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El Gobierno de Escocia afronta duras críticas por su encuesta de salud y bienestar que contiene preguntas para los alumnos, algunos de los cuales tienen solo 14 años, sobre sus actividades sexuales. Formalmente, el cuestionario que el Gobierno quiere distribuir en los colegios del país se lleva a cabo “únicamente con fines estadísticos y de investigación”, pero se teme que la recopilación de datos tan sensibles no sea estrictamente confidencial como aseguran los autores de la iniciativa.

Los padres de los menores y defensores de derechos de los jóvenes también han expresado su indignación sobre el contenido de la encuesta. “Las personas tienen distintos grados de experiencia sexual. ¿Cuánta experiencia sexual has tenido, en el caso de que la hayas tenido?” es una de las preguntas, que prevé respuestas igual de polémicas: “sexo oral”, “sexo vaginal o anal”.

También se pregunta con cuántas personas los alumnos han mantenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses. Asimismo, el Gobierno básicamente pide a los niños confesar, y con lujo de detalles, si han violado la ley y qué actos ilegales han cometido.

El cuestionario ya ha sido repartido entre los alumnos de escuelas secundarias de Escocia en 11 de las 32 autoridades locales, mientras que las 14 restantes se han negado a distribuir la encuesta y algunas otras partes del país insisten en que el Gobierno primero debe introducir cambios en la sección sobre la salud sexual.

Se supone que a la información personal de los encuestados solo tendrá acceso un pequeño grupo de analistas y equipo informático de cada autoridad local que no deberán mencionar los nombres a la hora de procesar los resultados. Sin embargo, también hay un detalle que pone en entredicho la confidencialidad del proceso: si estas personas “ven algo en las respuestas proporcionadas por algunos niños y jóvenes que suscite cierta preocupación, es posible que tengan que hacer algo para ayudar a estas personas”.

“Esta sería la única ocasión en la que se buscaría la identidad de niños y jóvenes, identificando a estos individuos a partir de una base de datos separada que contiene los nombres de los niños y jóvenes junto con su número de identidad escocés, y a la que la autoridad local también tiene acceso”, indicó el Gobierno, precisando que “esto no debería ocurrir muy a menudo, por lo cual es muy poco probable que alguien se ponga en contacto con los niños, jóvenes o sus familias”.

El Consejo de Edimburgo, cuyas autoridades suspendieron la difusión de la polémica encuesta, cuestionó si hacer este tipo de preguntas sobre la vida sexual de los menores “responde a los mejores intereses de los jóvenes, que pueden sentir una presión adicional sobre si deben tener una relación y/o ser sexualmente activos” y sostuvo que la encuesta puede fomentar acoso en los entornos escolares.

Entretanto, el Gobierno escocés no planea retirar la iniciativa e insiste en que esta cumple con el Reglamento General de Protección de Datos del Reino Unido. De momento, las quejas sobre la polémica encuesta gubernamental están bajo la investigación de los reguladores de privacidad de la Oficina del Comisionado de Información.