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Inconsistencias y contradicciones

Tal como lo venimos haciendo desde hace tiempo, tratamos de establecer inconsistencias y contradicciones en la actividad jurisdiccional, demostrando la existencia de una grave violación a la seguridad jurídica y el debido proceso.

Dejamos de lado las disquisiciones teóricas y planteos doctrinarios, y apelamos solo al simple ejercicio de pensamiento lógico consistente en establecer hechos, su prueba, el marco normativo y su aplicación a casos concretos, tanto en sede interna como en la actuación de los órganos de Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos (SIPDH).

Consideramos desde el inició de nuestra actuación en los denominados procesos de lesa humanidad, que respecto de los mismos incluía una «batalla cultural» en su versión «frente jurídico». La cuestión no estaba en los hechos a juzgar sino en la forma en que se lo viene haciendo. Esto agravado por una clara discriminación respecto a los procesados en violación al principio de igualdad ante la ley.

En el presente vamos a analizar la situación del General César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, respecto de sus responsabilidades siendo subteniente, a la muerte del soldado Alberto Agapito Ledo en 1976 y en su actuación como jefe del Estado Mayor General del Ejército (03/jul/2013 a 24/jun/2015).

I: HECHOS

[1]: Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN):

El 29/sep/2026, la CSJN emitió su fallo en la causa FTU 400662/2007 /TO1/14/2/RH24. En relación al “Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Sanguinetti, Esteban y otro s/ incidente de recurso extraordinario”, declarando procedente el recurso extraordinario y dejando sin efecto la sentencia apelada confirmó la absolución que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dispuso en favor de César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, acusado de encubrir, mediante la confección de un acta de deserción, la privación ilegal de la libertad del conscripto Alberto Agapito Ledo.

El dictamen de mayoría, expresa en el considerando 10) Que, en tales condiciones, la duda sobre la que reposa la absolución no se sigue de los extremos efectivamente comprobados de la causa, apreciados en su conjunto, sino que se alcanza a partir de una valoración fragmentada y aislada de la prueba, con omisión de hechos relevantes para la decisión del caso.

En resumen, estableció que correspondía la condena, ya que no podría el subteniente ignorar la totalidad de los hechos acontecidos en el secuestro del soldado Ledo. Hay que recordad que se estaba en una situación de extrema violencia interna perpetrada por grupos terroristas vinculados al Estado soviético, que pretendía la toma del poder en la Argentina, y proclamaban 1.000.000 de fusilamientos.

Por otra parte, en la disidencia el Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz, expuso:

7°) En efecto, no hay indicios de que Milani hubiese debido saber que el soldado ausente tenía una afección de la vista y que nunca se habría escapado sin sus anteojos, ni que conociera los antecedentes personales e ideológicos de Ledo.

8°) Que, en definitiva, en atención a las falencias del recurso extraordinario antes descriptas, corresponde declarar su inadmisibilidad en tanto el apelante no ha cumplido con el requisito de fundamentación autónoma que requiere que el escrito de interposición del recurso extraordinario.

Aquí contempla una limitación al saber, y además reconoce la necesidad de «fundamentación» en los planteos jurídicos del que adolece el recurso.

Queda claro que el imputado detentaba al momento de los hechos el grado más bajo como oficial del escalafón del Ejercito.

[2]: Resolución de Ministerio de Defensa N°. 85/13, (BO. 30/jul/2013):

Bajo la presidencia de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, su Ministro de defensa Agustín Oscar Rossi, emitió la Resolución 85/13, que en su artículo 1°, establecía: Prohíbese al Jefe del Estado Mayor Conjunto De Las Fuerzas Armadas, al Jefe del Estado Mayor General Del Ejército, al Jefe del Estado Mayor General De La Armada y al Jefe del Estado Mayor General De La Fuerza Aérea la internación y/o asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas, de personas condenadas penalmente o procesadas con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar.

En ese momento el Jefe de Estado Mayor General del Ejército, era el General Milani, ahora devenido, como titular del mayor cargo del Ejercito. Sumado a que no se estaba ante una situación de conflicto armado, y la orden era una norma administrativa, publicada en el Boletín Oficial y legalmente conocida por todos, e innegablemente por los jefes de las fuerzas que eran quienes debían aplicarla en los establecimientos hospitalarios de las respectivas fuerzas.

La privación de tratamientos sanitarios oportunos y eficientes al personal militar, implica en sí mismo la posibilidad de aplicar tratos crueles, inhumanos y degradantes, es decir tortura. Es más, la consecuencia de la falta de atención puede conducir a la muerte o en generar graves lesiones a los afectados de dolencias, como también una angustia psicológica como la que implica el temor a morir o sufrir daños permanentes por la falta de atención médica. Como no puede ser de otra forma, los allegados a ellos, sufren también una afectación psicológica y moral, al ver los sufrimientos a los que estaban sometidos y la posibilidad de fallecimiento.

Ahora bien, si el subteniente Milani, «no podía no saber» la situación del soldado Ledo, como explicar su «autorizada ignorancia» en el caso de su actuación por aplicación de una norma administrativa palmariamente ilegal, inconstitucional y anticonvencional. La normativa sobre obediencia debida había sido derogada. Como la aplicación de tratos crueles, inhumanos y degradantes (tortura) está catalogado como delito de lesa humanidad, y por su cargo es también empleado público, por lo tanto, tuvo obligación de haber denunciado el mismo.

Al final haremos un raconto de los muchos funcionarios públicos que incumplieron e incumplen con la obligación de denuncia en violación a las normas legales, constituciones y convencionales que a continuación enumeramos.

“Tres monos sabios” de Hidari Jingoro (1594-1634)

II: NORMATIVA

[1]: Derecho interno s/tortura y responsabilidad funcionarios públicos:

Si bien las leyes se reputan conocidas por todos, a efectos de facilitar la lectura del presente agregamos los textos correspondientes:

a): Tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes:

Constitución Nacional (CN) art. 18: … Quedan abolidos para siempre …, toda especie de tormento y los azotes. … y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”

Código Penal: Artículo 144 ter: 1º. Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho. Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descriptos. 2º. Si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión perpetua. Si se causare alguna de las lesiones previstas en el artículo 91, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años. 3º. Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente.”.

Código Penal: Artículo 249 bis. El militar que en sus funciones y prevalido de su autoridad, arbitrariamente perjudicare o maltratare de cualquier forma a un inferior, será penado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, si no resultare un delito más severamente penado. (Artículo incorporado por art. 15 del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/08/2008.

b): Obligaciones de funcionarios públicos:

Código Penal:

Artículo 248. Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

Artículo 274. El funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses a dos años, a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable.

Artículo 277. 1.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:

1. a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta. b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer. … d) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole.

3.- La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando: a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena mínima fuera superior a tres (3) años de prisión. … d) El autor fuere funcionario público.

El Código Procesal Penal establece en su Artículo 177 que tienen la obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. La omisión de cumplir con este deber puede configurar infracciones administrativas y, en ciertos supuestos, responsabilidades penales vinculadas al encubrimiento u omisión de denuncia (como prevé el artículo 277 del Código Penal).

[2]: Derecho convencional s/tortura:

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH): artículo 5.  tortura

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH): en sus artículos: 4 (Derecho a la vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 17 (Protección a la Familia), 24 (Igualdad ante la Ley). En relación a los artículos 1 y 2.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH): artículos I (Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona), XI (Derecho a la preservación de la salud y al bienestar),

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (CTTPCID): artículos 1, 2, 4, 10, 12, 13 y 14. Tiene jerarquía constitucional (aprobada por Ley 23.338.

Protocolo Adicional a la Convención Americana. Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PACADESC): 10 (Derecho a la Salud), 17 (Protección de los Ancianos).

La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM), artículos: artículos 9 (derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia; 10 (derecho a no ser sometido a tortura ni penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, 19 (derecho a la salud);

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPD), artículos: 10 (derecho a la vida); 15 (protección contra la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes.

ONU – Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela): reglas 24, 25 y 26.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad. 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; … f) Tortura;

Recordemos que por haber sido establecida la falta de adecuada y oportuna atención médica, por una norma aplicada en forma generalizada a los miembros de las fuerzas armadas, condenados o procesados por delitos de lesa humanidad, y también a sus allegados, la misma consiste en una conducta reiterada y sistemática respecto a ese grupo.

[3]: Jurisprudencia Corte IDH:

En apoyo a la normativa trascribimos, alguna de las partes pertinentes de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

a): Responsabilidad del Estado, control de convencionalidad:

En todo caso, este Tribunal recuerda su jurisprudencia constante que refiere que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos y autoridades están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, o por la ausencia de medidas normativas que desarrollen su protección, lo que exige tomar en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que de este ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Por consiguiente, todas las autoridades internas están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, y en esta tarea deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho esta Corte, intérprete última de la Convención Americana. A su vez, el control de convencionalidad exige efectuar una interpretación conjunta del derecho interno y el derecho internacional en aras de privilegiar lo que resulte más favorable para la protección de los derechos. [Corte IDH, Fallo N°. 549, Caso Beatriz y ots vs El Salvador. 22/nov/2024. §. 213]. (el resaltado es propio).

Por otra parte, la Corte ha señalado de manera consistente que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Además, la investigación debe ser seria, objetiva y efectiva, y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, y eventual enjuiciamiento y castigo de los autores de los hechos. Asimismo, la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue. [Corte IDH, Fallo N°. 349, Caso Poblete Vilches y ots vs Chile. 08/mar/2018. §. 185]. (el resaltado es propio).

b): Tratos crueles, inhumanos y degradantes:

En relación con el artículo 5.1 de la Convención, la Corte ha establecido que la integridad personal se halla directa e inmediatamente vinculada con la atención a la salud humana, y que la falta de atención médica adecuada puede conllevar la vulneración del artículo 5.1 de la Convención. En este sentido, la Corte ha sostenido que la protección del derecho a la integridad personal supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación (supra párr. 124). Por tanto, esta Corte ha señalado que, a los efectos de dar cumplimiento a la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal y en el marco de la salud, los Estados deben establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones. [Corte IDH, Fallo N°. 349, Caso Poblete Vilches y ots vs Chile. 08/mar/2018. §. 152]. (el resaltado es propio).

La Corte ha considerado, además, que los derechos a la vida y a la integridad se encuentran directa e inmediatamente vinculados con la atención en salud humana, y que la falta de atención médica adecuada puede conllevar la violación de los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención. [Corte IDH, Fallo N°. 474, Caso Brítez Arce y ots vs Argentina. 16/nov/2022. §. 59]. (el resaltado es propio)

La Corte ha señalado que, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, la obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta obligación de investigar se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención contra la Tortura, que obligan al Estado a “tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”, así como a “prevenir y sancionar otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de esta Convención, los Estados Parte garantizarán: … a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente, y cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. [Corte IDH, fallo 220, caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, 26/nov/2012. §. 126]. (el resaltado es propio)

Ahora bien, la Corte ha señalado que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser demostrados en cada situación concreta. Asimismo, el Tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana en violación del artículo 5 de la Convención Americana. [Corte IDH, fallo 220, caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, 26/nov/2012. §. 133]. (el resaltado es propio)

En el presente caso, la falta de una investigación dirigida contra los presuntos responsables de la violación a la integridad personal limita la posibilidad de concluir sobre los alegatos de la presunta tortura cometida en contra de los señores Cabrera y Montiel. Sin perjuicio de ello, la Corte ha señalado que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. La jurisprudencia de este Tribunal también ha señalado que siempre que una persona es detenida en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al Estado proveer una explicación creíble de esa situación. En consecuencia, existe la presunción de considerar responsable al Estado por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales. En dicho supuesto, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados. Por lo tanto, la Corte resalta que de la prueba aportada en el caso es posible concluir que se verificaron tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de los señores Cabrera y Montiel. [Corte IDH, fallo 220, caso Cabrera García y Montiel Flores vs Mexico, 26/nov/2012. §. 134]. (el resaltado es propio)

A la luz de lo anterior este Tribunal reitera que, en todo caso en que existan indicios de la ocurrencia de tortura, el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento. Es indispensable que el Estado actúe con diligencia para evitar alegados actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, tomando en cuenta, por otra parte, que la víctima suele abstenerse, por temor, de denunciar los hechos. Asimismo, a las autoridades judiciales corresponde el deber de garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar alegados actos de tortura. El Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos de manera que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetan-do las normas establecidas en la práctica de su profesión. [Corte IDH, fallo 220, caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, 26/nov/2012. §. 135]. (el resaltado es propio)

La Corte ha señalado que del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación. Igualmente, se ha señalado que el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece claramente que, “cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal”. Asimismo, el Tribunal ha señalado que la obligación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares no sólo se desprende de las normas convencionales de derecho internacional imperativas para los Estados Parte, sino que además se deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, pruebas o peticiones o cualquier otra diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos. [Corte IDH, fallo 220, caso Cabrera García y Montiel Flores vs Mexico, 26/nov/2012. §. 192]. (el resaltado es propio).

c): Derecho a la salud:

La Corte considera que, en el presente caso, resulta necesario considerar en simultaneidad las alegadas violaciones de los derechos a la vida, integridad y salud… Sobre este asunto, la Corte ha reconocido que tanto los derechos civiles y políticos, como los económicos, sociales, culturales y ambientales, son inescindibles, por lo que su reconocimiento y goce indefectiblemente se guían por los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación. Lo anterior indica que ambas categorías de derechos deben ser entendidas integralmente y de forma conglobada como derechos humanos, sin jerarquías entre sí y como exigibles en todos los casos ante las autoridades que resulten competentes. [Corte IDH, Fallo N°. 549, Caso Beatriz y ots vs El Salvador. 22/nov/2024. §. 119].

Ahora bien, el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce los derechos económicos sociales, culturales y ambientales. Se trata de un artículo marco que integra distintos derechos y remite a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “Carta de la OEA”). Por su parte, de los artículos 34.i, 34.l y 45.h de la Carta de la OEA se deriva la inclusión en dicho instrumento del derecho a la salud, por lo que este Tribunal, en diferentes precedentes, ha reconocido que ese derecho es protegido a través del artículo 26 de la Convención. Respecto a la consolidación de dicho derecho existe, además, un amplio consenso regional, ya que se encuentra reconocido explícitamente en diversas Constituciones y leyes internas de los Estados de la región, … [Corte IDH, Fallo N°. 549, Caso Beatriz y ots vs El Salvador. 22/nov/2024. §. 120].

La Corte ha considerado, además, que los derechos a la vida y a la integridad se encuentran directa e inmediatamente vinculados con la atención en salud humana, y que la falta de atención médica adecuada puede conllevar la violación de los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención. [Corte IDH, Fallo N°. 549, Caso Beatriz y ots vs El Salvador. 22/nov/2024. §. 121]. (el resaltado es propio)

La obligación general de protección a la salud se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, de garantizar una prestación médica de calidad y eficaz, y de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población. Este derecho abarca también la atención de salud oportuna y apropiada conforme a los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, cuya aplicación dependerá de las condiciones de cada Estado. El cumplimiento de la obligación del Estado de respetar y garantizar este derecho debe dar especial cuidado a los grupos vulnerables y marginalizados. [Corte IDH, Fallo N°. 549, Caso Beatriz y ots vs El Salvador. 22/nov/2024. §. 124]. (el resaltado es propio)

Por otra parte, en el ámbito europeo, la jurisprudencia ha precisado la relación entre el derecho a la vida privada y la protección de la integridad física y psicológica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que, si bien el Convenio Europeo no garantiza como tal el derecho a un nivel específico de cuidado médico, el derecho a la vida privada incluye la integridad física y psicológica de la persona, y que el Estado también tiene la obligación positiva de garantizarla en forma integral a sus ciudadanos. Esta Corte considera, por tanto, que los derechos a la vida privada y a la integridad personal se hallan también directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud. [Corte IDH, Fallo N°. 549, Caso Beatriz y ots vs El Salvador. 22/nov/2024. §. 150].

