El reporte sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América pareciera ser un caso de copiar y pegar. Es un informe que otras entidades han divulgado publicamente, mientras que su embajada en Argentina solo se limitó a usar tijeras y cinta adhesiva.
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El segundo día del mes de enero de este año, tuve acceso a una información en donde decía que para los Estados Unidos no hay presos políticos en Argentina. Esta afirmación sería parte del reporte presentado por el Departamento de Estado, que examinó la situación de los países en materia de Derechos Humanos. Claro, se trata del informe del año 2016 analizado por la administración de Barack Obama – ¿recuerdan? Aquel presidente que junto al ingeniero Macri, posiblemente homenajeó al, entre otros, asesino de su conciudadano John Patrick Egan-.
El documento establece que los principales problemas en el área de derechos humanos, son la corrupción oficial, torturas por parte de las policías provinciales y federales, y la violencia de género. El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, las duras condiciones penitenciarias, las detenciones arbitrarias, la prisión preventiva prolongada, la ineficiencia judicial, el abuso de menores, el antisemitismo, la discriminación y las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, la trata sexual, el trabajo forzoso y el trabajo infantil forman un segundo apartado. También menciona los procesos y detenciones de miembros del gobierno kirchnerista por graves casos de corrupción. La condena de Luciano B. Menéndez y la actividad sostenida por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo están presentes.
Las crónicas de las condiciones de los centros penitenciarios son facilitadas por el CELS. Este indica que los reclusos -presos comunes o juveniles- en muchas instalaciones sufren de hacinamiento; nutrición pobre; Tratamiento médico y psicológico inadecuado; Saneamiento inadecuado, calefacción, ventilación y luz; Visitas familiares limitadas; Y frecuentes tratos de degradación, según informes de organizaciones de derechos humanos y centros de investigación.
Con respecto a informes del Servicio Penitenciario Federal, este reportó 20 muertes de presos en prisiones federales, siete de ellas violentas, entre enero y junio; Sin embargo, las estadísticas del CELS para la provincia de Buenos Aires para 2015 reflejaron que 50 prisioneros murieron de violencia, mientras que otros 89 murieron por problemas de salud y falta de atención médica. La ley prevé la prisión preventiva de hasta dos años para las personas procesadas que están a la espera o en proceso; El plazo puede prorrogarse un año en circunstancias limitadas. La lentitud del sistema de justicia a menudo resultó en largas detenciones más allá del período estipulado por la ley. Un censo de junio realizado por el Servicio Penitenciario Federal reveló que, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, el 61 por ciento de los presos estaban en prisión preventiva o en espera de una sentencia definitiva.
En el apartado “Presos Políticos”. El informe concluye que no hay casos reportados de Presos Políticos en Argentina. En este departamento solo se encuentra -según las conclusiones- el caso de la detención arbitraria de Milagro Sala. El 21 de octubre, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU pidió la liberación de la activista social de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, opinando que su detención preventiva era arbitraria. El 16 de enero, las autoridades arrestaron a Sala mientras dirigía una protesta contra las reformas del gobierno provincial de Jujuy al gasto social. Inicialmente, las autoridades acusaron a Sala de sedición; Sin embargo, el fiscal de la provincia de Jujuy posteriormente dejó el recuento de sediciones y trajo nuevos cargos de agresión, fraude y malversación de fondos públicos. Las ONG internacionales criticaron la detención y el rechazo del gobierno provincial al dictamen del Grupo de Trabajo de la ONU. El 28 de diciembre, un tribunal federal condenó a Sala por “daños materiales agravados” y la sentenció a una pena de tres años de prisión condicional. El 29 de diciembre, Sala fue condenado por un tribunal estatal de cargos por disturbios civiles. Ella fue multada con 4.363 pesos ($ 235) y se le prohibió ocupar cargos en cualquier organización civil.
Mientras las prisiones preventivas largamente vencidas, detenciones sin pruebas, juicios sin derecho a defensa, sepultan a ex integrantes de los servicios de seguridad argentinos sin que esto pareciera afectar al reporte del Departamento de Estado norteamericano, el ex presidente Obama enfrenta por parte del actual presidente Donald Trump, una acusación sin evidencia de que el primero plantó micrófonos en las Torres de Trump al mejor estilo Watergate.
El reporte sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América pareciera ser un caso de copiar y pegar. Es un informe que otras entidades han divulgado publicamente, mientras que su embajada en Argentina solo se limitó a usar tijeras y cinta adhesiva.
