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La ONG neerlandesa Fundación Safeguard Defenders publicó el pasado septiembre un informe titulado “110 fuera del país. La policía trasnacional china se volvió loca”, que se centraba en investigar las instalaciones oficiales chinas en el extranjero. De acuerdo con esta entidad de defensa de los derechos humanos, estas oficinas, camufladas como restaurantes, tiendas y asociaciones de chinos, tienen el objetivo de “persuadir” y forzar a supuestos delincuentes nacionales de volver a Pekín para ser juzgados por el régimen de Xi Jinping. Sin embargo, estos supuestos delincuentes suelen ser simplemente activistas y disidentes críticos con el gobierno chino. Pero, aunque fueran criminales, la organización denuncia lo que cree que constituye el verdadero problema: el uso de métodos irregulares, que socavan cualquier proceso y los derechos de los sospechosos.

El informe desveló además que los organismos policiales chinoshabrían establecido oficinas en al menos 30 países, utilizadas para perseguir objetivos políticos en el extranjero, incluso “en operaciones policiales encubiertas e ilegales en España”. De hecho, el Ministerio de Interior de España ha confirmado que inició una investigación sobre unas supuestas comisarías parapoliciales ilegales del régimen de Xi Jinping en España, que serían nueve en total. Este informe no es el único medio de investigación llevado a cabo desde de los Países Bajos. El servicio de noticias RTL Nieuws y el colectivo de periodistas “Follow the Money” publicaron una investigación que asegura que la policía china abrió al menos dos oficinas en Países Bajos, sin informar al gobierno neerlandés, y que “hay fuertes indicios de que las sucursales se usan para presionar a los disidentes chinos”. Ambos medios, que publican fotografías de estas oficinas, explican que reciben el nombre de “comisarías en el extranjero” y los ciudadanos chinos pueden incluso renovar allí sus carnés de conducir chinos e informar de cambios en su estado civil. Sin embargo, la investigación muestra que el gobierno neerlandés no ha recibido notificación de China sobre estas oficinas.  Además, estas tareas están exclusivamente reservadas a las embajadas o consulados, lo que está regulado por la Convención de Viena, adoptada tanto por China como por Países Bajos, por lo que las acciones de Pekín supondrían una grave violación del Derecho Internacional.

La ONG observa que con esta red de comisarías China “evita la cooperación policial y judicial oficial bilateral y viola el estado de derecho internacional, y puede violar la integridad territorial de terceros países involucrados en el establecimiento de un mecanismo policial paralelo utilizando métodos ilegales”. Wang Jingyu, joven disidente chino, advertía también sobre como estas “comisarías” están tratando de contactar a los ciudadanos chinos críticos con Pekín y asegura que él mismo lleva tres años perseguido por la policía china en Róterdam, acusado de “insultar a héroes de guerra” por criticar al régimen en redes sociales. Es importante recalcar que de acuerdo con el artículo 2 de las Convenciones de Viena de 1961 y 1963: “El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados y de misiones diplomáticas permanentes, se lleva a cabo por consentimiento mutuo”.

Como reflejan los informes, Pekín habría establecido al menos 54 “comisarías en el extranjero” en varias ciudades del mundo, desde Dublín y Barcelona hasta Nueva York y Ontario. Sin embargo, las autoridades chinas han negado la existencia de estas oficinas parapoliciales y aseguran que consisten en simples puntos de contacto destinados a ayudar a los ciudadanos chinos en tareas administrativas. Según varios medios, el gobierno de Xi Jinping ha diseñado diversas operaciones para lograr que chinos sospechosos de haber cometido delitos contra compatriotas en el extranjero o de tener causas pendientes con la justicia, regresen a China para ser procesadas. Según la prensa oficial del gigante asiático, solo entre abril de 2021 y el pasado mes de agosto, agentes chinos habrían logrado “persuadir” a230.000 personas, sobre todo acusadas de llevar a cabo estafas telefónicas, de que vuelvan a China, resolviendo 594.000 fraudes e impidiendo la transferencia de unos 81 millones de euros procedentes de 109 millones de víctimas. Al respecto, Mao Nig, otro portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino respondió que Beijing no hizo nada malo y que “las autoridades de seguridad pública siguen con detenimiento la ley internacional y respetan plenamente la soberanía judicial de otros países”.

