A la lista de bandas argentinas conocidas: musicales, políticas, barras bravas, piqueteras, violentas y otras, se agrega la banda de jueces federales que como miembros del poder judicial violan normas constitucionales, nacionales, y convenciones internacionales [U1] de obligatoria aplicación por parte del gobierno argentino. Nadie puede ignorar el impacto que recientemente ocasionaron en la sociedad, episodios orientados en la lucha contra la corrupción:
En ese contexto, la preocupación de la banda de jueces federales es significativa porque sus patrimonios y sus libertades individuales están en peligro. Se sienten amenazados, a la vez por: la sociedad, las ONG honestas, los periodistas y funcionarios que se interrogan sobre sus ahorros, sus declaraciones juradas, y también por el gobierno, si pone en práctica una operación de manos limpias con el objetivo de investigar sus bienes adquiridos y cuestionar sus capacidades como exitosos hombres y mujeres de negocios.
Para neutralizar esos procedimientos los líderes de esta asociación ad-hoc realizan reuniones, consultas y análisis, con el objetivo de impedir por todos los medios el acceso de la justicia y de los sistemas de control sobre sus patrimonios, sus declaraciones juradas y sus vidas privadas. Del resultado de esos encuentros, llegaron a la conclusión de la importancia de crear una asociación[U8] para defender sus intereses y dotarse de un instrumento de negociación con el gobierno. Algunos de esos puntos fueron conversados durante la última reunión en la CSJN.[U9] donde estaban presente varios de sus futuros integrantes.
La banda de los jueces federales continúan sin reconocer el artículo 1, inciso de la Ley 24631 que los obliga a pagar impuestos a las ganancias, la ley 25188 de Ética en el ejercicio de la Función Pública, con su modificatoria de la ley 26857 que los obliga a dar declaraciones juradas patrimoniales integrales. Pero, además ignoran los principios de Bangalore, los 20 principios básicos fundamentales relativos a la independencia de la judicatura, las principales decisiones de la ONU que regulan la independencia, la conducta y la relación de los magistrados con los derechos humanos, como también el estatuto del juez iberoamericano, el estatuto universal del juez…
Carlos Rozanski, su última publicación de DDJJ es de 2012
El gobierno dispone de los mecanismos legales para hacer cesar rápidamente el comportamiento ilícito de los magistrados federales e investigar el patrimonio excesivo de los mismos:
· Denunciarlos por incumplimiento de disposiciones en relación a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, investigación sobre el delito de enriquecimiento ilícito, los delitos de orden económico y financiero previstos en los artículos 303-313 del CP.
· Aplicar la Resolución n° 52/2012 UIF en tanto que Persona Expuesta Políticamente (PEP), para los magistrados y sus familiares; la ley de procedimiento tributarios 11683 y su modificatoria ley 25795, sobre los incrementos patrimoniales no justificados, las estimaciones de oficio.
· Hacer operacional los principios de la Convención Interamericana contra la Corrupción del 29 marzo 1996.
· Hacer intervenir realmente los organismos de verificación y control, como la Oficina Anticorrupción, la Afip, la UIF, el Consejo de la Magistratura y no ser cómplices pasivos de los miembros del poder judicial.
Si, como el gobierno dice coincidir con las críticas de la gente con la justicia[U10] , y tiene en su programa de gobierno los objetivos de transparencia, ética, lucha contra corrupción, el estado de Derecho se impone de toda urgencia aplicar una doctrina de manos propias con el poder judicial, para luego ir hacia otros poderes e instituciones respectivas.