Respecto de la violación al artículo 2 de la Convención, este Tribunal ya ha establecido que los Estados Parte tienen la obligación de adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por dicho instrumento normativo. Ese deber implica la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de los derechos a la vida, la integridad personal y la salud, entre otros derechos protegidos por la Convención Americana. [Corte IDH, Fallo N°. 549, Caso Beatriz y ots vs El Salvador. 22/nov/2024. §. 152]. (el resaltado es propio).

Necesariamente la Resolución 85/13 es absolutamente contraria a la garantía de no aplicación de tratos crueles, inhumanos y degradantes o tortura, no garantiza hacer efectivo el derecho sino violarlo en forma reiterada y sistemática y por el momento con total impunidad.

La Corte ha afirmado en reiteradas oportunidades que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Este Tribunal ha considerado que se puede declarar violado el derecho a la integridad psíquica y moral de “familiares directos” u otras personas con vínculos estrechos con las víctimas con motivo del sufrimiento adicional que aquéllos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos, y a causa de las posteriores actuaciones y omisiones de las autoridades estatales frente a estos hechos, tomando en cuenta, entre otros elementos, las gestiones realizadas para obtener justicia y la existencia de un estrecho vínculo familiar. … [Corte IDH, Fallo N°. 549, Caso Beatriz y ots vs El Salvador. 22/nov/2024. §. 184]. (el resaltado es propio)

En este sentido, el artículo XI de la Declaración Americana permite identificar el derecho a la salud al referir que toda persona tiene derecho “a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”. Tal disposición resulta relevante para definir el alcance del artículo 26, dado que “la Declaración Americana, constituye, en lo pertinente y en relación con la Carta de la Organización, una fuente de obligaciones internacionales”. [Corte IDH, Fallo N°. 349, Caso Poblete Vilches y ots vs Chile. 08/mar/2018. §. 109].

En segundo lugar, tomado en cuenta la Observación General N°. 14 del Comité DESC, este Tribunal se ha referido a una serie de elementos esenciales e interrelacionados, que deben satisfacerse en materia de salud. A saber: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. [Corte IDH, Fallo N°. 349, Caso Poblete Vilches y ots vs Chile. 08/mar/2018. §. 120].

En vista de ello, esta Corte estima que, para efectos de las prestaciones médicas de urgencia, los Estados deben garantizar, al menos, los siguientes estándares: a). Respecto a la calidad, se debe contar con la infraestructura adecuada y necesaria para satisfacer las necesidades básicas y urgentes. Esto incluye cualquier tipo de herramienta o soporte vital, así como también disponer de recurso humano calificado para responder ante urgencias médicas. b). Respecto a la accesibilidad, los establecimientos, bienes y servicios de emergencias de salud deben ser accesibles a todas las personas. La accesibilidad entendida desde las dimensiones superpuestas de no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información. Proveyendo de esta forma un sistema de salud inclusivo basado en los derechos humanos. c). Respecto a la disponibilidad, se debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas integrales de salud. La coordinación entre establecimientos del sistema resulta relevante para cubrir de manera integrada las necesidades básicas de la población. … [Corte IDH, Fallo N°. 349, Caso Poblete Vilches y ots vs Chile. 08/mar/2018. §. 121].

En tercer lugar, y como condición transversal de la accesibilidad, la Corte recuerda que el Estado está obligado a garantizar un trato igualitario a todas las personas que accedan a los servicios de salud, por lo que de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana no son permitidos tratos discriminatorios, “por motivos de raza, color, sexo, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Al respecto, los criterios específicos en virtud de los cuales está prohibido discriminar, según el artículo 1.1 de la Convención Americana, no son un listado taxativo o limitativo sino meramente enunciativo. Por el contrario, la redacción de dicho artículo deja abiertos los criterios con la inclusión del término “otra condición social” para incorporar así a otras categorías que no hubiesen sido explícitamente indicadas”. Así, la Corte ha señalado que la edad, es también una categoría protegida por esta norma. En este sentido, la prohibición por discriminación relacionada con la edad cuando se trata de las personas mayores, se encuentra tutelada por la Convención Americana. Esto comporta, entre otras cosas, la aplicación de políticas inclusivas para la totalidad de la población y un fácil acceso a los servicios públicos. [Corte IDH, Fallo N°. 349, Caso Poblete Vilches y ots vs Chile. 08/mar/2018. §. 122]. (el resaltado es propio)

Para efectos de determinar la responsabilidad internacional del Estado en casos de muerte en el contexto médico, es preciso acreditar los siguientes elementos: a) cuando por actos u omisiones se niegue a un paciente el acceso a la salud en situaciones de urgencia médica o tratamientos médicos esenciales, a pesar de ser previsible el riesgo que implica dicha denegación para la vida del paciente; o bien, b) se acredite una negligencia médica grave; y c) la existencia de un nexo causal, entre el acto acreditado y el daño sufrido por el paciente. Cuando la atribución de responsabilidad proviene de una omisión, se requiere verificar la probabilidad de que la conducta omitida hubiese interrumpido el proceso causal que desembocó en el resultado dañoso. Dichas verificaciones deberán tomar en consideración la posible situación de especial vulnerabilidad del afectado, y frente a ello las medidas adoptadas para garantizar su situación. [Corte IDH, Fallo N°. 349, Caso Poblete Vilches y ots vs Chile. 08/mar/2018. §. 148]. (el resaltado es propio).

Al marco normativo de la Resolución 85/13 relativo a la denegación de internación en los hospitales de las respectivas fuerzas, cabe agregar la posible limitación que establece el libelo «Impunidad gerontológica» emitido por el Ministerio de Justicia, que viene agravando la situación de los procesados en las causas denominadas de lesa humanidad.

c): Obligaciones del Estado:

En todo caso, este Tribunal recuerda su jurisprudencia constante que refiere que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos y autoridades están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, o por la ausencia de medidas normativas que desarrollen su protección, lo que exige tomar en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que de este ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Por consiguiente, todas las autoridades internas están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, y en esta tarea deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho esta Corte, intérprete última de la Convención Americana. A su vez, el control de convencionalidad exige efectuar una interpretación conjunta del derecho interno y el derecho internacional en aras de privilegiar lo que resulte más favorable para la protección de los derechos. [Corte IDH, Fallo N°. 549, Caso Beatriz y ots vs El Salvador. 22/nov/2024. §. 213]. (el resaltado es propio)

III: INCONGRUENCIAS E INCONSISTENCIAS

Respecto del mismo individuo hay una evidente contradicción en la condena en un caso, y la impunidad en otro, al cual cuando detentaba un grado menor en la línea de mando, se lo condena por no poder ignorar y en el grado superior se lo beneficia con el apoyar una medida que claramente violaba garantías judiciales y que quedaría dentro de las determinaciones de delito de lesa humanidad, cuando estaba obligado a denunciar por la manifiesta ilegalidad.

En el primer caso se considera que no habría podido ignorar el carácter de lesa humanidad de una orden de un superior, aunque nada hizo en forma directa y no se probó participación en el secuestro y muerte del soldado. En el segundo, se le permitió y aun se le permite no solo ignorar, sino implementar la administración de una norma, la Resolución 85/13, que claramente implicaba la aplicación de tratos crueles inhumanos y degradantes a una parte importante de sus subordinados.

El General Milani, al tiempo de la Resolución, era funcionario público, además de militar, por consiguiente, le caben, como tal, las responsabilidades que surgen de las normas, ut supra consignadas.

Claro que, con respecto a la aplicación de la Resolución 85/13, no es el único responsable. Indicamos los cargos y algunos nombres y el resto pueden obtenerse de los nombramientos de funcionarios públicos:

1°: El Ministro de Justicia que emitió la Resolución: Agustín Oscar Rossi; y los miembros de su gabinete que no objetaron la Resolución.

2°: La Presidente de la Nación Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, superior jerárquico del Ministro y que ordenó que la norma se emitiera o la avaló luego.

3°: Los miembros del gabinete presidencial de Fernández de Kirchner que no objetaron la Resolución.

4°: Los jefes de Estado Mayor de las tres Fuerzas Armadas que aplicaron la norma.

5°: Como la aplicación de tratos crueles, inhumanos y degradantes, está tipificado como delito de lesa humanidad, es decir de orden público, todos los funcionarios que hasta el presente no han formulado las pertinentes acciones penales para la investigación de los hechos y la sanción a los responsables. Además, el delito es imprescriptible.

6°: Los miembros de Poder Judicial que, incumpliendo sus deberes de protección a la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad, no han iniciado acción alguna, no obstante que existe plena prueba, una resolución, lo que la hace conocida por todos.

7°: La Comisión IDH, que al haber rechazado in limine las numerosas peticiones efectuadas ha posibilitado la falta de protección a los derechos humanos protegidos por el Sistema Interamericano de Derechos humanos.

8°: Las actuales autoridades del Ministerio de Defensa que no han informado la existencia de cuantas han sido las víctimas afectadas por la aplicación de la Resolución ya sea que no sufrieron consecuencias graves, si las sufrieron o fallecieron. Recordamos que los datos por aplicación de la Ley 27.275 Derecho de Acceso a la Información Pública fue solicitada por nosotros por expediente EX-2026-19697753- -APN-DTI#MD, iniciado en febrero del corriente año.

Hacemos saber que en cuanto a las presentaciones efectuadas por esta parte a la Comisión IDH nos constan dos víctimas y sus correspondientes allegados: Petición P-1120/14, iniciada en vida por las lesiones sufridas por la falta de tratamiento adecuado y en tiempo de un cáncer que, luego le provocó por sus secuelas, el fallecimiento, que a la fecha es seguida por sus causahabientes y que está en etapa de informe sobre el fondo; y petición P-2485/16, iniciada por los familiares de quién había fallecido por demoras en la atención médica y que fue rechazada in limine por la Comisión IDH, es decir sin motivación ni fundamentación, lo que hace que no obstante lo evidente del caso, decidió ignorarlo y por consiguiente también es responsable por la violación al derecho a la vida y a la integridad.

Es imposible, que como ha dicho el citado Ministerio, no puedan obtenerse los datos de las víctimas y quienes han dictado y aplicado la nombrada Resolución, es decir «no pueden no saber», por lo cual son responsables, no solo de no llevar a cabo las pertinentes denuncias por las víctimas de la Resolución, sino también por incumplir la ley de Derecho a la Información Pública.

IV: CONCLUSIONES

Así, el sistema jurídico nacional imputa porque «no pudo no saber» de la comisión de una acción que, en ese entonces no tipificada como delito de lesa humanidad, mientras que cuando el delito está tipificado se «autoriza ignorancia» y no se le imputa. Cuando el cargo fue de subteniente «no pudo no saber», mientras que como jefe del Estado Mayor General del Ejército se «autoriza ignorancia». Por un delito prescripto se lo condena, mientras que por un delito imprescriptible no se lo imputa.

En el SIPDH está la Comisión IDH que «no puede no saber» de las acciones de funcionarios públicos que condenaron a la tortura a los alcanzados por la Resolución 85/13, ya que desde 2016 tiene solicitudes de medidas cautelares, a las que rechaza in limine, y que por haberlas receptados es obligatorio que las haya leído.

La Comisión IDH contraviene la jurisprudencia de la Corte IDH y también lo ordenado por las normas que la rigen. Como tiene la llave de acceso al órgano jurisdiccional el principio de erga omnes y ius cogens de los derechos humanos quedan abolidos.

Pregunta: ¿Es el SIPDH eficaz? Puede que lo sea en algún caso, sobre todo para incidir en las normas que los Estados adoptan siguiendo sus directivas, aún contra sus propias constituciones. En este caso no lo fue ni lo es, y no hemos escuchado ninguna voz que lo denuncie.

En el hic et nunc el sistema jurídico nacional y el SIDH serían responsables de violaciones por delitos de lesa humanidad.

hic et nunc – Aquí y Ahora

La Comisión IDH utiliza en estos temas el barrido bajo la alfombra, evidentemente la suya es inmensa. Es necesario si se pretende recuperar la seguridad jurídica, el debido proceso y los demás derechos garantizados por el SIDH generar un «evento canónico». Para lo cual es necesario cruzar el Rubicón para terminar con el ocultamiento sistemático y reiterado de la realidad, que se aplica como política de estado en lo relativo a los procesos de lesa humanidad.

Buenos Aires, ARGENTINA.

Josefina Margaroli jomargaroli@yahoo.com.ar

Sergio Luís Maculan smaculan@yahoo.com.ar

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 28,2026

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 28, 2026

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Durante años, la sociedad puede condenar a una mujer por su pasado sin preguntarse qué circunstancias la llevaron hasta allí. Pero ¿qué sucede cuando decide cambiar de rumbo, encuentra una oportunidad y lucha por recuperar su lugar en el mundo?

Una vida marcada por la necesidad

Detrás de muchas historias de prostitución existen circunstancias que rara vez aparecen en los titulares: pobreza, abandono familiar, violencia, falta de oportunidades y relaciones sentimentales que terminan convirtiéndose en una pesadilla.

La historia de una mujer que decide abandonar ese mundo permite observar una realidad incómoda: la sociedad suele juzgar con dureza a quienes ejercen la prostitución, aunque con frecuencia ignora las condiciones que rodean sus vidas.

En la Argentina, como en otros países, numerosas mujeres han relatado experiencias de explotación, dificultades económicas y estigmatización. Algunas encontraron caminos para reconstruir sus vidas; otras continuaron enfrentando obstáculos durante décadas.

El cambio no siempre comienza con una gran decisión. A veces empieza con una conversación, una oportunidad laboral o el encuentro con alguien que, por primera vez, mira a la persona antes que a su pasado.

El encuentro que puede cambiarlo todo

Imaginemos a una mujer que lleva años trabajando en ambientes nocturnos. Su rutina está marcada por horarios difíciles, relaciones inestables y el temor de que alguien descubra aspectos de su vida que preferiría dejar atrás.

Con el tiempo, conoce a un hombre que no pertenece a ese ambiente. Él tiene otra historia, otras costumbres y una visión diferente del futuro. Entre ambos surge una relación que inicialmente parece imposible.

El hombre sabe a qué se dedica ella. No desconoce su pasado ni pretende que desaparezca por arte de magia. Sin embargo, descubre cualidades que no siempre resultan visibles para quienes la observan desde afuera: inteligencia, sensibilidad, capacidad de sacrificio y deseo de encontrar estabilidad.

La relación se desarrolla en medio de contradicciones. Para algunos, se trata de una pareja que no debería existir. Para otros, es una demostración de que el amor puede superar prejuicios.

Pero una relación sentimental no constituye por sí sola una solución. Si la mujer desea abandonar la prostitución, necesita oportunidades concretas: ingresos, vivienda, apoyo emocional y posibilidades de desarrollar una actividad diferente.

El afecto puede ayudar, pero no reemplaza la independencia económica ni elimina automáticamente las heridas del pasado.

El peso de los prejuicios

Uno de los obstáculos más difíciles aparece cuando la pareja decide hacer pública su relación o contraer matrimonio.

