentes privilegiadas también estaba Ben Franklin que en su revisión decidió modificarla, entonces imprimió en tinta que Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas.

Juan Domingo Perón había pasado a mejor vida y su esposa María Estela Martínez de Perón -presidente heredera haciendo equilibrio en un mar picado por el terrorismo- fue una de las firmantes del Decreto 261/75 del 5 de febrero de 1975.

Esta orden ejecutiva tuvo como empresa tomar medidas militares para combatir el accionar extremista del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Tucumán, zona que había sido estratégicamente sitiada por el ERP por medio de la Compañía Ramón Rosa Jiménez. El propósito era obtener una zona del país y que esta fuera reconocida como independiente en el terreno internacional.

El Decreto establece claramente sus designios, ordenando al Ejército Argentino a actuar militarmente en Tucumán con el fin de “aniquilar el accionar” subversivo.

La orden dictamina también a la Policía Federal ponerse bajo el mando del Ejército y solicita al gobierno de la Provincia de Tucumán, hacer lo mismo con la policía provincial.

Los firmantes del Decreto fueron la Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas María Estela de Perón, el Ministro del Interior y al momento de los sucesos Ministro de Justicia Alberto L. Rocamora, el Ministro de Educación Oscar Ivanissevich, el Ministro de Relaciones Exteriores Alberto J. Vignes , el Ministro de Defensa Adolfo M. Savino, el Ministro de Bienestar Social, el oscuro José López Rega, el Ministro de Economía Alfredo Gómez Morales y Ricardo Otero, titular de la cartera de Trabajo).

La señora Presidente debió tomar vacaciones (Macri no es el único) y fue relevada temporalmente por Ítalo Lúder, quién en un acuerdo de ministros, dictó los decretos 2770/75, el 2771/75 y 2772/75, extendiendo a todo el país y bajo el mando directo de las Fuerzas Armadas, la orden de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, que se iniciara con el Operativo Independencia, en la provincia de Tucumán. El decreto número 2770 creaba dos Consejos: El Consejo de Seguridad Interna, encabezado por el Presidente e integrado por los ministros y los tres jefes militares para dirigir “los esfuerzos para la lucha contra la subversión”. El Consejo de Defensa, presidido por el ministro de Defensa e integrado por los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, era el que más les interesaba a los militares por sus funciones, y le permitía entre otras cosas conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión y planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales.

El decreto 2771 disponía que el Ministerio del Interior firmara tratados con los gobernadores para que la policía y el servicio penitenciario de cada provincia quedaran bajo control del Consejo de Defensa.

El decreto 2772 le ordenaba a las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, la ejecución de las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país.

Estos tres decretos fueron firmados por el Presidente interino Ítalo Argentino Lúder Colombo, el Ministro de Trabajo Carlos Federico Ruckauf, el Ministro de Relaciones Exteriores Manuel Guillermo Aráuz Castex, el Ministro de Defensa Tomás Salvador Vottero, el Ministro de Bienestar Social y Salud Pública Carlos Alberto Emery, el Ministro de Economía Antonio Francisco Cafiero y el santafecino Ángel Federico Robledo, que ocupaba la cartera del Interior.

María Estela Martínez de Perón y Carlos Federico Ruckauf sobreviven a la historia. Un Juez Federal, Raúl Acosta, se encontraba en el año 2006 en el medio de las investigaciones sobre los aludidos edictos y decidió que citaría a la ex presidente, a Cafiero y a Ruckauf. El juez Acosta había solicitado al gobierno de Mendoza y a la Policía Federal que le informen sobre la identidad y referencias personales de cada uno de los firmantes de esas disposiciones. La plantilla incluía al ex Ministro de Interior Ángel Federico Robledo, al ex Canciller Manuel Guillermo Arauz Castex, al ex Ministro de Defensa Tomás Vottero, al ex Ministro de Bienestar Social Carlos Emery y al ex Presidente Provisional del Senado, Ítalo Argentino Lúder, quién para ese entonces ya padecía una grave enfermedad que le impediría comparecer (No existía el término Impunidad Gerontológica, claro). Acosta, entonces, recibió la información de que el resto de los implicados habían perecido. En su emprendimiento, el juez dejaba frases como “Si no fuera un delito de lesa humanidad, lo que investigo estaría prescripto”. La viuda de Juan Perón permaneció en España. Cafiero y Ruckauf fueron sobreseídos.