[U9]La Corte firmó un convenio con el Congreso para profundizar la transparencia del sistema de escuchas judiciales del 29 sept 2016 http://www.infobae.com/politica/201… y Reunión en la CSJN Convenio entre Corte y Congreso para profundizar la transparencia del sistema de escuchas judiciales https://www.youtube.com/watch?v=6rV4L5gpxEs
A la lista de bandas argentinas conocidas: musicales, políticas, barras bravas, piqueteras, violentas y otras, se agrega la banda de jueces
federales que como miembros del poder judicial violan normas constitucionales, nacionales, y convenciones internacionales [U1] de obligatoria aplicación por parte del gobierno argentino. Nadie puede ignorar el impacto que recientemente ocasionaron en la sociedad, episodios orientados en la lucha contra la corrupción:
· la publicación sobre el patrimonio y las DDJJ de jueces federales [U2],
· el fallo histórico de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata declarando la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción[U3] ,
· la severa advertencia del Ministro de Justicia de que “Aquellos que hayan tenido un crecimiento llamativo, deberán explicarlo“, [U4]
· el resultado de una encuesta de La Nación donde el 77% de los argentinos no confía en la justicia, [U5]
A esos hechos hay que agregar la visita próxima de una misión de la OCDE para evaluar la lucha anticorrupción en el país, sabiendo que la evaluación realizada en junio 2014 por el grupo de trabajo sobre cohecho de la OCDE fue altamente criticada por la falta de independencia de la justicia[U6] . (El informe detallado)[U7] .
En ese contexto, la preocupación de la banda de jueces federales es significativa porque sus patrimonios y sus libertades individuales están en peligro. Se sienten amenazados, a la vez por: la sociedad, las ONG honestas, los periodistas y funcionarios que se interrogan sobre sus ahorros, sus declaraciones juradas, y también por el gobierno, si pone en práctica una operación de manos limpias con el objetivo de investigar sus bienes adquiridos y cuestionar sus capacidades como exitosos hombres y mujeres de negocios.
Para neutralizar esos procedimientos los líderes de esta asociación ad-hoc realizan reuniones, consultas y análisis, con el objetivo de impedir por todos los medios el acceso de la justicia y de los sistemas de control sobre sus patrimonios, sus declaraciones juradas y sus vidas privadas. Del resultado de esos encuentros, llegaron a la conclusión de la importancia de crear una asociación[U8] para defender sus intereses y dotarse de un instrumento de negociación con el gobierno. Algunos de esos puntos fueron conversados durante la última reunión en la CSJN.[U9] donde estaban presente varios de sus futuros integrantes.
La banda de los jueces federales continúan sin reconocer el artículo 1, inciso de la Ley 24631 que los obliga a pagar impuestos a las ganancias, la ley 25188 de Ética en el ejercicio de la Función Pública, con su modificatoria de la ley 26857 que los obliga a dar declaraciones juradas patrimoniales integrales. Pero, además ignoran los principios de Bangalore, los 20 principios básicos fundamentales relativos a la
independencia de la judicatura, las principales decisiones de la ONU que regulan la independencia, la conducta y la relación de los magistrados con los derechos humanos, como también el estatuto del juez iberoamericano, el estatuto universal del juez…
El gobierno dispone de los mecanismos legales para hacer cesar rápidamente el comportamiento ilícito de los
magistrados federales e investigar el patrimonio excesivo de los mismos:
Por ejemplo:
· Denunciarlos por incumplimiento de disposiciones en relación a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, investigación sobre el delito de enriquecimiento ilícito, los delitos de orden económico y financiero previstos en los artículos 303-313 del CP.
· Aplicar la Resolución n° 52/2012 UIF en tanto que Persona Expuesta Políticamente (PEP), para los magistrados y sus familiares; la ley de procedimiento tributarios 11683 y su modificatoria ley 25795, sobre los incrementos patrimoniales no justificados, las estimaciones de oficio.
· Hacer operacional los principios de la Convención Interamericana contra la Corrupción del 29 marzo 1996.
· Hacer intervenir realmente los organismos de verificación y control, como la Oficina Anticorrupción, la Afip, la UIF, el Consejo de la Magistratura y no ser cómplices pasivos de los miembros del poder judicial.
Si, como el gobierno dice coincidir con las críticas de la gente con la justicia[U10] , y tiene en su programa de gobierno los objetivos de transparencia, ética, lucha contra corrupción, el estado de Derecho se impone de toda urgencia aplicar una doctrina de manos propias con el poder judicial, para luego ir hacia otros poderes e instituciones respectivas.
Buenos Aires, 11 octubre 2016.