Los políticos y los periodistas, entre las múltiples tareas que hacen, dedican un gran esfuerzo para inventar palabras psicológicamente significativas y las popularizan. Una frase que ha logrado “buena prensa” es “grupo de tarea”.
En Wikipedia se afirma: “Dentro de la jerga del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional —la dictadura militar que gobernó de facto la Argentina desde el golpe de Estado de 1976 hasta la reinstauración de la democracia, en 1983— y en el marco del Terrorismo de Estado, los grupos de tareas o GT eran aquellos grupos, conformados por miembros de las diversas Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad del Estado y paramilitares, que tenían por función el secuestro, tortura y eventuales asesinato y desaparición de los objetivos señalados por la dictadura —opositores, políticos guerrilleros, intelectuales, dirigentes gremiales, familiares y amigos de todos estos, etc.—, además de la gestión de los distintos centros clandestinos de detención.
Los grupos de tareas estaban formados tanto por personal estable como rotativo, incluyendo personal militar de todas las graduaciones. Ejemplo de esto es que incluso Emilio Massera, jefe de la Armada Argentina, formó parte de uno, participando activamente en la tortura de desaparecidos.
Los GT dependían directamente de las fuerzas en las cuales tenían su sede, y ésta no era necesariamente el lugar donde ejercían. Los integrantes de los grupos de tareas, además de la responsabilidad sobre los secuestros, violaciones y torturas de los detenidos, tenían la prerrogativa sobre las propiedades de éstos, pudiendo apropiarse tanto de sus bienes muebles como inmuebles, en calidad de botín de guerra.”
Parecería que esta definición reivindica a la Gestapo, que nunca fue considerada un grupo de tareas.
Claro, que quienes hicieron el hallazgo, dejaron de lado el real significado, y le dieron el deseado como exclusivo. Y podrán sacar pecho, porque la han convertido en un invento argentino. No ha sido una calificación aislada. Llamar guerrillero al partisano, o revolucionario al terrorista, o represor a quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden público, o “justiciero” a sus asesinatos, han sido algunas “perlitas” de los diccionarios que impusieron a la opinión pública. También del otro lado han descubierto que la democracia no debe ser “populista” eludiendo que a esto los griegos lo llamaban “demagogia” desde hace unos 25 siglos. Y esta suposición parte de la idea que no se puede entender el concepto de democracia[1], si no se piensa que debe estar al servicio de su pueblo.
[1] Gobierno del pueblo.
Lo cierto es que un grupo de tarea puede ser bueno o malo, según la tarea que realiza, y siendo el ser humano una criatura eminentemente social, es imposible aislarlo de la actividad de algún grupo de tareas.
Por este motivo, y para no enojar a los que se adueñan hasta de nuestra manera de hablar y pensar, humildemente modificaré el nombre. Un grupo de las características que define Wikipedia, los denominaría “grupo de tareas terroristas gubernamental”. Y apartándome del contenido de Wikipedia podría sostener que son grupos conformados por un gobierno totalitario para producir terror a sus víctimas, sea por pretender ser justicieros o vengadores, en función de numerosísimas formas y manifestaciones para lograr los efectos buscados, e incluso muchos de ellos mercenarios, obteniendo importantes beneficios en su favor.
Siempre el “montonerismo” logra sorpresas. Es indudablemente ocurrente. El kichsnerismo aprovechando su poder, inyectó en la sociedad el afán justiciero de castigar a quienes lucharon contra el terrorismo. Y con audacia, estableció que para estos, no hay ley ni justicia. Solo hay castigo.
Ante esto, tomó la tragedia argentina entre 1976/83, omitiendo la vivida desde 1970, donde el terrorismo era de ellos.
Pero ubicados en ese punto, percibieron que no podían ejecutar su venganza dentro del estilo que usaron en la década del 70. Y había dos razones que lo impedían:
1. El país al inicio del siglo XXI se encontraba en paz. No existía enfrentamientos armados y la opinión pública se manifestaba hastiada de la violencia. Para peor, la delincuencia común asumía con voracidad esa manera de actuar, en perjuicio de la población.
