En los juicios sustanciados durante la presidencia de los Kirchner y la actual del presidente Macri contra policías, militares, empresarios, jueces y sacerdotes, calificados con la figura de delito de lesa humanidad, lo que se les atribuye es la responsabilidad por los actos cometidos a la subversión durante la represión estatal en la década de 1970. El sambenito de criminal de lesa humanidad le cabe le cabe a todo aquel, civil o militar, que reprimió, colaboró o no denunció a los represores. El disparate jurídico-moral que oficia de axioma de la “política de derechos humanos” del gobierno anterior y del actual es que el acto de reprimir a la guerrilla, más allá de la forma, es criminal en sí mismo. De allí, que los jueces (incluidos los de la Corte Suprema), los fiscales, los secretarios de derechos humanos de la nación y de las provincias confunden ex profeso a la represión estatal con la patraña de que se trató de un genocidio perpetrado por las FF.AA en connivencia con los empresarios, la oligarquía y el gobierno de los EE.UU; “un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil”. Esa es la figura penal en la que se incluye a todos aquellos que participaron, o no (se condena sin pruebas), de la reacción natural, patriótica, defensiva, obvia, legal e inexcusable (del gobierno constitucional, primero y del militar, después) de reprimir a los terroristas del ERP y Montoneros que a fuerza de asesinatos pretendían pavimentar su camino al poder e instaurar un Estado totalitario. Claro que para hacer encajar los hechos históricos en tan estrecho molde, jueces y fiscales hubieron de amputarlos mediante hachazo limpio. Llamar, por ejemplo, “población civil” a sujetos que se reivindican todavía como soldados de un ejército que mataron, asaltaron cuarteles, secuestraron, extorsionaron, robaron y que pretendieron provocar la secesión de parte del territorio es la mentira más torpe y desmañada de la que se tenga memoria en la historia del derecho. La niña judía Ana Frank, asesinada por los nazis, era “población civil”. Lo mismo la pequeña María Fernanda Viola, asesinada por el ERP. ¿Acaso existen jueces que sostengan que los asesinos de María Fernanda son más víctimas que la propia niña? Pues, de hecho, que sí. Allí está la madre, Maby Picón, pidiendo la justicia que le niegan mientras los asesinos declaran como testigos víctimas en la causa por el Operativo Independencia. Y para los políticos aquí no pasa nada. Al gobernador de Tucumán o al presidente Macri no se les mueve un pelo. Beatriz Sarlo escribió en esa línea a propósito del carnicero que mató al delincuente que lo asaltó. Se refirió al fascismo que anida en todos los que justifican ese tipo de acciones. También atribuyó responsabilidades por dicho fascismo a la última dictadura militar. Nada dijo, sin embargo, de los que asesinan policías o de los subversivos con sus innumerables asesinatos. Tal vez, porque como dice Gerardo Romano, los montoneros “mataban con respeto”. Está claro que no se juzga el, cómo, se reprimió sino el hecho de reprimir. El “cómo” se juzgó en la causa 13 del Juicio a las Juntas. Allí los jueces (que no eran los naturales) expresamente fallaron a favor de que existía la necesidad imperiosa de reprimir; mas, condenaron la forma en que se reprimió. Dicho fallo, también, afirma que se trató de guerra declarada e iniciada por las bandas terroristas. En modo alguno sostiene la patraña ridícula de un “plan sistemático de exterminio de la población civil”. Mote, este último, que de ningún modo le cabe a la Compañía de Monte “Ramón Rosa Giménez”, la banda terrorista que actuaba en Tucumán. El rosario de hechos incontrovertibles, como accesibles a cualquiera con un mínimo de voluntad, son campanas de palo para los oídos de jueces y de funcionarios de derechos humanos. Para estos, “El Operativo Independencia” les resulta como esa película de terror donde un grupo de cándidos Boy Scouts, durante un picnic, es sorprendido por militares psicópatas y sedientos de sangre.
El 30 de junio de 1973, el jefe del ERP, Roberto Santucho, en conferencia de prensa anuncia su teoría (hito actual de la “jurisprudencia” argentina) según la cual reprimir a la guerrilla es un crimen. Textualmente, advierte al gobierno constitucional de entonces: “Mientras se abraza con los militares contrarrevolucionarios se prepara a atacar, junto con ellos, a la guerrilla… si se atreve a hacerlo, cediendo a las presiones reaccionarias, se colocará sin duda en completa ilegalidad” (ver https://www.youtube.com/watch?v=tN43vTK7upE)
He ahí la fuente del derecho argentino sobre lesa humanidad.
