Llegamos a otro 24 de marzo. Como siempre la situación no ha cambiado en nada, salvo que este año llegamos con un “enrarecido” clima como nunca antes se había visto.
No solo atronaron ciertos medios de comunicación en forma “ladina”, como se dice en el campo, con una supuesta amnistía que daría el Presidente de la Nación el mismo 24 de Marzo, sino que hasta deslizaron que el Primer Mandatario dictaría un decreto enviando a los detenidos “de lesa” en cárceles a sus domicilios. Tan “perfecta” era la versión hecha noticia, que hasta daban cuenta de supuestas reuniones de gabinete donde se habría elaborado esa decisión.
No había dudas que era una grosera “fake news”, como se dice ahora, aunque algún desprevenido lo haya creído, lo cual es entendible, debido a la injusta situación que atraviesan muchos militares y policías presos que llevan ya, muchísimos años en esa condición y sin que se visualice una solución en el horizonte.
Sobre el particular debe decirse que si bien la Ley 27.156, sancionada el 1 de Julio de 2015 y publicada en el Boletín Oficial el 31 de Julio de 2015 dice que: “No podrán ser objeto de amnistía, indulto o conmutación las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6°, 7º y 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”; no es menos cierto que por el principio constitucional de la irretroactividad de la ley penal, las normas nunca tienen efectos hacia atrás en el tiempo, rigen siempre hacia adelante desde el momento de su entrada en vigor, por una estricta cuestión de seguridad jurídica.
En otras palabras, como esta ley fue sancionada en el año 2015 no puede tener efectos sobre situaciones ocurridas en los años 70, sobre hechos ocurridos 39 años antes de su entrada en vigencia. Además, el Estatuto de Roma no prohíbe el dictado de una amnistía, no contiene ningún precepto que la prohíba. Justamente, el silencio del Estatuto de Roma al respecto es un prístino reconocimiento implícito a favor de estas medidas, tal como se desprende de sus arts. 16, 17 y 53.
Altos funcionarios del actual gobierno se expresaron en contra del dictado de una amnistía, aduciendo que es la propia justicia quien debe recomponer las barbaridades jurídicas que hizo. Muchos militares y policías piensan igual. No quieren perdón, quieren justicia.
Quien escribe también quiere lo mismo, pero el problema insuperable es que con esta “justicia militante y derechohumanista”, que mantiene intacta el actual gobierno y convalidada por el actual Ministro de Justicia de la Nación, tal solución o cualquier solución es “Misión Imposible-sentencia mortal-parte 2”.
Tampoco el gobierno hace nada con los ancianos presos en una cárcel, cuando por lo menos podría admitir que el Servicio Penitenciario Federal no está en condiciones de hacerlo y carecer de adecuada atención médica para ellos; al contrario, desde las cárceles se sigue diciendo que son una mezcla de Fundación Favaloro e Instituto Fleni,
Frente a ello, Casación puso fin al pretendido fallo plenario sobre la detención domiciliaria para los detenidos de 70 años o más, con el argumento de que no hay contradicciones entre las Salas del tribunal porque quienes solían votar a favor del arresto domiciliario ya no están en la Cámara. De hecho, invocan recientes fallos de la Suprema Corte que no se cansa de revocar prisiones domiciliarias. No queremos ni pensar lo que se viene. A lo que se suma al fallo de la Sala II de Casación que reiteró que para estos delitos “la concesión del indulto es incompatible con la obligación de imponer penas adecuadas”.
No hay duda que ni el auto denominado “león” ni los adalides de la libertad tienen el coraje suficiente para “poner las cosas jurídicamente en su lugar”. Son muy guapos en el terreno económico pero demasiados timoratos en el campo político. La Justicia “les marca la cancha” y solo responden con un video, valorable por cierto y totalmente veraz, pero si el mismo no va acompañado con una acción política concreta para terminar con las más graves violaciones a las más elementales garantías constitucionales y procesales que se vienen sucediendo desde el año 2003 a la fecha., es hacerse el guapo con el “tuje” ajeno. Ello, como sacarse fotos con familiares y amigos de detenidos “de lesa” o hacer estruendosas declaraciones como las recientes o las hechas en la campaña electoral; solo provocan la ira de los militantes de los derechos humanos -jueces incluidos- que reaccionan con más crudeza y saña con los pobres detenidos; acelerando nuevas causas, multiplicando los juicios y revocando todo aquello que les puedan reportar algún tipo de beneficio legal. Los presos terminan siendo el jamón del sándwich.
