“Nuestros jueces son absolutamente incompatibles.
Todo lo pueden hacer, menos justicia”.
Bertold Brecht
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La serie “Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía”, que Netflix incluyó en su plataforma a partir del 1º de enero, el quinto aniversario de su irresuelto asesinato que se cumplirá el próximo sábado, y las declaraciones del principal imputado como autor intelectual –Mohsen Rabbani- colocaron otra vez en el tapete el tema que debiera ser prioritario en la cabeza de los argentinos: no tenemos Justicia. Procesos como los de los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la sede de la AMIA (1994) no solamente no han tenido resolución sino que se han convertido lodazales sin futuro, hollados por las pezuñas de cerdos de todos los colores, de todos los intereses y de todas las nacionalidades.
Más allá de estos y otros innumerables actos de terrorismo y de megacorrupción que han quedado –y seguramente quedarán- impunes a lo largo de nuestra historia, y de tantos magnicidios que aquí se han cometido sin que nadie consiguiera siquiera identificar a los responsables, esa carencia nos condena a la inviabilidad como nación independiente.
Piénsese qué sucedería si, por esos extraños milagros que pocas veces ocurren, pudiéramos darnos una Justicia transparente, seria, apegada exclusivamente a su rol de único intérprete de la ley y, además, veloz.
Una Justicia que permitiera a sus miembros, y a la sociedad en general, estar orgullosos de ella, volviendo a convertirse en un galardón para aquéllos a los que el mérito y la consideración pública les otorga la decisión final sobre la libertad, la honra y el patrimonio de los demás. Que se transformara, ni más ni menos, en lo que nuestra sabia Constitución, prostituida por los políticos, le concede y le exige: ser la real garantía de defensa del individuo frente al poder del Estado y frente a las arbitrariedades de los demás.
Si la Justicia recuperara ese prestigio perdido o dilapidado, mejorarían enormemente las relaciones que el país mantiene con los tenedores de bonos y con los inversores, que ya no necesitarían reclamar extrañas jurisdicciones, y las que cada uno de nosotros mantiene con sus acreedores y deudores, propietarios e inquilinos, cónyuges, padres e hijos, vendedores y compradores, profesionales y clientes, sanatorios y pacientes, empleadores y trabajadores, funcionarios y ciudadanos, etc.. Porque, convengamos, somos hijos del rigor, y allí estaría la señora de ojos vendados para recordárnoslo e impedir los abusos a los que somos tan proclives.
ZanniniRafecasMenaCrousUstarroz
No debe entenderse en mis dichos que todos los jueces son indignos de cumplir con honestidad y crudeza el tan noble rol que la Constitución les asigna. Por el contrario, con cincuenta y dos años de ejercicio como abogado, estoy convencido que la mayoría de ellos son probos y preparados, y mira con tanto asombro como los ciudadanos cuanto de inmundo sucede en el Poder Judicial.
Nada puede hacerse de un día para otro, pero todos los caminos comienzan por un paso. Ese paso inicial podría ser algo que ya funciona, con éxito, en muchísimos países del mundo: el juicio civil y penal por jurados, y la elección popular –desacoplada de las de cargos políticos- de los jueces y fiscales en los pueblos y ciudades de menor tamaño. La duración de los mandatos sería de cinco años, renovable, y el principal requisito para cada juez sería la residencia en el lugar en que se desempeña, para permitir un adecuado control de los vecinos sobre su conducta personal y sus bienes.
En un plazo razonable, se encomendaría a esos distintos magistrados y fiscales la elección de aquellos que merecerían integrar las cámaras de apelaciones y de ejercer como fiscales ante ellas; y así sucesivamente hasta haber recorrido toda la pirámide que corona la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación. La obvia razón de esta propuesta es que nadie los conoce mejor que sus propios colegas y, cuando éstos han concitado el respeto y la admiración de los demás, seguramente se sentirán más obligados frente a la sociedad.
Lamentablemente, impulsado por las necesidades de su tan procesada Vicepresidente, Alberto Fernández nos mintió en forma descarada cuando, en su discurso de toma de posesión del cargo, aseguró que “nunca más” habría injerencia del poder político en la Justicia. Si le creímos fue sólo culpa nuestra, porque ya había condenado severamente a Cristina imputándole corrupción y complicidad con los terroristas y, poco más tarde, exigido a quienes la tienen contra las cuerdas que expliquen sus fallos y las “barbaridades” (sic) que escribieron para dictarlos.