En una sociedad que durante generaciones ha utilizado la expresión «mujer decente» para distinguir entre las mujeres consideradas respetables y aquellas que ejercieron la prostitución, el pasado puede convertirse en una condena permanente.

La pregunta resulta inevitable: ¿puede una persona cambiar y comenzar una nueva vida?

La respuesta debería ser afirmativa. Nadie tendría que quedar definido para siempre por una etapa de su existencia, especialmente cuando intenta construir un futuro diferente.

Sin embargo, los prejuicios no desaparecen simplemente porque dos personas se casen. Pueden reaparecer en reuniones familiares, conversaciones vecinales y comentarios que parecen inofensivos, pero que recuerdan constantemente a la mujer su historia anterior.

El hombre también puede enfrentar críticas. Algunos cuestionarán su decisión; otros sospecharán de sus intenciones. La pareja deberá construir su relación frente a opiniones que no siempre podrá modificar.

En ese contexto, la confianza adquiere una importancia fundamental. El pasado no puede borrarse, pero tampoco tiene por qué dominar cada decisión del presente.

Abandonar una actividad no significa olvidar

Dejar la prostitución puede representar un cambio profundo, aunque las dificultades continúen.

Encontrar empleo puede resultar complicado cuando existen prejuicios o cuando una mujer carece de formación profesional y experiencia laboral reconocida. También puede necesitar asistencia psicológica, acompañamiento social o ayuda para recuperar vínculos familiares.

En determinadas circunstancias, además, debe romper relaciones con personas que ejercen control sobre su vida o que se benefician económicamente de su situación.

Por eso, presentar la transformación personal como un simple milagro romántico sería una simplificación. El cambio requiere tiempo, recursos y decisiones sostenidas.

También es importante reconocer que no todas las personas que ejercen el trabajo sexual desean abandonarlo. Las experiencias son diversas y no existe una única explicación para todas las trayectorias.

La dignidad humana tampoco depende de que alguien se case, forme una familia o adopte una determinada forma de vida.

El matrimonio como comienzo, no como redención

Cuando una mujer que ejerció la prostitución se casa, la ceremonia puede simbolizar un nuevo capítulo personal. Sin embargo, no debería interpretarse como si el matrimonio la convirtiera automáticamente en una persona mejor.

Una mujer no necesita la aprobación de un hombre para recuperar su dignidad. Tampoco pierde su valor por haber ejercido la prostitución.

Lo verdaderamente significativo es que pueda decidir libremente cómo quiere vivir, que tenga acceso a oportunidades y que sus relaciones estén basadas en el respeto.

Si existe amor, el desafío consiste en construir una pareja en la que ninguno de los dos utilice el pasado como arma. La confianza debe ser recíproca y la convivencia debe sostenerse en la igualdad.

Una historia de este tipo puede conmover porque desafía las expectativas sociales. Pero su valor más profundo no está en presentar a un hombre como salvador, sino en reconocer la capacidad de una mujer para participar activamente en la construcción de su propio futuro.

Una segunda oportunidad

Las historias de reconstrucción personal plantean una pregunta que sigue vigente: ¿hasta qué punto una sociedad permite que sus integrantes cambien?

Es sencillo hablar de segundas oportunidades y mucho más difícil ofrecerlas. La verdadera prueba aparece cuando una persona intenta conseguir empleo, formar una familia o participar de la vida comunitaria y descubre que los demás continúan juzgándola por su pasado.

La mujer que abandona una situación de explotación, encuentra un trabajo y construye relaciones saludables no necesita convertirse en una heroína para merecer respeto. Su historia tiene valor porque demuestra que la vida humana es más compleja que las etiquetas.

En el caso que inspira este relato, no contamos con información suficiente para identificar a una pareja real de Bahía Blanca ni confirmar que un hombre que estudiaba para sacerdote se casó con una prostituta. Por eso, esta nota no presenta esa anécdota como un hecho histórico comprobado.

Pero el interrogante que plantea es real y universal: ¿debe el pasado condenar a una persona para siempre?

Una sociedad verdaderamente madura no necesita negar los errores ni idealizar las decisiones difíciles. Necesita comprender que las personas pueden cambiar, que las oportunidades importan y que la dignidad no debería depender de la reputación.

Porque, al final, una segunda oportunidad no consiste en fingir que el pasado nunca existió. Consiste en permitir que el futuro sea algo más que una repetición de ese pasado.

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 26, 2026

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Un intercambio en State of the Union pone de relieve la demanda electoral del Departamento de Justicia en Alaska, que argumenta que dos candidatos al Senado con nombres similares podrían confundir a los votantes y afectar potencialmente el resultado de las elecciones de mitad de mandato de 2026.

La entrevista subraya el debate sobre si la demanda busca evitar la confusión electoral o sentar las bases para una intervención federal en la certificación estatal. Funcionarios del Departamento de Justicia insisten en que el caso se trata de preservar la integridad electoral y que no se coordinaron con ningún candidato, mientras que los críticos temen motivos políticos.

El caso se centra en la presencia en la boleta electoral de Daniel J. Sullivan frente a Dan S. Sullivan, y el Departamento de Justicia busca detener la certificación si se sospecha de errores en el recuento. El escenario sigue bajo escrutinio, ya que los defensores de la ley electoral cuestionan la autoridad y el enfoque del Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia presentó una demanda en Alaska por la presencia de Daniel J. Sullivan en la boleta electoral junto al actual senador Dan S. Sullivan, argumentando que la similitud de nombres podría confundir a los votantes y afectar el resultado de la contienda en la que participa Mary Peltola.

El Fiscal General Todd Blanche rechazó la sugerencia de Dana Bash de que esta acción podría sentar un precedente para anular elecciones o provocar un escenario catastrófico a nivel nacional, insistiendo en que la medida aborda la confusión específica de Alaska y no tiene como objetivo los resultados presidenciales.

Blanche describió la demanda como una medida para preservar el material electoral y permitir que los funcionarios de Alaska determinen si los votantes fueron engañados, señalando que el departamento actuó sin coordinarse con ningún candidato ni campaña.

La demanda solicita a un juez federal que impida la certificación en circunstancias específicas mientras se lleva a cabo una investigación sobre posibles irregularidades en la votación relacionadas con la similitud de nombres, lo que ha generado críticas por parte de defensores de la ley electoral sobre una extralimitación del gobierno federal.

ABC News informó que el presidente Trump había ordenado al Departamento de Justicia que iniciara el litigio, un punto que Bash cuestionó sobre si la demanda tenía motivaciones políticas, lo cual Blanche desestimó como una interpretación errónea de las funciones de la administración.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) impugnó la demanda, argumentando que la Ley Nacional de Registro de Votantes no autoriza la intervención federal en el proceso de certificación de Alaska, calificando la acción como un abuso de poder.

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 28, 2026

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Tres empresarios secuestrados, torturados y asesinados. Una investigación que condujo al negocio ilegal de la efedrina y dejó al descubierto una trama criminal de enorme repercusión nacional.

El 13 de agosto de 2008, el hallazgo de tres cadáveres en un descampado de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, sacudió a la Argentina. Las víctimas eran Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, tres empresarios cuyos nombres quedarían asociados a uno de los episodios criminales más resonantes del país.

Los cuerpos presentaban heridas de bala y signos de violencia. La investigación revelaría que los hombres habían sido secuestrados y asesinados en un caso relacionado con negocios ilegales y el tráfico de efedrina, una sustancia utilizada legalmente en determinados medicamentos, pero también empleada como precursor para fabricar drogas sintéticas.

El episodio pasó a conocerse como el triple crimen de General Rodríguez.

Tres hombres que desaparecieron

El 7 de agosto de 2008 se denunció la desaparición de los tres empresarios. Antes de perderse su rastro, habían mantenido encuentros relacionados con actividades comerciales.

Durante varios días, sus familiares vivieron momentos de desesperación sin saber qué había ocurrido. La incertidumbre terminó cuando los investigadores encontraron los cuerpos en una zona rural de General Rodríguez.

La brutalidad del asesinato indicó que no se trataba de un hecho delictivo común. Los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de las víctimas, sus relaciones comerciales y los posibles conflictos que podían explicar el ataque.

Pronto apareció una pista inquietante: el negocio de la efedrina, un mercado que había adquirido relevancia en Argentina durante aquellos años.

El negocio detrás del crimen

La efedrina tiene usos médicos legítimos, pero también puede utilizarse en la producción de metanfetamina. En la década de 2000, Argentina registró investigaciones relacionadas con el desvío de esta sustancia hacia redes de narcotráfico internacional.

Sebastián Forza había desarrollado actividades empresariales vinculadas al sector farmacéutico. Las pesquisas sobre el triple crimen exploraron conexiones entre los negocios de las víctimas y circuitos ilegales.

Sin embargo, es importante distinguir entre los vínculos investigados y las responsabilidades probadas judicialmente: no toda persona mencionada en las investigaciones fue condenada por el asesinato.

El caso adquirió dimensiones políticas cuando comenzaron a circular hipótesis sobre posibles conexiones entre el narcotráfico, intermediarios comerciales y sectores del poder. La investigación alimentó un debate nacional sobre los controles estatales y la capacidad de las organizaciones criminales para operar mediante empresas aparentemente legales.

Las condenas

La investigación condujo a los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y a Víctor y Marcelo Schillaci. Los cuatro fueron condenados en 2012 a prisión perpetua por su participación en el secuestro y asesinato de los tres empresarios.

Las condenas fueron confirmadas posteriormente y quedaron firmes en 2016, según los antecedentes judiciales publicados sobre la causa.

También se investigó la posible participación de Ibar Esteban Pérez Corradi, señalado durante años como presunto autor intelectual. Sin embargo, no recibió una condena por el triple homicidio y la causa en su contra por ese hecho prescribió en 2023.

El proceso dejó una distinción fundamental: mientras las responsabilidades de los cuatro condenados quedaron establecidas judicialmente, otras hipótesis sobre la planificación y las motivaciones del crimen no terminaron con una condena equivalente. <Cite refs={[“turn193566search0″,”turn193566search12”]}/>

Una fuga que volvió a conmocionar al país

En diciembre de 2015, Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci protagonizaron una espectacular fuga de una prisión bonaerense. Los tres condenados escaparon del penal de General Alvear, lo que desencadenó una intensa búsqueda policial.

La fuga se transformó en un escándalo nacional. Durante días, las autoridades realizaron operativos en distintas zonas del país, mientras los medios seguían cada novedad.

Los fugitivos fueron finalmente recapturados en enero de 2016, después de varios episodios que mantuvieron en vilo a la opinión pública.

La fuga reforzó las preguntas sobre las fallas de seguridad penitenciaria, la corrupción y la capacidad de los condenados para organizar una operación de semejante magnitud.

Un crimen que dejó una marca

El triple crimen de General Rodríguez no fue solamente un asesinato de tres empresarios. Se convirtió en un símbolo de los riesgos que surgen cuando el narcotráfico se mezcla con actividades comerciales, intermediarios y redes criminales.

La muerte de Forza, Ferrón y Bina dejó familias destruidas y una sociedad enfrentada a preguntas difíciles sobre la prevención del delito y los controles institucionales.

Años después, el caso continúa siendo recordado por su brutalidad, sus derivaciones judiciales y la fuga que volvió a colocar a sus protagonistas en las primeras planas.

La historia demuestra que detrás de los grandes crímenes no siempre hay un conflicto personal. A veces, el dinero, los negocios clandestinos y las disputas entre organizaciones pueden convertir a personas comunes en víctimas de una violencia devastadora.

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 28, 2026

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¿Qué hace que una ciudad sea el mejor lugar del mundo para vivir? ¿La seguridad, los salarios, los hospitales, el transporte público, la educación, la cultura o la posibilidad de disfrutar del tiempo libre sin gastar una fortuna? La respuesta depende de las necesidades de cada persona, pero algunas ciudades han conseguido combinar varios de estos factores de una manera excepcional.

Entre ellas destaca Viena, la capital de Austria, una ciudad que se ha mantenido entre las mejor valoradas internacionalmente por sus condiciones de vida. Su atractivo no depende solamente de sus palacios, sus avenidas históricas o sus cafés tradicionales. También se explica por una combinación de servicios públicos, infraestructura, espacios verdes, transporte eficiente y políticas de vivienda que buscan facilitar la vida cotidiana.

No existe una ciudad que sea perfecta para todos. Sin embargo, Viena ofrece un modelo interesante para comprender por qué algunos centros urbanos consiguen proporcionar a sus habitantes una vida relativamente cómoda, organizada y culturalmente enriquecedora.

1. Una ciudad donde los servicios públicos hacen la diferencia

Uno de los grandes secretos de Viena es que buena parte de su atractivo reside en aspectos cotidianos. No se trata únicamente de vivir en una ciudad hermosa, sino de poder trasladarse al trabajo, acceder a servicios médicos, estudiar y disfrutar de espacios públicos sin que cada actividad se convierta en un problema.

Su red de metro, tranvías y autobuses conecta numerosos barrios y facilita los desplazamientos sin depender permanentemente del automóvil. Esta infraestructura reduce la necesidad de conducir y permite que muchas personas organicen su vida con mayor autonomía.

La ciudad también dispone de hospitales, centros educativos, bibliotecas y una amplia oferta de actividades culturales. La calidad de vida se construye, precisamente, mediante la combinación de estos servicios y su disponibilidad para la población.

En el índice de habitabilidad de The Economist Intelligence Unit, Viena ocupó el segundo puesto mundial en 2026, entre 173 ciudades evaluadas. La clasificación considera cinco grandes dimensiones: estabilidad, salud, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura.

2. La vivienda: una de las claves de su modelo

La vivienda constituye uno de los factores más importantes para determinar si una ciudad es realmente habitable. Una metrópoli puede ofrecer excelentes empleos y servicios, pero si sus habitantes deben destinar casi todos sus ingresos al alquiler, la calidad de vida se deteriora.

Viena desarrolló durante décadas un sistema de vivienda municipal y protegida que ocupa un lugar destacado en su política urbana. La administración pública participa directamente en la provisión de viviendas y existen mecanismos de acceso a diferentes modalidades de alojamiento subvencionado.

Este modelo no elimina todos los problemas. Los precios de determinados inmuebles han aumentado, existen requisitos para acceder a algunas viviendas y no todos los residentes pueden obtener inmediatamente un apartamento público.

Sin embargo, la participación del sector público contribuye a que el mercado residencial no dependa exclusivamente de la oferta privada. Es una experiencia que despierta interés en ciudades donde los alquileres aumentan mucho más rápido que los ingresos.

La lección es clara: construir viviendas y garantizar condiciones razonables de acceso resulta tan importante como atraer inversiones o levantar edificios modernos.

3. Seguridad y estabilidad

La seguridad influye directamente en la libertad con la que una persona puede vivir. Poder regresar del trabajo, utilizar el transporte público o caminar por determinados barrios sin experimentar miedo permanente constituye una ventaja considerable.

Viena se beneficia de instituciones relativamente estables, servicios públicos consolidados y una infraestructura urbana bien desarrollada. Estos factores contribuyen a su posición en los índices internacionales.

No obstante, sería incorrecto afirmar que no existen delitos, conflictos sociales o problemas de convivencia. Como cualquier gran ciudad, Viena enfrenta desafíos relacionados con la delincuencia, la integración social y las desigualdades económicas.

Además, la percepción de seguridad varía según el barrio, la hora y las experiencias individuales. Una clasificación internacional permite comparar condiciones generales, pero no garantiza que cada persona vaya a experimentar exactamente la misma realidad.

