Un lugar común reza: “El sentido común es el menos común de los sentidos”. Más que una reflexión profunda, parece un aforismo para adornar tarjetas de salutación o para el epígrafe de esas fotografías de atardeceres hermosos, destinadas a circular por Internet.
Sin embargo, en los últimos treinta años, el sentido común estuvo ausente en un lugar prohibido para dicha ausencia: el Sistema Penal del Estado (o aparato represivo, según la moderna terminología progre).
A la ausencia de políticas criminales sensatas y duraderas, a la negación —pública y sistemática— de los problemas que acarrean el crimen y el criminal, a la desaparición de estadísticas serias y confiables respecto de las fluctuaciones del delito y de la violencia en las conductas delictivas, se le sumó un movimiento pendular-espasmódico que osciló desde la “mano dura/tolerancia cero” hasta el actual y absurdo abolicionismopenal,catecismo-laico-obligatorio en facultades de Derecho, escuelas de posgrado, Consejos de la Magistratura, etcétera.
La comunidad argentina ha comenzado a agraviarse frente a determinados fallos judiciales carentes de sentido común, alejados de la lógica, la sana crítica y el razonamiento fundado. Reñidos con las más básicas normas morales y éticas.
La corporación política y los aspirantes a integrarla sacan número para pedir la cabeza de los magistrados firmantes de estos fallos y “descubren” -treinta años después- que la pseudo-doctrina (foránea y berreta) abolicionista, ha perturbado severamente el juicio crítico de los funcionarios que deben impartir Justicia en nuestro país.
La prensa especializada dedica horas y horas a la difusión de las sentencias y al debate entre especialistas.
Hasta los propios estudiantes de Derecho, tal vez sospechando que han sido engañados, están comenzado a dudar de las “verdades reveladas” con las que habían sido adoctrinadosdurante todos estos años.
Aunque extremadamente tardío, es un buen comienzo…
Pero, ¿qué hemos hecho en estas últimas tres décadas?
Aplaudir como bobos las frases inintelegibles, construídas con palabras inventadas (gramscianismo explícito), de los gurúes locales del abolicionismo vernáculo. Adorar a su máximo exponente y posicionarlo en la categoría de semi-dios del Derecho Penal Argentino. Hacer cola para conseguir una estampita de Michel Foucault, de Thomas Mathiesen, de Nils Christie, de Louk Hulsman, del mismo Raúl Zaffaroni…
Instalar obligatoriamente los ridículos postulados que consideran al “delito” como una “creación política”. Que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes le quitaron a los particulares el “conflicto” y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas. Que la pena es otro “hecho político” para llenar de pobres e indigentes las “agencias” policiales y penitenciarias, para “saciar” las ansiedades de las clases dominantes frente a la “sensación de inseguridad”… Entre otras sandeces.
Mientras tanto, los delincuentes, brindaban con champán.
Durante este tiempo, los escasos “rebeldes” que quedábamos frente al nuevo catecismo laico-jurídico, éramos etiquetados como “dinosaurios”, “neo-punitivistas” o simplemente, “fachos”… El rótulo preferido de los progres para evitar la discusión de ideas.
Ahora, un soplo de aire fresco está ingresando. El abolicionismo penal, finalmente, está en tela de juicio.
Era necesario. Sobre todo luego de tanta necedad asfixiante.
LA JUSTICIA PENAL Y EL SENTIDO COMÚN
Un lugar común reza: “El sentido común es el menos común de los sentidos”. Más que una reflexión profunda, parece un aforismo para adornar tarjetas de salutación o para el epígrafe de esas fotografías de atardeceres hermosos, destinadas a circular por Internet.
Sin embargo, en los últimos treinta años, el sentido común estuvo ausente en un lugar prohibido para dicha ausencia: el Sistema Penal del Estado (o aparato represivo, según la moderna terminología progre).
A la ausencia de políticas criminales sensatas y duraderas, a la negación —pública y sistemática— de los problemas que acarrean el crimen y el criminal, a la desaparición de estadísticas serias y confiables respecto de las fluctuaciones del delito y de la violencia en las conductas delictivas, se le sumó un movimiento pendular-espasmódico que osciló desde la “mano dura/tolerancia cero” hasta el actual y absurdo abolicionismo penal,catecismo-laico-obligatorio en facultades de Derecho, escuelas de posgrado, Consejos de la Magistratura, etcétera.
La comunidad argentina ha comenzado a agraviarse frente a determinados fallos judiciales carentes de sentido común, alejados de la lógica, la sana crítica y el razonamiento fundado. Reñidos con las más básicas normas morales y éticas.
La corporación política y los aspirantes a integrarla sacan número para pedir la cabeza de los magistrados firmantes de estos fallos y “descubren” -treinta años después- que la pseudo-doctrina (foránea y berreta) abolicionista , ha perturbado severamente el juicio crítico de los funcionarios que deben impartir Justicia en nuestro país.
La prensa especializada dedica horas y horas a la difusión de las sentencias y al debate entre especialistas.
Hasta los propios estudiantes de Derecho, tal vez sospechando que han sido engañados, están comenzado a dudar de las “verdades reveladas” con las que habían sido adoctrinados durante todos estos años.
Aunque extremadamente tardío, es un buen comienzo…
Pero, ¿qué hemos hecho en estas últimas tres décadas?
Aplaudir como bobos las frases inintelegibles, construídas con palabras inventadas (gramscianismo explícito), de los gurúes locales del abolicionismo vernáculo. Adorar a su máximo exponente y posicionarlo en la categoría de semi-dios del Derecho Penal Argentino. Hacer cola para conseguir una estampita de Michel Foucault, de Thomas Mathiesen, de Nils Christie, de Louk Hulsman, del mismo Raúl Zaffaroni…
Instalar obligatoriamente los ridículos postulados que consideran al “delito” como una “creación política”. Que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes le quitaron a los particulares el “conflicto” y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas. Que la pena es otro “hecho político” para llenar de pobres e indigentes las “agencias” policiales y penitenciarias, para “saciar” las ansiedades de las clases dominantes frente a la “sensación de inseguridad”… Entre otras sandeces.
Mientras tanto, los delincuentes, brindaban con champán.
Durante este tiempo, los escasos “rebeldes” que quedábamos frente al nuevo catecismo laico-jurídico, éramos etiquetados como “dinosaurios”, “neo-punitivistas” o simplemente, “fachos”… El rótulo preferido de los progres para evitar la discusión de ideas.
Ahora, un soplo de aire fresco está ingresando. El abolicionismo penal, finalmente, está en tela de juicio.
Era necesario. Sobre todo luego de tanta necedad asfixiante.
Marcelo Carlos Romero
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 25, 2017