La ex Presidente Perón y Carlos Ruckauf sobreviven a la historia y siguen sobreviviendo. Ítalo Lúder en su testimonio en el juicio a las juntas se refirió a sus decretos: “Había que garantizar la seguridad y la tranquilidad de un país comprometido por el accionar de la subversión y las policías provinciales habían sido rebasadas en su capacidad”. Cuando se le inquirió por la palabra Aniquilación, Lúder explicó que esa palabra significaba “Inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significaba aniquilamiento físico…” Damas y caballeros, les presento aquí a un político argentino. Pero quiero dejar de lado al doctor Lúder, sin poder de réplica por su fallecimiento y ya sabemos que todos -con excepción de los ex uniformados- se transforman en buenos cuando pasan a mejor vida.

Antonio Cafiero fue un espejo. Ya hacia el año 2010 el veterano dirigente Peronista esgrimía que el objetivo del gobierno constitucional fue detener o dificultar la acción de la guerrilla mediante las Fuerzas Armadas. Acordando con Lúder aseguraba que la policía estaba superada. “La guerrilla tenía capacidad de dañar, pero no para gobernar. Quería apoderarse del poder, aunque nunca tuvo el apoyo del pueblo.” Sostenía uno de los firmantes del decreto tan famoso y adhería: “El concepto de aniquilar la subversión -comprendido en un decreto firmado por el presidente provisional Ítalo Lúder- no es eliminar al subversivo sino sólo desarmar al enemigo. No es exterminar al adversario sino dejarlo inerme para que no pueda seguir actuando.”  Cafiero aseveraba que los jóvenes militantes tenían gran capacidad de combate, pero sin experiencia. Sus líderes mostraban que no tenían ni capacidad, ni coraje y que huyeron como ratas mientras sus conducidos eran abatidos o detenidos. Tanto Lúder como Cafiero -siempre tarde- se vuelven elocuentes y explícitos con sus epítetos. Algo que no utilizaron a la hora de los eventos. Como ayuda memoria, es bueno desempolvar el diccionario y buscar el verbo aniquilar. No cometa errores, por más pasionario que sea el ser humano, aquí no hay excusas. Aniquilar significa reducir a la nada, destruir o arruinar enteramente. Entre sus sinónimos podemos leer exterminar, masacrar, arrasar, arruinar, asolar, demoler, derribar, derruir, destruir, destrozar, devastar.

¿Qué esperaba el gobierno democrático peronista al llamar a las Fuerzas Armadas? Sospecho que cumplieran con las órdenes de su Comandante en Jefe. Los firmantes de los decretos no eran funcionarios ignorantes. Sabían que la tarea del Ejército Argentino era y es servir a la patria, para contribuir a la defensa nacional a fin de proteger sus intereses vitales. Entre estos, la independencia y la soberanía; la integridad territorial y la protección de los bienes, la vida y la libertad de los habitantes que, por cierto -y según las palabras de ayer- Lúder y Cafiero sostenían que estaba siendo amenazada por esos grupos subversivos. Sin mencionar, claro, que se supone que un soldado está preparado para matar o morir en defensa de su misión.

Néstor Kirchner fue un político más que solo vio la luz y eran estas las marquesinas del negocio. Como gran comerciante sin escrúpulos, supo leer la historia argentina y el comportamiento de ciudadanos creando no solo una gran división entre hermanos, sino alimentando la intolerancia, cometiendo crímenes, pisoteando la Constitución Nacional en pos de llenar esa caja fuerte que tanto supo abrazar.

