Esta es la historia: Un “padre de familia” de California, renuente a entregarse a la policía, buscado por un delito previo, se escudó en su familia. Tomó a su mujer e hijo como rehenes y acercó un revolver en la sien de su cónyuge. Después de negociaciones, un agente de policía consiguió que bajara su arma por un instante, otro oficial saltó sobre él y logró reducirlo. El agresor fue detenido y trasladado a la cárcel. Menos de 24 horas después, un juez le concedió la excarcelación. Enfurecido, este “padre de familia” volvió a su “hogar” y por suerte fue avistado por un vecino. Un patrullero que estaba en las cercanías intervino prontamente y evitó lo que podría haber sido una masacre. Esto frustra al personal policial. ¿Fue este agresor examinado por un especialista en salud mental? No. ¿Se tuvo en cuenta otros delitos cometidos? No. ¿Importó que tuviera prontuarios por violencia doméstica? No. Solo un juez intervino y lo dejó libre, tal vez influenciado por un raro ambiente que merodea Estados Unidos hoy.
Floyd
Debido a la iniciativa pública por la muerte de George Floyd (un delincuente con récord policial) en el año 2020 a manos de un oficial de policía del estado de Minneapolis y otros incidentes de violencia policial de alto perfil, poco después se produjo un cambio sísmico en todo Estados Unidos, con una ola de iniciativas destinadas a controlar los poderes policiales y reinventar sistemas jurídico-penales.
Sin embargo, menos de un lustro después, los líderes políticos de costa a costa están adoptando un retorno a políticas duras contra el crimen, a menudo deshaciendo los cambios hacia un caos que ellos mismos crearon en los últimos años. Este resurgimiento es más palpable en los principales centros urbanos del país, tradicionalmente bastiones de la política progresista. Los votantes de San Francisco aprobaron a principios de este mes iniciativas electorales que requerirían exámenes de detección de drogas para los beneficiarios de asistencia social y flexibilizarían las restricciones a las operaciones policiales. El Distrito de Columbia también ha adoptado una postura más dura contra el crimen, y su alcalde promulgó un amplio paquete que endurece las penas para los delitos con armas de fuego, establece zonas libres de drogas y permite a la policía recolectar ADN de los sospechosos antes de dictar una condena.
Los líderes locales y estatales en los estados demócratas y republicanos, incluidos California, Vermont, Georgia, Luisiana, Tennessee y Oregon, también han buscado endurecer sus enfoques hacia el crimen y la seguridad pública de diversas maneras. Los legisladores han propuesto proyectos de ley que endurecerían los cargos por robo en comercios minoristas, volverían a criminalizar ciertas drogas ilegales duras que antes dejaron a libre albedrío, mantendrían a más sospechosos en prisión en lugar de pagar la fianza y ampliarían los poderes de la policía. Muchos están aprobando estas medidas con apoyo bipartidista.
Los legisladores están respondiendo a las preocupaciones de la ciudadanía sobre el aumento de las tasas de criminalidad, el aumento del miedo y la ira debido al aumento de delitos como el robo de vehículos y el robo en comercios minoristas. Para algunos expertos en justicia penal, las acciones legislativas representan más una reversión parcial de los cambios progresistas en la justicia penal que un retorno completo a las políticas punitivas del pasado.
El problema para la mayoría de la gente no es si algo ha subido o bajado un 10%. Es que están viendo aleatoriedad y descaro, y tienen una sensación de anarquía. Parte de lo que se está viendo es eliminar los límites de algunas de las políticas que parecían (son) demasiado indulgentes.
El porcentaje de estadounidenses que piensan que Estados Unidos no es lo suficientemente duro con el crimen aumentó por primera vez en 30 años, según una encuesta de Gallup publicada en noviembre. El 59 por ciento de los encuestados dijo que cree que el sistema legal penal es demasiado blando, frente al 41 por ciento.
Si bien los datos sobre la delincuencia nacional son notoriamente difíciles de rastrear y comprender, los delitos violentos en todo Estados Unidos disminuyeron en 2022, cayendo aproximadamente al mismo nivel que antes del inicio de la pandemia de COVID-19, según el informe anual sobre delincuencia del FBI. Los delitos contra la propiedad aumentaron durante el mismo período. Los datos sobre delincuencia recopilados por el Consejo de Justicia Penal también sugieren que la mayoría de los tipos de delitos están volviendo a niveles prepandémicos.
La legislatura de Georgia a principios de este año aprobó un proyecto de ley que agregaría 30 delitos graves y delitos menores adicionales a la lista estatal de delitos sujetos a fianza restringida, lo que significa que las personas acusadas de esos delitos tendrían que pagar una fianza en efectivo. El gobernador republicano Brian Kemp todavía no ha dicho si firmará el proyecto de ley.
El Senado de Tennessee aprobó un proyecto de ley que prohibiría a los gobiernos locales alterar las políticas policiales de detención de tránsito. Si se convierte en ley, anularía una ordenanza de la ciudad de Memphis que prohíbe las detenciones de tráfico con pretextos, que es cuando la policía utiliza infracciones de tráfico menores, como luces traseras rotas, como motivo para investigar a los automovilistas por delitos más graves.
“Estoy cansado de no dar el tipo de ayuda que necesitan. Amigos, miren, estamos en una situación en este país en la que tenemos que darles los recursos adicionales que necesitan para hacer su trabajo”
Joe Biden
El plan pide al Congreso que asigne más de US$ 10.000 millones a lo largo de cinco años para ayudar a financiar la contratación y la formación de agentes de policía adicionales. Su objetivo sería sumar 100.000 agentes en ese período.
