En Colombia la aventura no sigue bien. El terrorismo y el mal accionar del estado ofrecen noticias a las que tienen que responder por igual. Ahora es el turno de una brigada especial. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia ordenó una investigación judicial de archivos secretos de la Brigada XX, la unidad de espionaje del Ejército entre 1985 y 1998, año en el que se desmanteló tras ser acusada de violaciones sistemáticas contra los derechos humanos.
Los jueces, encabezados por el doctorRaúl Sánchez, exigieron al viceministerio para las políticas y asuntos internacionales del Ministerio de Defensa, que se encarga de proteger este tipo de informaciones, que en 10 días presente un informe en el que se especifique el volumen y conservación de los documentos exigidos. Asimismo, se detalla que la decisión responde a una solicitud del Colectivo José Alvear Restrepo y forma parte de la investigación sobre el ‘Caso 06’, denominado ‘Victimización de miembros de la Unión Patriótica’, y abierta por la JEP en febrero de 2019.
En su determinación, la JEP considera que la investigación de los documentos es “de suma importancia para el eventual establecimiento de la verdad de lo sucedido en desarrollo del conflicto armado, respecto de múltiples y graves violaciones a los derechos humanos de diversas personas afines a ideologías y partidos de izquierda, entre ellos, la Unión Patriótica”.
La Unión Patriótica surgió en 1985, en el marco del acuerdo entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Mediante este pacto, los combatientes dejaron las armas y militaron en el nuevo partido político. Luego de su creación, sus militantes fueron sistemáticamente perseguidos, desaparecidos, amenazados o asesinados. Este mes de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el Estado colombiano responsable de las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes de este partido.
En 2019, varias organizaciones presentaron ante la Comisión de la Verdad el informe ‘BINCI y Brigada XX: El rol de inteligencia militar en los crímenes de Estado y la construcción del enemigo interno’, en el que se detalla la conducta criminal de esta brigada y la persecución que emprendió contra grupos sociales y políticos, por medio de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y torturas.
“Los organismos de inteligencia adscritos al Ejército Nacional utilizaron los medios humanos, técnicos y tecnológicos a su alcance para llevar a cabo la persecución de personas que hacían parte de movimientos políticos afines a ideologías de izquierda o comunistas”, detalla el texto. Y agrega: “Las víctimas eran conducidas a instalaciones de las Fuerzas Militares, o a lugares clandestinos, normalmente usando vehículos particulares que estaban registrados bajo estas unidades militares. No se exhibían órdenes de captura autorizadas por jueces para realizar dichos procedimientos, ni se informaba a los familiares el paradero de las víctimas”.
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En Colombia la aventura no sigue bien. El terrorismo y el mal accionar del estado ofrecen noticias a las que tienen que responder por igual. Ahora es el turno de una brigada especial. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia ordenó una investigación judicial de archivos secretos de la Brigada XX, la unidad de espionaje del Ejército entre 1985 y 1998, año en el que se desmanteló tras ser acusada de violaciones sistemáticas contra los derechos humanos.
En su determinación, la JEP considera que la investigación de los documentos es “de suma importancia para el eventual establecimiento de la verdad de lo sucedido en desarrollo del conflicto armado, respecto de múltiples y graves violaciones a los derechos humanos de diversas personas afines a ideologías y partidos de izquierda, entre ellos, la Unión Patriótica”.
La Unión Patriótica surgió en 1985, en el marco del acuerdo entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Mediante este pacto, los combatientes dejaron las armas y militaron en el nuevo partido político. Luego de su creación, sus militantes fueron sistemáticamente perseguidos, desaparecidos, amenazados o asesinados. Este mes de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el Estado colombiano responsable de las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes de este partido.
En 2019, varias organizaciones presentaron ante la Comisión de la Verdad el informe ‘BINCI y Brigada XX: El rol de inteligencia militar en los crímenes de Estado y la construcción del enemigo interno’, en el que se detalla la conducta criminal de esta brigada y la persecución que emprendió contra grupos sociales y políticos, por medio de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y torturas.
“Los organismos de inteligencia adscritos al Ejército Nacional utilizaron los medios humanos, técnicos y tecnológicos a su alcance para llevar a cabo la persecución de personas que hacían parte de movimientos políticos afines a ideologías de izquierda o comunistas”, detalla el texto. Y agrega: “Las víctimas eran conducidas a instalaciones de las Fuerzas Militares, o a lugares clandestinos, normalmente usando vehículos particulares que estaban registrados bajo estas unidades militares. No se exhibían órdenes de captura autorizadas por jueces para realizar dichos procedimientos, ni se informaba a los familiares el paradero de las víctimas”.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 21, 2023