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Durante la presidencia de Jair Messias Bolsonaro, en Brasil se profundizó la emergencia alimentaria, aumentaron la pobreza y la inflación, se redujo el desempleo y la economía sufrió el impacto negativo provocado por la pandemia, que dejó más de 600.000 muertos en el país.

Este es parte del saldo que ha dejado hasta el momento la gestión del militar retirado, que asumió el 1 de enero de 2019 y que el próximo domingo buscará la reelección, aunque las encuestas coinciden en anticipar el triunfo de su rival, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en primera vuelta.

Durante sus dos gobiernos (2003-2010), los programas económicos y sociales aplicados por Lula sacaron de la pobreza a más de 30 millones de brasileños, dato que es uno de los principales baluartes de su quinta campaña presidencial.

Como resultado de esas políticas, Brasil fue sacado en 2014 del Mapa Mundial del Hambre, que anualmente realiza la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que analiza el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición. Pero ahora, ya con Bolsonaro como presidente, el país volvió a la indeseable lista de países con crisis alimentaria.

El retroceso significa que, hoy, alrededor de 33,1 millones de brasileños (15 % de la población) padecen hambre. Representa un aumento del 73 % en los últimos dos años. De ellos, 3,9 millones enfrentan condiciones de gravedad ya que se quedan por completo sin comida durante un día o más.

Además, el número de brasileños que padeció algún tipo de inseguridad alimentaria es mucho más alto: superó los 60 millones. Esto implica que uno de cada tres ciudadanos pasa problemas para poder comer.

En octubre de 2021, Bolsonaro anunció el fin de Bolsa Familia, uno de los icónicos programas sociales creados bajo la presidencia de Lula y que permitía que alrededor de 15 millones de brasileños recibieran transferencias de ingresos por parte del Estado que ayudaron a reducir en un 10 % la desigualdad en el país sudamericano.

Los beneficios de este programa fueron reconocidos por organismos internacionales y fue uno de los motivos que permitió que la FAO sacara a Brasil del Mapa del Hambre.

A cambio, Bolsonaro creó el programa Auxilio Brasil, también basado en transferencia de ingresos, pero que ha sido insuficiente para paliar la pobreza y enfrentar el impacto de la crisis internacional provocada por la pandemia que, a su vez, repercutió en un grave retroceso de indicadores sociales en toda América Latina.

Según un informe publicado en julio por el Centro de Estudios Económicos Fundación Getúlio Vargas (FGV), entre 2019 y 2021 (los primeros tres años de Gobierno de Bolsonaro) hubo 9,6 millones de “nuevos pobres”.

Así, para fines del año pasado 62,9 millones de brasileños (29,6 % de la población), vivía en condiciones de pobreza. Las expectativas de mejorar las condiciones sociales en el corto plazo no son optimistas.

“La pobreza nunca ha sido más alta en Brasil que en 2021, desde el comienzo de la serie histórica en 2012, haciendo una década perdida”, advirtió Marcelo Neri, director de FGV Social.

En agosto, el diario Fohla de Sao Paulo publicó una investigación que reveló que en los grandes centros urbanos del país hay 19,8 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. Alcanzan al 23,7 % de la población, lo que es un dato alarmante ya que en los últimos 10 años no se había superado el 20 %.

Esta semana, el matutino publicó otro estudio más específico, realizada por el laboratorio de estudios creado por la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, y que reveló que la pobreza infantil alcanzó niveles récord en Brasil en 2021, como reflejo de la crisis social intensificada por la pandemia.

De esta forma, el 44,7 % de los niños menores de seis años viven en hogares pobres. Es el peor nivel en la última década.

La inflación ha registrado una desaceleración en los últimos meses y hasta agosto había acumulado un 4,4 %.

Sin embargo, el balance general es negativo para Bolsonaro. En 2019, su primer año de Gobierno, la inflación fue del 4,3 %, mayor que el 3,7 % con el que había cerrado en 2018. Para 2020, la tendencia creciente continuó hasta alcanzar el 4,5 %, pero en 2021 se disparó hasta el 10,6 %.

Para 2022, el Banco Central de Brasil espera una tasa inflacionaria del 7,1 %. De todas formas, Bolsonaro presume que es una de las tasas de inflación más bajas del mundo.

Con respecto al desempleo, el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) reportó en julio que en el país hay 9,9 millones de personas desocupadas. Representan el 9,1 % de la población económicamente activa. 

También es una mejora estadística, ya que en los primeros tres años de Gobierno de Bolsonaro el desempleo había crecido del 11,9 % al 13,2 %.

El dato negativo, sin embargo, es que el 39,8 % de la población económicamente activa (13,1 millones de personas) se desempeña en el mercado informal, lo que implica que no se ha generado trabajo de calidad.

Al igual que en otros rubros, Lula puede presumir un mejor desempeño, ya que cuando dejó el Gobierno, en 2010, el desempleo en Brasil era de 6,7 %. Además, durante los ocho años de su presidencia, la economía creció en un 4 % anual (el récord fue el 7,5 % en 2010).

Bolsonaro, en cambio, recibió una economía estancada que en 2018 apenas si había crecido un 1,1 %. En 2019, su primer año de gestión, mantuvo ese nivel, pero en 2020 entró en recesión al desplomarse un 4,1 %.

El Producto Interno Bruto recién comenzó a recuperarse en 2021, con un aumento del 4,6 %, pero este año se desaceleró y se estima que cerrará con un crecimiento del 2,5 %.