Como dijo Fray Luis de León en 1576, al reiniciar sus clases de filosofía tras cuatro años de prisión por haber traducido, sin autorización eclesiástica, al castellano, “El cantar de los cantares”: …COMO DECÍAMOS AYER…. Famosa frase que sintetiza que pese al paso del tiempo y sus contratiempos debemos seguir cumpliendo con nuestras convicciones, perseverando en los ideales que abarca nuestra vocación de servicio. PrisioneroEnArgentina.com
La mayoría de la sociedad ha sido llevada a un craso error respecto a los males que aquejan a los argentinos. No es solo la economía, la salud, o la seguridad. Esa deliberada y elaborada falsía, solo ha servido para distraer a los ciudadanos acerca del verdadero problema.
Se menciona a la famosa “GRIETA” como un ente utópico e impersonal, cuando en realidad se trata de una realidad palpable, pero hábilmente cosificada para no mencionar el verdadero punto de la cuestión.
Luego de una prolongada guerra interna que fue desde 1969 a 1979, por obra de birlibirloque desembarcamos en 1983, en una endeble democracia, que el pueblo festejo como si hubiera sido el autor del milagro y olvidando que la misma se había conseguido a costa de la sangre de soldados y policías.
Menem
Para ese entonces, 15 de diciembre de 1983, se creó la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) con el objeto de investigar las denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar. La comisión produjo un informe final, nombrado Nunca más, que registraba aproximadamente la suma de 8961 desaparecidos.1
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó el juicio en el que declararon 833 personas, entre ellos ex detenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y personal de las fuerzas de seguridad. El juicio a los ex comandantes de las juntas finalizó con alunas condenas a prisión perpetua, otros recibieron algunos años de prisión y dos comandantes de la Fuerza Aérea fueros absueltos.
Finalizado el evento judicial, el 24 de diciembre de 1986 el entonces presidente Raúl Alfonsín, promulgó la Ley de PUNTO FINAL y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura. Una prudente decisión política ya que hasta ese momento no estaba bien clara la posición de los contendientes y los supuestamente “buenos” no eran tan buenos y los denostadamente “malos” no eran tan malos. Esa falsa y conflictiva hipérbole, había erizado la piel de las Fuerzas legales y molestaba a los organismos que buscaban reivindicaciones monetarias y por supuesto venganza por la pérdida de sus huestes militantes.
El 4 de junio de 1987,el Dr. Alfonsín, movido por el primer alzamiento carapintada, dictó una Ley donde estableció que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada “obediencia debida” -concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes de sus superiores. En 1990 el Coronel Seineldín se hizo cargo de otra sublevación militar, pero esta, contrariamente a lo falsamente difundido no fue contra la democracia sino contra los altos mandos militares. El coronel fue preso se le aplicaron sanciones militares y allí terminó todo.
Las aguas se habían aquietado en superficie, pero el resquemor de los deudos de la subversión, seguían corroyendo las bases de la pacificación.
Videla
En 1989 y en 1990, Carlos Menem firmó una serie de decretos en los que indultaba a civiles y militares condenados por delitos durante la dictadura militar, mediante los que fueron liberadas más de 1200 personas. Entre los indultados se encontraban todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Ramón Camps, Ovidio Riccheri, Norma Kennedy, Duilio Brunello, José Alfredo Martínez de Hoz y Guillermo Suárez Mason.
En 1998 se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Carmen Aguiar de Lapacó, y alegó que el Estado argentino vulneraba el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, debido a que las llamadas «leyes de impunidad» y el perdón presidencial no podían ser invocados para impedir también la determinación de lo ocurrido con Alejandra Lapacó y el destino final de su cuerpo; pues el delito de desaparición forzada continuaba en ejecución hasta tanto la víctima no apareciera. En 1999 se firmó un Acuerdo de Solución Amistosa entre las partes en el que el Estado argentino se comprometía a garantizar una investigación por la verdad de los hechos denunciados en el ámbito de la justicia penal aunque sin posibilidad de imputación y de condena. A esta etapa judicial las causas en investigación se denominaron «Juicios por la Verdad Histórica». En ella, las personas señaladas como responsables eran citados como testigos ya que no podían ser procesados y condenados; y debían cumplir con la obligación de decir la verdad de todo cuanto sabían bajo pena de estar cometiendo el delito de falso testimonio. En este marco aquellos que se negaron a declarar fueron sometidos a algunos días de arresto por los jueces.
