Cada vez que uno o más individuos se profugan del accionar del Sistema Penal del Estado, un aceitado mecanismo de instituciones y funcionarios públicos se pone en marcha para lograr rápidamente el paradero del o de los evadidos del aparato represivo oficial…
Esto sucede en los países normales, claro.
En la República Argentina, en cambio, se nos escapan las tortugas.
¿Por qué?
Porque no trabajamos como equipo, sino conformando un puñado de compartimentos estancos y en permanente competencia. Llegar primero es la consigna o, en su defecto, “vender humo” al superior o a la comunidad.
No es necesario ser un experto del FBI para aseverar que, ante una crisis del sistema, todos los mecanismos deben moverse en bloque y en forma coordinada. Como un reloj.
Sin embargo, en estas tierras:
La inteligencia criminal ha sido reemplazada por el espionaje de peluquería de señoras o de café de caballeros, en donde lo importante -y casi sagrado- es intervenir comunicaciones en forma ilegal, para obtener información privada o íntima, muy útil para la extorsión y el apriete, pero para prevenir delitos, nada.
ElPoder Judicial y el Ministerio Público desconfían de la Policía. Le adjudican culpas y fracasos en la prevención, en la investigación, en la preservación de las evidencias, en la reserva de las actuaciones -secreto profesional- etc.
La Policía desconfía de Jueces y Fiscales. Los considera engreídos/as de traje y corbata; falda y tacos altos. Funcionarios/as de escritorio, sin experiencia, soberbios y no conocedores “de la calle”, “del barro”, de la realidad… (“¡Nosotros los detenemos y ellos los liberan!”; ”¡Nosotros estamos en la calle, ellos en sus despachos alfombrados!”)
Los Organismos de Derechos Humanos -estatales y no estatales- detestan a las Policías, a las Fuerzas de Seguridad y a los Servicios Penitenciarios y viceversa, y desconfían del Poder Judicial y del Ministerio Público.
El Poder Judicial y el Ministerio Público desconfían de los Organismos de Derechos Humanos, pero tienen terror reverencial ante sus presentaciones o declaraciones públicas.
Las Policías desconfían de los Servicios Penitenciarios y viceversa. También de las Fuerzas Federales de Seguridad (Gendarmería, Prefectura y PSA). Todos tienen “celos de uniforme” respecto del otro. Se auto-adjudican el real -y exclusivo- conocimiento del delito y del delincuente, despreciando la visión de la otra fuerza de seguridad.
Todos los organismos que integran el Sistema Penal desconfían de la prensa. Tienen pavor ante la difusión de noticias que los cite, aunque sea sólo al efecto informativo… Pero no despegan sus ojos de las pantallas de tv, diarios y portales de Internet.
Con este panorama no resulta extraño que, a modo de ejemplo, los entonces prófugos de la cárcel de General Alvear, Martín Lanatta, Cristian Lanatta y Víctor Schilacci , fueran hallados por unos puesteros rurales…
Marcelo Carlos Romero es Fiscal del Ministerio Público y Miembro de Usina de Justicia
Cada vez que uno o más individuos se profugan del accionar del Sistema Penal del Estado, un aceitado mecanismo de instituciones y funcionarios públicos se pone en marcha para lograr rápidamente el paradero del o de los evadidos del aparato represivo oficial…
Esto sucede en los países normales, claro.
En la República Argentina, en cambio, se nos escapan las tortugas.
¿Por qué?
No es necesario ser un experto del FBI para aseverar que, ante una crisis del sistema, todos los mecanismos deben moverse en bloque y en forma coordinada. Como un reloj.
Sin embargo, en estas tierras:
La inteligencia criminal ha sido reemplazada por el espionaje de peluquería de señoras o de café de caballeros, en donde lo importante -y casi sagrado- es intervenir comunicaciones en forma ilegal, para obtener información privada o íntima, muy útil para la extorsión y el apriete, pero para prevenir delitos, nada.
El Poder Judicial y el Ministerio Público desconfían de la Policía. Le adjudican culpas y fracasos en la prevención, en la investigación, en la preservación de las evidencias, en la reserva de las actuaciones -secreto profesional- etc.
La Policía desconfía de Jueces y Fiscales. Los considera engreídos/as de traje y corbata; falda y tacos altos. Funcionarios/as de escritorio, sin experiencia, soberbios y no conocedores “de la calle”, “del barro”, de la realidad… (“¡Nosotros los detenemos y ellos los liberan!”; ”¡Nosotros estamos en la calle, ellos en sus despachos alfombrados!”)
El Poder Judicial y el Ministerio Público desconfían de los Organismos de Derechos Humanos, pero tienen terror reverencial ante sus presentaciones o declaraciones públicas.
Las Policías desconfían de los Servicios Penitenciarios y viceversa. También de las Fuerzas Federales de Seguridad (Gendarmería, Prefectura y PSA). Todos tienen “celos de uniforme” respecto del otro. Se auto-adjudican el real -y exclusivo- conocimiento del delito y del delincuente, despreciando la visión de la otra fuerza de seguridad.
Todos los organismos que integran el Sistema Penal desconfían de la prensa. Tienen pavor ante la difusión de noticias que los cite, aunque sea sólo al efecto informativo… Pero no despegan sus ojos de las pantallas de tv, diarios y portales de Internet.
Con este panorama no resulta extraño que, a modo de ejemplo, los entonces prófugos de la cárcel de General Alvear, Martín Lanatta, Cristian Lanatta y Víctor Schilacci , fueran hallados por unos puesteros rurales…
Marcelo Carlos Romero es Fiscal del Ministerio Público y Miembro de Usina de Justicia