Es importante hacer hincapié en que la mayoría de estas comisarías estén en países democráticos, especialmente europeos, donde reside buena parte de la disidencia con Xi Jinping. En los Estados Unidos habría un centro en Nueva York. En Canadá se establecieron tres en Toronto. En Latinoamérica, hay dos en Ecuador, otras dos en Brasil, una en Argentina y otra en Chile.

Sin embargo, la mayoría de las comisarías chinas en el extranjero están ubicadas en Europa, incluidas las nueve en España, el país del continente con mayor número. Los numerosos testimonios recogidos en cada país evidencian cómo muchas personas han sido forzadas a regresar a China por el simple hecho de tener una posición política a favor de la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles en un país cada vez más dominado por el férreo control de Xi Jinping. Este poder se vio reforzado durante el 20º Congreso del Partido Comunista Chino el pasado Octubre, en el que impuso su ley y eligió personalmente a sus fieles para así dominar completamente el régimen durante un tercer mandato de cinco años sin ninguna facción interna que pueda hacerle sombra o fiscalizar sus decisiones.

El ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Wopke Hoekstra, ha trasladado la pasada semana al embajador chino, Tan Jian, que no se pueden tolerar las oficinas clandestinas que Pekín habría levantado en su territorio para, supuestamente, perseguir a la disidencia política, y que deben cerrarse “de inmediato”. Por su parte, el departamento de policía canadiense afirmó que “está investigando reportes de actividad criminal en relación con estas comisarías” y agregó que “toman muy en serio las amenazas sobre la seguridad de los individuos viviendo en Canadá y está al tanto de que otros Estados pueden intentar intimidar o lastimar comunidades o individuos en el país”.

Sin embargo, ante estas declaraciones, la embajada china en Ottawa aseguró que estas oficinas cuentan con “voluntarios locales y no oficiales de policía de China”, que asisten en los exámenes oftalmológicos de quienes necesitan renovar sus licencias de conducir, entre otras tareas, y que estos “no están involucrados en ninguna investigación criminal o actividad de este tipo”. En el caso de Estados Unidos, la semana pasada, un documento publicado por el tribunal de Brooklyn, Nueva York, exponía el posible caso de intrusión extranjera y acusó a siete ciudadanos chinos de llevar a cabo una campaña de acoso y vigilancia contra un residente de China en Estados Unidos para “provocar la repatriación forzosa de un ciudadano” chino. Además, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, alegó que el país “contrarrestará con firmeza estas escandalosas violaciones de la soberanía nacional y perseguirá a los individuos que actúan como agentes ilegales de Estados extranjeros”. El gobierno irlandés ordenó el cierre de una “comisaría” china en el centro de Dublín tras la presión ejercida por Safeguard Defenders. El Ministerio de Asuntos Exteriores irlandés afirmó además que ninguna autoridad china le había pedido permiso para instalar la supuesta comisaría. Se considera que este sistema puesto en marcha por Pekín podría formar parte del llamado Frente Unido, un sistema de las agencias del Partido Comunista Chino que sirve para captar e influir en “figuras representativas”, tanto dentro como fuera del país, con especial atención a las comunidades religiosas, de minorías étnicas y de la diáspora.

Aunque la insistencia de china sobre la legalidad de sus acciones no sea suficiente para contrarrestar su supuesta violación al Derecho Internacional y la soberanía de los estados, podría garantizarle cierta continuidad, lo que podría provocar que los estados involucrados lleven esta cuestión ante la Corte Internacional de Justicia para ser consultado adecuadamente.