“Considerada la Guerra como un crimen, ningún soberano se ha confesado su autor”

Juan Bautista Alberdi



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Por Fabian Kussman

 


PrisioneroEnArgentina.com

Febrero 10, 2017


 

Los derechos humanos en Argentina

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 Escribe Francisco Bénard.

Tenemos que partir de la base que el orden natural es anterior al orden positivo según  lo que los abogados suelen aprender en su primera materia de la carrera de abogados. Es así entonces que lo único que hace el derecho positivo o sean las leyes es reconocer ese orden natural . Los derechos humanos son universales, hacen a la esencia propia de la naturaleza  humana y no son el resultado caprichoso del gobierno de turno.

La visión de los derechos humanos se ha visto totalmente distorsionada durante los doce años de gobierno kirchnerista por razones estrictamente “políticas y de conveniencia personal tanto de Nestor como Cristina, que hasta tuvieron en su gestión a ex-terroristas montoneros en su Gobierno.Esto no significa aprobar los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas que combatieron a la guerrilla por orden como todos sabemos por un Gobierno Democrático que fue el de Maria Estela Martinez de Peron.

Los guerrilleros fueron en realidad jovenes idealistas de muertes y secuestros de muchos inocentes, no solo militares e hijos de militares, sino empresarios nacionales y extranjeros.

Las Fuerzas Revolucionarias de Cuba y Nicaragua les prestaron ayuda y le sirvieron de refugio. No se puede sino de hablar de verdaderos farsantes que ni siquiera han pedido perdón a victimas inocentes de sus crímines que nada tuvieron que ver con el aparato represor militar. Muchos de estos asesinos hasta han sido indemnizados por el Estado Nacional y hasta son testigo contra los supuestos acusados de delitos de “Lesa Humanidad”La Constitución Nacional establece que todos los argentinos son iguales ante la ley hecho que desconoce el Poder Político y la Justicia Argentina.

Es cierto que los delitos cometidos por el Estado deben ser considerados más graves porque se usa el aparato estatal contra los ciudadanos en vez de servir al pueblo  van contra el pueblo. No se puede decir que son defensores de los derechos humanos a quienes dicen sentir odio y sed de venganza y que ni siquiera pidieron jamas perdon por sus asesinatos, sus secuestros.

La pacificación nacional es un durísimo camino a transitar. Los políticos no quieren en el fondo discutir maduramente la historia triste del pasado en forma “objetiva” en forma “racional”, con”paz y serenidad”.La violencia del pasado fue generada por los peronistas de extrema derecha y de extrema izquierda que hoy parecen olvidar todo y su gran responsabilidad histórica.

LAS HERIDAS ESTAN ABIERTAS. Según el ex-Fiscal que acusara a los Miembros de las Juntas Militares en la época de Alfonsín ha sostenido siempre que los delitos cometidos por el terrorismo son “Delitos de Lesa Humanidad”, pero la Corte Suprema sostiene que son sólo delitos de lesa humanidad los cometidos desde el Estado. El Dr.Moreno Ocampo ocupo el cargo de Fiscal en la Corte Internacional de la Haya.”LOS DERECHOS HUMANOS NO DEBEN RESPONDER A CUESTIONES IDEOLOGICAS”.

Dr. Francisco Bénard

Abogado,Periodista,Escritor y Poeta

 

 

GÓMEZ CENTURIÓN Y EL DELITO PENSAR DISTINTO

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 Escribe Mauricio Ortín.

 

