Comentaré el artículo titulado: Funcionarios del gobierno Macri que piensan irse del país. ¿Búsqueda de impunidad? Empieza por la Sra. Laura Alonso, Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, exponiendo varios y diversos argumentos por los cuales podría ser imputada por acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones. Al respecto, sin querer defender ni atacar a la actividad desarrollada por la Sra. Alonso diré que, el error, si así puede llamársele es la ubicación de esa oficina (técnicamente Secretaría) es incorrecta. Como soy mal pensado, no creo que tal echo haya sido producto de un error (no digo involuntario porque los “errores” siempre son involuntarios, caso contrario, no son errores sino decisiones adrede). Esa dependencia del Estado, debió estar, o bien dependiendo de los Poderes Judicial o Legislativo o bien ser un órgano absolutamente descentralizado jurídica y económicamente de tres poderes del Estado Argentino. Es un principio básico de que QUIEN DEBE CONTROLAR, no debe depender del controlado (ello, según la Ciencia de la Administración que se imparte y estudia en TO DAS LAS FACULTADES ARGENTINAS DE DERECHO Y DE CIENCIAS ECONÓMICAS). En efecto, mal puede controlar quien depende de un Superior. Durante el gobierno de Alfonsín, existió la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, ejercida con decencia, valentía y profesionalidad por el Dr. Ricardo Molinas (santafesino). En un seminario sobre Corrupción, impartido en la CABA, al comienzo del gobierno de Menem, siendo funcionario Gustavo Béliz, Molinas, designado con acuerdo del Senado, conforme con la ley que creó dicha Fiscalía, expresó que, al comienzo del gobierno de Alfonsín, todo hacía parecer que se estaba en un periodo de bodas pues aún no habían causas para investigar de ese gobierno sino que la Fiscalía investigaba causas del gobierno anterior, es decir del autodenominado Revolución Argentina. Sin embargo, pasado cierto tiempo, hubieron denuncias contra funcionarios del gobierno radical (Vg. sobre las compras para la caja PAN -o Plan Alimentario Nacional- y, también, el caso que se dio en denominar “los pollos de Mazzorín” que fueron importados y, parece, no estaban en buen estado. A consecuencias de esas investigaciones, se cortaron todos los suministros a la Fiscalía -gas, agua, personal, etc.- Los papeles -expedientes empezaron a acumularse en la antigua casa que ocupaba la Fiscalía. No hacía falta ser demasiado perceptivo para darse cuenta que lo que intentaba el Poder Ejecutivo era restarle medios a la Fiscalía tal que no pudiera seguir investigando. Con Menem pasó otro tanto. Al principio, otra luna de miel, hasta que aparecieron denuncias contra funcionarios de ese gobierno. Molinas se sentía muy seguro pues su designación había sido efectuada con acuerdo del senado. Sin embargo, Menem, con su tradicional caradurez argumentó que para removerlo la ley nada decía y, entonces, declaró a Molinas cesante con un simple decreto. ¡Por favor, tengamos memoria, que ella nos puede ser muy útil para la futura administración del país.
El autor, Sr. Mario Sandoval, también incluye entre los funcionarios que estarían pensando irse del país al Sr. Sr. Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien jamás habría considerado pertinente interesarse a las exorbitantes declaraciones juradas patrimoniales (bienes, inversiones, donaciones y ahorros) de los jueces federales y de otros funcionarios del Estado y, al contrario, se mostró (y se muestra) inflexible cuando se trata de denunciar por financiamiento del terrorismo a los ex agentes del Estado acusados ¿ilegalmente? de lesa humanidad. Es decir, en opinión del autor de la nota, habría utilizado distinta vara (criterio/s) para unos (jueces federales y otros funcionarios estatales mientras fue inflexible, hasta la fecha en denunciar a personas acusadas de financiamiento del terrorismo, no levantando ninguna restricción. En mi opinión, si ello llegare a probarse pienso que puede ser considerada una conducta anómala muy grave por parte de Federici.
En el artículo también se incluye a la Sra. Patricia Bullrich, Ministro/a de Seguridad, por mantener resoluciones contrarias a disposiciones constitucionales y convencionales que violan los derechos humanos del personal de las Fuerzas de Seguridad federales ¿ilegalmente? acusado de lesa humanidad. También, porque nunca se preocupó por ello, aplicando siempre su autoridad, ordenando que las instituciones bajo sus ordenes respeten sus disposiciones. Pienso que un Ministro/a de Seguridad, si bien siempre respetando la ley, debe actuar con gran firmeza pues, caso contrario, NO CUMPLIRÍA CON SU IMPORTANTE FUNCIÓN: Guardar la seguridad interior de la República. Creo que es correcto defender el personal a cargo de la seguridad de la población. Con esto recuerdo el caso Chocobar, tan cuestionado por presuntas organizaciones de derechos humanos. Si Chocobar no hubiese actuado, como actuó, un turista norteamericano hubiese muerto. En los países serios la leyes se cumplen y el personal encargado de hacerlas cumplir, es premiado. Aquí, en gran parte de las veces los policías dudan en actuar pues , luego son cuestionadas sus acciones. Esa actitud corresponde a republiquetas que, seguramente, no queremos emular.
El artículo sigue con el presidente de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (CRJPPF) por sus presuntas complicidades con la Ministra de Seguridad en la violación de los derechos humanos del personal a cargo, actuando a sabiendas que las disposiciones del Ministerio de Seguridad ¿eran y son ilegales?, presuntamente obedecieron a las mismas sin interesarles las consecuencias legales sobre los ex agentes de sus respectivas instituciones. No solo los habrían abandonado, sino que, presuntamente, fueron y son los primeros que los persiguen administrativamente, los privan de derechos, los discriminan. Esto es una acusación que corresponde sea probada ante el Poder Judicial y los imputados podrán defenderse teniendo siempre en cuenta, el principio de inocencia resguardado celosamente por la Constitución Nacional. Además, cuando se refiere a disposiciones del Ministerio de Seguridad “ilegales”, ¿que órgano las declaró ilegales? ¿fuel el P. Judicial? Me parece que no.
Realmente me parece un artículo muy poco feliz, por no tacharlo de mal intencionado.
Atte. Ricardo Ruiz Vega – Mendoza

Bullrich ya desmintió esos rumores…..

Que lastima…