Es difícil no escandalizarse ante las noticias de que muchos de los acusados en la megacausa de corrupción que conmueve a la Argentina en estos días, con tal de no pasar ni una sola noche en un calabozo se declaran “arrepentidos”, cuentan parte de lo que saben y vuelven a sus domicilios, a la espera del juicio. Pero lo más escandaloso de todo es la privilegiada situación de la expresidenta Cristina Kirchner quien, blindada por una falsa e inconstitucional interpretación de los fueros parlamentarios, ha evitado estar ya detenida, con prisión preventiva, por una causa anterior, e intenta lo mismo en el flamante y gigantesco proceso contra la corrupción hoy desatado. Mientras tanto, Néstor Eduardo Tauro y Ramón Roque Zanabria, ya sexagenarios, llevan más de un lustro ilegalmente presos: El 7 de octubre de 1976, Tauro y Zanabria, de 20 y 21 años respectivamente, alumnos del tercer año de la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA) sin grado militar, fueron comisionados, junto a otros, a efectuar la mudanza de dos inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Sin su participación, en ellos se había detenido, el día anterior, a Ramón García Ulloa, Dolores del Pilar Iglesias y Mónica Liliana Goldstein (alias “Lucía”), integrantes de Montoneros y a la postre trágicas e injustificables víctimas de desapariciones forzadas. La mudanza derivó en un sumario ordenado por autoridades navales contra el jefe a cargo de la misma, un Teniente de Navío procesado entonces por hurto. Como parte del procedimiento se recibieron las declaraciones de Tauro y Zanabria, quienes no fueron ni siquiera imputados en el mismo, por lo que continuaron sin problemas sus estudios. Ambos egresaron de la ESMA en 1977. Zanabria pidió la baja un mes después, mientras que Tauro firmó contrato y revistó en la Armada hasta 1985, cuando también pidió la baja. Desde entonces, sus vidas transcurrieron en el ámbito civil. En 2013, 37 años después de los hechos, el juez Federal Sergio Torres les dictó, a ambos, el procesamiento con prisión preventiva como eventuales responsables de múltiples delitos de lesa humanidad (DLH). Apelada la resolución, la misma fue confirmada por la Cámara Federal integrada por los jueces Horacio Cattani, Martin Irurzun y Eduardo Farah. Desde 2013, Tauro y Zanabria están con prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza. Más de cinco años después de sus detenciones y habiéndose casi duplicado el límite máximo total de tres años para la prisión preventiva, su juicio finalmente comenzó, el 13 de agosto pasado, ante el Tribunal Oral Federal Nro. 5 de la CABA, en lo que se conoce como la causa ESMA IV. Ni Tauro ni Zanabria han sido mencionados, señalados o reconocidos en ninguna instancia judicial, por ninguna de las víctimas de la ESMA, como partícipes de detenciones, secuestros, torturas o muertes. Toda la prueba que existe en su contra es que eran cursantes de la ESMA en ese sangriento período que derivó en el mencionado sumario naval. Su grado de responsabilidad, capacidad de toma de decisiones y participación en “operaciones”, en los años que estuvieron en la ESMA, como estudiantes, no como “cuadros” militares, fue nula, no obstante lo cual están acusados: Tauro, de 179 privaciones ilegítimas de libertad, 29 tormentos, 2 tormentos seguidos de muerte y 13 privaciones ilegítimas de libertad seguidas de muerte y Zanabria, de 305 DLH con similares calificaciones. En una comparación matemática macabra, para estos jueces, dos alumnos de la ESMA fueron responsables de más y peores crímenes que el entonces Almirante Emilio Eduardo Massera, quien, según pudimos leer en los diarios, fue condenado a prisión por “tres homicidios, 12 casos de tormentos, 69 privaciones de libertad y siete robos” y no por DLH. “La evidencia que está más allá de toda duda razonable” es el estándar requerido para validar una condena criminal en los sistemas acusatorios, doctrina que se conoce como “in dubio pro reo”. En este caso, como en cientos de casos similares, se ha hecho todo lo contrario: se ha forzado la prueba para justificar el antojo acusatorio del juzgador con la Secretaría de Derechos Humanos (DDHH) de La Nación como querellante, lo que es escandaloso por estar palmariamente reñido con la Justicia. El juzgamiento de los crímenes cometidos desde el Estado y por el terrorismo, durante la década de los ’70, ha pasado por muchos avatares políticos: los juicios a las Juntas Militares; las condenas a algunos jefes de Montoneros y el ERP; las leyes de “punto final y obediencia debida” y su posterior anulación; las “leyes reparatorias”; los indultos y su posterior anulación – salvo para los jefes terroristas- y en esas idas y venidas estaba