Y la designación de personajes tan nefastos como Carlos Zannini (Procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado), Daniel Rafecas (propuesto para Procurador General y cabeza de los fiscales), Juan Martín Mena (Secretario de Justicia), Gerónimo Ustarroz (Consejero de la Magistratura), Félix Crous (Oficina Anticorrupción) y miles de etc., prueban más allá de toda duda el escaso apego a la verdad que afecta a nuestro Presidente.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02
Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
Cel. en Brasil (+5521) 8128 7896
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 12, 2020
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Camila Schneider
5 years ago
Miro la gleria fotografica que pusieron y da miedo . Esto no tiene solucion y el que pueda le conviene emigrar todo cada vez sera peor.
Enrique
5 years ago
No me llama la atención. !!!!
Desde los órganos de gobierno del Estado Argentino, se impulsaron y ejecutaron juicios orales y públicos (1985) , se condenó a los imputados, estos fueron encarcelados y luego se los indultó (1989 y 1990) . El Congreso de la Nación Argentina, derogó las leyes de OD y PF (1998), luego las anuló como así también los indultos (2003) , se depositó el instrumento de ratificación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (2003), se volvió a juzgar a los indultados y otros sospechados (2006), se reabrieron innumerables juicios, llegando así a nuestros días en 2020, con miles de gerontes encarcelados. militares de Ejército, Marina y Aeronáutica, gendarmes, prefectos, policías federales y provinciales, guardia cárceles y civiles relacionados con el PRN, todos adultos mayores, privados de libertad o procesados sin futuro cierto, siendo que los más probable, es que mueran sin sentencia firme por razones etarias y la lentitud endémica del Poder Judicial en particular de la Justicia Federal de Argentina.
En el año 2003 al declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte del Congreso de la Nación Argentina, algunos jueces comenzaron a calificar como inconstitucionales los indultos concedidos por crímenes de lesa humanidad y reabrieron los casos archivados por ellos mismos, cuando aplicaron las leyes de referencia.
La anulación de las leyes de OD y PF, fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que las declaró inconstitucionales el día 14 de junio de 2005 en abierta contradicción a su propio fallo del año 1987 en el cual sus cinco miembros resolvieron que estas leyes eran constitucionales.
El 15 de junio del año 2006, la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal de Argentina, consideró que los indultos concedidos por causas de lesa humanidad eran inconstitucionales.
El 31 de agosto de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirmó sentencias de tribunales inferiores, afirmando que los indultos eran inconstitucionales y que las condenas no cumplidas como consecuencia de las mismas, debían ser ejecutadas.
Este sucinto resumen de lo actuado en materia penal por la Justicia Argentina, encierra un comportamiento absolutamente “errático”, caprichosos, con tinte político e ilegal, siendo la persona del justiciable, sospechada de haber delinquido, la que debe soportar de por vida, la negligencia estatal, conviviendo hasta el último hálito de vida, con la persecución penal a cuestas, al igual que su familia, amigos y seres queridos, con la consecuente desconfianza que daña moralmente a todos los señalados.
Estimado Enrique excelente y certero su comentario, ya que en pocas líneas bien define el “comportamiento absolutamente “errático”, caprichosos, con tinte político e ilegal” que lleva adelante TODA la clase política argentina. Esto ocurre no solo en el caso de los que cargamos con una imputación de este tipo “a como dé lugar” sino con toda acción gubernamental y de allí los permanentes fracasos de TODOS los gobiernos que supimos conseguir. En lo que respecta a nosotros, solo somos “muertos vivientes” y conformamos un par de miles , elegidos para ser los “más bobos del barrio”, condición que por nuestra edad terminará en poco tiempo más. Pero atención, seguramente tanta vileza no será gratuita y si bien hoy vinieron por nosotros, mañana irán tras otros, por diferentes motivos. Cuando impunemente se violenta la ley y la razonabilidad en forma tan extrema como se hizo en este territorio casi maldito, ante una indiferencia generalizada, ya no hay marcha atrás. Que la suerte los acompañe a todos…y a todas. Agradeciendo su participación le hago llegar un cordial saludo. CLAUDIO KUSSMAN
Diego Fuentes
5 years ago
Argentina e s un barco sin timon con un monton de piratas adentro
Angela Lorenzo
5 years ago
Bonadio es otro impresentable con mas denuncias que Hoyarbide .acá son todos corruptos mientras se siguen repartiendo la Argentina en pedazitos .
