La corrupción y la impunidad conducen a la disolución del Estado

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  Por Eugenio Trujillo Villegas.

Cuando escuchamos hablar del aniquilamiento de naciones, de imperios y de civilizaciones, creemos que eso no ocurre nunca. Y menos aún en nuestro tiempo.

La realidad es que hay procesos históricos en donde las naciones desaparecen. En 1917, cuando Nuestra Señora apareció en Fátima y comunicó al mundo su profético mensaje, afirmó que vendría un castigo en el cual “…varias naciones serán aniquiladas”.  

Para los ateos y los incrédulos, las profecías anunciadas en Fátima son fantasías que no ocurrirán nunca. Pero acontece que casi todas ellas ya se cumplieron, y las pocas que faltan se están cumpliendo al pie de la letra.

Las naciones pueden ser aniquiladas

“Aniquilar naciones”, no es cosa que pase de un día para otro. Sin embargo, en los últimos 100 años, Rusia y China, naciones milenarias, fueron aniquiladas y transformadas por el comunismo en máquinas de destrucción. Después de las dos Guerras Mundiales, varias naciones europeas también fueron aniquiladas, al igual que muchas naciones africanas y asiáticas.   

En la actualidad, Cuba, Nicaragua y Venezuela, también gracias al comunismo, son naciones que se acercan a su pronta aniquilación. Y toda América Hispana va en el mismo proceso, impulsado por las mismas fuerzas demoledoras que van destruyendo la cultura y los valores cristianos.  

Aunque los factores de disolución de la Sociedad y del Estado son muchos, entre ellos están la corrupción y la impunidad, que en Colombia alcanzan niveles escandalosos. El Estado es objeto de un saqueo que no tiene precedentes, en medio de la más absoluta impunidad. Los saqueadores actúan a plena luz del día, a la vista de todos, sin que autoridad alguna haga lo más mínimo para evitarlo.

Tal es el caso de las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali, todas ellas de extrema izquierda. Y también de las más importantes corporaciones del Estado, en donde los recursos con los cuales se deberían solucionar los grandes problemas del País, sencillamente desaparecen gracias a un entramado corrupto de políticos y empresarios que se roban todo.

Pero eso no es lo peor. Lo peor es que los organismos de control que deberían evitar esta tragedia no hacen absolutamente nada para evitarla. La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría permiten y propician el aniquilamiento del Estado de Derecho. Estas tres instituciones son las que nos deberían proteger del crimen y de los corruptos, pero no hacen absolutamente nada para evitarlo. 

Los alcaldes, gobernadores, congresistas y demás funcionarios públicos se roban lo que quieren y casi nunca una investigación de estas entidades conduce al castigo de los responsables. Las investigaciones no avanzan, casi todas prescriben, porque en la mayoría de los casos una parte del botín se destina a comprar a los investigadores y a los jueces.

Para citar apenas un ejemplo, el actual alcalde de Cali tiene decenas de procesos penales y disciplinarios que vienen desde su primera alcaldía, y ninguno de ellos amerita la menor sanción. Toda la ciudadanía sabe que el dinero del presupuesto de la ciudad se lo roban a través de contratos ficticios y de negocios fraudulentos.  

Pero, por increíble que parezca, ni la Procuradora, ni el Fiscal, ni el Contralor se dan por enterados. Se hacen miles de denuncias; se entrega en sus manos las pruebas de la corrupción; los contratos corruptos salen publicados; se conocen los videos con entregas clandestinas de sumas millonarias; se divulgan las grabaciones de las conversaciones en las cuales los hampones planean sus fechorías; etc. ¡Pero nunca pasa nada!  

La Constitución permite destituir funcionarios corruptos

Pareciera que no recibieran las pruebas de los delitos, y cuando son evidentes, entonces dicen que “están investigando”. En la Procuraduría, ahora afirman que ya no pueden destituir por corrupción a ningún funcionario público que haya sido elegido, porque viola sus derechos humanos y constitucionales.

A pesar de que la Constitución es muy clara y precisa al respecto, pues establece lo siguiente:   

Art. 277. El Procurador General de la Nación… tendrá las siguientes funciones: Parágrafo 6: Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular”.

Artículo 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones: Parágrafo 1. Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante resolución motivada, al funcionario público que incurra en una de las siguientes faltas…”  

Y sigue una extensa relación de conductas punibles. Pero los funcionarios corruptos las transgreden absolutamente todas y ninguna de ellas es suficiente para investigarlos, sancionarlos o destituirlos.     

Los corruptos han sido destituidos de sus cargos desde que existe la Procuraduría hace más de 100 años. Pero ahora dicen que no es posible, porque ellos han impuesto una nueva interpretación de la Constitución, y entonces ya pueden robar lo que quieran, que nadie se los va a impedir. ¡Y la Fiscalía y la Contraloría tampoco hacen nada!  

Entonces, cuando se diga que las naciones no pueden ser aniquiladas, podremos decir que quien lo afirma se equivoca rotundamente. Porque eso no es una hipótesis futura, sino que está aconteciendo en el presente. ¡Ahora mismo! A la vista de todos, con la complicidad de todos, pues a la ciudadanía también le falta el coraje y el valor para exigir que los gobernantes sean honestos. O, lo que es más grave, porque la opinión pública ha perdido el criterio para elegir gobernantes honestos.

trujillo.eugenio@gmail.com

Eugenio Trujillo Villegas es Director Sociedad Colombiana Tradición y Acción

 


PrisioneroEnArgentina.com

Diciembre 8, 2022


 

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