4. Salud, educación y oportunidades

Una ciudad verdaderamente habitable necesita ofrecer algo más que buenos restaurantes y calles atractivas. Sus habitantes deben poder acceder a atención sanitaria, recibir una educación de calidad y encontrar oportunidades para desarrollar sus capacidades.

Austria cuenta con un sistema sanitario que combina financiación pública y mecanismos de seguro social. Viena concentra hospitales, centros especializados y profesionales de distintas disciplinas.

En educación, la ciudad ofrece instituciones públicas, universidades y centros de formación profesional. Su dimensión internacional también facilita la presencia de estudiantes y trabajadores procedentes de diferentes países.

Sin embargo, mudarse allí exige planificación. El alemán es fundamental para desenvolverse en numerosas actividades cotidianas y acceder a muchos empleos. Algunos trabajos internacionales funcionan en inglés, pero esa posibilidad no se extiende a todos los sectores.

Los salarios, además, deben evaluarse junto con los impuestos, el costo de la vivienda y los gastos diarios. Un buen nivel de servicios no significa que cualquier recién llegado pueda instalarse sin dificultades económicas.

5. Cultura, naturaleza y tiempo libre

Viena posee una extraordinaria tradición musical y artística. Su historia está vinculada a compositores como Mozart, Beethoven y Strauss, y la ciudad conserva teatros, salas de conciertos, museos y edificios históricos de enorme relevancia.

Pero su atractivo cultural no se limita a las instituciones prestigiosas. También existen cafés tradicionales, mercados, festivales, bibliotecas y actividades al aire libre que forman parte de la vida cotidiana.

Los espacios verdes constituyen otra ventaja. El Prater y la Isla del Danubio permiten caminar, practicar deportes y disfrutar de la naturaleza sin alejarse demasiado del área urbana. Según la información turística oficial de Viena, casi la mitad de su superficie corresponde a espacios verdes, aunque la proporción depende de cómo se clasifique el suelo.

Esta combinación ayuda a equilibrar el ritmo urbano con el descanso. Una ciudad no debería ser únicamente un lugar donde trabajar y consumir: también debe ofrecer oportunidades para disfrutar de la vida.

6. ¿Qué otras ciudades compiten por el primer puesto?

Viena no es la única candidata. Diferentes clasificaciones utilizan metodologías distintas y, por eso, sus resultados no siempre coinciden.

7. ¿Por qué no elegir una ciudad de Estados Unidos o de América Latina?

Estados Unidos cuenta con grandes centros económicos, universidades de prestigio y oportunidades profesionales que pueden superar las de muchas ciudades europeas. Sin embargo, los costos sanitarios, la dependencia del automóvil en determinadas áreas, la vivienda y las diferencias entre barrios pueden afectar la experiencia cotidiana.

En América Latina existen ciudades con importantes ventajas culturales, sociales y climáticas. Buenos Aires, por ejemplo, ofrece una vida cultural intensa, gastronomía, transporte público y una gran tradición educativa. Pero la inflación, la inseguridad en determinadas zonas y las dificultades económicas pueden afectar la estabilidad de sus habitantes.

La comparación depende del ingreso, la profesión, la situación familiar y las prioridades personales. Una persona con un buen salario en Estados Unidos puede disfrutar de condiciones excelentes; otra que valore el transporte público y los servicios sociales quizá prefiera una ciudad europea.

Tampoco debe olvidarse el idioma, la distancia de la familia, las posibilidades migratorias y la facilidad para encontrar empleo. Una ciudad puede obtener una puntuación extraordinaria en una clasificación y, aun así, resultar inadecuada para una persona concreta.

Conclusión: ¿es Viena la mejor ciudad del mundo para vivir?

Viena reúne muchos de los ingredientes que definen una ciudad habitable: transporte público eficiente, instituciones estables, servicios sanitarios, oferta educativa, espacios verdes, patrimonio cultural y políticas de vivienda que intentan ampliar el acceso a un hogar.

Su posición destacada en los índices internacionales demuestra que la calidad de vida no depende exclusivamente de la riqueza de una ciudad. También importa cómo se organiza esa riqueza y hasta qué punto sus habitantes pueden beneficiarse de ella.

Pero no existe una ganadora absoluta para todas las personas. Zúrich puede resultar más atractiva para determinados profesionales; Copenhague, para quienes valoran la movilidad sostenible; Melbourne, para quienes buscan una combinación de oportunidades, cultura y vida al aire libre.

Si el criterio es combinar infraestructura, servicios públicos, cultura y condiciones cotidianas, Viena merece estar entre las grandes candidatas a mejor ciudad del mundo para vivir. Su principal enseñanza es que una ciudad exitosa no se mide solamente por sus rascacielos, su riqueza o su fama internacional, sino por la calidad de vida que consigue ofrecer a quienes la habitan cada día.

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 28, 2026

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Cuando Corea del Norte envió 10.000 soldados de élite a combatir en Ucrania, nunca cruzaron la frontera. Incapaces de comprender las órdenes rusas, fueron enviados directamente a una carnicería de fuego amigo.

Tras un pacto de defensa mutua firmado entre Vladimir Putin y Kim Jong Un, las tropas fueron desplegadas principalmente en la región rusa de Kursk. En agosto de 2024, las fuerzas ucranianas lanzaron una incursión transfronteriza sorpresiva en Kursk, apoderándose de cientos de kilómetros cuadrados de territorio ruso. Moscú necesitaba desesperadamente efectivos para cubrir las bajas y recuperar la zona sin ordenar otra movilización interna políticamente delicada, por lo que recurrió a Pyongyang.

Los soldados enviados supuestamente pertenecían al XI Cuerpo de élite de Corea del Norte, también conocido como el “Cuerpo de la Tormenta”, entrenado para operaciones especiales e infiltración de infantería ligera. Sin embargo, el entrenamiento de élite en una doctrina militar aislada y obsoleta ofrecía poca protección contra la realidad de un campo de batalla moderno saturado de drones.

Las comunicaciones interceptadas revelaron la frustración de los comandantes rusos por su incapacidad para coordinarse con el batallón K, debido a la falta de intérpretes suficientes para transmitir órdenes básicas. Esto exacerbó el caos sobre el terreno, dificultando enormemente las operaciones conjuntas.

En lugar de utilizarlas para operaciones especializadas, el mando ruso integró a las tropas norcoreanas en asaltos frontales estándar junto con la infantería naval rusa. Fueron lanzadas contra posiciones ucranianas atrincheradas, respaldadas por un bombardeo implacable de artillería y drones con visión en primera persona (FPV). Los servicios de inteligencia surcoreanos y ucranianos informaron rápidamente de que las unidades norcoreanas estaban sufriendo bajas devastadoras durante sus primeras semanas en el frente. Muchos murieron o resultaron heridos mientras se concentraban en zonas de concentración, incluso antes de llegar a la línea cero.

En última instancia, el despliegue norcoreano ayudó a Rusia a estabilizar el frente de Kursk y a lanzar contraataques lentos y agotadores, pero a un inmenso costo humano. Más importante aún, esta acción alteró permanentemente el panorama geopolítico de la guerra. En respuesta directa a la intervención de Pyongyang, Estados Unidos y el Reino Unido autorizaron a Ucrania a utilizar armas de largo alcance, como los misiles ATACMS y Storm Shadow, para atacar concentraciones de tropas rusas y norcoreanas en el interior de la región de Kursk.

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 28, 2026

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La madrugada del 1 de enero de 2025, cuando miles de personas celebraban la llegada del Año Nuevo en Nueva Orleans, una de las zonas más famosas de la ciudad se convirtió en escenario de una tragedia. Bourbon Street, conocida por sus bares, su música y su intensa vida nocturna, quedó marcada por un ataque que causó 14 muertes entre las víctimas y decenas de heridos.

Un hombre condujo una camioneta contra la multitud y después abrió fuego contra agentes policiales. El atacante murió durante el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. El FBI calificó el episodio como un acto de terrorismo y comenzó una investigación para reconstruir la planificación, establecer las motivaciones y determinar si había otras personas involucradas.

El ataque conmocionó al país porque ocurrió en una celebración multitudinaria, en una calle donde residentes y turistas habían salido a recibir el nuevo año. Las víctimas no estaban participando en un conflicto armado ni esperaban convertirse en protagonistas de una investigación antiterrorista. Eran personas que habían salido a divertirse, encontrarse con amigos y comenzar un nuevo capítulo de sus vidas.

La tragedia planteó interrogantes sobre la seguridad de los espacios públicos, la radicalización individual y la capacidad de las autoridades para identificar amenazas antes de que se transformen en hechos irreparables.

1. La noche en que Bourbon Street se convirtió en una escena de terror

Nueva Orleans es una ciudad singular. Su identidad está ligada al jazz, al blues, a la gastronomía criolla y a celebraciones multitudinarias como Mardi Gras. El Barrio Francés, conocido internacionalmente como French Quarter, recibe visitantes durante todo el año. Bourbon Street es uno de sus centros más concurridos, especialmente durante las fiestas.

En la madrugada del 1 de enero de 2025, la calle estaba llena de personas que celebraban el comienzo del año. Había turistas, residentes, grupos de amigos y trabajadores de los establecimientos nocturnos. La música y el movimiento habitual de la zona componían una escena festiva.

Aproximadamente a las 3:15 de la mañana, una camioneta irrumpió en el sector peatonal y avanzó contra la multitud. El vehículo atropelló a numerosas personas antes de terminar su recorrido. Después, el conductor salió y disparó contra agentes de policía, que respondieron al fuego y lo abatieron.

Dos policías resultaron heridos durante el intercambio de disparos. Los equipos de emergencia comenzaron a atender a las víctimas mientras la zona se transformaba en un enorme operativo policial.

Los sobrevivientes describieron una situación de confusión y miedo. Algunas personas intentaron ayudar a los heridos; otras buscaron refugio o se alejaron del lugar sin saber con certeza qué había ocurrido.

En pocos minutos, una celebración se había convertido en una emergencia de múltiples víctimas. Las autoridades tuvieron que asegurar el área, facilitar el trabajo de los paramédicos y comprobar si existían otros peligros.

El primer desafío fue salvar vidas. El segundo, determinar si el atropellamiento había sido un acto deliberado y si el atacante había actuado solo.

2. ¿Quién era Shamsud-Din Jabbar?

El autor del ataque fue identificado como Shamsud-Din Bahar Jabbar, un ciudadano estadounidense de 42 años procedente de Texas. Había servido en el Ejército de Estados Unidos y conducía una camioneta Ford F-150 alquilada.

La identificación del responsable no cerró la investigación. Por el contrario, abrió interrogantes sobre su historia personal, sus contactos, sus desplazamientos y el proceso que lo llevó a cometer el atentado.

El FBI examinó sus dispositivos electrónicos, publicaciones en redes sociales, antecedentes y movimientos durante los meses anteriores. Los investigadores buscaban distinguir entre los problemas personales del atacante, sus creencias ideológicas y las acciones concretas que demostraban una preparación previa.

La agencia federal informó que Jabbar había publicado videos en los que expresaba su adhesión al Estado Islámico, organización terrorista conocida internacionalmente como ISIS. En esas grabaciones también manifestaba sus intenciones violentas.

Los investigadores encontraron una bandera de ISIS en el vehículo. Estos elementos llevaron al FBI a investigar el ataque como terrorismo inspirado por esa organización.

Es importante precisar una distinción: la adhesión ideológica de una persona a una organización terrorista no demuestra, por sí sola, que esa organización haya dirigido operacionalmente el atentado. Para establecer una estructura de mando, financiación o asistencia directa se necesitan pruebas adicionales.

La investigación se concentró, por lo tanto, en reconstruir la conducta individual de Jabbar y determinar si había recibido ayuda de otras personas.

3. Un ataque preparado con anticipación

Las primeras informaciones permitieron establecer que no se trataba de una reacción espontánea surgida durante una discusión. Los movimientos del atacante mostraban una preparación previa.

Según el FBI, Jabbar viajó desde Texas hasta Luisiana en los días anteriores al atentado. También había visitado Nueva Orleans semanas antes y buscado información sobre la zona donde finalmente ocurrió el ataque.

Los agentes revisaron miles de imágenes y videos, registros digitales y grabaciones de vigilancia. Esos materiales permitieron reconstruir parte de sus desplazamientos y establecer que había examinado información relacionada con Bourbon Street.

El 14 de enero de 2025, el FBI informó que Jabbar había comenzado a aislarse socialmente y que, alrededor de la primavera de 2024, había adoptado puntos de vista extremistas. La agencia también señaló que había realizado búsquedas en internet relacionadas con ataques anteriores y con las características del lugar elegido.

Estos hallazgos no significan que toda persona que se aísla o atraviesa una transformación religiosa represente una amenaza. La radicalización violenta es un fenómeno más específico y complejo. En este caso, la preocupación surgió de la combinación de mensajes extremistas, preparativos materiales, investigaciones previas y acciones concretas.

El episodio demuestra la importancia de estudiar señales verificables de intención violenta sin convertir características personales o religiosas en motivos automáticos de sospecha.

4. Los explosivos que pudieron provocar una tragedia todavía mayor

Uno de los datos más inquietantes surgió durante las inspecciones realizadas después del atropellamiento.

Los investigadores encontraron dos artefactos explosivos improvisados dentro de recipientes refrigeradores colocados en distintos puntos de Bourbon Street. Los especialistas en explosivos lograron neutralizarlos.

El FBI informó que había imágenes de vigilancia que mostraban a Jabbar dejando esos dispositivos en los lugares donde fueron encontrados. También descubrió materiales vinculados con la fabricación de explosivos en una vivienda que había alquilado en Nueva Orleans y en su residencia de Texas.

De acuerdo con la reconstrucción federal, el atacante pretendía utilizar un transmisor que llevaba en el vehículo para activar los artefactos. La investigación de los dispositivos permitió examinar la posibilidad de que hubiera intentado combinar diferentes métodos de ataque.

El hecho de que los explosivos no llegaran a detonar fue decisivo. Si hubieran funcionado, las consecuencias podrían haber sido todavía más graves. Sin embargo, no es posible calcular con certeza cuántas víctimas adicionales habría provocado una explosión.

La presencia de los artefactos también modificó el trabajo de los equipos de emergencia. Los especialistas debieron asegurarse de que no hubiera otros dispositivos peligrosos antes de permitir que la zona regresara a la normalidad.

El atentado no consistió, por tanto, solamente en utilizar un vehículo contra una multitud. La evidencia indicó que había existido una planificación más amplia.

5. Las víctimas: catorce vidas interrumpidas

Detrás de las cifras oficiales había personas con historias, familias y proyectos. La confirmación de 14 víctimas mortales convirtió el atentado en una tragedia para decenas de hogares y dejó a numerosos sobrevivientes con lesiones físicas y secuelas emocionales.

El 14 de enero, el FBI informó que había identificado al menos 57 personas con lesiones físicas, además de los 14 fallecidos. La cifra total de personas afectadas identificadas ascendía a 136 e incluía también dos negocios que sufrieron daños.

Las víctimas no constituían un grupo con características particulares que las hubieran convertido en objetivos individuales. Su presencia en Bourbon Street durante las celebraciones fue una circunstancia de la que se aprovechó el atacante para causar daño indiscriminado.

Para los familiares, la tragedia significó recibir una noticia inesperada en un momento en que muchos esperaban llamadas de felicitación, fotografías de la celebración o mensajes de sus seres queridos.

Para los sobrevivientes, la experiencia podía continuar mucho después de que las heridas físicas comenzaran a sanar. Presenciar una agresión masiva, intentar socorrer a desconocidos o escapar de un lugar donde reina el caos puede producir miedo persistente, problemas de sueño y otras reacciones traumáticas.

