Argentina se abstuvo de una votación de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigiendo “la liberación inmediata” de los opositores al régimen de Daniel Ortega detenidos en Nicaragua antes de las elecciones de noviembre. El llamado a la atención se resolvió con el apoyo de 26 votos a favor, es decir, el grueso de los países miembros del organismo multilateral. Argentina no formó parte de ese grupo y sumó una de las siete abstenciones que evitaron pronunciarse a favor del reclamo contra el gobierno del país caribeño. El único ausente fue Nicaragua, protagonista de la tensión política.
Fuentes de la Cancillería señalaron a Infobae que la abstención de Argentina corresponde a que el Consejo Permanente de la OEA hizo una “apresurada consideración” de este tema que “resulta inapropiado e inoportuno”, por la proximidad de las elecciones en Nicaragua -que se realizarán el 11 de noviembre y “la inminente celebración del 51º Período de Sesiones de la Asamblea General de la OEA” programada para los días 10 y 12 de noviembre, donde se debatirá la situación de Nicaragua como punto de la agenda. Esta es la segunda resolución que aprueba la OEA para insistir en que Nicaragua libere a candidatos presidenciales y presos políticos, urgiéndola a iniciar reformas electorales. El cargo es una advertencia sobre el deterioro de la situación de los derechos políticos en el país. Una vez más, la Casa Rosada compartió su voto de abstención con Belice, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Honduras y México. Sus socios del Mercosur favorecieron la afirmativa: Brasil, Uruguay y Paraguay condenaron el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. La última de las sentencias había sido en junio pasado, cuando la OEA resolvió “reiterar su llamado a la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y presos políticos”, en un texto que contó con el apoyo de 26 de los 34 miembros activos del bloque regional. y siete abstenciones, incluidas las de las delegaciones de Argentina, Bolivia y México. En el texto, el organismo expresó su “grave preocupación” por el hecho de que Nicaragua haya ignorado los esfuerzos del Consejo Permanente de la OEA para comprometerse a realizar elecciones “libres y justas”. Además, el bloque resuelve “instar con vehemencia al Gobierno de Nicaragua a implementar sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana, así como todos los estándares reconocidos internacionalmente” a fin de garantizar una competencia electoral “creíble”, y bajo observación internacional.
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En esta línea, Estados Unidos y otros países habían declarado que las elecciones de noviembre en Nicaragua “han perdido toda credibilidad” por la exclusión de los partidos de oposición en el proceso electoral y el encarcelamiento de varios líderes que intentaron desafiar al presidente Daniel Ortega por el poder.
En el juego electoral, había grupos minoritarios y una alianza oficial encabezada por el gobernante Frente Sandinista, que controla el Tribunal Electoral y todos los poderes del Estado. En este contexto, el gobierno de Alberto Fernández remarcó a través de un comunicado oficial que “más allá de estar de acuerdo con algunas de las valoraciones contenidas en el proyecto”, refiriéndose a las denuncias y reclamos expresados por la OEA, Argentina finalmente optó por la abstención. La posición de la diplomacia local no suele dudar en pronunciarse sobre los asuntos internos de otros países, cuando están en juego intereses regionales que favorecen la estrategia del Frente de Todos. Ocurrió en hechos como el reconocimiento del presidente demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, antes de que se resolvieran los desafíos promovidos por Donald Trump; la solicitud de liberación del expresidente Lula da Silva o el apoyo al peruano Pedro Castillo cuando el proceso electoral estaba abierto. En el caso de Nicaragua, la gestión diplomática oscila entre la condena explícita a la represión política y las violaciones a los derechos humanos, y una mirada política compartida con sus aliados inmediatos -entre ellos México, Bolivia y Venezuela- que la alejan de Washington y del resto de la región. .
Mientras tanto, la presión internacional crece como un rayo sobre el gobierno sandinista. El mes pasado, la Unión Europea impuso sanciones a la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y a otros siete funcionarios acusados de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia. Estados Unidos también emitió medidas contra funcionarios y colaboradores cercanos de Ortega.