En marzo de 2001 en el marco del caso «Simón» presentado por el CELS, el juez federal Gabriel Cavallo declaró por primera vez la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida afirmando que eran incompatibles con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino a partir de la elevación a rango constitucional de los Tratados Internacionales que consagró la reforma constitucional de 1994. Esta decisión fue luego confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Buenas Aires. En agosto de 2003, se promulgó la ley 25 779, que anula las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declara la invalidez e inconstitucionalidad de ambas leyes,6 se habilitó el avance de las causas judiciales por los delitos cometidos durante la dictadura militar. Además, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los indultos concedidos por el expresidente Carlos Menem,7 lo cual quitó la última traba legal a la realización de los juicios. En 2005 comenzaron a formularse los pedidos de elevación juicio de las diferentes causas.
Alfonsín
En 1983 Alfonsín en su condición de presidente dictó el Dto.157/83. Argucia jurídico política mediante el cual, declaró la necesidad de perseguir penalmente a diversos terroristas, imputándoles delitos comunes [1]Seguidamente y en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, por decreto 158/83 ordeno el juzgamiento de los comandantes en jefe [2] que integraron las Juntas a partir del 24 de marzo de 1976, y les imputó delitos comunes derivados de haber llevado a cabo “un plan de operaciones contra la actividad subversiva y terrorista, basado en métodos y procedimientos manifiestamente ilegales.”De esta manera evitó la aplicación del derecho de guerra que, en cuyo exclusivo ámbito correspondía evaluar la respuesta ordenada por el gobierno constitucional de M.E.Martínez de Perón a la guerra revolucionaria desatada por organizaciones armadas que pretendían tomar el poder por la violencia, como lo reconoció en sus considerandos el propio citado decreto 157/83.Años después los delitos comunes prescribieron, justamente por su condición de delitos comunes. Sin embargo, y movilizados primero por la falsa teorización de querellantes otrora terroristas ó simpatizantes de los mismos, y luego por la nulificación de las leyes de punto final y obediencia debida (L.25.779 de 2.003) los tribunales decidieron entonces encuadrar los delitos comunes que mandó a averiguar la ley 23.049 [3] en la categoría de lesa humanidad, no existente en el Código Penal argentino ni en su Constitución. PrisioneroEnArgentina.com
Pero en mayo de 2003 el diablo metió la cola y por el escaso margen de un pobre 22 por ciento de los votos nacionales asumió la presidencia de la nación el Dr Nestor Kischner. Kirchner se granjeó la simpatía general por un combinado de carisma y recuperación económica rápida, discursos altisonantes y medidas disruptivas, como el jury a la Corte Suprema menemista, los juicios contra los “genocidas por delitos de lesa humanidad”. Esto último como hecho insólito, ya que dicho presidente siendo abogado en Santa Cruz jamás participó de la defensa ni le importo nada sobre Derechos Humanos
Pese a ello su Gobierno incorporó reconocidos integrantes de organismos de Derechos Humanos. Además, impulsó el enjuiciamiento a los responsables por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los años setenta, realizados por la Triple A y por el Proceso de Reorganización Nacional. Para conseguirlo, sus partidarios apoyaron en el Congreso Nacional las anulaciones de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final,150 las cuales mantenían frenados dichos juicios desde el Gobierno de Raúl Alfonsín. Dicha medida fue posteriormente ratificada por el Poder Judicial.151 Impulsó la reparación a familiares de las víctimas del atentado a la AMIA.152
Kirchner
El 24 de marzo de 2004, en el marco del primer aniversario del golpe de Estado de 1976 que le tocaba vivir como presidente, Kirchner ordenó descolgar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone que aún exhibían las paredes del Colegio Militar. Ese mismo día, en un acto que encabezó luego en la ex ESMA, Kirchner pidió perdón de parte del Estado nacional “por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades”, y firmó el traspaso de la ESMA a los organismos de derechos humanos.