El FBI y las autoridades locales ofrecieron asistencia a las personas afectadas, incluidos servicios de salud mental, orientación legal, ayuda financiera y apoyo para recuperar pertenencias personales.

La atención posterior a un atentado no debe limitarse a la investigación penal. Las víctimas necesitan acompañamiento sostenido y acceso a recursos que les permitan reconstruir sus vidas.

6. ¿Cómo respondió la policía?

La respuesta policial fue una de las partes centrales del episodio. Los agentes que se encontraban en la zona enfrentaron una situación extremadamente peligrosa: una camioneta había irrumpido en la multitud y el conductor abrió fuego.

Los policías respondieron a los disparos y el atacante murió en el lugar. Dos agentes resultaron heridos, aunque las autoridades indicaron que sus lesiones no ponían en peligro sus vidas.

Paralelamente, los servicios de emergencia comenzaron el trabajo de clasificación y atención de las víctimas. La prioridad consistía en trasladar a los heridos que necesitaban asistencia urgente y asegurar el área para evitar nuevos daños.

El FBI asumió la dirección de la investigación federal y recibió apoyo de agencias locales y de otros estados. Los investigadores revisaron grabaciones de cámaras de seguridad, examinaron el vehículo, analizaron dispositivos electrónicos y entrevistaron a testigos.

La colaboración ciudadana también tuvo importancia. En los primeros días, el FBI recibió cientos de pistas y solicitó imágenes, videos e información de quienes habían estado en el Barrio Francés durante la madrugada.

Una investigación de esta magnitud requiere verificar cada dato. Los rumores, las publicaciones sin confirmar y las interpretaciones apresuradas pueden desviar recursos y perjudicar a personas ajenas al delito.

La respuesta institucional debía combinar rapidez con rigor: actuar para proteger al público, preservar las pruebas y comunicar lo que se sabía sin presentar como ciertos hechos todavía bajo investigación.

7. ¿Actuó solo el atacante?

Esta fue una de las preguntas fundamentales de las primeras horas. La existencia de explosivos, los videos ideológicos y la planificación previa obligaban a examinar si Jabbar había contado con colaboradores.

En las declaraciones iniciales, el FBI afirmó que no tenía indicios de que otra persona hubiera participado en el ataque. Los investigadores siguieron analizando posibles contactos y revisando las pruebas para determinar si alguien había contribuido a preparar la agresión.

La distinción entre actuar solo y estar inspirado por una organización terrorista es importante. Un individuo puede adoptar la propaganda de un grupo, identificarse con sus objetivos y cometer un atentado sin recibir instrucciones directas de sus dirigentes.

En este caso, el FBI describió a Jabbar como un atacante inspirado por ISIS. La evidencia pública divulgada durante la investigación apuntó a una acción individual, aunque las autoridades continuaron examinando sus vínculos y actividades.

El fenómeno de los atacantes radicalizados por internet plantea dificultades para los organismos de seguridad. La propaganda puede llegar a personas que no mantienen contacto operativo con organizaciones terroristas, mientras que la libertad de expresión y las actividades legales deben distinguirse de las amenazas concretas.

El desafío consiste en identificar conductas que indiquen preparativos violentos sin convertir la religión, la nacionalidad o las opiniones políticas en sustitutos de la evidencia.

8. El miedo y la historia de Nueva Orleans

Nueva Orleans ya había atravesado grandes tragedias. El huracán Katrina, en agosto de 2005, causó una devastación enorme, con inundaciones, desplazamientos de población y una prolongada reconstrucción. La ciudad también ha enfrentado problemas de delincuencia y episodios de violencia a lo largo de su historia.

Sin embargo, el atentado de Bourbon Street tuvo una naturaleza diferente. No fue un desastre natural ni un episodio ordinario de criminalidad: fue un ataque deliberado contra personas reunidas en un espacio público.

La diferencia importa porque las respuestas necesarias también son distintas. La recuperación después de un huracán exige infraestructura, vivienda y protección frente a futuros fenómenos meteorológicos. Después de un atentado, además de reparar los daños materiales, resulta fundamental investigar la motivación, evaluar posibles fallas de seguridad y apoyar a las víctimas.

La tragedia también recordó que ninguna ciudad puede garantizar un riesgo cero. Las concentraciones multitudinarias requieren planificación, coordinación entre organismos y mecanismos para responder a emergencias sin paralizar innecesariamente la vida pública.

El objetivo no debe ser transformar cada celebración en una operación de miedo permanente. Debe ser reducir los riesgos de forma razonable y mejorar la capacidad de reacción cuando ocurre una amenaza.

9. Las preguntas que deja el terrorismo contemporáneo

El ataque de Nueva Orleans obliga a reflexionar sobre varios problemas que van más allá de un solo individuo.

El primero es la radicalización violenta. ¿Cómo detectar cuándo las ideas extremistas se convierten en preparativos concretos para cometer un delito? No existe una señal aislada que permita responder siempre a esa pregunta. La evaluación necesita considerar amenazas, conductas, acceso a medios violentos y evidencias de planificación.

El segundo es la circulación de propaganda terrorista en internet. Las plataformas digitales pueden facilitar que una persona aislada encuentre contenidos que glorifican la violencia. La prevención requiere cooperación entre autoridades, empresas tecnológicas, especialistas y comunidades, respetando las garantías legales.

El tercero es la seguridad de los espacios públicos. Las ciudades deben evaluar la protección de las zonas peatonales, la disposición de barreras físicas y la coordinación entre policías, servicios médicos y organizadores de eventos. Cada medida debe analizarse según el lugar, los riesgos y sus consecuencias para la actividad cotidiana.

El cuarto es la atención posterior al ataque. Los daños no terminan cuando se retira el último vehículo policial. Las familias necesitan información confiable; los sobrevivientes, asistencia médica y psicológica; y la comunidad, tiempo para recuperar la confianza.

Por último, está el desafío de comunicar estos episodios sin conceder al terrorismo una victoria adicional mediante el pánico, la desinformación o la estigmatización de comunidades enteras.

10. Una ciudad que debe seguir adelante

La madrugada del 1 de enero de 2025 quedó grabada en la memoria de Nueva Orleans por la violencia que interrumpió una celebración popular. Catorce personas murieron, decenas sufrieron lesiones y cientos quedaron afectadas directa o indirectamente por el ataque.

La investigación del FBI permitió reconstruir una parte sustancial de los preparativos de Shamsud-Din Jabbar y documentar sus vínculos ideológicos con ISIS. La presencia de explosivos, sus desplazamientos y sus publicaciones demostraron que el atentado no fue un accidente ni una decisión improvisada en medio de una multitud.

Pero ninguna reconstrucción policial puede devolver las vidas perdidas.

El caso también muestra la importancia de separar los hechos comprobados de las especulaciones. El terrorismo busca provocar miedo más allá de sus víctimas inmediatas. La respuesta de una sociedad democrática debe ser firme frente a la violencia, pero también racional, respetuosa de la ley y consciente de que la responsabilidad pertenece a quienes cometen o facilitan los delitos, no a comunidades enteras.

El terror de Bourbon Street no fue solamente una tragedia de Año Nuevo: fue un recordatorio de la vulnerabilidad de los espacios públicos y del costo humano de la radicalización violenta. La memoria de las víctimas exige algo más que indignación momentánea: investigación rigurosa, prevención efectiva, asistencia a los sobrevivientes y compromiso con la convivencia.

Nueva Orleans conserva su identidad musical y cultural, y su vida no puede quedar definida únicamente por aquella madrugada. Recordar lo ocurrido es necesario, no para vivir bajo el miedo, sino para comprender cómo prevenir tragedias semejantes y proteger mejor a quienes simplemente desean reunirse, celebrar y regresar sanos a sus hogares.

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 28, 2026

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PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 28, 2026

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El 10 de junio de 2013, una adolescente salió de su casa para cumplir con su rutina habitual en Buenos Aires. Tenía apenas 16 años. Horas después, su familia comenzaría una búsqueda desesperada que terminaría convirtiéndose en uno de los casos criminales más impactantes de la historia policial argentina.

Su nombre era Ángeles Rawson. Su asesinato provocó indignación, movilizó a la opinión pública y abrió una investigación que puso bajo la lupa las pruebas forenses, las declaraciones de los sospechosos y el funcionamiento de la Justicia.

El caso no solamente terminó con una condena a prisión perpetua. También dejó una pregunta dolorosa: ¿cómo pudo una adolescente perder la vida en un lugar que conocía desde siempre, sin que nadie lograra impedirlo?

Una mañana que terminó en tragedia

Ángeles vivía con su familia en el barrio de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 10 de junio de 2013, después de realizar actividades habituales, regresó al edificio donde residía.

Las cámaras de seguridad y los testimonios recogidos durante la investigación permitieron reconstruir parte de sus últimos movimientos. Sin embargo, su llegada al edificio no significó el final de su jornada: fue el comienzo de una tragedia que nadie imaginaba.

La adolescente no volvió a aparecer. Mientras sus familiares intentaban averiguar qué había sucedido, la preocupación crecía con el paso de las horas.

Al día siguiente, el 11 de junio, su cuerpo fue encontrado en una planta de tratamiento de residuos del CEAMSE, en José León Suárez, provincia de Buenos Aires. El hallazgo confirmó el peor desenlace para una familia que todavía esperaba encontrarla con vida.

La noticia se difundió rápidamente. La desaparición de una joven, su muerte violenta y el lugar donde había sido encontrado su cuerpo provocaron una conmoción que atravesó distintos sectores de la sociedad.

La investigación apunta al encargado

Uno de los principales protagonistas de la investigación fue Jorge Mangeri, encargado del edificio donde vivía Ángeles. Era una persona conocida por los residentes y tenía acceso a sectores comunes de la propiedad.

La Fiscalía reconstruyó que la adolescente había sido interceptada en el edificio y que el ataque se produjo en un lugar de acceso reservado. Según la acusación aceptada por el tribunal, Mangeri intentó someterla sexualmente y la asesinó cuando ella se resistió.

Los investigadores examinaron evidencias físicas, informes médicos, declaraciones y rastros biológicos. El trabajo forense tuvo un papel central para establecer qué había sucedido y vincular al acusado con el crimen.

No se trataba simplemente de determinar dónde había estado Ángeles durante sus últimas horas. Era necesario reconstruir la secuencia de los hechos, explicar cómo había muerto y establecer si las pruebas permitían atribuirle el homicidio a una persona concreta.

Mangeri negó haber matado a la adolescente. Durante el juicio, sostuvo su inocencia. La acusación, sin embargo, avanzó respaldada por los elementos que la Fiscalía presentó ante los jueces.

El traslado del cuerpo y las pruebas decisivas

Uno de los aspectos más dramáticos del caso fue el intento de ocultar el crimen. De acuerdo con los hechos que el tribunal consideró probados, el cuerpo permaneció varias horas en el edificio antes de ser introducido en una bolsa de residuos y retirado junto con la basura.

El hallazgo en la planta de tratamiento fue circunstancial. Un trabajador advirtió el cuerpo durante el proceso de clasificación de los residuos y alertó a las autoridades.

La investigación posterior puso de manifiesto la importancia de preservar cada evidencia. Las pericias médicas permitieron revisar las primeras hipótesis sobre la muerte, mientras que los rastros biológicos y otros elementos materiales contribuyeron a sostener la acusación.

En casos de esta naturaleza, una prueba aislada rara vez explica todo lo sucedido. La reconstrucción depende de la combinación de resultados científicos, testimonios y circunstancias verificables.

La Fiscalía consideró que el conjunto de las pruebas demostraba la responsabilidad de Mangeri. La defensa cuestionó aspectos de la investigación y mantuvo su negativa a aceptar la acusación. Finalmente, el tribunal debió resolver sobre la base de lo producido durante el debate oral.

El juicio y la condena a prisión perpetua

El juicio oral se desarrolló en 2015 ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 9 de la Capital Federal. Durante las audiencias se escucharon testimonios y se analizaron las pruebas reunidas durante la investigación.

El 15 de julio de ese año, el tribunal condenó a Jorge Mangeri a prisión perpetua por el femicidio de Ángeles Rawson, en concurso con los delitos de abuso sexual y homicidio agravado.

La sentencia representó un momento decisivo para la familia de la víctima. Después de dos años de investigación y una extensa cobertura mediática, la Justicia había establecido la responsabilidad penal del acusado.

La defensa recurrió la condena, pero el 7 de junio de 2017 la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la pena de prisión perpetua. Posteriormente, en 2018, la Corte Suprema rechazó el recurso de queja de la defensa, de modo que la condena quedó firme.

La Argentina frente a la violencia contra las mujeres

El asesinato de Ángeles Rawson tuvo un impacto que superó el ámbito policial. Su nombre se incorporó a una conversación nacional sobre violencia sexual, femicidios y la necesidad de mejorar la prevención de las agresiones contra mujeres y niñas.

El caso también expuso el papel de los medios de comunicación en las investigaciones criminales. La cobertura permanente permitió mantener la atención pública, pero al mismo tiempo mostró los riesgos de convertir cada hipótesis en una certeza antes de que existiera una resolución judicial.

La diferencia entre sospecha y prueba es fundamental. En una democracia, la indignación social no reemplaza el proceso judicial: la responsabilidad penal debe establecerse mediante evidencias y procedimientos que permitan defenderse al acusado y escuchar a las víctimas y sus familiares.

La muerte de Ángeles también recordó que los espacios cotidianos no siempre son seguros por el solo hecho de resultar familiares. La prevención exige atención a la violencia, mecanismos de denuncia eficaces y una respuesta institucional capaz de actuar antes de que una amenaza se transforme en tragedia.

Una víctima que no debe quedar reducida a un expediente

Años después, el nombre de Ángeles Rawson continúa asociado a uno de los casos judiciales más recordados de la Argentina contemporánea.

Su historia suele reconstruirse a partir de los últimos momentos de su vida, las pruebas forenses y la condena de su asesino. Pero reducirla exclusivamente a esos acontecimientos sería olvidar que fue una adolescente con una familia, amistades, proyectos y un futuro que nunca pudo desarrollar.

La prisión perpetua impuesta a Mangeri cerró una etapa judicial fundamental. No pudo, naturalmente, reparar la pérdida ni devolverle a su familia los años que le fueron arrebatados.

El caso dejó una enseñanza que continúa vigente: investigar con rigor, preservar las pruebas y actuar frente a la violencia son obligaciones esenciales de cualquier sociedad que aspire a proteger a sus ciudadanos.

Ángeles Rawson tenía 16 años. Su asesinato no fue solamente una noticia policial: fue una tragedia humana que dejó una marca profunda en la memoria argentina. Su historia recuerda que detrás de cada femicidio hay una vida irreemplazable y una familia obligada a convivir con una ausencia definitiva.

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 28, 2026

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Hablar de la canción más aclamada de la historia es entrar en un territorio donde la música, las emociones y la memoria colectiva se encuentran. A lo largo de más de un siglo, millones de composiciones han acompañado romances, guerras, revoluciones, despedidas y celebraciones. Sin embargo, pocas han alcanzado una dimensión universal comparable con Bohemian Rhapsody, de Queen, Imagine, de John Lennon, o Like a Rolling Stone, de Bob Dylan.

Si hubiera que elegir una canción que reúna reconocimiento artístico, popularidad internacional, influencia cultural y capacidad para emocionar a generaciones diferentes, «Imagine», de John Lennon, sería una de las candidatas más poderosas. No existe una clasificación definitiva que determine cuál es la mejor canción de todos los tiempos, pero esta obra ocupa un lugar extraordinario en la historia de la música popular.