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Argentina se abstuvo de una votación de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigiendo “la liberación inmediata” de los opositores al régimen de Daniel Ortega detenidos en Nicaragua antes de las elecciones de noviembre. El llamado a la atención se resolvió con el apoyo de 26 votos a favor, es decir, el grueso de los países miembros del organismo multilateral. Argentina no formó parte de ese grupo y sumó una de las siete abstenciones que evitaron pronunciarse a favor del reclamo contra el gobierno del país caribeño. El único ausente fue Nicaragua, protagonista de la tensión política.
Fuentes de la Cancillería señalaron a Infobae que la abstención de Argentina corresponde a que el Consejo Permanente de la OEA hizo una “apresurada consideración” de este tema que “resulta inapropiado e inoportuno”, por la proximidad de las elecciones en Nicaragua -que se realizarán el 11 de noviembre y “la inminente celebración del 51º Período de Sesiones de la Asamblea General de la OEA” programada para los días 10 y 12 de noviembre, donde se debatirá la situación de Nicaragua como punto de la agenda. Esta es la segunda resolución que aprueba la OEA para insistir en que Nicaragua libere a candidatos presidenciales y presos políticos, urgiéndola a iniciar reformas electorales. El cargo es una advertencia sobre el deterioro de la situación de los derechos políticos en el país. Una vez más, la Casa Rosada compartió su voto de abstención con Belice, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Honduras y México. Sus socios del Mercosur favorecieron la afirmativa: Brasil, Uruguay y Paraguay condenaron el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. La última de las sentencias había sido en junio pasado, cuando la OEA resolvió “reiterar su llamado a la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y presos políticos”, en un texto que contó con el apoyo de 26 de los 34 miembros activos del bloque regional. y siete abstenciones, incluidas las de las delegaciones de Argentina, Bolivia y México. En el texto, el organismo expresó su “grave preocupación” por el hecho de que Nicaragua haya ignorado los esfuerzos del Consejo Permanente de la OEA para comprometerse a realizar elecciones “libres y justas”. Además, el bloque resuelve “instar con vehemencia al Gobierno de Nicaragua a implementar sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana, así como todos los estándares reconocidos internacionalmente” a fin de garantizar una competencia electoral “creíble”, y bajo observación internacional.
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[/ezcol_1half_end]En esta línea, Estados Unidos y otros países habían declarado que las elecciones de noviembre en Nicaragua “han perdido toda credibilidad” por la exclusión de los partidos de oposición en el proceso electoral y el encarcelamiento de varios líderes que intentaron desafiar al presidente Daniel Ortega por el poder.
En el juego electoral, había grupos minoritarios y una alianza oficial encabezada por el gobernante Frente Sandinista, que controla el Tribunal Electoral y todos los poderes del Estado. En este contexto, el gobierno de Alberto Fernández remarcó a través de un comunicado oficial que “más allá de estar de acuerdo con algunas de las valoraciones contenidas en el proyecto”, refiriéndose a las denuncias y reclamos expresados por la OEA, Argentina finalmente optó por la abstención. La posición de la diplomacia local no suele dudar en pronunciarse sobre los asuntos internos de otros países, cuando están en juego intereses regionales que favorecen la estrategia del Frente de Todos. Ocurrió en hechos como el reconocimiento del presidente demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, antes de que se resolvieran los desafíos promovidos por Donald Trump; la solicitud de liberación del expresidente Lula da Silva o el apoyo al peruano Pedro Castillo cuando el proceso electoral estaba abierto. En el caso de Nicaragua, la gestión diplomática oscila entre la condena explícita a la represión política y las violaciones a los derechos humanos, y una mirada política compartida con sus aliados inmediatos -entre ellos México, Bolivia y Venezuela- que la alejan de Washington y del resto de la región. .
Mientras tanto, la presión internacional crece como un rayo sobre el gobierno sandinista. El mes pasado, la Unión Europea impuso sanciones a la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y a otros siete funcionarios acusados de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia. Estados Unidos también emitió medidas contra funcionarios y colaboradores cercanos de Ortega.
PrisioneroEnArgentina.com
Octure 21, 2021