Los discapacitados son una parte muy considerable de la sociedad. Muy considerable. Merecen consideración, son acreedores a la consideración de todos los integrantes de la sociedad y en forma muy especial a la consideración de los gobernantes, de los políticos, de los que tienen bajo su responsabilidad velar por el bien común, abarcante de todos. Tienen derecho a que se piense en ellos, a que se medite sobre sus circunstancias, a que se atiendan las especiales dificultades que deben afrontar, a que se procure brindarles un cuidado especial ya que es especial su forma de integrarse en el ambiente y en la humanidad. Estas aclaraciones vienen al caso para que se entienda que si se habla de “una parte muy considerable de la sociedad” no se está aludiendo meramente al número de votos que ellos representan. Son considerables por su condición humana, por su calidad de prójimos, y de prójimos cuyas condiciones mueven el corazón de sus semejantes y lo estimulan a una especial estima, a un cordial aprecio, a las deferencias de una singular cortesía .Estas son razones suficientes para repudiaruna decisión que disponga condiciones diferentes para los que tienen que afrontar la vida con diferentes dificultades. Se trata de una medida, que perjudica a los sectores más vulnerables de la población. Unas 70.000 personas han sido afectadas con bajas injustificadas de las pensiones no contributivas, sin que se brinde explicaciones sobre los motivos por los que se realizaron los recortes. Medida que se contradice con principios constitucionales, tratados internacionales, leyes nacionales y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad” y toda normativa legal vigente al respecto. Más allá de las investigaciones sobre excesos, en la mayoría de los casos no existió previo aviso a los beneficiarios para que puedan ejercer el derecho a la defensa y el debido proceso. Las pensiones contributivas no pueden ser entendidas como una carga plausible de ser recortada sino como un instrumento necesario de seguridad social.La solidaridad con los discapacitados o con los que menos tienen, está ligada al interés público y no es algo que se obtiene pidiendo sino algo que se tiene el derecho de reclamar. Todo ataque a la vida ajena inocente – discapacitado -, es un deber primordial que el Estado debe proteger y un principio fundamental de justicia.
Por JORGE BERNABE LOBO ARAGON.
Discapacitados
Opinión
Los discapacitados son una parte muy considerable de la sociedad. Muy considerable. Merecen consideración, son acreedores a la consideración de todos los integrantes de la sociedad y en forma muy especial a la consideración de los gobernantes, de los políticos, de los que tienen bajo su responsabilidad velar por el bien común, abarcante de todos. Tienen derecho a que se piense en ellos, a que se medite sobre sus circunstancias, a que se atiendan las especiales dificultades que deben afrontar, a que se procure brindarles un cuidado especial ya que es especial su forma de integrarse en el ambiente y en la humanidad. Estas aclaraciones vienen al caso para que se entienda que si se habla de “una parte muy considerable de la sociedad” no se está aludiendo meramente al número de votos que ellos representan. Son considerables por su condición humana, por su calidad de prójimos, y de prójimos cuyas condiciones mueven el corazón de sus semejantes y lo estimulan a una especial estima, a un cordial aprecio, a las deferencias de una singular cortesía .Estas son razones suficientes para repudiar una decisión que disponga condiciones diferentes para los que tienen que afrontar la vida con diferentes dificultades. Se trata de una medida, que perjudica a los sectores más vulnerables de la población. Unas 70.000 personas han sido afectadas con bajas injustificadas de las pensiones no contributivas, sin que se brinde explicaciones sobre los motivos por los que se realizaron los recortes. Medida que se contradice con principios constitucionales, tratados internacionales, leyes nacionales y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad” y toda normativa legal vigente al respecto. Más allá de las investigaciones sobre excesos, en la mayoría de los casos no existió previo aviso a los beneficiarios para que puedan ejercer el derecho a la defensa y el debido proceso. Las pensiones contributivas no pueden ser entendidas como una carga plausible de ser recortada sino como un instrumento necesario de seguridad social. La solidaridad con los discapacitados o con los que menos tienen, está ligada al interés público y no es algo que se obtiene pidiendo sino algo que se tiene el derecho de reclamar. Todo ataque a la vida ajena inocente – discapacitado -, es un deber primordial que el Estado debe proteger y un principio fundamental de justicia.
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 15, 2017
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