Ese año, luego de la anulación de las llamadas leyes de la impunidad, los diferentes fiscales involucrados comenzaron con las investigaciones de los hechos, pero las causas que involucraban a los indultos presidenciales se vieron frenadas hasta el año 2006.
Como consecuencia de ello comenzaron las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado Argentino, utilizando todo tipo de aberraciones jurídicas motorizadas por una parte del área judicial autodenominada “Justicia legítima” cuyo poder estaba en manos de la procuradora Gils Carbó. En tal sentido se burlaron todos enunciados constitucionales y del derecho, dando paso a prevaricaciones y condenas irritas, empleando entre otras aberraciones jurídicas 14 pautas fundamentales de nuestra garantías y derechos ciudadanos.
1° Condena por aplicación de prisiones preventivas permanentes, y no ajustada a sus fines cautelares, en violación al principio constitucional de inocencia
2-Negación de excarcelaciones bajo fianza y violación del principio de inocencia
3-Elección del derecho con el que se va a juzgar y principio de garantía del juez natural
4- Anulación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida
5- Violación del principio de prescripción de los delitos comunes imputados
6-Violación del principio de igualdad ante la ley
7- Violación del principio de irretroactividad de la ley penal
8-Violación del principio de cosa juzgada y negación de los derechos adquiridos
9- Violación del principio de aplicación de la ley más benigna
10- Interpretación del crimen por analogía y desconocimiento de la responsabilidad individual
11-Violación del principio de territorialidad
12- Violación del Principio Nullum Crimen Sine Lege Praevia
13- Permanente adaptación del derecho a las necesidades políticas
14- Violación del principio de doble instancia
Se había abierto no solo la Caja de Pandora en busca de males inexistentes, pues la misma solo contenía como bien LA ESPERANZA; sino que habíase iniciado un proceso de destrucción que quedó bien denominado como GRIETA la cual por razón elemental de disenso quebró la unión de los argentinos y dio paso a la venganza, al odio y al resentimiento. En verdad en el pozo profundo de la grieta estaba el mismo diablo motorizando la desunión que nos sigue arrastrando cada vez mas hacia el fondo del abismo.
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Como dijo Fray Luis de León en 1576, al reiniciar sus clases de filosofía tras cuatro años de prisión por haber traducido, sin autorización eclesiástica, al castellano, “El cantar de los cantares”: …COMO DECÍAMOS AYER…. Famosa frase que sintetiza que pese al paso del tiempo y sus contratiempos debemos seguir cumpliendo con nuestras convicciones, perseverando en los ideales que abarca nuestra vocación de servicio. PrisioneroEnArgentina.com
La mayoría de la sociedad ha sido llevada a un craso error respecto a los males que aquejan a los argentinos. No es solo la economía, la salud, o la seguridad. Esa deliberada y elaborada falsía, solo ha servido para distraer a los ciudadanos acerca del verdadero problema.
Se menciona a la famosa “GRIETA” como un ente utópico e impersonal, cuando en realidad se trata de una realidad palpable, pero hábilmente cosificada para no mencionar el verdadero punto de la cuestión.
Luego de una prolongada guerra interna que fue desde 1969 a 1979, por obra de birlibirloque desembarcamos en 1983, en una endeble democracia, que el pueblo festejo como si hubiera sido el autor del milagro y olvidando que la misma se había conseguido a costa de la sangre de soldados y policías.
Para ese entonces, 15 de diciembre de 1983, se creó la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) con el objeto de investigar las denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar. La comisión produjo un informe final, nombrado Nunca más, que registraba aproximadamente la suma de 8961 desaparecidos.1
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó el juicio en el que declararon 833 personas, entre ellos ex detenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y personal de las fuerzas de seguridad. El juicio a los ex comandantes de las juntas finalizó con alunas condenas a prisión perpetua, otros recibieron algunos años de prisión y dos comandantes de la Fuerza Aérea fueros absueltos.
Finalizado el evento judicial, el 24 de diciembre de 1986 el entonces presidente Raúl Alfonsín, promulgó la Ley de PUNTO FINAL y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura. Una prudente decisión política ya que hasta ese momento no estaba bien clara la posición de los contendientes y los supuestamente “buenos” no eran tan buenos y los denostadamente “malos” no eran tan malos. Esa falsa y conflictiva hipérbole, había erizado la piel de las Fuerzas legales y molestaba a los organismos que buscaban reivindicaciones monetarias y por supuesto venganza por la pérdida de sus huestes militantes.