La diputada Cecilia Moreau presentará un proyecto de ley que agravará la pena por apología del delito a quienes se atrevan a “Negar la existencia de un plan sistemático de represión y tortura a aquellos que pensaban distinto…” Quiero creer, en el mejor de los casos, que la diputada no vivió esa época, ignora supinamente los hechos a los que alude o, en su defecto y en el peor, pretende imponernos a fuerza de garrotazos el pensamiento único. En contra de esto último, a los que compartan  esta intención, entre asesinatos, secuestros, torturas, heridos, extorsiones, robos, ataques a cuarteles, etcétera, debemos recordar que el número de atentados perpetrados por los terroristas de las bandas Montoneros, ERP y otras asciende a la friolera cifra de 17.000. También, a propósito de que la diputada integra un bloque que presume de peronista, le refiero que fue Juan Domingo Perón (no Jorge Rafael Videla) quien, al referirse a los subversivos, dijo (y actuó en consecuencia) que haría todo lo que esté a su alcance para que “…el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la Republica”. Luego vinieron la represión de la mano de La Triple A, el decreto de aniquilamiento de Martínez de Perón y el gobierno militar. De manera tal que, el ardid de que los reprimieron “porque pensaban distinto” es una burda patraña que tergiversa los hechos. ¡Los reprimieron porque querían tomar el poder a fuerza de asesinar! Esa es la verdad incontrovertible (perdón, por ser tan políticamente incorrecto). Verdad que, cuando se apruebe la ley, convertirá en delincuente a aquel que la empuñe. Se perseguirá, ahora sí, a los que “piensen distinto”. Por lo pronto, los macristas Darío Lopérfido y Gómez Centurión ya sufrieron un adelanto por cuestionar el número de los desaparecidos. Y aunque a ningún diputado como tampoco al ministro de Educación le importen que en las escuelas se mienta a los niños que fueron 30 mil, los datos oficiales (chequeados por el actual y el anterior gobierno) afirman que, desde 24/03/76 al 10/12/83, fueron 6348. Por mi parte, digo que por más ley, amenazas de represión y/o escraches insistiré públicamente en que se trató de una guerra y no un genocidio. Protejo demasiado mi autoestima como para decir o hacer algo que me merezca sentir repugnancia de mí mismo.

 

 


PrisioneroEnArgentina.com

Febrero 5, 2017


 

EL PUDOR Y EL OPERATIVO INDEPENDENCIA

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ortin-mauricioPor Mauricio Ortín.

 

Créase o no, el auto de elevación del juez Bejas, el que promovió el juicio oral que por estos días que se celebra en Tucumán con el nombre de “Operativo Independencia”, afirma que el contexto en el que se dieron los hechos que se juzgan fue el de un plan de aniquilamiento sistemático contra la población civil a través del cual cientos de tucumanos fueron perseguidos, torturados y/ o eliminados por su posición política, pensamiento, o condición social. Casi idéntica aserción obra en el respectivo requerimiento a juicio producido por los fiscales Leopoldo Oscar Peralta Palma y Pablo Camuñas (“la primera intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos”). Pues bien, actuando ambos escritos en la causa y teniendo en cuenta el hecho de que el “Operativo Independencia” comenzó a ejecutarse el 8 de febrero de 1975, no hay otra opción posible que endilgar la responsabilidad intelectual al gobierno que diseñó y ordenó dicha acción. El cuál, no es otro que la gestión del partido Justicialista comandado por María Estela Martínez de Perón y sus ministros.

 

Yo no fui; fueron ellos

Mas, créase o no, el juez Bejas en su escrito sostiene que no fue así y, en una suerte de responsabilidad objetiva, atribuye exclusivamente la responsabilidad del Operativo Independencia al colectivo de las fuerzas armadas y a las de seguridad (jefes y subordinados incluidos). De allí que, con prescindencia del cargo o grado del individuo y por el mero hecho de pertenecer al colectivo que actuó en Tucumán en esa época, es suficiente para caer bajo el estado de sospecha. En tal marco “jurídico” una simple denuncia por una “violación de domicilio”, supuestamente, acaecida hace cuarenta años basta y sobra para procesar penalmente, enviar a juicio y condenar al infortunado; no así, en cambio, para Estela Martínez de Perón y los ministros firmantes del Decreto 261/75 que ordenó dicho Operativo. Es más, en su escrito, Bejas sugiere que los militares (léase, desde Videla hasta el cabo más moderno e incluyendo a los conscriptos) se aprovecharon de la candidez política de los López Rega, Lorenzo Miguel, Cafiero, Ruckauf, Herminio Iglesias y demás angelitos del peronismo gobernante para embaucarlos y así convencerlos de firmar el decreto para combatir la subversión en Tucumán.

