El proceso constitucional que Chile enfrenta por segundo año consecutivo entró en su recta final con la aprobación de un borrador que será sometido a la valoración ciudadana, el próximo 17 de diciembre, en medio de un clima de polarización. La iniciativa que será votada en el plebiscito consta de 216 artículos, lo que contrasta con los 388 artículos que contenía la primera propuesta que se rechazó en la consulta realizada en septiembre del año pasado. De cualquier forma, este segundo proyecto supera los 129 artículos que contiene la Constitución que rige actualmente el país y que es herencia del fallecido dictador Augusto Pinochet.
Entre el borrador de 2022 y el de 2023 también hay cambios de fondo, ya que el primero tenía plasmada una innovadora visión progresista que incluía temas que todavía no están incorporados en ninguna otra Constitución del mundo, como derechos ambientales, de género, de los pueblos indígenas, de los animales y de la naturaleza. Por el contrario, en el documento que se aprobó el lunes predominan las posturas de la mayoría conservadora que tenía el Consejo Constitucional, órgano encargado de redactar esta segunda propuesta y que plasmó los conceptos de “familia”, “seguridad”, “orden” y “libertad” que defiende la derecha a nivel internacional. La coincidencia es que ambos proyectos están ensombrecidos por la falta de consenso y de acusaciones sobre la falta de representatividad de toda la sociedad chilena. Ese fue el motivo por el que el primer borrador fue rechazado. Ahora resta saber si el segundo correrá la misma suerte en diciembre.
La nueva propuesta de Constitución Política tiene 182 páginas, 17 capítulos y 216 artículos que abordan desde los fundamentos del orden constitucional y los derechos, libertades, garantías y deberes constitucionales, hasta las formas de representación política, el Congreso, el Gobierno y la administración del Estado, defensa, seguridad pública y el Poder Judicial. También especifica funciones del Tribunal Constitucional, ministerios públicos, justicia electoral y el Banco Central. Como aspectos novedosos incorpora un capítulo sobre el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas y otro sobre Protección del Medio Ambiente, Sustentabilidad y Desarrollo.
“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, advierte el borrador en el primer capítulo, anticipando el tono del resto de un documento que, en materia de políticas de género, solo establece que la ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular y en su participación en los distintos ámbitos de la vida nacional.
Uno de los aspectos que generó mayor controversia durante los cinco meses en que se redactó esta iniciativa es que no reconoce la identidad ni los derechos específicos de los pueblos indígenas, por ejemplo, en temas como la propiedad de sus tierras. Por el contrario, solo establece que los pueblos indígenas forman parte de la nación chilena, “que es una e indivisible”, reconoce la interculturalidad como “un valor de la diversidad étnica” que se debe comprender y asegura que la ley “podrá” (es decir, que no es obligatorio) establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso. Otro artículo que ha desatado polémica es el que se refiere al añejo conflicto que el pueblo mapuche protagoniza en el sur del país en reclamo de tierras, en una lucha que incluye actos violentos que la derecha insiste en calificar como “terrorismo”.
“El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la Nación”, señala un largo apartado que advierte que los “terroristas” no podrán ser indultados ni ejercer ningún tipo de cargo público, sean o no de elección popular; y que sus delitos serán considerados “comunes” y no “políticos”. La derecha también se anotó un triunfo al plasmar en el proyecto constitucional artículos que ponen en riesgo el derecho al aborto y los programas de educación sexual integral en las escuelas.
“La ley protege la vida de quien está por nacer”, afirma uno de los preceptos que generó un mayor debate, ya que ese concepto podría echar abajo la despenalización del aborto que rige en Chile y que sigue siendo limitada porque solo lo autoriza en tres casos: si el embarazo es producto de una violaciones, si la vida de la mujer está en riesgo y si la el feto es inviable.
Con respecto a la educación sexual, el borrador advierte que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a educar a sus hijos o pupilos, “y a elegir su educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. “Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”, afirma.
Otro artículo refuerza la criminalización de la protesta social y el prejuicio de que quienes marchan en las calles en realidad salen a destruir y a cometer actos de vandalismo. Por eso, establece que quienes se manifiesten en reuniones en plazas y calles “deberán respetar los derechos de quienes no sean parte de la reunión y la propiedad pública y privada”. Entre los capítulos que mayor rechazo generaron en los consejeros de izquierda se encuentra el que prohíbe el derecho a huelga de los trabajadores del sector público y el relativo al agua, ya que deja abierta la puerta a la privatización.