El 4 de junio de 1987,el Dr. Alfonsín, movido por el primer alzamiento carapintada, dictó una Ley donde estableció que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada “obediencia debida” -concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes de sus superiores. En 1990 el Coronel Seineldín se hizo cargo de otra sublevación militar, pero esta, contrariamente a lo falsamente difundido no fue contra la democracia sino contra los altos mandos militares. El coronel fue preso se le aplicaron sanciones militares y allí terminó todo.
Las aguas se habían aquietado en superficie, pero el resquemor de los deudos de la subversión, seguían corroyendo las bases de la pacificación.
En 1989 y en 1990, Carlos Menem firmó una serie de decretos en los que indultaba a civiles y militares condenados por delitos durante la dictadura militar, mediante los que fueron liberadas más de 1200 personas. Entre los indultados se encontraban todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Ramón Camps, Ovidio Riccheri, Norma Kennedy, Duilio Brunello, José Alfredo Martínez de Hoz y Guillermo Suárez Mason.
En 1998 se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Carmen Aguiar de Lapacó, y alegó que el Estado argentino vulneraba el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, debido a que las llamadas «leyes de impunidad» y el perdón presidencial no podían ser invocados para impedir también la determinación de lo ocurrido con Alejandra Lapacó y el destino final de su cuerpo; pues el delito de desaparición forzada continuaba en ejecución hasta tanto la víctima no apareciera. En 1999 se firmó un Acuerdo de Solución Amistosa entre las partes en el que el Estado argentino se comprometía a garantizar una investigación por la verdad de los hechos denunciados en el ámbito de la justicia penal aunque sin posibilidad de imputación y de condena. A esta etapa judicial las causas en investigación se denominaron «Juicios por la Verdad Histórica». En ella, las personas señaladas como responsables eran citados como testigos ya que no podían ser procesados y condenados; y debían cumplir con la obligación de decir la verdad de todo cuanto sabían bajo pena de estar cometiendo el delito de falso testimonio. En este marco aquellos que se negaron a declarar fueron sometidos a algunos días de arresto por los jueces.
En marzo de 2001 en el marco del caso «Simón» presentado por el CELS, el juez federal Gabriel Cavallo declaró por primera vez la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida afirmando que eran incompatibles con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino a partir de la elevación a rango constitucional de los Tratados Internacionales que consagró la reforma constitucional de 1994. Esta decisión fue luego confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Buenas Aires. En agosto de 2003, se promulgó la ley 25 779, que anula las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declara la invalidez e inconstitucionalidad de ambas leyes,6 se habilitó el avance de las causas judiciales por los delitos cometidos durante la dictadura militar. Además, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los indultos concedidos por el expresidente Carlos Menem,7 lo cual quitó la última traba legal a la realización de los juicios. En 2005 comenzaron a formularse los pedidos de elevación juicio de las diferentes causas.