nuestro país cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia. A Kirchner los derechos humanos y la violencia de los ’70 nunca parecieron interesarle mientras fue funcionario provincial. Pero apenas asumió la primera magistratura descubrió el enorme valor simbólico y estratégico de la causa de los DDHH. Un medio para crear poder político y económico en alianza con los organismos de DDHH; un verdadero “toma y daca”, dotándolos de recursos de todo tipo, sin límites ni control, a cambio de impunidad para el saqueo a gran escala de la era kirchnerista. Este acuerdo fue ampliado y perfeccionado durante el mandato de Cristina Kirchner. El ensañamiento con muchos agentes estatales que combatieron al terrorismo en la década del ’70 pone en evidencia el espíritu de venganza alimentado para la creación de un activo y próspero negocio de los DDHH. Tauro y Zanabria, como muchos entonces oficiales, suboficiales, soldados y agentes jóvenes a los que les tocó revistar durante los “años de plomo”, son como el “fondo de la olla” al que apela la maquinaria de los DDHH luego de haberse devorado a todos los oficiales y suboficiales más antiguos de las fuerzas de defensa, seguridad, penitenciarias y policiales e incluso civiles, a los que pudo acusar de algún DLH, cualquiera haya sido su rango, responsabilidad y participación, haya o no pruebas, “más allá de toda duda razonable”. En cambio, todos los integrantes de aquella “juventud maravillosa e idealista”, jefes cabecillas de las organizaciones sediciosas de los ’70, terroristas violentos al fin, viven en libertad. Amparados por una autoamnistía de hecho, muchos incluso habiendo ocupado cargos públicos, cobraron suculentas indemnizaciones y/o amasaron fortunas al amparo del poder, como el exoficial del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Gerardo Ferreyra, (alias “Gringo”), ex guerrillero, actual multimillonario, dueño de Electroingeniería y hoy involucrado y detenido por la causa de los cuadernos de las coimas. La justicia argentina debe subsanar tantos brutales atropellos a los derechos humanos, como a los de Tauro y Zanabria, y revertir la flagrante falta de igualdad ante la ley con la que se los castiga, en comparación con la suerte de muchos de los más grandes corruptos de la historia argentina.
Desigualdad ante la ley
Por PEDRO GUIRALDES.
Es difícil no escandalizarse ante las noticias de que muchos de los acusados en la megacausa de corrupción que conmueve a la Argentina en estos días, con tal de no pasar ni una sola noche en un calabozo se declaran “arrepentidos”, cuentan parte de lo que saben y vuelven a sus domicilios, a la espera del juicio.
Pero lo más escandaloso de todo es la privilegiada situación de la expresidenta Cristina Kirchner quien, blindada por una falsa e inconstitucional interpretación de los fueros parlamentarios, ha evitado estar ya detenida, con prisión preventiva, por una causa anterior, e intenta lo mismo en el flamante y gigantesco proceso contra la corrupción hoy desatado.
Mientras tanto, Néstor Eduardo Tauro y Ramón Roque Zanabria, ya sexagenarios, llevan más de un lustro ilegalmente presos:
El 7 de octubre de 1976, Tauro y Zanabria, de 20 y 21 años respectivamente, alumnos del tercer año de la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA) sin grado militar, fueron comisionados, junto a otros, a efectuar la mudanza de dos inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Sin su participación, en ellos se había detenido, el día anterior, a Ramón García Ulloa, Dolores del Pilar Iglesias y Mónica Liliana Goldstein (alias “Lucía”), integrantes de Montoneros y a la postre trágicas e injustificables víctimas de desapariciones forzadas.
La mudanza derivó en un sumario ordenado por autoridades navales contra el jefe a cargo de la misma, un Teniente de Navío procesado entonces por hurto. Como parte del procedimiento se recibieron las declaraciones de Tauro y Zanabria, quienes no fueron ni siquiera imputados en el mismo, por lo que continuaron sin problemas sus estudios. Ambos egresaron de la ESMA en 1977. Zanabria pidió la baja un mes después, mientras que Tauro firmó contrato y revistó en la Armada hasta 1985, cuando también pidió la baja. Desde entonces, sus vidas transcurrieron en el ámbito civil.
En 2013, 37 años después de los hechos, el juez Federal Sergio Torres les dictó, a ambos, el procesamiento con prisión preventiva como eventuales responsables de múltiples delitos de lesa humanidad (DLH). Apelada la resolución, la misma fue confirmada por la Cámara Federal integrada por los jueces Horacio Cattani, Martin Irurzun y Eduardo Farah. Desde 2013, Tauro y Zanabria están con prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza.