2. El grupo a atacar, estaba inactivado e incapacitado para la lucha. No se podía, provocar su respuesta. Luego seria una violencia difícil de justificar. No se los podía asesinar ni robar ni secuestrar sin riesgo de recibir una condena social que entorpeciera su venganza. Para peor, eran personas entrando en la tercera edad, fuera de las organizaciones donde habían actuado. ¡No tenían quien los protegiera!
Y ante esto, el gobierno kichsnerista brillantemente encuentra lo solución. Como todo gobierno totalitario, tiene a su disposición todo el aparato administrativo gubernamental. Logra hacer desaparecer la división de poderes. Y en estas condiciones percibe que para su proyecto tiene un aparato ideal: la Corte Suprema de Justicia y el fuero federal.
Percibe que inicialmente no logra imponer su voluntad. Hay resistencia de muchos integrantes del Poder Judicial a ser los ejecutores de una política de venganza basada en la violación de las leyes de la Nación. Se necesitan funcionarios judiciales prevaricadores. Y ante esto, recurre a su entusiasta militancia, que incorpora a la “Justicia” que sienta la norma que para los represores de los 70, no hay ley, sino solo justicia con mano propia. Y esta será la mano que la Nación tiene para custodiar las leyes e instituciones. Convierte a nada menos que a funcionarios judiciales (jueces, procuradores y fiscales fundamentalmente) en “grupos de tareas terroristas gubernamental”.
Hay que reconocer que la idea es brillante. No usa lo que es clásico: FFAA y organizaciones de seguridad. Las aterroriza. Recurre a un instrumento que resulta increíble. Los jueces federales convertidos en “grupos de tareas”.
Ante esto trataré de aplicar la definición de Wikipedia:
“Dentro de la jerga del Gobierno de Néstor Kichsner, continuado luego por su esposa, que gobernaron burlando la ley, impusieron una campaña terrorista contra todos los que durante la década de los 70, lucharon contra los terroristas subversivos. Para ello, conformaron grupos de tareas o GT con jueces federales apoyados por fiscales que tenían por función condenar arbitrariamente y en contra de la ley, a todo el personal, ya senil, que habían luchado contra el terrorismo subversivo de los 70. Y de a poco ir ampliando sus blancos al popularizar que el gobierno de la tiranía militar, era cívico militar, incluyendo opositores, intelectuales, dirigentes gremiales, familiares y amigos de todos estos. En este orden de ideas, convirtieron a las cárceles de la Nación en centros ilegales de detención.
Y también con gran habilidad, reemplazó las torturas físicas por las psicológicas extendidas a sus familiares, y las malas praxis médicas de los penales en condenas a muerte, muchas con grandes sufrimientos. Los GT dependían directamente del Poder Judicial, apoyados por pseudas organizaciones de derechos humanos y falsos testigos, que en muchos casos, asumían su condición de víctimas logrando compensaciones gubernamentales y aún beneficios “legales” luego de lograr la condena de los imputados, obteniendo favorables disposiciones judiciales como indemnizaciones por daños y perjuicios. Amigo lector: es posible que “quienes del otro lado del mostrador” denuncien con todo su poder que mis verdades son mentirosas, inviten al fiscal y al juez, del juzgado federal Nº 1 de Lomas de Zamora, Dr. Alberto Patricio SANTA MARINA a dar respuesta a mi denuncia titulada “DENUNCIA DE FLAGRANTE Y REITERADA VIOLACIÓN DE NUESTRA CONSTITUCIÓN NACIONAL, POR NUMEROSOS FUNCIONARIOS POLÍTICOS Y JUDICIALES entregada el 01 de febrero de 2016, y retenida sin tramitar, (lo que vulgarmente se denomina “cajoneada”). Además que acepten la presentación de en torno de 1000 presos políticos que pueden testificar la ilegalidad de sus procesos y condenas, así como las muertes de muchos otros, provocados por “mala praxis” así como los testimonios de funcionarios judiciales excluidos de sus funciones por los integrantes de los numerosos grupos de tareas que han invadido nuestro Poder Judicial.