En 1983 Alfonsín en su condición de presidente dictó el Dto.157/83. Argucia jurídico política mediante el cual, declaró la necesidad de perseguir penalmente a diversos terroristas, imputándoles delitos comunes [1]Seguidamente y en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, por decreto 158/83 ordeno el juzgamiento de los comandantes en jefe [2] que integraron las Juntas a partir del 24 de marzo de 1976, y les imputó delitos comunes derivados de haber llevado a cabo “un plan de operaciones contra la actividad subversiva y terrorista, basado en métodos y procedimientos manifiestamente ilegales.”De esta manera evitó la aplicación del derecho de guerra que, en cuyo exclusivo ámbito correspondía evaluar la respuesta ordenada por el gobierno constitucional de M.E.Martínez de Perón a la guerra revolucionaria desatada por organizaciones armadas que pretendían tomar el poder por la violencia, como lo reconoció en sus considerandos el propio citado decreto 157/83.Años después los delitos comunes prescribieron, justamente por su condición de delitos comunes. Sin embargo, y movilizados primero por la falsa teorización de querellantes otrora terroristas ó simpatizantes de los mismos, y luego por la nulificación de las leyes de punto final y obediencia debida (L.25.779 de 2.003) los tribunales decidieron entonces encuadrar los delitos comunes que mandó a averiguar la ley 23.049 [3] en la categoría de lesa humanidad, no existente en el Código Penal argentino ni en su Constitución. PrisioneroEnArgentina.com
Pero en mayo de 2003 el diablo metió la cola y por el escaso margen de un pobre 22 por ciento de los votos nacionales asumió la presidencia de la nación el Dr Nestor Kischner. Kirchner se granjeó la simpatía general por un combinado de carisma y recuperación económica rápida, discursos altisonantes y medidas disruptivas, como el jury a la Corte Suprema menemista, los juicios contra los “genocidas por delitos de lesa humanidad”. Esto último como hecho insólito, ya que dicho presidente siendo abogado en Santa Cruz jamás participó de la defensa ni le importo nada sobre Derechos Humanos
Pese a ello su Gobierno incorporó reconocidos integrantes de organismos de Derechos Humanos. Además, impulsó el enjuiciamiento a los responsables por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los años setenta, realizados por la Triple A y por el Proceso de Reorganización Nacional. Para conseguirlo, sus partidarios apoyaron en el Congreso Nacional las anulaciones de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final,150 las cuales mantenían frenados dichos juicios desde el Gobierno de Raúl Alfonsín. Dicha medida fue posteriormente ratificada por el Poder Judicial.151 Impulsó la reparación a familiares de las víctimas del atentado a la AMIA.152
El 24 de marzo de 2004, en el marco del primer aniversario del golpe de Estado de 1976 que le tocaba vivir como presidente, Kirchner ordenó descolgar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone que aún exhibían las paredes del Colegio Militar. Ese mismo día, en un acto que encabezó luego en la ex ESMA, Kirchner pidió perdón de parte del Estado nacional “por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades”, y firmó el traspaso de la ESMA a los organismos de derechos humanos.
Ese año, luego de la anulación de las llamadas leyes de la impunidad, los diferentes fiscales involucrados comenzaron con las investigaciones de los hechos, pero las causas que involucraban a los indultos presidenciales se vieron frenadas hasta el año 2006.
Como consecuencia de ello comenzaron las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado Argentino, utilizando todo tipo de aberraciones jurídicas motorizadas por una parte del área judicial autodenominada “Justicia legítima” cuyo poder estaba en manos de la procuradora Gils Carbó. En tal sentido se burlaron todos enunciados constitucionales y del derecho, dando paso a prevaricaciones y condenas irritas, empleando entre otras aberraciones jurídicas 14 pautas fundamentales de nuestra garantías y derechos ciudadanos.
1° Condena por aplicación de prisiones preventivas permanentes, y no ajustada a sus fines cautelares, en violación al principio constitucional de inocencia
2- Negación de excarcelaciones bajo fianza y violación del principio de inocencia
3-Elección del derecho con el que se va a juzgar y principio de garantía del juez natural
4- Anulación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida
5- Violación del principio de prescripción de los delitos comunes imputados
6-Violación del principio de igualdad ante la ley
7- Violación del principio de irretroactividad de la ley penal
8-Violación del principio de cosa juzgada y negación de los derechos adquiridos
9- Violación del principio de aplicación de la ley más benigna
10- Interpretación del crimen por analogía y desconocimiento de la responsabilidad individual
11-Violación del principio de territorialidad
12- Violación del Principio Nullum Crimen Sine Lege Praevia
13- Permanente adaptación del derecho a las necesidades políticas
14- Violación del principio de doble instancia
Se había abierto no solo la Caja de Pandora en busca de males inexistentes, pues la misma solo contenía como bien LA ESPERANZA; sino que habíase iniciado un proceso de destrucción que quedó bien denominado como GRIETA la cual por razón elemental de disenso quebró la unión de los argentinos y dio paso a la venganza, al odio y al resentimiento. En verdad en el pozo profundo de la grieta estaba el mismo diablo motorizando la desunión que nos sigue arrastrando cada vez mas hacia el fondo del abismo.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 29, 2021