[two_third padding=”0 30px 0 0″]El segundo día del mes de enero de este año, tuve acceso a una información en donde decía que para los Estados Unidos no hay presos políticos en Argentina. Esta afirmación sería parte del reporte presentado por el Departamento de Estado, que examinó la situación de los países en materia de Derechos Humanos. Claro, se trata del informe del año 2016 analizado por la administración de Barack Obama – ¿recuerdan? Aquel presidente que junto al ingeniero Macri, posiblemente homenajeó al, entre otros, asesino de su conciudadano John Patrick Egan-.
El documento establece que los principales problemas en el área de derechos humanos, son la corrupción oficial, torturas por parte de las policías provinciales y federales, y la violencia de género. El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, las duras condiciones penitenciarias, las detenciones arbitrarias, la prisión preventiva prolongada, la ineficiencia judicial, el abuso de menores, el antisemitismo, la discriminación y las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, la trata sexual, el trabajo forzoso y el trabajo infantil forman un segundo apartado. También menciona los procesos y detenciones de miembros del gobierno kirchnerista por graves casos de corrupción. La condena de Luciano B. Menéndez y la actividad sostenida por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo están presentes.
Las crónicas de las condiciones de los centros penitenciarios son facilitadas por el CELS. Este indica que los reclusos -presos comunes o juveniles- en muchas instalaciones sufren de hacinamiento; nutrición pobre; Tratamiento médico y psicológico inadecuado; Saneamiento inadecuado, calefacción, ventilación y luz; Visitas familiares limitadas; Y frecuentes tratos de degradación, según informes de organizaciones de derechos humanos y centros de investigación.
Con respecto a informes del Servicio Penitenciario Federal, este reportó 20 muertes de presos en prisiones federales, siete de ellas violentas, entre enero y junio; Sin embargo, las estadísticas del CELS para la provincia de Buenos Aires para 2015 reflejaron que 50 prisioneros murieron de violencia, mientras que otros 89 murieron por problemas de salud y falta de atención médica. La ley prevé la prisión preventiva de hasta dos años para las personas procesadas que están a la espera o en proceso; El plazo puede prorrogarse un año en circunstancias limitadas. La lentitud del sistema de justicia a menudo resultó en largas detenciones más allá del período estipulado por la ley. Un censo de junio realizado por el Servicio Penitenciario Federal reveló que, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, el 61 por ciento de los presos estaban en prisión preventiva o en espera de una sentencia definitiva.
En el apartado “Presos Políticos”. El informe concluye que no hay casos reportados de Presos Políticos en Argentina. En este departamento solo se encuentra -según las conclusiones- el caso de la detención arbitraria de Milagro Sala. El 21 de octubre, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU pidió la liberación de la activista social de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, opinando que su detención preventiva era arbitraria. El 16 de enero, las autoridades arrestaron a Sala mientras dirigía una protesta contra las reformas del gobierno provincial de Jujuy al gasto social. Inicialmente, las autoridades acusaron a Sala de sedición; Sin embargo, el fiscal de la provincia de Jujuy posteriormente dejó el recuento de sediciones y trajo nuevos cargos de agresión, fraude y malversación de fondos públicos. Las ONG internacionales criticaron la detención y el rechazo del gobierno provincial al dictamen del Grupo de Trabajo de la ONU. El 28 de diciembre, un tribunal federal condenó a Sala por “daños materiales agravados” y la sentenció a una pena de tres años de prisión condicional. El 29 de diciembre, Sala fue condenado por un tribunal estatal de cargos por disturbios civiles. Ella fue multada con 4.363 pesos ($ 235) y se le prohibió ocupar cargos en cualquier organización civil.
Mientras las prisiones preventivas largamente vencidas, detenciones sin pruebas, juicios sin derecho a defensa, sepultan a ex integrantes de los servicios de seguridad argentinos sin que esto pareciera afectar al reporte del Departamento de Estado norteamericano, el ex presidente Obama enfrenta por parte del actual presidente Donald Trump, una acusación sin evidencia de que el primero plantó micrófonos en las Torres de Trump al mejor estilo Watergate.
[/two_third] [one_fourth_last padding=”0 0 0 30px”]Por Fabian Kussman
PrisioneroEnArgentina.com
email@PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 6, 2017
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Tags: Barack Obama, Derechos Humanos, Donald Trump, Fabian Kussman, Mauricio MacriRelated Posts
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