Carlos A. Españadero
Los políticos y los periodistas, entre las múltiples tareas que hacen, dedican un gran esfuerzo para inventar palabras psicológicamente significativas y las popularizan. Una frase que ha logrado “buena prensa” es “grupo de tarea”.
En Wikipedia se afirma: “Dentro de la jerga del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional —la dictadura militar que gobernó de facto la Argentina desde el golpe de Estado de 1976 hasta la reinstauración de la democracia, en 1983— y en el marco del Terrorismo de Estado, los grupos de tareas o GT eran aquellos grupos, conformados por miembros de las diversas Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad del Estado y paramilitares, que tenían por función el secuestro, tortura y eventuales asesinato y desaparición de los objetivos señalados por la dictadura —opositores, políticos guerrilleros, intelectuales, dirigentes gremiales, familiares y amigos de todos estos, etc.—, además de la gestión de los distintos centros clandestinos de detención.
Los grupos de tareas estaban formados tanto por personal estable como rotativo, incluyendo personal militar de todas las graduaciones. Ejemplo de esto es que incluso Emilio Massera, jefe de la Armada Argentina, formó parte de uno, participando activamente en la tortura de desaparecidos.
Los GT dependían directamente de las fuerzas en las cuales tenían su sede, y ésta no era necesariamente el lugar donde ejercían. Los integrantes de los grupos de tareas, además de la responsabilidad sobre los secuestros, violaciones y torturas de los detenidos, tenían la prerrogativa sobre las propiedades de éstos, pudiendo apropiarse tanto de sus bienes muebles como inmuebles, en calidad de botín de guerra.”
Parecería que esta definición reivindica a la Gestapo, que nunca fue considerada un grupo de tareas.
Claro, que quienes hicieron el hallazgo, dejaron de lado el real significado, y le dieron el deseado como exclusivo. Y podrán sacar pecho, porque la han convertido en un invento argentino. No ha sido una calificación aislada. Llamar guerrillero al partisano, o revolucionario al terrorista, o represor a quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden público, o “justiciero” a sus asesinatos, han sido algunas “perlitas” de los diccionarios que impusieron a la opinión pública. También del otro lado han descubierto que la democracia no debe ser “populista” eludiendo que a esto los griegos lo llamaban “demagogia” desde hace unos 25 siglos. Y esta suposición parte de la idea que no se puede entender el concepto de democracia[1], si no se piensa que debe estar al servicio de su pueblo.
[1] Gobierno del pueblo.
Lo cierto es que un grupo de tarea puede ser bueno o malo, según la tarea que realiza, y siendo el ser humano una criatura eminentemente social, es imposible aislarlo de la actividad de algún grupo de tareas.
Por este motivo, y para no enojar a los que se adueñan hasta de nuestra manera de hablar y pensar, humildemente modificaré el nombre. Un grupo de las características que define Wikipedia, los denominaría “grupo de tareas terroristas gubernamental”. Y apartándome del contenido de Wikipedia podría sostener que son grupos conformados por un gobierno totalitario para producir terror a sus víctimas, sea por pretender ser justicieros o vengadores, en función de numerosísimas formas y manifestaciones para lograr los efectos buscados, e incluso muchos de ellos mercenarios, obteniendo importantes beneficios en su favor.
Siempre el “montonerismo” logra sorpresas. Es indudablemente ocurrente. El kichsnerismo aprovechando su poder, inyectó en la sociedad el afán justiciero de castigar a quienes lucharon contra el terrorismo. Y con audacia, estableció que para estos, no hay ley ni justicia. Solo hay castigo.
Ante esto, tomó la tragedia argentina entre 1976/83, omitiendo la vivida desde 1970, donde el terrorismo era de ellos.
Pero ubicados en ese punto, percibieron que no podían ejecutar su venganza dentro del estilo que usaron en la década del 70. Y había dos razones que lo impedían:
1. El país al inicio del siglo XXI se encontraba en paz. No existía enfrentamientos armados y la opinión pública se manifestaba hastiada de la violencia. Para peor, la delincuencia común asumía con voracidad esa manera de actuar, en perjuicio de la población.