Como si todo ello fuera poco, apareció en los últimos días una denuncia sobre un grave ataque a una militante de la agrupación HIJOS. Desde esta columna bregamos por el rápido y pronto esclarecimiento del hecho. No puede ni debe quedar tan solo una noticia periodística y perdido en la nebulosa de los estados judiciales, utilizada solamente para invocar pedidos de revocación de prisiones domiciliarias. Decimos esto porque en el año 2018, en Rosario, se denunció estruendosamente amenazas vía Whastapp a militantes de los derechos humanos, concejales, fiscales y hasta jueces; hasta al día de la fecha nunca se supo que pasó realmente.
Por último, no dejamos de valorar los actos y homenajes que se hacen para recordar las víctimas del terrorismo. Fueron olvidadas por muchos años y merecen este justo reconocimiento. Pero también debe recordarse, actos mediante, los que se “pudren” en una cárcel o en su domicilio por procesos disparatados y arbitrarias condenas por el solo hecho de haber defendido a la Nación del demencial ataque terrorista que sufrió en la década del 70. No hay acto ni manifestación pública que los recuerde. Parece que es “políticamente correcto” equiparar a las acciones del terrorismo con las de los militares y policías para así elípticamente “buscar” una salida “elegante” para esos presos. ¿Por qué no decir las cosas como son? No es tiempo de medias tintas.
No solo hay que acordarse de los muertos, también de los vivos.
Ya no se puede dudar que, aunque cambiaron los vientos políticos desde diciembre del año, en el mundo lesa todo sigue igual o quizás peor.
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Llegamos a otro 24 de marzo. Como siempre la situación no ha cambiado en nada, salvo que este año llegamos con un “enrarecido” clima como nunca antes se había visto.
No solo atronaron ciertos medios de comunicación en forma “ladina”, como se dice en el campo, con una supuesta amnistía que
daría el Presidente de la Nación el mismo 24 de Marzo, sino que hasta deslizaron que el Primer Mandatario dictaría un decreto enviando a los detenidos “de lesa” en cárceles a sus domicilios. Tan “perfecta” era la versión hecha noticia, que hasta daban cuenta de supuestas reuniones de gabinete donde se habría elaborado esa decisión.
No había dudas que era una grosera “fake news”, como se dice ahora, aunque algún desprevenido lo haya creído, lo cual es entendible, debido a la injusta situación que atraviesan muchos militares y policías presos que llevan ya, muchísimos años en esa condición y sin que se visualice una solución en el horizonte.
Sobre el particular debe decirse que si bien la Ley 27.156, sancionada el 1 de Julio de 2015 y publicada en el Boletín Oficial el 31 de Julio de 2015 dice que: “No podrán ser objeto de amnistía, indulto o conmutación las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6°, 7º y 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados
internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”; no es menos cierto que por el principio constitucional de la irretroactividad de la ley penal, las normas nunca tienen efectos hacia atrás en el tiempo, rigen siempre hacia adelante desde el momento de su entrada en vigor, por una estricta cuestión de seguridad jurídica.
En otras palabras, como esta ley fue sancionada en el año 2015 no puede tener efectos sobre situaciones ocurridas en los años 70, sobre hechos ocurridos 39 años antes de su entrada en vigencia. Además, el Estatuto de Roma no prohíbe el dictado de una amnistía, no contiene ningún precepto que la prohíba. Justamente, el silencio del Estatuto de Roma al respecto es un prístino reconocimiento implícito a favor de estas medidas, tal como se desprende de sus arts. 16, 17 y 53.