 

Onganía, verdadero “padre” del Operativo Independencia

Según Bejas el Operativo Independencia constituiría una segunda fase a ejecutar de un plan militar contra la economía tucumana anterior al gobierno peronista que asumió el 25 de mayo de 1973. “El Operativo Tucumán”, a éste se refiere, es un plan de la presidencia del general Onganía que, entre otras medidas y en medio de la crisis del bajo precio mundial del producto, terminó con el subsidio a la industria azucarera tucumana. Dicho plan, sostiene Bejas, preveía la futura represión de los obreros y campesinos (especialmente sus líderes sindicales) que se verían afectados por la pérdida de sus fuentes de trabajo.

 

Al juez Bejas lo comprenden las generales de la ley

Ello así porque Bejas, antes de ser juez federal, se desempeñó como apoderado del partido justicialista tucumano (antecedente que suele ser decisivo en la elección de un magistrado). Por ende, quién más calificado e interesado que un ex apoderado para desvincular a su partido de la paternidad del Operativo Independencia. Además, un trámite sencillo por estos tiempos; como quitarle un dulce a un niño; sobre todo cuando se tiene a disposición a ancianos militares que hacen de pato de todas las bodas de los políticos.

 

Trabalenguas de la traición

El Operativo Independencia fue ordenado, en su momento, por los peronistas para defender un gobierno peronista de los terroristas que querían hacerse del poder por las armas. Hoy, paradojalmente, son también peronistas los que persiguen y llaman “genocidas” a aquellos que cumplieron la orden (“criminal”), del gobierno peronista, de defender el gobierno peronista. Y, para más inri, son peronistas los que les erigen monumentos y llaman víctimas a justamente aquellos que, en su momento, mandó a aniquilar.

 

Los hechos

A nadie, que frise los cincuenta años o esté medianamente informado, se le escapa que el Operativo Independencia fue la reacción natural, previsible, constitucional, lógica y espontánea, del gobierno civil de Isabel Perón, al ataque de fuerzas guerrilleras que intentaron hacerse del estado tucumano como primer paso hacia la toma del poder de la Nación. Así lo expreso el fallo de la causa 13 en El juicio a las Juntas. Por lo dicho, además de una falsedad ideológica, constituye una burla y un insulto a la inteligencia de los argentinos el llamar “opositores políticos civiles” a individuos que, estaban organizados en banda (Ejército Revolucionario del Pueblo) vestían uniforme de combate, portaban armas largas a la vista, habían sido entrenados militarmente en Cuba, enarbolaban bandera extraña al pabellón nacional, contaban con extranjeros en sus filas, atacaban cuarteles; tomaban pueblos; secuestraban y asesinaban civiles (entre ellos, niños); deribaban aviones; etcétera. Así, por ejemplo y con el objeto de aniquilarlos, en número de 120 atacaron a doce soldados en la escuela de Manchalá. Todo esos actos de guerra están registrados hasta en los más mínimos detalles en los cientos de publicaciones del ERP. Sin embargo e incomprensiblemente, Bejas y los fiscales del caso no se tomaron el trabajo de citar una de estas revistas. ¿Será que allí, por lo menos una vez por página, se insiste que están librando una guerra? ¿Será que se quiere ocultar lo evidente?

 

Lo evidente

Lo evidente es que era absolutamente legítimo e imperioso reprimir a los guerrilleros en Tucumán. Se podrá cuestionar la forma. Mas, no es ésta sino la represión, en sí misma, lo que el juez Bejas y los fiscales consideran crimen de lesa humanidad. El axioma que rige en los juicios de lesa humanidad es que reprimir a los “opositores políticos” es un acto criminal de lesa humanidad. De allí que los jueces y fiscales, a contrapelo de los hechos, se ven en figurillas para negar que fue una guerra. Se llega hasta el monstruso absurdo de, por ejemplo, que en el propio juicio oral  los asesinos del Capitán Viola y su hija María Cristina sean querellantes-víctimas de aquellos que los reprimieron por haber cometido el tan alevoso crimen. Un disparate nauseabundo que califica crimen de lesa humanidad al hecho de que los policías atrapen a los asesinos pero no al que estos (para los jueces, “víctimas”) masacren a una niña de tres años.