2. El grupo a atacar, estaba inactivado e incapacitado para la lucha. No se podía, provocar su respuesta. Luego seria una violencia difícil de justificar. No se los podía asesinar ni robar ni secuestrar sin riesgo de recibir una condena social que entorpeciera su venganza. Para peor, eran personas entrando en la tercera edad, fuera de las organizaciones donde habían actuado. ¡No tenían quien los protegiera!
Y ante esto, el gobierno kichsnerista brillantemente encuentra lo solución. Como todo gobierno totalitario, tiene a su disposición todo el aparato administrativo gubernamental. Logra hacer desaparecer la división de poderes. Y en estas condiciones percibe que para su proyecto tiene un aparato ideal: la Corte Suprema de Justicia y el fuero federal.
Percibe que inicialmente no logra imponer su voluntad. Hay resistencia de muchos integrantes del Poder Judicial a ser los ejecutores de una política de venganza basada en la violación de las leyes de la Nación. Se necesitan funcionarios judiciales prevaricadores. Y ante esto, recurre a su entusiasta militancia, que incorpora a la “Justicia” que sienta la norma que para los represores de los 70, no hay ley, sino solo justicia con mano propia. Y esta será la mano que la Nación tiene para custodiar las leyes e instituciones. Convierte a nada menos que a funcionarios judiciales (jueces, procuradores y fiscales fundamentalmente) en “grupos de tareas terroristas gubernamental”.
Hay que reconocer que la idea es brillante. No usa lo que es clásico: FFAA y organizaciones de seguridad. Las aterroriza. Recurre a un instrumento que resulta increíble. Los jueces federales convertidos en “grupos de tareas”.
Ante esto trataré de aplicar la definición de Wikipedia:
“Dentro de la jerga del Gobierno de Néstor Kichsner, continuado luego por su esposa, que gobernaron burlando la ley, impusieron una campaña terrorista contra todos los que durante la década de los 70, lucharon contra los terroristas subversivos. Para ello, conformaron grupos de tareas o GT con jueces federales apoyados por fiscales que tenían por función condenar arbitrariamente y en contra de la ley, a todo el personal, ya senil, que habían luchado contra el terrorismo subversivo de los 70. Y de a poco ir ampliando sus blancos al popularizar que el gobierno de la tiranía militar, era cívico militar, incluyendo opositores, intelectuales, dirigentes gremiales, familiares y amigos de todos estos. En este orden de ideas, convirtieron a las cárceles de la Nación en centros ilegales de detención.
Y también con gran habilidad, reemplazó las torturas físicas por las psicológicas extendidas a sus familiares, y las malas praxis médicas de los penales en condenas a muerte, muchas con grandes sufrimientos. Los GT dependían directamente del Poder Judicial, apoyados por pseudas organizaciones de derechos humanos y falsos testigos, que en muchos casos, asumían su condición de víctimas logrando compensaciones gubernamentales y aún beneficios “legales” luego de lograr la condena de los imputados, obteniendo favorables disposiciones judiciales como indemnizaciones por daños y perjuicios. Amigo lector: es posible que “quienes del otro lado del mostrador” denuncien con todo su poder que mis verdades son mentirosas, inviten al fiscal y al juez, del juzgado federal Nº 1 de Lomas de Zamora, Dr. Alberto Patricio SANTA MARINA a dar respuesta a mi denuncia titulada “DENUNCIA DE FLAGRANTE Y REITERADA VIOLACIÓN DE NUESTRA CONSTITUCIÓN NACIONAL, POR NUMEROSOS FUNCIONARIOS POLÍTICOS Y JUDICIALES entregada el 01 de febrero de 2016, y retenida sin tramitar, (lo que vulgarmente se denomina “cajoneada”). Además que acepten la presentación de en torno de 1000 presos políticos que pueden testificar la ilegalidad de sus procesos y condenas, así como las muertes de muchos otros, provocados por “mala praxis” así como los testimonios de funcionarios judiciales excluidos de sus funciones por los integrantes de los numerosos grupos de tareas que han invadido nuestro Poder Judicial.