Altos funcionarios del actual gobierno se expresaron en contra del dictado de una amnistía, aduciendo que es la propia justicia quien debe recomponer las barbaridades jurídicas que hizo. Muchos militares y policías piensan igual. No quieren perdón, quieren justicia.
Quien escribe también quiere lo mismo, pero el problema insuperable es que con esta “justicia militante y derechohumanista”, que mantiene intacta el actual gobierno y convalidada por el actual Ministro de Justicia de la Nación, tal solución o cualquier solución es “Misión Imposible-sentencia mortal-parte 2”.
Tampoco el gobierno hace nada con los ancianos presos en una cárcel, cuando por lo menos podría admitir que el Servicio Penitenciario Federal no está en condiciones de hacerlo y carecer de adecuada atención médica para ellos; al contrario, desde las cárceles se sigue diciendo que son una mezcla de Fundación Favaloro e Instituto Fleni,
Frente a ello, Casación puso fin al pretendido fallo plenario sobre la detención domiciliaria para los detenidos de 70 años o más, con el argumento de que no hay contradicciones entre las Salas del tribunal porque quienes solían votar a favor del arresto domiciliario ya no están en la Cámara. De hecho, invocan recientes fallos de la Suprema Corte que no se cansa de revocar prisiones domiciliarias. No queremos ni pensar lo que se viene. A lo que se suma al fallo de la Sala II de Casación que reiteró que para estos delitos “la concesión del indulto es incompatible con la obligación de imponer penas adecuadas”.
No hay duda que ni el auto denominado “león” ni los adalides de la libertad tienen el coraje suficiente para “poner las cosas jurídicamente en su lugar”. Son muy guapos en el terreno económico pero demasiados timoratos en el campo político. La Justicia “les marca la cancha” y solo responden con un video, valorable por cierto y totalmente veraz, pero si el mismo no va acompañado con una acción política concreta para terminar con las más graves violaciones a las más elementales garantías constitucionales y procesales que se vienen sucediendo desde el año 2003 a la fecha., es hacerse el guapo con el “tuje” ajeno. Ello, como sacarse fotos con familiares y amigos de detenidos “de lesa” o hacer estruendosas declaraciones como las recientes o las hechas en la campaña electoral; solo provocan la ira de los militantes
de los derechos humanos -jueces incluidos- que reaccionan con más crudeza y saña con los pobres detenidos; acelerando nuevas causas, multiplicando los juicios y revocando todo aquello que les puedan reportar algún tipo de beneficio legal. Los presos terminan siendo el jamón del sándwich.
Como si todo ello fuera poco, apareció en los últimos días una denuncia sobre un grave ataque a una militante de la agrupación HIJOS. Desde esta columna bregamos por el rápido y pronto esclarecimiento del hecho. No puede ni debe quedar tan solo una noticia periodística y perdido en la nebulosa de los estados judiciales, utilizada solamente para invocar pedidos de revocación de prisiones domiciliarias. Decimos esto porque en el año 2018, en Rosario, se denunció estruendosamente amenazas vía Whastapp a militantes de los derechos humanos, concejales, fiscales y hasta jueces; hasta al día de la fecha nunca se supo que pasó realmente.
Por último, no dejamos de valorar los actos y homenajes que se hacen para recordar las víctimas del terrorismo. Fueron olvidadas por muchos años y merecen este justo reconocimiento. Pero también debe recordarse, actos mediante, los que se “pudren” en una cárcel o en su domicilio por procesos disparatados y arbitrarias condenas por el solo hecho de haber defendido a la Nación del demencial ataque terrorista que sufrió en la década del 70. No hay acto ni manifestación pública que los recuerde. Parece que es “políticamente correcto” equiparar a las acciones del terrorismo con las de los militares y policías para así elípticamente “buscar” una salida “elegante” para esos presos. ¿Por qué no decir las cosas como son? No es tiempo de medias tintas.
No solo hay que acordarse de los muertos, también de los vivos.
Ya no se puede dudar que, aunque cambiaron los vientos políticos desde diciembre del año, en el mundo lesa todo sigue igual o quizás peor.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 24, 2024
Tags: Cecilia Pando, Luis PetriRelated Posts
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