El kirchnerismo, a través del Senador por Chubut Alfredo Luenzo, acaba de presentar un proyecto de ley, girado a la Comisión de Justicia, que establece sanciones penales a quienes tengan “conductas negacionistas y/o apologistas del genocidio y crímenes de lesa humanidad”.
En línea con la ley sancionada en la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, este proyecto pretende imponer un pensamiento único y obligar a mentir, amenazando con pena de prisión e inhabilitación para quienes se atrevan a decir la verdad, sustentada en los tres registros oficiales, de los que surge que los desaparecidos por la represión durante la guerra contra el terrorismo subversivo de los 70 no fueron 30.000. Los informes tanto de la CONADEP en 1984, como la Secretaría de DDHH en 2006 y el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, detallan respectivamente que hubo 8.961, 8.368 y 8631 casos.
Estos registros desmienten el relato, que todos saben, se originó en Holanda cuando las Madres de Plaza de Mayo fueron a Europa a recaudar dinero y, aconsejadas por el ex montonero Luis Labraña, debían sostener que la cifra debía ser 30.000, para que se pudiese consolidar la figura de “genocidio” y obtener mejores resultados económicos. “Miente, miente que algo queda”, de este modo las organizaciones de DDHH y sus aliados políticos han instalado este número como principio dogmático, amparado, nada menos, que por una “ley mordaza”.
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El kirchnerismo, a través del Senador por Chubut Alfredo Luenzo, acaba de presentar un proyecto de ley, girado a la Comisión de Justicia, que establece sanciones penales a quienes tengan “conductas negacionistas y/o apologistas del genocidio y crímenes de lesa humanidad”.
En línea con la ley sancionada en la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, este proyecto pretende imponer un pensamiento único y obligar a mentir, amenazando con pena de prisión e inhabilitación para quienes se atrevan a decir la verdad, sustentada en los tres registros oficiales, de los que surge que los desaparecidos por la represión durante la guerra contra el terrorismo subversivo de los 70 no fueron 30.000. Los informes tanto de la CONADEP en 1984, como la Secretaría de DDHH en 2006 y el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, detallan respectivamente que hubo 8.961, 8.368 y 8631 casos.
Estos registros desmienten el relato, que todos saben, se originó en Holanda cuando las Madres de Plaza de Mayo fueron a Europa a recaudar dinero y, aconsejadas por el ex montonero Luis Labraña, debían sostener que la cifra debía ser 30.000, para que se pudiese consolidar la figura de “genocidio” y obtener mejores resultados económicos. “Miente, miente que algo queda”, de este modo las organizaciones de DDHH y sus aliados políticos han instalado este número como principio dogmático, amparado, nada menos, que por una “ley mordaza”.
Carlos Bosch, Secretario
Alberto Solanet, Presidente
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 29, 2021