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“Estamos entrando a un terreno en el cual el Perú deja de cumplir, como corresponde, una sentencia y una resolución de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió el abogado en declaraciones ofrecidas a medios locales.

Del mismo modo recalcó que el dictamen de la Justicia peruana en favor de Fujimori representa “un punto de quiebre” de la relación entre Lima y el Sistema Interamericano, que se ha producido “de una manera absolutamente negativa”. A su parecer, el Estado peruano podría “no ejecutar esa orden emitida por el TC, con mérito a lo que en el derecho internacional se denomina un control de constitucionalidad, que obliga no solamente a los jueces sino a todas las autoridades del Estado”. Por su parte, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, manifestó que “la liberación de Alberto Fujimori violaría las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“El Estado tiene la obligación de cumplirlas”, señaló Goebertus en la red social X, en la que recordó que el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), “que depende del Ministerio de Justicia, no debe liberarlo”.

Tres magistrados del TC suscribieron el documento en el que se ordena al INPE y al director del penal de Barbadillo, en Lima, a que “en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, bajo su responsabilidad”.  De igual forma, el congresista Sigrid Bazán se solidarizó con las familias de las víctimas de Barrios Altos y la Cantuta, las masacres por las que fue sentenciado Fujimori.

“La dictadura fujimorista mató, desapareció y violó derechos humanos. Lo único que hace la grosera sentencia del TC es poner de nuevo a Fujimori por encima de la ley”, escribió Bazán.

El TC ordenó la libertad inmediata de Fujimori, basándose en su avanzada edad y en su precario estado de salud. La semana previa, el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, adscrito al circuito judicial de Ica, ordenó que el expresidente permaneciera en prisión, pero delegó la decisión definitiva en manos de la máxima instancia en justicia constitucional. En marzo de 2022, el TC adoptó una resolución semejante a la anunciada este 5 de diciembre, pero sustentada en el indulto que le otorgó el también expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Entonces, la Corte IDH exhortó al Estado peruano a “abstenerse de ejecutar la decisión del TC que ordena liberar a Alberto Fujimori”, en interés de “garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta”.