.
EL ESCASO APEGO A LA VERDAD
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Por ENRIQUE GUILLERMO AVOGADRO
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Todo lo pueden hacer, menos justicia”.
Bertold Brecht
La serie “Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía”, que Netflix incluyó en su plataforma a partir del 1º de enero, el quinto aniversario de su irresuelto asesinato que se cumplirá el próximo sábado, y las declaraciones del principal imputado como autor intelectual –Mohsen Rabbani- colocaron otra vez en el tapete el tema que debiera ser prioritario en la cabeza de los argentinos: no tenemos Justicia. Procesos como los de los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la sede de la AMIA (1994) no solamente no han tenido resolución sino que se han convertido lodazales sin futuro, hollados por las pezuñas de cerdos de todos los colores, de todos los intereses y de todas las nacionalidades.
Más allá de estos y otros innumerables actos de terrorismo y de megacorrupción que han quedado –y seguramente quedarán- impunes a lo largo de nuestra historia, y de tantos magnicidios que aquí se han cometido sin que nadie consiguiera siquiera identificar a los responsables, esa carencia nos condena a la inviabilidad como nación independiente.
Piénsese qué sucedería si, por esos extraños milagros que pocas veces ocurren, pudiéramos darnos una Justicia transparente, seria, apegada exclusivamente a su rol de único intérprete de la ley y, además, veloz.
Una Justicia que permitiera a sus miembros, y a la sociedad en general, estar orgullosos de ella, volviendo a convertirse en un galardón para aquéllos a los que el mérito y la consideración pública les otorga la decisión final sobre la libertad, la honra y el patrimonio de los demás. Que se transformara, ni más ni menos, en lo que nuestra sabia Constitución, prostituida por los políticos, le concede y le exige: ser la real garantía de defensa del individuo frente al poder del Estado y frente a las arbitrariedades de los demás.
Si la Justicia recuperara ese prestigio perdido o dilapidado, mejorarían enormemente las relaciones que el país mantiene con los tenedores de bonos y con los inversores, que ya no necesitarían reclamar extrañas jurisdicciones, y las que cada uno de nosotros mantiene con sus acreedores y deudores, propietarios e inquilinos, cónyuges, padres e hijos, vendedores y compradores, profesionales y clientes, sanatorios y pacientes, empleadores y trabajadores, funcionarios y ciudadanos, etc.. Porque, convengamos, somos hijos del rigor, y allí estaría la señora de ojos vendados para recordárnoslo e impedir los abusos a los que somos tan proclives.
No debe entenderse en mis dichos que todos los jueces son indignos de cumplir con honestidad y crudeza el tan noble rol que la Constitución les asigna. Por el contrario, con cincuenta y dos años de ejercicio como abogado, estoy convencido que la mayoría de ellos son probos y preparados, y mira con tanto asombro como los ciudadanos cuanto de inmundo sucede en el Poder Judicial.
Nada puede hacerse de un día para otro, pero todos los caminos comienzan por un paso. Ese paso inicial podría ser algo que ya funciona, con éxito, en muchísimos países del mundo: el juicio civil y penal por jurados, y la elección popular –desacoplada de las de cargos políticos- de los jueces y fiscales en los pueblos y ciudades de menor tamaño. La duración de los mandatos sería de cinco años, renovable, y el principal requisito para cada juez sería la residencia en el lugar en que se desempeña, para permitir un adecuado control de los vecinos sobre su conducta personal y sus bienes.
En un plazo razonable, se encomendaría a esos distintos magistrados y fiscales la elección de aquellos que merecerían integrar las cámaras de apelaciones y de ejercer como fiscales ante ellas; y así sucesivamente hasta haber recorrido toda la pirámide que corona la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación. La obvia razón de esta propuesta es que nadie los conoce mejor que sus propios colegas y, cuando éstos han concitado el respeto y la admiración de los demás, seguramente se sentirán más obligados frente a la sociedad.
Lamentablemente, impulsado por las necesidades de su tan procesada Vicepresidente, Alberto Fernández nos mintió en forma descarada cuando, en su discurso de toma de posesión del cargo, aseguró que “nunca más” habría injerencia del poder político en la Justicia. Si le creímos fue sólo culpa nuestra, porque ya había condenado severamente a Cristina imputándole corrupción y complicidad con los terroristas y, poco más tarde, exigido a quienes la tienen contra las cuerdas que expliquen sus fallos y las “barbaridades” (sic) que escribieron para dictarlos.