 

Pudor

El tribunal de la Megacausa “Operativo Independencia” está integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Los dos primeros, ya recibidos de abogado, residieron en Tucumán en el tiempo de los hechos que se juzgan. Como pocos y de manera directa, conocen el contexto en que se dieron. Es de suponer que el contexto histórico, que el juez Bejas y los fiscales proponen como el real, les cae como una grosera falta de respeto a su inteligencia y a su investidura. De no ser afectados de tal manera y aceptar dicho “contexto” como ajustado a la verdad, entonces sería deseable que, por una cuestión elemental de pudor, transiten las calles de La Cuna de la Independencia con sus respectivas caretas.-

 


PrisioneroEnArgentina.com

Diciembre 1, 2016


 

Venganza no es justicia

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Editorial del diario La Nación.

La saña contra el doctor Jaime Smart, respetado hombre del derecho, es una muestra contundente de abuso del poder estatal en violación del marco legal.

“Dadme una persona y yo le encontraré un delito” es la frase atribuida a Andrey Vyshinsky, el temido procurador general de la URSS (1935), la perversa mente creativa detrás de la gran purga que llevó a cabo José Stalin, mediante los célebres juicios de Moscú. Se trataba de falsos procesos públicos, con sentencias condenatorias preestablecidas, para así eliminar a sus enemigos políticos, presuntamente respetando las formalidades procesales. Vyshinsky recomendaba a sus fiscales y a los jueces, guiar sus investigaciones y sentencias conforme una “perspectiva social más amplia”. Es decir, que cada caso debía ser juzgado en el “contexto” de la doctrina marxista de la lucha de clases. Como resultado, en esos juicios no era necesario respetar las garantías del debido proceso legal ni los principios de la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley, el nulla poena sine lege o el derecho de defensa, sino que bastaba determinar que el imputado había sido reticente en adherir a la sociedad sin clases o insistente en conservar sus hábitos burgueses. O simplemente, por razón de Estado: cuando el Partido Comunista considerase útil el dictado de condenas ejemplares para educar a la población en lo que consideraba el recto camino. Es realmente notable que la teoría del “contexto” como factor de atribución penal para condenar sólo sobre la base de presunciones, haya sido también copiada, 80 años más tarde, por algunos miembros de nuestro Poder Judicial que militan en la agrupación Justicia Legítima.

Como los métodos de los totalitarismos siempre convergen, cabe recordar que durante la Alemania nazi fue creado el Volksgerichtshof o tribunal del pueblo, que también edificó farsas judiciales para condenar a los enemigos del nazismo en función del “contexto” en que los imputados habrían actuado. Sobre la base de presunciones de corte ideológico, miles de alemanes sufrieron la pena capital con el argumento de que ponían en peligro al Tercer Reich, no obstante que los delitos no estaban tipificados ni existían pruebas de culpabilidad. No sorprende que el presidente del Tribunal fuese el gélido Roland Freisler, admirador declarado del ruso Vyshinsky, a pesar de lo sucedido en Stalingrado.

En la Argentina se llevan a cabo cientos de juicios de lesa humanidad contra militares que intervinieron en la guerra antisubversiva. Sin embargo existe un solo caso de un civil condenado a prisión perpetua. Se trata del doctor Jaime Smart, quien fue ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar y, por tal razón, la Justicia le atribuyó, sin probarlo más allá de toda duda razonable, haber sido ideólogo de un plan de exterminio de la población civil durante aquel período. Smart fue condenado por el Tribunal Nº 1 de La Plata, presidido por el escandaloso ex juez Carlos Rozanski, quien renunció a su cargo para evitar enfrentar las gravísimas denuncias que se habían acumulado en su contra en el Consejo de la Magistratura.