Más de cinco años después de sus detenciones y habiéndose casi duplicado el límite máximo total de tres años para la prisión preventiva, su juicio finalmente comenzó, el 13 de agosto pasado, ante el Tribunal Oral Federal Nro. 5 de la CABA, en lo que se conoce como la causa ESMA IV.
Ni Tauro ni Zanabria han sido mencionados, señalados o reconocidos en ninguna instancia judicial, por ninguna de las víctimas de la ESMA, como partícipes de detenciones, secuestros, torturas o muertes. Toda la prueba que existe en su contra es que eran cursantes de la ESMA en ese sangriento período que derivó en el mencionado sumario naval. Su grado de responsabilidad, capacidad de toma de decisiones y participación en “operaciones”, en los años que estuvieron en la ESMA, como estudiantes, no como “cuadros” militares, fue nula, no obstante lo cual están acusados: Tauro, de 179 privaciones ilegítimas de libertad, 29 tormentos, 2 tormentos seguidos de muerte y 13 privaciones ilegítimas de libertad seguidas de muerte y Zanabria, de 305 DLH con similares calificaciones.
En una comparación matemática macabra, para estos jueces, dos alumnos de la ESMA fueron responsables de más y peores crímenes que el entonces Almirante Emilio Eduardo Massera, quien, según pudimos leer en los diarios, fue condenado a prisión por “tres homicidios, 12 casos de tormentos, 69 privaciones de libertad y siete robos” y no por DLH.
“La evidencia que está más allá de toda duda razonable” es el estándar requerido para validar una condena criminal en los sistemas acusatorios, doctrina que se conoce como “in dubio pro reo”. En este caso, como en cientos de casos similares, se ha hecho todo lo contrario: se ha forzado la prueba para justificar el antojo acusatorio del juzgador con la Secretaría de Derechos Humanos (DDHH) de La Nación como querellante, lo que es escandaloso por estar palmariamente reñido con la Justicia.
El juzgamiento de los crímenes cometidos desde el Estado y por el terrorismo, durante la década de los ’70, ha pasado por muchos avatares políticos: los juicios a las Juntas Militares; las condenas a algunos jefes de Montoneros y el ERP; las leyes de “punto final y obediencia debida” y su posterior anulación; las “leyes reparatorias”; los indultos y su posterior anulación – salvo para los jefes terroristas- y en esas idas y venidas estaba nuestro país cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia.
A Kirchner los derechos humanos y la violencia de los ’70 nunca parecieron interesarle mientras fue funcionario provincial. Pero apenas asumió la primera magistratura descubrió el enorme valor simbólico y estratégico de la causa de los DDHH. Un medio para crear poder político y económico en alianza con los organismos de DDHH; un verdadero “toma y daca”, dotándolos de recursos de todo tipo, sin límites ni control, a cambio de impunidad para el saqueo a gran escala de la era kirchnerista. Este acuerdo fue ampliado y perfeccionado durante el mandato de Cristina Kirchner.
El ensañamiento con muchos agentes estatales que combatieron al terrorismo en la década del ’70 pone en evidencia el espíritu de venganza alimentado para la creación de un activo y próspero negocio de los DDHH.
Tauro y Zanabria, como muchos entonces oficiales, suboficiales, soldados y agentes jóvenes a los que les tocó revistar durante los “años de plomo”, son como el “fondo de la olla” al que apela la maquinaria de los DDHH luego de haberse devorado a todos los
oficiales y suboficiales más antiguos de las fuerzas de defensa, seguridad, penitenciarias y policiales e incluso civiles, a los que pudo acusar de algún DLH, cualquiera haya sido su rango, responsabilidad y participación, haya o no pruebas, “más allá de toda duda razonable”.
En cambio, todos los integrantes de aquella “juventud maravillosa e idealista”, jefes cabecillas de las organizaciones sediciosas de los ’70, terroristas violentos al fin, viven en libertad. Amparados por una autoamnistía de hecho, muchos incluso habiendo ocupado cargos públicos, cobraron suculentas indemnizaciones y/o amasaron fortunas al amparo del poder, como el exoficial del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Gerardo Ferreyra, (alias “Gringo”), ex guerrillero, actual multimillonario, dueño de Electroingeniería y hoy involucrado y detenido por la causa de los cuadernos de las coimas.
La justicia argentina debe subsanar tantos brutales atropellos a los derechos humanos, como a los de Tauro y Zanabria, y revertir la flagrante falta de igualdad ante la ley con la que se los castiga, en comparación con la suerte de muchos de los más grandes corruptos de la historia argentina.
Pedro José Güiraldes
Fuente: La Nación . Desigualdad ante la Ley
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 5, 2018