Una canción sencilla con un mensaje extraordinario

Su grandeza reside, en parte, en la sencillez. El piano introduce una melodía delicada, mientras la voz de Lennon transmite serenidad y convicción. No necesita una producción espectacular ni una interpretación vocal grandilocuente para comunicar su mensaje. La canción invita al oyente a detenerse y pensar en una posibilidad diferente para la humanidad.

Naturalmente, su propuesta también generó críticas. Algunos consideran que imaginar un mundo sin fronteras, religiones o divisiones nacionales resulta demasiado idealista. Otros sostienen que esas diferencias forman parte de la identidad humana y que eliminarlas no garantiza una convivencia pacífica. Precisamente por eso, la canción continúa provocando debates décadas después de su estreno.

¿Es realmente la más aclamada?

La respuesta depende del criterio utilizado. La revista Rolling Stone, que elaboró su clasificación de las 500 mejores canciones con la participación de más de 250 artistas, críticos y profesionales de la industria musical, colocó a «Respect», de Aretha Franklin, en el primer puesto de su lista de 2021. «Imagine» ocupó el número 19, mientras «Like a Rolling Stone», de Bob Dylan, quedó cuarta.

1. Respect — Aretha Franklin

Una declaración de dignidad y autonomía que se convirtió en un himno de los movimientos por los derechos civiles y de las mujeres.

2. Like a Rolling Stone — Bob Dylan

Una composición que transformó las expectativas sobre las letras del rock y amplió las posibilidades de la canción popular.

3. Bohemian Rhapsody — Queen

Una obra audaz que combina balada, ópera y rock, reconocida por su estructura poco convencional y su espectacular interpretación.

Un legado que atraviesa generaciones

La historia de la música demuestra que una canción puede ser mucho más que un éxito comercial. Puede convertirse en un símbolo de protesta, en el recuerdo de un amor perdido o en una fuente de esperanza durante una tragedia. Algunas melodías sobreviven porque hacen bailar; otras, porque expresan sentimientos que millones de personas no consiguen poner en palabras.

«Imagine» pertenece a esta última categoría. Su mensaje ha acompañado homenajes, ceremonias y acontecimientos internacionales, y su interpretación sigue evocando el deseo de un mundo más pacífico.

Conclusión: si hablamos de la canción más aclamada por la crítica, «Respect» tiene argumentos sólidos para ocupar el primer lugar según la clasificación de Rolling Stone de 2021. Si hablamos de una canción convertida en símbolo universal de paz, «Imagine» es una de las candidatas más importantes de todos los tiempos. Y si buscamos una obra que revolucionó la composición del rock, «Like a Rolling Stone» merece estar en la conversación.

La canción más grande de la historia, en definitiva, quizá no sea una sola. Pero las verdaderas obras maestras comparten una característica: siguen emocionando a personas que nacieron mucho después de que sus creadores dejaran de grabarlas.

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 28, 2026

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Si la nación militarmente más poderosa del mundo ataca a un país del tercer mundo y no logra destruirlo en una semana, pero sigue intentando desesperadamente detener a Irán…

Eso nunca será una victoria, sino otro fiasco como el de Vietnam: inútil y delirante.

Cuando Donald Trump dijo que Irán era poca cosa, se refería a que ataques a Venezuela, secuestros de su presidente y su esposa, el secuestro de petroleros (algunos con destino a Cuba para ayuda humanitaria) y el asesinato de pescadores en barcos sin pruebas de drogas… eso sí que es poca cosa.

La guerra contra Irán es un desastre total…

Eso no es ninguna victoria. Más bien se parece al fiasco del Mirror Green Pool, la destrucción del icónico Jardín de las Rosas y el Ala Este.

Donald Trump está malgastando nuestros impuestos en cosas triviales e innecesarias. Nuestros hijos, nietos y las generaciones venideras van a sufrir a causa del ego y la vanidad de Donald Trump, con su mentalidad de odio, resentimiento y venganza…

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 28, 2026

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Las encuestas de octubre de 2026 reflejan una sociedad dividida, con mayor desaprobación de la gestión presidencial y una preocupación creciente por los salarios, el empleo y el costo de vida. Sin embargo, el presidente conserva un núcleo importante de apoyo.

Una mayoría expresa descontento

¿Están los argentinos contentos con Javier Milei? La respuesta que ofrecen los sondeos más recientes es que, en términos generales, predomina la insatisfacción con su gestión, aunque no existe una opinión uniforme en todo el país.

La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, realizada entre el 5 y el 13 de octubre de 2026 sobre 1.000 personas, registró un 36% de aprobación y un 60% de desaprobación del Gobierno. Además, el 67% manifestó insatisfacción con la marcha general del país, frente al 30% que se declaró satisfecho.

Estos resultados muestran una dificultad política importante para el oficialismo: una parte considerable de la población no percibe que las transformaciones económicas se estén traduciendo en una mejora de su vida cotidiana.

Sin embargo, desaprobar al Gobierno no significa necesariamente apoyar a la oposición. Algunos ciudadanos rechazan las políticas de Milei, otros consideran que los ajustes son demasiado costosos y otros mantienen sus críticas al peronismo, aunque estén insatisfechos con la situación actual.

El bolsillo, principal preocupación

La economía ocupa un lugar central en el malestar social. El mismo relevamiento de la Universidad de San Andrés encontró que el 54% de los encuestados considera insuficientes los ingresos de su hogar para afrontar los gastos.

Entre los problemas más mencionados aparecen la falta de trabajo, los salarios bajos y la pobreza. Estas preocupaciones afectan especialmente a las familias que deben destinar buena parte de sus ingresos a alimentos, alquileres, transporte, servicios y medicamentos.

El Gobierno de Milei defiende su programa de ajuste fiscal y sostiene que la estabilización económica requiere corregir desequilibrios acumulados durante años. Sus partidarios destacan la necesidad de controlar el gasto público y terminar con una dinámica económica marcada por la inflación y la incertidumbre.

Pero para muchos ciudadanos, la discusión no se resuelve con las cuentas del Estado. La pregunta decisiva es si el sueldo alcanza para vivir, si se puede conseguir empleo y si existe la posibilidad de ahorrar.

Cuando una familia debe endeudarse o utilizar sus ahorros para cubrir necesidades básicas, la percepción sobre la economía puede ser negativa incluso si determinados indicadores macroeconómicos mejoran.

¿Qué ocurre con la inflación y la pobreza?

La reducción de la inflación fue uno de los principales argumentos económicos del Gobierno para defender su programa. Sin embargo, desacelerar el aumento de los precios no significa que los productos vuelvan a costar lo mismo que antes.

Si los precios siguen subiendo, aunque a menor velocidad, las familias necesitan que sus ingresos acompañen esa evolución. De lo contrario, la estabilización puede convivir con dificultades económicas persistentes.

Los datos sociales también muestran señales de preocupación. Reuters informó en septiembre de 2026 que la pobreza había llegado al 32,3% durante el primer semestre del año, frente al 28,2% del período anterior. La misma publicación señaló que el desempleo alcanzó el 7,9% y que el empleo privado registraba una prolongada caída.

Estos indicadores ayudan a explicar por qué el debate económico continúa siendo central. Para numerosos hogares, la evaluación del Gobierno depende tanto de la estabilidad de los precios como de las oportunidades laborales y de la capacidad de recuperar el poder adquisitivo.

Milei conserva seguidores

La desaprobación mayoritaria no significa que el presidente haya perdido todo su respaldo.

Una encuesta de AtlasIntel difundida por Bloomberg Línea en octubre registró una aprobación presidencial cercana al 38,5% en septiembre. En la evaluación específica de la gestión, el 54,2% la calificó como mala o muy mala, mientras que el 33,3% la consideró excelente o buena. Las cifras varían según la pregunta y la metodología utilizada.

Entre los simpatizantes de Milei persiste la expectativa de que su programa pueda transformar la economía argentina. Algunos consideran que el ajuste es un costo temporal necesario; otros valoran su enfrentamiento con sectores políticos tradicionales y su promesa de modificar el funcionamiento del Estado.

También existe un electorado que continúa rechazando al kirchnerismo y al peronismo, por lo que no interpreta necesariamente sus dificultades actuales como una razón suficiente para abandonar al oficialismo.

La política argentina, por lo tanto, no puede explicarse simplemente mediante una división entre ciudadanos satisfechos e insatisfechos. Hay votantes que apoyan determinadas reformas, pero cuestionan sus consecuencias; otros respaldan al presidente por razones ideológicas y otros esperan resultados económicos más concretos.

¿Qué puede ocurrir en los próximos meses?

El desafío del Gobierno consiste en convertir la estabilización económica en mejoras perceptibles para los hogares. La evolución de los salarios reales, la creación de empleo, el consumo y la pobreza será fundamental para evaluar si las medidas oficiales consiguen ampliar su respaldo social.

También será importante observar si los sectores que todavía apoyan a Milei mantienen la paciencia frente a las dificultades económicas o comienzan a exigir resultados más rápidos.

Las encuestas representan fotografías de un momento determinado, no decisiones electorales definitivas. Sus resultados dependen de la fecha, la muestra, la formulación de las preguntas y la metodología de cada consultora.

Una Argentina dividida

Los datos disponibles en octubre de 2026 muestran que la desaprobación de la gestión de Javier Milei supera claramente a la aprobación. El malestar económico y las dificultades para llegar a fin de mes aparecen entre las principales razones de la insatisfacción.

Pero también existe un sector considerable que continúa defendiendo el rumbo presidencial y espera que las reformas produzcan resultados duraderos.

La cuestión fundamental es si los argentinos comenzarán a sentir una mejora concreta en sus ingresos y oportunidades laborales. Para una familia que lucha por pagar sus cuentas, las promesas económicas tienen valor cuando se traducen en una vida cotidiana menos difícil.

Por ahora, las encuestas reflejan más descontento que satisfacción con el Gobierno. El futuro de ese balance dependerá, en buena medida, de lo que suceda con el empleo, los salarios y el costo de vida durante los próximos meses.

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 27, 2026

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  Por Paul Battistón.

La alegría por algo que no se va es interesante. Es una especie de conservadurismo del instante sin importar si la suma del mismo y de los instantes previos logran en su traza conservar el momento o esconden una tendencia desplazando todo subrepticiamente.

De analogías se estiman adelantos de posibles conclusiones. Una continuidad premiada en el instante que las advertencias de su propio resquebrajamiento insinuaban una alarma de atención es algo fácilmente rescatable a la memoria en nuestro reciente trajín como país carnavalesco.  La mayor euforia ejercida a solo dos pasos de distancia del inicio de un cepo, fue sin dudas ese triunfo electoral de CFK en 2011, cuando saltó sobre su propio final apagando alarmas y desconectando indicadores en el bullicio de su 54% adherido a los festejos de una continuidad que lo sería de la tendencia y no del cuadro de la viñeta. Solo como dato curioso el padrón había crecido exageradamente por encima de la media de crecimiento habitual (innecesariamente). Ese día quedó clara la afirmación poética de Charly García con respecto a que la alegría no era solo brasilera.

El carnaval surgió anticipadamente y la felicidad es genuina ¿Cómo no ser feliz si se logró la continuidad de esos instantes de maravilloso deslumbramiento y constante algarabía del tumulto en agitación? ¿Cómo no demostrar conformidad eufórica si el padre consolador se quedará para proveer?

El crecimiento estimado de Brasil en un 2,2% (escaso para semejante tamaño de economía) ya no se cumplirá por defecto, la algarabía fue coincidente con una acentuación de esa tendencia no remarcada por los momentos hasta ahora convincentes de correcto bienestar. Ya fue dada a conocer la maravillosa teoría por parte de los medios de divulgación específica (anti periodismo) de que el repentino empeoramiento de los números se debe a la alta expectativa que había de un triunfo de Bolsonaro

 Lula deberá afrontar la herencia de Lula. Contradecirse y corregir o reafirmarse y resistir. La refinanciación del endeudamiento de los privados, la disminución de la jornada laboral, el transporte gratis y el primer pequeño cepo (una tarjeta de crédito por persona) son algunas de las medidas con que Lula saltó al otro lado de su nueva versión recargada. En su gran recorrido inter balotaje ha informado personalmente a sus votantes que vuelve mejor. Siempre se vuelve mejor y esto es lo que subjetivamente suele empeorar la cosa. Lula ha trazado una Tordesillas ideológica corroborada por sus acercamientos que sumará inconvenientes a Brasil más de los que él mismo comienza a crear con encierros de formatos regulatorios El Foro de Sao Paulo se encierra o mejor dicho encierra a Brasil.

Ing. Paul Battistón

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 27, 2026

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Durante más de tres décadas, un hombre casado, padre de dos hijos y funcionario municipal aterrorizó a Wichita, Kansas. Se hacía llamar BTK y disfrutaba desafiando a la policía. Su captura llegó después de un error informático que terminó destruyendo su fachada de normalidad.

En la historia criminal de Estados Unidos existen asesinos que lograron esconderse durante años detrás de una vida aparentemente común. Dennis Lynn Rader fue uno de ellos. Entre 1974 y 1991 asesinó a diez personas en el estado de Kansas y mantuvo durante décadas una doble vida que desconcertó a investigadores y vecinos.

Se autodenominaba BTK, sigla en inglés de «atar, torturar y matar». No solamente quería cometer crímenes: también buscaba que los medios de comunicación hablaran de él y que la policía reconociera su existencia. Su necesidad de atención terminó convirtiéndose en una de las claves que permitieron descubrir su identidad.

La masacre de una familia

El 15 de enero de 1974, Wichita quedó marcada por el asesinato de cuatro integrantes de la familia Otero. Joseph Otero, su esposa Julie y dos de sus hijos, Josephine, de 11 años, y Joseph, de nueve, fueron asesinados en su propia vivienda.

La violencia del crimen conmocionó a la comunidad. Los investigadores se enfrentaban a un responsable que había ingresado en una casa familiar y había atacado a personas que no representaban una amenaza inmediata para él.

Durante meses, la policía buscó pistas que permitieran identificar al autor. En octubre de ese año, un periódico local recibió una carta en la que alguien reclamaba responsabilidad por los asesinatos y aportaba información sobre la escena del crimen.

El remitente quería ser reconocido. En lugar de limitarse a ocultar sus huellas, comenzaba a construir una identidad pública alrededor de sus delitos.

Aquel mensaje fue una señal temprana de que la investigación no enfrentaba únicamente a un asesino, sino también a alguien que deseaba manipular la atención pública.

Una ciudad bajo amenaza

En abril de 1974, Kathryn Bright, de 21 años, fue asesinada. Su hermano sobrevivió al ataque. Los investigadores relacionaron posteriormente el caso con BTK.

Los crímenes continuaron durante los años siguientes. En 1977, Shirley Vian y Nancy Fox fueron asesinadas. En 1985, la víctima fue Marine Hedge; en 1986, Vicki Wegerle; y en 1991, Dolores Davis.

Los ataques dejaron a muchas familias con preguntas sin respuesta. La posibilidad de que el asesino siguiera libre generaba temor, especialmente porque la policía no podía anticipar cuándo ni dónde volvería a actuar.

Rader seleccionaba a sus víctimas y preparaba sus ataques. Después, en ocasiones, contactaba a medios de comunicación para atribuirse los crímenes. Sus mensajes incluían referencias a los asesinatos y buscaban provocar una reacción de las autoridades.

