La querella de la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan, que desapareció y se hundió a fines de 2019 con 44 tripulantes a bordo, solicitó la detención y la declaración en rebeldía del expresidente argentino Mauricio Macri por no acudir a los citatorios emitidos por el juez Martín Bava.

“Si Macri no es conducido por la fuerza pública, si no se hace efectiva la previsión de detención, estaremos frente a una nueva ofensa no solo a los familiares sino al pueblo argentino todo, que no pide cárcel ni sangre, solo pide justicia”, señaló el escrito presentado este miércoles por Valeria Carreras, abogada de las víctimas.

Macri fue citado a declarar primero el 7 de octubre, ya que está imputado como responsable del espionaje que padecieron los familiares de los tripulantes del submarino de la Armada argentina, y que el año pasado fue denunciado por el Gobierno de Alberto Fernández gracias al hallazgo de pruebas en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En ese momento, el expresidente se encontraba en el extranjero, así que el juez aceptó postergar la indagatoria para el 20 de octubre, pero ayer, apenas volver al país, Macri advirtió que no acudiría hoy a la cita judicial, por lo que la querella exigió la detención por entorpecer la investigación al postergar dos veces su presentación judicial.

“El imputado Macri fue notificado, fue beneficiado con la primer prórroga y nueva fecha, utilizó los plazos al límite para estirar el trámite de la causa, que a pesar de las declaraciones públicas propias como las de su defensor, no realizó ninguna presentación espontánea para dar señales de su voluntad de ponerse a derecho, de su voluntad de cumplir con sus obligaciones”, acusó la abogada.

También advirtió que Macri ostenta un poder del que carecen las familias de la tripulación del submarino, que lo único que piden es que la Justicia sea igual para todos.

“Caso contrario la maldición de la impunidad se lo viciará todo, y la causa se perderá en un laberinto de papeles y tiempo, en donde el único que ganará será el expresidente”, añadió.

El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan dejó de tener contacto mientras se ubicaba a 430 kilómetros de la costa argentina.

Dos semanas más tarde, el Gobierno macrista dio por finalizada la búsqueda a pesar de que la nave no se había encontrado y en medio de los reclamos de los familiares, que esperaban que hubiera sobrevivientes.

En agosto de 2018, es decir, nueve meses después de la desaparición, el Gobierno contrató a la firma Ocean Infinity para reiniciar la búsqueda a cambio de un pago de 7,5 millones de dólares que solo se haría efectivo si hallaba al submarino, lo que la empresa logró el 17 de noviembre, justo un año después de la desaparición.

La tensión entre el Gobierno y los familiares fue permanente. Desde el principio hubo declaraciones desafortunadas de funcionarios macristas y acusaciones de los familiares por maltratos, presunta corrupción y negligencia en el operativo de búsqueda, ya que el submarino se encontró muy cerca del lugar en donde había desaparecido.

El año pasado, el caso se agravó cuando el Gobierno de Alberto Fernández reveló que se habían encontrado pruebas de que los familiares de los tripulantes habían sido espiados de manera ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia, por lo que ya fueron imputados Macri; el extitular del organismo, Gustavo Arribas, y la exdirectora, Silvia Majdalani.