Al igual que en los juicios de Moscú, Rozanski dispuso realizar las audiencias en un teatro, para dar cabida a intimidatorias barras de militantes que convirtieron una actuación judicial independiente en un circo político, con cánticos amenazadores más próximos a la violencia que a la razón y al derecho. Smart fue condenado, no obstante que en el juicio a los comandantes quedó probado que la policía de la provincia de Buenos Aires no dependía operativamente del Ministerio de Gobierno, sino del Primer Cuerpo de Ejército. Por tanto, la gestión de Smart se limitó al ejercicio de las competencias civiles de su ministerio. El tribunal recurrió a Vyshinsky, sin nombrarlo, y adoptó la doctrina del “contexto”, señalando que bastaba que Smart hubiese “integrado el aparato organizado del poder represivo, con independencia del tipo de intervención que hubiese tenido”.

La saña contra Smart tiene un claro sentido de venganza, pues en los años setenta, este respetado hombre de derecho integró la Cámara Federal en lo Penal que juzgó a los terroristas que asolaban el país aplicando el Código Penal. Pero su esfuerzo fue abandonado cuando asumió la presidencia Héctor Cámpora, quien de inmediato dispuso la liberación de presos de las cárceles. Tal fue el clima de terror a partir de 1973, que María Estela Martínez de Perón ordenó “aniquilar” a aquéllos, dejando de lado al Poder Judicial y encomendando la tarea a los efectivos parapoliciales de la Triple A. El tribunal que integró Smart fue un intento de aplicar el debido proceso legal a quienes atentaban con violencia contra el orden público en democracia y la forma más adecuada de encarar la tragedia de la lucha armada.

Ya han pasado 33 años desde la instauración de la democracia. En ella, la Justicia debe actuar en forma legítima, respetando el debido proceso legal y las garantías constitucionales. De lo contrario, aunque se denomine legítima, es sólo una torpe puesta en escena con fines políticos e ideológicos. Y si los delitos de lesa humanidad se juzgan conforme la ideología o la política, dejan de ser delitos y pierden su carga humanitaria. Como lo hemos dicho reiteradamente desde estas columnas, si las garantías constitucionales son soslayadas en nombre de la liberación, el socialismo nacional o del hombre nuevo, como hicieran Vyshinsky y Freisler, no será en el ámbito de Diké, diosa de la justicia, sino en el de Némesis, diosa de la venganza.

Hace más de ocho años que Smart se encuentra detenido -los últimos en Marcos Paz y en Ezeiza- a pesar de haber superado los 80 años, habiendo alegado infundadamente el tribunal presidido por el renunciado Rozanski, que existe “peligro de fuga”. Y, más tarde, dado lo absurdo de esa causal, alegándose el riesgo de que Smart pudiese utilizar su “ascendiente” personal sobre “estructuras aún subsistentes” de personas con afinidad a la extinguida dictadura militar.

Como las causas han sido apeladas, ahora la Cámara de Casación se encuentra considerando el caso. Ha correspondido la intervención de la Sala I, presidida por la jueza Ana María Figueroa, de Justicia Legítima, a quien secundan como subrogantes Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Cabe ahora recordar que el fundamento utilizado en la Argentina para distinguir el “terrorismo de Estado” del accionar de las bandas subversivas se refiere al abuso del poder coactivo del Estado contra ciudadanos, cuando su finalidad es el bien común, actuando conforme a la ley. Ese argumento tiene una contracara y conlleva una obligación simétrica: todos los órganos del Estado, y no solamente el Poder Ejecutivo, deben apegarse a derecho. Y los jueces -con más razón- están obligados a dejar de lado tanto la política como la ideología, confirmando así que en nuestro país se ha dado vuelta la peligrosa página de la parcialidad. Es de desear que nunca más asistamos a un abuso del poder estatal fuera del marco legal como el que hace años viene sufriendo Smart.

La Nación. Sábado 19 de noviembre de 2016.