En los juicios sustanciados durante la presidencia de los Kirchner y la actual del presidente Macri contra policías, militares, empresarios, jueces y sacerdotes, calificados con la figura de delito de lesa humanidad, lo que se les atribuye es la responsabilidad por los actos cometidos a la subversión durante la represión estatal en la década de 1970. El sambenito de criminal de lesa humanidad le cabe le cabe a todo aquel, civil o militar, que reprimió, colaboró o no denunció a los represores. El disparate jurídico-moral que oficia de axioma de la “política de derechos humanos” del gobierno anterior y del actual es que el acto de reprimir a la guerrilla, más allá de la forma, es criminal en sí mismo. De allí, que los jueces (incluidos los de la Corte Suprema), los fiscales, los secretarios de derechos humanos de la nación y de las provincias confunden ex profeso a la represión estatal con la patraña de que se trató de un genocidio perpetrado por las FF.AA en connivencia con los empresarios, la oligarquía y el gobierno de los EE.UU; “un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil”. Esa es la figura penal en la que se incluye a todos aquellos que participaron, o no (se condena sin pruebas), de la reacción natural, patriótica, defensiva, obvia, legal e inexcusable (del gobierno constitucional, primero y del militar, después) de reprimir a los terroristas del ERP y Montoneros que a fuerza de asesinatos pretendían pavimentar su camino al poder e instaurar un Estado totalitario. Claro que para hacer encajar los hechos históricos en tan estrecho molde, jueces y fiscales hubieron de amputarlos mediante hachazo limpio. Llamar, por ejemplo, “población civil” a sujetos que se reivindican todavía como soldados de un ejército que mataron, asaltaron cuarteles, secuestraron, extorsionaron, robaron y que pretendieron provocar la secesión de parte del territorio es la mentira más torpe y desmañada de la que se tenga memoria en la historia
del derecho. La niña judía Ana Frank, asesinada por los nazis, era “población civil”. Lo mismo la pequeña María Fernanda Viola, asesinada por el ERP. ¿Acaso existen jueces que sostengan que los asesinos de María Fernanda son más víctimas que la propia niña? Pues, de hecho, que sí. Allí está la madre, Maby Picón, pidiendo la justicia que le niegan mientras los asesinos declaran como testigos víctimas en la causa por el Operativo Independencia. Y para los políticos aquí no pasa nada. Al gobernador de Tucumán o al presidente Macri no se les mueve un pelo. Beatriz Sarlo escribió en esa línea a propósito del carnicero que mató al delincuente que lo asaltó. Se refirió al fascismo que anida en todos los que justifican ese tipo de acciones. También atribuyó responsabilidades por dicho fascismo a la última dictadura militar. Nada dijo, sin embargo, de los que asesinan policías o de los subversivos con sus innumerables asesinatos. Tal vez, porque como dice Gerardo Romano, los montoneros “mataban con respeto”. Está claro que no se juzga el, cómo, se reprimió sino el hecho de reprimir. El “cómo” se juzgó en la causa 13 del Juicio a las Juntas. Allí los jueces (que no eran los naturales) expresamente fallaron a favor de que existía la necesidad imperiosa de reprimir; mas, condenaron la forma en que se reprimió. Dicho fallo, también, afirma que se trató de guerra declarada e iniciada por las bandas terroristas. En modo alguno sostiene la patraña ridícula de un “plan sistemático de exterminio de la población civil”. Mote, este último, que de ningún modo le cabe a la Compañía de Monte “Ramón Rosa Giménez”, la banda terrorista que actuaba en Tucumán. El rosario de hechos incontrovertibles, como accesibles a cualquiera con un mínimo de voluntad, son campanas de palo para los oídos de jueces y de funcionarios de derechos humanos. Para estos, “El Operativo Independencia” les resulta como esa película de terror donde un grupo de cándidos Boy Scouts, durante un picnic, es sorprendido por militares psicópatas y sedientos de sangre.
El 30 de junio de 1973, el jefe del ERP, Roberto Santucho, en conferencia de prensa anuncia su teoría (hito actual de la “jurisprudencia” argentina) según la cual reprimir a la guerrilla es un crimen. Textualmente, advierte al gobierno constitucional de entonces: “Mientras se abraza con los militares contrarrevolucionarios se prepara a atacar, junto con ellos, a la guerrilla… si se atreve a hacerlo, cediendo a las presiones reaccionarias, se colocará sin duda en completa ilegalidad” (ver https://www.youtube.com/watch?v=tN43vTK7upE)
He ahí la fuente del derecho argentino sobre lesa humanidad.
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 30, 2016