Y la designación de personajes tan nefastos como Carlos Zannini (Procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado), Daniel Rafecas (propuesto para Procurador General y cabeza de los fiscales), Juan Martín Mena (Secretario de Justicia), Gerónimo Ustarroz (Consejero de la Magistratura), Félix Crous (Oficina Anticorrupción) y miles de etc., prueban más allá de toda duda el escaso apego a la verdad que afecta a nuestro Presidente.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02
Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
Cel. en Brasil (+5521) 8128 7896
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 12, 2020
Miro la gleria fotografica que pusieron y da miedo . Esto no tiene solucion y el que pueda le conviene emigrar todo cada vez sera peor.
No me llama la atención. !!!!
Desde los órganos de gobierno del Estado Argentino, se impulsaron y ejecutaron juicios orales y públicos (1985) , se condenó a los imputados, estos fueron encarcelados y luego se los indultó (1989 y 1990) . El Congreso de la Nación Argentina, derogó las leyes de OD y PF (1998), luego las anuló como así también los indultos (2003) , se depositó el instrumento de ratificación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (2003), se volvió a juzgar a los indultados y otros sospechados (2006), se reabrieron innumerables juicios, llegando así a nuestros días en 2020, con miles de gerontes encarcelados. militares de Ejército, Marina y Aeronáutica, gendarmes, prefectos, policías federales y provinciales, guardia cárceles y civiles relacionados con el PRN, todos adultos mayores, privados de libertad o procesados sin futuro cierto, siendo que los más probable, es que mueran sin sentencia firme por razones etarias y la lentitud endémica del Poder Judicial en particular de la Justicia Federal de Argentina.
En el año 2003 al declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte del Congreso de la Nación Argentina, algunos jueces comenzaron a calificar como inconstitucionales los indultos concedidos por crímenes de lesa humanidad y reabrieron los casos archivados por ellos mismos, cuando aplicaron las leyes de referencia.
La anulación de las leyes de OD y PF, fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que las declaró inconstitucionales el día 14 de junio de 2005 en abierta contradicción a su propio fallo del año 1987 en el cual sus cinco miembros resolvieron que estas leyes eran constitucionales.
El 15 de junio del año 2006, la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal de Argentina, consideró que los indultos concedidos por causas de lesa humanidad eran inconstitucionales.
El 31 de agosto de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirmó sentencias de tribunales inferiores, afirmando que los indultos eran inconstitucionales y que las condenas no cumplidas como consecuencia de las mismas, debían ser ejecutadas.
Este sucinto resumen de lo actuado en materia penal por la Justicia Argentina, encierra un comportamiento absolutamente “errático”, caprichosos, con tinte político e ilegal, siendo la persona del justiciable, sospechada de haber delinquido, la que debe soportar de por vida, la negligencia estatal, conviviendo hasta el último hálito de vida, con la persecución penal a cuestas, al igual que su familia, amigos y seres queridos, con la consecuente desconfianza que daña moralmente a todos los señalados.
Estimado Enrique excelente y certero su comentario, ya que en pocas líneas bien define el “comportamiento absolutamente “errático”, caprichosos, con tinte político e ilegal” que lleva adelante TODA la clase política argentina. Esto ocurre no solo en el caso de los que cargamos con una imputación de este tipo “a como dé lugar” sino con toda acción gubernamental y de allí los permanentes fracasos de TODOS los gobiernos que supimos conseguir. En lo que respecta a nosotros, solo somos “muertos vivientes” y conformamos un par de miles , elegidos para ser los “más bobos del barrio”, condición que por nuestra edad terminará en poco tiempo más. Pero atención, seguramente tanta vileza no será gratuita y si bien hoy vinieron por nosotros, mañana irán tras otros, por diferentes motivos. Cuando impunemente se violenta la ley y la razonabilidad en forma tan extrema como se hizo en este territorio casi maldito, ante una indiferencia generalizada, ya no hay marcha atrás. Que la suerte los acompañe a todos…y a todas. Agradeciendo su participación le hago llegar un cordial saludo. CLAUDIO KUSSMAN
Argentina e s un barco sin timon con un monton de piratas adentro
Bonadio es otro impresentable con mas denuncias que Hoyarbide .acá son todos corruptos mientras se siguen repartiendo la Argentina en pedazitos .