La investigación fue creciendo, pero el caso permaneció sin resolverse durante años. Los agentes debían reunir pruebas suficientes para conectar distintos homicidios con un solo responsable y evitar que la atención pública generara pistas falsas.

El hombre detrás de la máscara

La parte más desconcertante de la historia era la vida cotidiana de Rader. Estaba casado, tenía dos hijos y participaba en actividades religiosas. Había servido en la Fuerza Aérea y trabajado en una empresa de seguridad antes de convertirse en funcionario municipal en Park City, cerca de Wichita.

Su empleo consistía en supervisar el cumplimiento de determinadas normas locales. Para muchas personas, parecía un vecino convencional, con responsabilidades laborales y familiares.

Pero aquella imagen no reflejaba sus crímenes. La diferencia entre su vida pública y sus actos violentos se convirtió en uno de los aspectos más inquietantes del caso.

Rader logró mantener su identidad oculta durante años, mientras los investigadores intentaban reconstruir los movimientos del asesino conocido como BTK.

En 1979, después de los primeros ataques, dejó de comunicarse públicamente durante un largo período. La ausencia de nuevos mensajes no significaba necesariamente que la investigación hubiera terminado, pero hizo más difícil seguir el rastro de alguien que había convertido la comunicación con los medios en parte de su conducta criminal.

El regreso de BTK

En marzo de 2004, treinta años después de los primeros asesinatos, el diario The Wichita Eagle recibió una nueva comunicación relacionada con BTK. El remitente volvió a enviar mensajes y materiales vinculados con los crímenes.

La reaparición del asesino obligó a las autoridades a reactivar esfuerzos para identificarlo. Los investigadores revisaron las pruebas antiguas y estudiaron cuidadosamente los nuevos mensajes.

Rader quería demostrar que seguía teniendo el control de la situación. Sin embargo, su deseo de comunicarse con la policía terminó exponiéndolo.

En enero de 2005, envió un disquete informático a una estación de televisión local. Los investigadores analizaron sus datos y encontraron información que los condujo a una computadora vinculada con la iglesia a la que asistía.

Aquella pista permitió concentrar la investigación en Rader. Posteriormente, las autoridades utilizaron pruebas de ADN y otros elementos para reforzar la identificación.

El hombre que había conseguido escapar de la investigación durante décadas había dejado una huella digital que podía seguirse hasta él.

La detención y la confesión

El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue detenido. La noticia sorprendió a quienes lo conocían como funcionario municipal, esposo y padre de familia.

Los investigadores lo interrogaron y reunieron las pruebas necesarias para formular cargos por diez asesinatos. En junio de ese año, Rader se declaró culpable de los diez homicidios.

Durante la audiencia, describió los crímenes con una frialdad que impresionó a los presentes. Las familias de las víctimas tuvieron la oportunidad de escuchar el reconocimiento judicial de los hechos y expresar el daño que habían sufrido.

El 18 de agosto de 2005, fue condenado a diez penas consecutivas de prisión perpetua, con un mínimo de 175 años antes de poder optar a la libertad condicional. Como los asesinatos se habían cometido cuando Kansas no tenía vigente la pena de muerte, esa sanción no estaba disponible para su caso.

Rader fue enviado a prisión, donde permanece recluido. 

¿Había otros crímenes?

La detención no puso fin a todas las preguntas. Décadas después, investigadores examinaron la posible relación de Rader con otros casos sin resolver.

En 2023, las autoridades lo identificaron como sospechoso principal en la desaparición de Cynthia Kinney, una adolescente de 16 años que desapareció en Oklahoma en 1976. También se investigaron posibles conexiones con otros hechos.

Sin embargo, sospechar no equivale a demostrar culpabilidad. En el caso de Kinney, un fiscal señaló que la evidencia disponible en ese momento era insuficiente para presentar cargos contra Rader por ese hecho. Por ello, esas investigaciones deben distinguirse de los diez asesinatos que confesó y por los que fue condenado. 

La lección de un caso estremecedor

La historia de Dennis Rader dejó una advertencia sobre los peligros de subestimar a un criminal por su apariencia social. Su empleo, su familia y su participación comunitaria no impedían que fuera responsable de una serie de asesinatos.

También demostró que la tecnología puede ayudar a resolver investigaciones que parecían estancadas. El disquete que envió para llamar la atención terminó aportando una pista decisiva para descubrir su identidad.

Pero la historia no debe quedar reducida a la astucia del investigador ni al error del asesino. En el centro estuvieron diez personas asesinadas y familias que soportaron décadas de dolor e incertidumbre.

BTK quería ser recordado por sus crímenes. Lo consiguió, pero no como esperaba: su nombre quedó asociado a una investigación prolongada, a víctimas que merecen ser recordadas y a una condena que lo mantiene apartado de la sociedad.

Durante años creyó que podía controlar el relato y burlarse de las autoridades. Finalmente, su propia necesidad de atención contribuyó a poner fin a su doble vida.

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 27, 2026

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El mapa del poder mundial está cambiando. Durante décadas, Estados Unidos, Rusia, China, Japón y las principales economías europeas ocuparon posiciones centrales en la política internacional, el comercio, la tecnología y la defensa. Sin embargo, el envejecimiento de la población, las deudas públicas, los conflictos militares, las tensiones comerciales y el ascenso de nuevas economías están modificando ese equilibrio.

¿Hay países que dejarán de ser potencias pronto? Es posible que algunos pierdan influencia relativa durante la próxima década, pero perder poder no significa necesariamente dejar de ser una potencia. Un país puede mantener una enorme capacidad militar y, al mismo tiempo, debilitarse económicamente; otro puede perder población, pero conservar su liderazgo tecnológico.

Las siguientes naciones afrontan desafíos importantes. No se trata de predecir una caída inevitable, sino de examinar los factores que podrían reducir su peso internacional.

1. Rusia: una potencia militar bajo presión

Rusia conserva armas nucleares, un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y una enorme capacidad militar. Sin embargo, su posición internacional enfrenta dificultades estructurales.

La guerra contra Ucrania ha exigido enormes recursos humanos, industriales y financieros. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Rusia destinó aproximadamente 190.000 millones de dólares a gastos militares en 2025, equivalentes al 7,5 % de su producto interno bruto.

El gasto militar puede sostener la producción de armamento, pero no garantiza una economía diversificada, mejores servicios públicos ni un crecimiento sostenible. Las sanciones internacionales también dificultan el acceso a determinadas tecnologías y mercados.

¿Puede Rusia dejar de ser una potencia? Es poco probable que pierda pronto su condición de potencia nuclear. El riesgo más plausible es otro: que conserve una enorme capacidad de destrucción, pero tenga menos recursos económicos, tecnológicos y diplomáticos para influir en el mundo.

2. Japón: el gigante que pierde peso relativo

Japón fue durante décadas el símbolo del milagro económico asiático. Sus automóviles, productos electrónicos, industrias de precisión y empresas tecnológicas conquistaron mercados de todo el planeta.

Pero el envejecimiento de su población y la reducción de la fuerza laboral constituyen obstáculos de largo plazo. Una sociedad con menos trabajadores y más jubilados debe afrontar mayores necesidades de atención sanitaria, pensiones y productividad.

Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional difundidas en octubre de 2026, India podría superar a Japón en tamaño económico nominal en 2027, situándolo por detrás de otras grandes economías. Estas posiciones dependen de los tipos de cambio y de las previsiones económicas, por lo que pueden variar.

Japón no está destinado a convertirse en un país irrelevante. Sigue siendo una economía industrial avanzada, posee instituciones sólidas y dispone de conocimientos tecnológicos importantes. Sin embargo, podría perder posiciones en el ranking mundial mientras otras economías crecen más rápidamente.

3. Alemania: problemas para el motor europeo

Alemania construyó su poder internacional sobre las exportaciones, la ingeniería, los automóviles, la maquinaria industrial y su participación en la Unión Europea.

Su modelo económico enfrenta varios desafíos: los costos energéticos, la competencia de fabricantes chinos, la transformación de la industria automotriz y la necesidad de invertir en infraestructura y nuevas tecnologías.

El problema no es que Alemania vaya a dejar de ser rica de repente. Es que podría perder parte de la ventaja industrial que le permitió ejercer una influencia económica extraordinaria en Europa.

El Fondo Monetario Internacional advirtió en octubre de 2026 que el crecimiento de la eurozona continúa siendo moderado y que el envejecimiento demográfico, las necesidades de defensa y las transiciones energéticas pueden agravar las presiones fiscales europeas si no se aplican reformas.

Si Alemania no logra modernizar su industria y recuperar dinamismo, su influencia relativa podría disminuir. Si consigue mejorar la productividad y liderar nuevas tecnologías, también podría renovar su posición.

4. Reino Unido: influencia mundial en transformación

El Reino Unido continúa siendo un actor importante por su sistema financiero, sus universidades, su capacidad militar, sus servicios de inteligencia y su influencia diplomática.

Sin embargo, su salida de la Unión Europea modificó sus relaciones comerciales y políticas con el continente. A eso se suman dificultades de productividad, tensiones fiscales y debates internos sobre el crecimiento económico.

Londres conserva una posición central en las finanzas internacionales, mientras que el país mantiene capacidades militares y diplomáticas considerables. Por eso, hablar de una desaparición inminente de su condición de potencia sería exagerado.

El riesgo está en que otras economías crezcan más rápidamente y atraigan inversiones, talento y nuevas industrias. El Reino Unido podría seguir siendo influyente, pero con una capacidad menor para marcar por sí solo la agenda internacional.

5. Estados Unidos: ¿el principio del fin de su supremacía?

Estados Unidos merece una consideración distinta. Su liderazgo está sometido a competencia, pero no existen pruebas suficientes para afirmar que dejará de ser una potencia en los próximos años.

Mantiene ventajas enormes en tecnología, universidades, mercados financieros, innovación empresarial, energía y capacidad militar. En 2025, su gasto militar alcanzó los 954.000 millones de dólares, aproximadamente un tercio del total mundial, según SIPRI.

Sus vulnerabilidades incluyen la deuda pública, la polarización política, las disputas comerciales y la incertidumbre sobre sus compromisos internacionales. Una pérdida de confianza en sus instituciones o en la estabilidad de sus políticas podría reducir su influencia.

Pero existe una diferencia fundamental entre perder la supremacía absoluta y dejar de ser una potencia. Estados Unidos podría compartir más espacios de liderazgo con China, India y otras economías sin dejar de ocupar una posición central.

6. Francia: una potencia que necesita renovar sus bases

Francia conserva armas nucleares, un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, fuerzas armadas con capacidad de intervención y una extensa red diplomática.

Sus dificultades económicas y fiscales, junto con las tensiones políticas internas, pueden limitar su margen de acción. También debe adaptarse a un entorno europeo en el que la seguridad exige inversiones mayores y una cooperación más estrecha entre países.

No parece probable que Francia pierda pronto su condición de potencia militar y diplomática. El desafío es conservar una influencia acorde con sus ambiciones en un mundo donde Asia gana peso económico y tecnológico.

¿Quiénes podrían ascender mientras otros pierden influencia?

El posible retroceso relativo de algunas potencias coincide con el crecimiento de otras naciones.

• India: cuenta con una población numerosa, un mercado interno amplio y perspectivas de crecimiento económico superiores a las de muchas economías avanzadas. El FMI proyectó un crecimiento del 7 % para 2026.

• China: conserva una enorme base industrial, una capacidad tecnológica creciente y un presupuesto militar muy elevado. En 2025 fue el segundo mayor gastador militar del mundo.

• Brasil: dispone de recursos naturales, agricultura, energía y un mercado interno importante. Las proyecciones del FMI difundidas en octubre de 2026 apuntan a que podría convertirse en la octava economía mundial en 2027, aunque el tamaño del PIB no garantiza por sí mismo influencia geopolítica.

Conclusión: las potencias no desaparecen de un día para otro

En los próximos diez o quince años, Japón podría perder posiciones económicas frente a India; Alemania podría ver debilitada parte de su ventaja industrial; Rusia podría afrontar mayores costos por su estrategia militar, y el Reino Unido y Francia tendrán que adaptar sus economías y capacidades internacionales.

Estados Unidos podría experimentar una reducción de su supremacía relativa, aunque conserva ventajas extraordinarias. Ninguno de estos escenarios constituye un destino inevitable.

La verdadera batalla por el poder mundial será económica, tecnológica, demográfica y política. Las naciones que inviertan en educación, innovación, productividad e infraestructura estarán mejor preparadas para conservar su influencia. Las que dependan exclusivamente de su historia, su arsenal militar o su prestigio pasado corren el riesgo de descubrir que el mundo ha cambiado sin esperarlas.

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 27, 2026

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Nueva York, 1941. En una ciudad acostumbrada a convivir con el delito, una serie de robos y agresiones sexuales comenzó a revelar un patrón inquietante. Un joven que parecía un vagabundo más recorría distintas localidades, se ganaba la confianza de desconocidos y conseguía información que después utilizaba para entrar en viviendas donde había mujeres solas. Su nombre era George Joseph Cvek, un delincuente estadounidense que terminaría condenado a muerte por asesinato.

Aunque a veces se lo podría confundir con un criminal apodado «el sátiro de Nueva York», sus sobrenombres históricos más conocidos fueron «el Bandido de la Aspirina» (The Aspirin Bandit) y «el Asesino Caballeroso» (The Gentleman Killer).

Una juventud marcada por los delitos

Cvek nació en 1917 en Harrisburg, Pensilvania, y creció en una familia que, según los relatos biográficos disponibles, atravesó dificultades. Desde muy joven tuvo problemas de conducta y antecedentes por robos y otros delitos. Pasó por instituciones correccionales y, tras recuperar la libertad, continuó delinquiendo.

A finales de 1939 se trasladó a Nueva York. Allí comenzó una etapa criminal que se extendería durante aproximadamente nueve meses, entre 1940 y comienzos de 1941. Las investigaciones posteriores relacionaron su nombre con numerosos robos y agresiones sexuales en diferentes localidades.

El método de la aspirina

El apodo de Cvek surgió de una estrategia tan sencilla como peligrosa. Según las reconstrucciones históricas, se presentaba ante desconocidos como un hombre necesitado de trabajo y procuraba ganarse su confianza. En ocasiones pedía agua o aspirina, una excusa que le permitía acercarse a las viviendas y obtener información sobre sus habitantes.

Después, regresaba cuando creía que podía encontrar a una mujer sola. Las víctimas denunciaron robos y agresiones sexuales. Su movilidad dificultaba la investigación: los ataques se extendían más allá de una única jurisdicción, por lo que la policía necesitó coordinar información de distintas ciudades y estados.

Las cifras publicadas sobre sus presuntas víctimas varían. Cvek admitió haber agredido sexualmente a otras mujeres, mientras que las autoridades llegaron a investigarlo por una cantidad mucho mayor de ataques. No obstante, las sospechas sobre decenas o más de un centenar de casos no deben confundirse con condenas judiciales individuales.

El asesinato de Catherine «Kitty» Pappas

El caso que terminó por conducirlo ante la Justicia fue el asesinato de Catherine Gouass Pappas, conocida como Kitty, ocurrido el 4 de febrero de 1941 en el Bronx.

Según la confesión atribuida a Cvek, entró en el apartamento de Pappas utilizando como pretexto que conocía a su marido. Una vez dentro, la atacó, la inmovilizó y la estranguló. También se llevó dinero y objetos de valor.

Cuando el esposo regresó, encontró a su mujer muerta. La investigación policial comenzó a reconstruir las últimas horas de la víctima y a buscar rastros que permitieran identificar al responsable.

