Ken Paxton, fiscal general de Texas, ha presentado una demanda contra el presidente estadounidense, Joe Biden, por firmar el paquete de financiación del Gobierno federal del año pasado —1,7 billones de dólares destinados a financiar programas federales para el resto del año fiscal—, que considera que fue aprobado ilegalmente por el Congreso.
En la demanda presentada este miércoles ante un tribunal federal de la ciudad de Lubbock, Paxton esgrime que la Cámara de Representantes de EE.UU. requiere una mayoría física de sus miembros para aprobar una ley. Sin embargo, más de la mitad votó a distancia, ya que solo 201 miembros estaban en la cámara para la votación del pasado 23 de diciembre. La mayoría de los demás miembros habían regresado a sus distritos por el receso de vacaciones.
PaxtonBiden
Los representantes pudieron votar por delegación en virtud de las normas promulgadas por la entonces presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, como parte de medidas para hacer frente a la propagación de covid-19.
El paquete incluye 1,7 billones de dólares en asignaciones, incluido un mayor financiamiento para Ucrania, el Departamento de Defensa y el cuidado de los veteranos. El paquete tuvo un amplio apoyo bipartidista en el Senado, pero enfrentó una feroz oposición de los republicanos en la Cámara. La representante estadounidense Kay Granger, la principal republicana en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, se expresó especialmente en su oposición al aumento del 22 % en la financiación de programas no discrecionales que no son de defensa.
Desde que tomaron el control de la cámara baja, los republicanos de la Cámara de Representantes han estado tratando de frenar la financiación federal, utilizando el techo de la deuda para hacer que los demócratas adopten sus planes. Un puñado de tejanos se han convertido en voces destacadas en el esfuerzo, incluido el presidente de presupuesto de la Cámara de Representantes, Jodey Arrington, republicano por Lubbock, y el representante Chip Roy, republicano por Austin.
Paxton también afirma que el paquete impone una carga indebida al estado a través de disposiciones diseñadas para proteger a las trabajadoras embarazadas, incluidas las empleadas estatales. El paquete requiere que los empleadores hagan “adaptaciones razonables” relacionadas con el embarazo y el parto y permite a los empleados demandar si sus empleadores no cumplen.
Paxton argumenta que la disposición es innecesaria porque Texas ya ofrece a las empleadas estatales embarazadas adaptaciones razonables y que el gobierno federal no tiene la autoridad constitucional para exponer el estado a demandas por adaptaciones durante el embarazo.
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Ken Paxton, fiscal general de Texas, ha presentado una demanda contra el presidente estadounidense, Joe Biden, por firmar el paquete de financiación del Gobierno federal del año pasado —1,7 billones de dólares destinados a financiar programas federales para el resto del año fiscal—, que considera que fue aprobado ilegalmente por el Congreso.
En la demanda presentada este miércoles ante un tribunal federal de la ciudad de Lubbock, Paxton esgrime que la Cámara de Representantes de EE.UU. requiere una mayoría física de sus miembros para aprobar una ley. Sin embargo, más de la mitad votó a distancia, ya que solo 201 miembros estaban en la cámara para la votación del pasado 23 de diciembre. La mayoría de los demás miembros habían regresado a sus distritos por el receso de vacaciones.
Los representantes pudieron votar por delegación en virtud de las normas promulgadas por la entonces presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, como parte de medidas para hacer frente a la propagación de covid-19.
El paquete incluye 1,7 billones de dólares en asignaciones, incluido un mayor financiamiento para Ucrania, el Departamento de Defensa y el cuidado de los veteranos. El paquete tuvo un amplio apoyo bipartidista en el Senado, pero enfrentó una feroz oposición de los republicanos en la Cámara. La representante estadounidense Kay Granger, la principal republicana en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, se expresó especialmente en su oposición al aumento del 22 % en la financiación de programas no discrecionales que no son de defensa.
Desde que tomaron el control de la cámara baja, los republicanos de la Cámara de Representantes han estado tratando de frenar la financiación federal, utilizando el techo de la deuda para hacer que los demócratas adopten sus planes. Un puñado de tejanos se han convertido en voces destacadas en el esfuerzo, incluido el presidente de presupuesto de la Cámara de Representantes, Jodey Arrington, republicano por Lubbock, y el representante Chip Roy, republicano por Austin.
Paxton también afirma que el paquete impone una carga indebida al estado a través de disposiciones diseñadas para proteger a las trabajadoras embarazadas, incluidas las empleadas estatales. El paquete requiere que los empleadores hagan “adaptaciones razonables” relacionadas con el embarazo y el parto y permite a los empleados demandar si sus empleadores no cumplen.
Paxton argumenta que la disposición es innecesaria porque Texas ya ofrece a las empleadas estatales embarazadas adaptaciones razonables y que el gobierno federal no tiene la autoridad constitucional para exponer el estado a demandas por adaptaciones durante el embarazo.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 16, 2023