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El proceso constitucional que Chile enfrenta por segundo año consecutivo entró en su recta final con la aprobación de un borrador que será sometido a la valoración ciudadana, el próximo 17 de diciembre, en medio de un clima de polarización. La iniciativa que será votada en el plebiscito consta de 216 artículos, lo que contrasta con los 388 artículos que contenía la primera propuesta que se rechazó en la consulta realizada en septiembre del año pasado. De cualquier forma, este segundo proyecto supera los 129 artículos que contiene la Constitución que rige actualmente el país y que es herencia del fallecido dictador Augusto Pinochet.
Entre el borrador de 2022 y el de 2023 también hay cambios de fondo, ya que el primero tenía plasmada una innovadora visión progresista que incluía temas que todavía no están incorporados en ninguna otra Constitución del mundo, como derechos ambientales, de género, de los pueblos indígenas, de los animales y de la naturaleza. Por el contrario, en el documento que se aprobó el lunes predominan las posturas de la mayoría conservadora que tenía el Consejo Constitucional, órgano encargado de redactar esta segunda propuesta y que plasmó los conceptos de “familia”, “seguridad”, “orden” y “libertad” que defiende la derecha a nivel internacional. La coincidencia es que ambos proyectos están ensombrecidos por la falta de consenso y de acusaciones sobre la falta de representatividad de toda la sociedad chilena. Ese fue el motivo por el que el primer borrador fue rechazado. Ahora resta saber si el segundo correrá la misma suerte en diciembre.
La nueva propuesta de Constitución Política tiene 182 páginas, 17 capítulos y 216 artículos que abordan desde los fundamentos del orden constitucional y los derechos, libertades, garantías y deberes constitucionales, hasta las formas de representación política, el Congreso, el Gobierno y la administración del Estado, defensa, seguridad pública y el Poder Judicial. También especifica funciones del Tribunal Constitucional, ministerios públicos, justicia electoral y el Banco Central. Como aspectos novedosos incorpora un capítulo sobre el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas y otro sobre Protección del Medio Ambiente, Sustentabilidad y Desarrollo.
“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, advierte el borrador en el primer capítulo, anticipando el tono del resto de un documento que, en materia de políticas de género, solo establece que la ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular y en su participación en los distintos ámbitos de la vida nacional.
Uno de los aspectos que generó mayor controversia durante los cinco meses en que se redactó esta iniciativa es que no reconoce la identidad ni los derechos específicos de los pueblos indígenas, por ejemplo, en temas como la propiedad de sus tierras. Por el contrario, solo establece que los pueblos indígenas forman parte de la nación chilena, “que es una e indivisible”, reconoce la interculturalidad como “un valor de la diversidad étnica” que se debe comprender y asegura que la ley “podrá” (es decir, que no es obligator
io) establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso. Otro artículo que ha desatado polémica es el que se refiere al añejo conflicto que el pueblo mapuche protagoniza en el sur del país en reclamo de tierras, en una lucha que incluye actos violentos que la derecha insiste en calificar como “terrorismo”.
“El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la Nación”, señala un largo apartado que advierte que los “terroristas” no podrán ser indultados ni ejercer ningún tipo de cargo público, sean o no de elección popular; y que sus delitos serán considerados “comunes” y no “políticos”. La derecha también se anotó un triunfo al plasmar en el proyecto constitucional artículos que ponen en riesgo el derecho al aborto y los programas de educación sexual integral en las escuelas.
“La ley protege la vida de quien está por nacer”, afirma uno de los preceptos que generó un mayor debate, ya que ese concepto podría echar abajo la despenalización del aborto que rige en Chile y que sigue siendo limitada porque solo lo autoriza en tres casos: si el embarazo es producto de una violaciones, si la vida de la mujer está en riesgo y si la el feto es inviable.
Con respecto a la educación sexual, el borrador advierte que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a educar a sus hijos o pupilos, “y a elegir su educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. “Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”, afirma.
Otro artículo refuerza la criminalización de la protesta social y el prejuicio de que quienes marchan en las calles en realidad salen a destruir y a cometer actos de vandalismo. Por eso, establece que quienes se manifiesten en reuniones en plazas y calles “deberán respetar los derechos de quienes no sean parte de la reunión y la propiedad pública y privada”. Entre los capítulos que mayor rechazo generaron en los consejeros de izquierda se encuentra el que prohíbe el derecho a huelga de los trabajadores del sector público y el relativo al agua, ya que deja abierta la puerta a la privatización.
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 1, 2023