Una de las pruebas decisivas fue una huella dactilar encontrada en un vaso utilizado durante la visita. La comparación con los registros policiales permitió vincularla con Cvek, quien ya había tenido antecedentes por otros delitos. Los investigadores también reunieron testimonios y pruebas adicionales que lo relacionaban con el homicidio.

Un juicio decisivo

Cvek fue arrestado y acusado del asesinato. Durante el proceso, se retractó de partes de su confesión y negó algunos aspectos de la acusación. Su defensa no logró convencer al jurado.

El 19 de mayo de 1941 fue declarado culpable del asesinato de Pappas. El tribunal le impuso la pena de muerte, que entonces se ejecutaba en el estado de Nueva York mediante la silla eléctrica.

El caso también puso de manifiesto la importancia de la cooperación policial. Los investigadores reunieron denuncias de distintas jurisdicciones y convocaron a mujeres que sobrevivieron a los ataques para que pudieran identificar al sospechoso. El procedimiento permitió reconstruir parte de una actividad criminal que había sido difícil de conectar debido a la dispersión geográfica de los hechos.

La ejecución en Sing Sing

El 26 de febrero de 1942, George Joseph Cvek fue ejecutado en la prisión de Sing Sing, en Ossining, Nueva York, por el asesinato de Pappas. Tenía 24 años.

Su muerte puso fin a su trayectoria criminal conocida, pero no resolvió todas las preguntas sobre la cantidad exacta de mujeres a las que había atacado. Las estimaciones más elevadas difundidas por las autoridades y la prensa de la época deben leerse con cautela, ya que no todas las denuncias terminaron en cargos o condenas.

Un caso que dejó una advertencia

La historia de Cvek revela cómo un delincuente puede utilizar la apariencia de normalidad y la confianza de los demás para ocultar sus intenciones. También muestra los límites de las investigaciones cuando los delitos se cometen en distintas jurisdicciones y las víctimas no siempre conocen la identidad de su agresor.

Su sobrenombre más recordado no fue «el sátiro de Nueva York», sino «el Bandido de la Aspirina». Su condena por el asesinato de Kitty Pappas quedó documentada; el número total de agresiones que se le atribuyeron, en cambio, continúa siendo menos preciso.

El caso permanece como uno de los episodios criminales más inquietantes de la Nueva York de comienzos de la década de 1940: una historia de engaño, violencia, investigación policial y justicia penal en una época muy diferente de la actual.

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 27, 2026

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Piensen en lo que ya tenemos. Su invasión de Irán provocó el bombardeo incesante de Líbano por parte de Israel. Irán luego bombardeó Arabia Saudita, quien bombardeó (primero) Yemen. Turquía y Pakistán firmaron recientemente una alianza de defensa con Riad y ahora planean su entrada en la guerra entre los saudíes y los hutíes.

Rusia y China están ayudando activamente a Irán, lo que, bajo un presidente sensato y que no fuera traidor, habría resultado en al menos unas duras palabras. Sin embargo, Trump les da una bienvenida triunfal antes de mostrarles todo su arsenal.

Tras haber agotado el 80% de nuestros mejores misiles ganando “en la primera hora”, Trump nos ha dejado incapaces de defender a nuestros aliados y, muy posiblemente, a nosotros mismos. Todo esto ahora depende de Rusia y China. Por eso Rusia está jugando con Polonia, y los miembros de la OTAN que no son Estados Unidos se preparan para un ataque ruso.

(Creo que es en ese punto cuando empezamos a llamarlo la Tercera Guerra Mundial).

No he visto pruebas que lo demuestren, pero me sorprendería mucho que China no se replanteara sus opciones respecto a Taiwán, ahora que sabe que Estados Unidos es incapaz —y no está dispuesto— a proteger a sus aliados ni siquiera a cumplir con sus compromisos contractuales.

Todo esto me recuerda a la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo prácticamente se vio envuelto en «la guerra para acabar con todas las guerras».

Este es uno de los muchos problemas de Trump: no considera las consecuencias de sus actos. Y cuando aparecen esas consecuencias, culpa al demócrata más cercano y busca más maneras de sacar provecho personal de su posición.

Así que su estúpida guerra en Irán podría fácilmente conducir a la guerra mundial más estúpida de la historia.

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 28, 2026

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Octubre 27, 2026

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Por Mario Sandoval (2)

La evolución política contemporánea registra una mutación institucional tan silenciosa como radical: el tránsito progresivo y subrepticio desde el Estado de derecho hacia el Estado de impunidad. En el modelo clásico del Estado de derecho, las instituciones, organizadas bajo la estricta tripartición de poderes, el principio de legalidad formal y material, la irretroactividad de la ley penal, la presunción de inocencia y la interdicción de la arbitrariedad, cumplían un rol fundamental: limitar el poder del soberano y garantizar un marco de previsibilidad y justicia universal para todos los ciudadanos sin distinción. El juez figuraba como un tercero imparcial, aquella tradicional “boca que pronuncia las palabras de la ley”, limitado estrictamente por el ordenamiento positivo y obligado a motivar sus fallos con base en pruebas objetivas y universales.

Estas garantías y parámetros normativos no constituyen meros enunciados teóricos; se hallan ratificados en instrumentos internacionales de máxima jerarquía, como la Lista de Criterios del Estado de Derecho de la Comisión de Venecia, documento de referencia internacional del cual la República Argentina es Estado observador y signatario comprometiéndose a su observancia.

Sin embargo, el vaciamiento sistemático de este modelo da lugar a una configuración diametralmente opuesta: el Estado de impunidad. En este nuevo estadio, los gobiernos y las estructuras de poder se empeñan en negar su verdadera naturaleza, aferrándose cínicamente a la retórica formal de la legalidad, ficticiamente “argumentando ser un Estado de derecho”, para encubrir una realidad de impunidad institucionalizada y planificada como política activa de Estado. Esta contradicción no es un simple accidente burocrático o un déficit funcional, sino una inversión estructural deliberada.

En este engranaje, la ley, los fallos judiciales y la propia administración de justicia se convierten en la impunidad misma. Los jueces y tribunales se transforman en los representantes más prestigiosos de este sistema de dominación, precisamente porque detentan el monopolio de la coacción y la fuerza de ley. Al cooptar el aparato jurisdiccional, el poder político logra la paradoja definitiva: utilizar la fuerza legítima del Estado para consagrar la selectividad, validar la transgresión y otorgar un barniz de respetabilidad institucional a la arbitrariedad, consumando así el tránsito donde la norma ya no limita al poder, sino que legaliza y perpetúa su impunidad.

Recordando que, en su dimensión jurídica tradicional, la impunidad denota la ausencia de responsabilidad y sanción ante la transgresión de las normas. Sin embargo, en el plano filosófico y político, su comprensión exige remontarse al dilema fundacional del mito del Anillo de Giges expuesto por Glaucon, donde se postula que el individuo y el poder solo respetan la justicia ante el temor ineludible al castigo.

Cuando la teoría de la impunidad estructural de Yoesoep Edhie Rachmad y los aportes de Maxim Pensky sobre la posimpunidad y la justicia transicional se cruzan con las tesis del totalitarismo invertido de Sheldon Wolin y la nomocracia invertida, el fenómeno adquiere su dimensión definitiva: la impunidad ya no es un vacío normativo fortuito ni un accidente procesal. Está totalmente planificada, codificada y posee un carácter estructural. Es la legalización de la impunidad misma, operando bajo la premisa de que la impunidad no viola la ley: la impunidad es la ley.

Confirmando que, históricamente, el transgresor buscaba el anonimato; hoy, en cambio, la impunidad se exhibe como un acto de coraje y valor moral positivo. Esta transformación responde a una mutación ontológica: la impunidad es una política de Estado visible y pública.

El infractor que porta la impunidad institucional no experimenta culpa porque comete sus actos con la certeza de que están validados de antemano por el gobierno, los aparatos judiciales cooptados y los diversos actores corporativos. Este portador funciona como el alter ego, el “otro yo” que pasó al acto en representación de sectores interesados de la sociedad que anhelan la transgresión de los límites constitucionales pero que no pueden ejecutarla por sí mismos. La inmoralidad se convierte así en una conducta honorable.

Observando que, epistemológicamente, esta inversión axiológica se sostiene sobre el colapso absoluto de los frenos morales, judiciales y convencionales. Los conceptos universales que otrora limitaban el poder, tales como los Derechos Humanos o la lucha contra el negacionismo, han sido vaciados de su vocación garantista original para ser convertidos en herramientas de exclusión sectaria. Se desata una competición descarnada entre tribunales, militancias, ONGs y medios de comunicación por ostentar la exclusividad de la “virtud”, transformando la ley en un instrumento de facción donde la arbitrariedad del bloque hegemónico se celebra como un bien social indispensable.

Dentro de esta dinámica, la disciplina social se vuelve inquisitorial y opera mediante las técnicas más sutiles de la psicología social. Todo periodista, artista o militante que no exprese pública y firmemente un discurso de repudio violento y descalificador contra los ex agentes del Estado de los 70, incurriendo en la paradoja de violar los mismos Derechos Humanos que pregona defender, es marginado de inmediato por la ingeniería del sistema y por quienes se erigen en los nuevos pontífices de la honestidad. Quien no se adecue a esta exigencia es estigmatizado bajo la acusación de proteger a los imputados.

Aquí cobra pleno sentido la paradoja del sujeto libremente obligado, articulada por la teoría de la sumisión libremente consentida. El sistema de manipulación social de masas no recurre únicamente a la coerción explícita, sino que induce al individuo a creer que actúa por convicción íntima y libre elección. Al verse sometido a esta presión ambiental, el cerebro busca coherencia interna y necesidad de autojustificación: el ciudadano, el intelectual o el comunicador adoptan la narrativa oficial no como un mandato impuesto, sino como una “elección moral propia”. Esta ilusión de libertad garantiza un compromiso mucho más tenaz y duradero con el relato hegemónico, transformando la obediencia en un requisito de estatus, reconocimiento social y aceptación en la arena mediática y civil.

Afirmando que, este andamiaje teórico evidencia que los procesos judiciales contemporáneos llevados a cabo contra los ex agentes del Estado de la década de 1970, quienes en su momento enfrentaron a los grupos armados que intentaron tomar el poder por las armas y la violencia, atacando las instituciones y vulnerando los derechos fundamentales, no responden a los principios del derecho penal liberal, imparcial y universal formulados por Luigi Ferrajoli.

Por el contrario, operan bajo los parámetros de una nomocracia invertida: la legalidad formal se utiliza para subvertir la justicia. Los jueces, fiscales y operadores que impulsan estas causas desoyen deliberadamente los principios elementales de legalidad, irretroactividad y debido proceso, amparados en una impunidad codificada que les permite deshumanizar y despojar de su reconocimiento como personas a los acusados, reduciéndolos a blancos políticos desprovistos de derechos.

Constatando que, en este contexto, se instaura un verdadero gobierno de la impunidad: una modalidad de ejercicio del poder donde aquellos actores que pregonan combatir la impunidad terminan violando los derechos humanos de terceros en absoluta impunidad.

Bajo la coartada discursiva de perseguir crímenes del pasado, estos operadores estatales y paraestatales vulneran garantías fundamentales, imponen detenciones arbitrarias y aplican la muerte civil a disidentes y acusados sin rendir cuentas. La paradoja radical de este totalitarismo invertido radica en que la transgresión flagrante de los derechos de los investigados y de su entorno se ejecuta con la cobertura institucional y mediática, convirtiendo la violación de las normas en el método mismo de sostenimiento del régimen, en una dinámica de distinción amigo-enemigo propia de la definición de lo político según Carl Schmitt.

Por esa conducta, se blinda a los actores del presente que violan garantías constitucionales y fabrican relatos absolutos, autoproclamándose salvadores de la moral pública. Lo mas grave es que todo aquel que disienta, cuestione el carácter selectivo de estos juicios o demande el respeto irrestricto de las normas para los exagentes estatales es descalificado automáticamente y condenado al ostracismo social y a una muerte civil permanente.

Discutir la base jurídica de estos procesos o recordar que el Estado debió hacer frente a una agresión armada que pretendió subvertir el orden constitucional es catalogado falazmente como “defensa de la impunidad”. Sin embargo, lo que se encubre bajo esa retórica es el triunfo consumado de la impunidad planificada, la cual utiliza el caparazón formal de la justicia para consagrar la venganza política como valor supremo de la sociedad.

CONCLUSIÓN

La impunidad contemporánea ha mutado de vicio oculto a virtud pública, consolidándose a través del totalitarismo invertido y la nomocracia invertida como una arquitectura estructural perfectamente planificada y codificada: la impunidad ya no viola la ley; la impunidad es la ley.

Al amparo de un aparato estatal que la promueve y de sectores sociales que la convalidan, la transgresión institucionalizada se ha erigido en el motor de una nueva moralidad política. En el terreno de los juicios contra los ex agentes estatales de la década de 1970, esta dinámica se manifiesta con singular crudeza: el derecho penal se convierte en un instrumento de exclusión, la ley se subvierte desde su propia forma y la impunidad actúa como un operador omnipresente que deshumaniza al adversario, transformando la arbitrariedad y la violación sistemática de garantías constitucionales en estandartes de honor de un orden institucional despojado de toda justicia material.

Pese a los ataques ad hominem de valientes anónimos, yo elegí defender el Estado de Derecho, sin especulaciones dogmáticas ni condicionamientos políticos o ideológicos; los adeptos a la nomocracia invertida, no.

Prof. Mario Sandoval                                                                                                                          

Presidente Casppa-France                                                                                                             

Campo de Mayo, ARGENTINA.

1- Nomocracia invertida: Concepto que define la subversión estructural del “gobierno de las leyes” (nomos), en el cual el aparato legal, los procedimientos judiciales y el lenguaje del derecho formal ya no se emplean para limitar el poder ni para garantizar la justicia, sino para codificar el arbitrio, consagrar la selectividad penal y otorgar apariencia de legalidad a la violación sistemática de los derechos del adversario.

2-Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía, habiendo ocupado funciones en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional, en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica. Detenido arbitrariamente por la Argentina, actualmente privado de libertad en la prisión de alta seguridad de la U34 del SPF. Presidente de Casppa-France.

3- Comisión de Venecia, fundada en 1990, oficialmente conocida como la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, es el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional.

4 – Platón. La República (Libro II, el Mito del Anillo de Giges). Madrid: Gredos, 2010.

5-Rachmad, Yoesoep Edhie. Teoría de la Impunidad y Dinámicas del Poder Institucional. (Análisis sobre la reproducción sistémica, codificación y planificación estructural de la impunidad en las instituciones públicas, 2018

6-Pensky, Maxim. The Ends of Solidarity: Discourse Theory in Ethics and Politics. New York: State University of New York Press, 2008. (Véase sus análisis específicos sobre la impunidad, la posimpunidad y los dilemas ético-políticos de los procesos transicionales, como en el caso colombiano.

7-Wolin, Sheldon S. Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism. Princeton: Princeton University Press, 2008. Totalitarismo Invertido : Describe un sistema político donde las corporaciones y los poderes económicos ejercen un control sutil, pero absoluto, sobre un Estado que superficialmente sigue pareciendo una democracia.

8-Joule, Robert-Vincent y Beauvois, Jean-Léon. Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens. París: Presses Universitaires de France, 1987 (sobre la teoría de la soumission librement consentie y el mecanismo del sujeto libremente obligado en la psicología social)

9-Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Editorial Trotta, 1995.

10-Schmitt, Carl. El concepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial, 2002.

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Octubre 27, 2026