La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, una demócrata que encabeza el primer estado en despenalizar las drogas anunció a principios de marzo que planea firmar una legislación que redefiniría la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras, como el fentanilo o la metanfetamina, como un delito menor punible con una multa. máximo de seis meses de cárcel. El fentanilo ha causado miles de muertes, incluso en bebes.
El proyecto de ley también permitiría a las autoridades tomar medidas para prevenir la distribución y el uso de sustancias controladas en áreas públicas, como parques o aceras.
La iniciativa política fue tratar de asegurar de que se pudiera combinar la seguridad pública con un enfoque de salud conductual cuando las personas son sorprendidas con drogas.
Aun así, los críticos de la nueva legislación argumentan que volver a criminalizar el consumo de drogas afectaría desproporcionadamente a las comunidades negras, latinas e indígenas, y cargaría aún más el ya abrumado sistema de justicia penal de Oregón. Actualmente hay más de 2.800 personas en el estado que no están representadas en los tribunales y aproximadamente la mitad enfrentan cargos por delitos menores, según el panel del Departamento Judicial de Oregón.
Muchos creen que este proyecto de ley de hecho restablecerá la guerra contra las drogas. Simplemente se podría agravar el problema con lo que sucedió en el número actual de casos sin abogados: casos desestimados, casos retrasados. Y eso no ayuda a nadie en el sistema, incluidas las víctimas del crimen.
Unos cuantos defensores y expertos en justicia penal perciben la reciente tendencia de los estados a retroceder en las reformas como reacciones impulsivas a lo que podría ser un aumento temporal de ciertos delitos relacionado con la pandemia. Sostienen que estas medidas tienen más que ver con enviar un mensaje político que con encontrar soluciones.
Algunas de las reacciones instintivas, piensa el ojo público, ni siquiera responden al problema real en cuestión.
Otros, sin embargo, dicen que las votaciones recientes son un rechazo de las políticas pro-criminales que priorizaron los derechos de los delincuentes sobre las necesidades de las víctimas del delito.
Este podría ser un regreso a la normalidad, al sentido común. El hecho es que las ideas de ciertos legisladores progresistas fracasaron.
No es una cuestión demócrata o republicana ni una cuestión de estado azul (demócrata) o rojo (republicano). Esto es una cuestión de ley y orden versus caos.
En el estado de Vermont, el gobernador republicano Phil Scott instó este año a los legisladores a revisar la legislación de reforma de la justicia penal aprobada hace unos años, proyectos de ley que él promulgó. Entre ellas se encuentra la ley estatal de “aumento de edad”, que reclasificó a los adultos de 18 años como menores dentro del sistema de justicia penal. Ha instado a los legisladores a posponer el plan para hacer lo mismo con los adultos de 19 años. Scott dijo que el estado no está preparado para albergar a esos sospechosos como menores.
La semana pasada, la Cámara de Vermont aprobó un proyecto de ley que endurecería las infracciones repetidas de robo en comercios minoristas, permitiendo la agregación del valor de los bienes robados para trasladar los cargos de delitos menores a delitos graves. El proyecto de ley pasará ahora al Senado para su consideración.
En California se está llevando a cabo un esfuerzo bipartidista para enmendar la Proposición 47, que fue aprobada por los votantes en 2014. Elevó el umbral a 950 dólares en bienes robados para que el hurto en tiendas se considere un delito grave y reclasificó algunos cargos de drogas de delitos graves a delitos menores. La propuesta recibió un amplio apoyo como forma de reducir el hacinamiento en las prisiones. Ahora, un nuevo proyecto de ley permitiría, como en Vermont, a los fiscales acusar a los infractores reincidentes de robo minorista de forma acumulativa por los bienes robados.
El hurto en tiendas, los hurtos y otros actos de tendencia de robo en comercios minoristas están provocando que los minoristas cierren sus negocios y poniendo en peligro a clientes y empleados. Desde la pandemia estos delitos han aumentado.
Luisiana atrajo la atención nacional en 2017 cuando el entonces gobernador. John Bel Edwards, un demócrata, firmó un paquete legislativo destinado a reducir la población penitenciaria estatal y reforzar las alternativas al encarcelamiento. Luisiana ahorró casi $153 millones y el número de personas detenidas bajo custodia estatal disminuyó en 1.627 personas, o un 11%, de 2016 a 2023, según los registros estatales.
El estado volvió a ganar atención nacional este invierno después de que los legisladores se reunieron en una sesión especial sobre seguridad pública y consideraron una serie de proyectos de ley. Estas incluyeron permitir que los jóvenes de 17 años fueran acusados como adultos, revelar algunos antecedentes penales juveniles, limitar las apelaciones posteriores a la condena y ampliar los métodos estatales para realizar ejecuciones para incluir gas nitrógeno y electrocución.
También se discutió una propuesta para poner el sistema de defensa pública de Luisiana bajo el control directo del gobernador. El proyecto de ley generó preocupación entre constitucionalistas, abogados, defensores públicos y jueces jubilados.
Definitivamente el ciudadano común sospecha que ahora existe el temor de que la defensa pública se vea afectada por la política.
Hasta la fecha, el republicano Jeff Landry, 57avo gobernador de Luisiana, ha promulgado 19 proyectos de ley, que abarcan medidas como permitir el porte oculto de un arma sin permiso, imponer penas más severas por robo de vehículos y tratar a todos los jóvenes de 17 años acusados de delitos, incluidos delitos menores, como adultos.
La confusión es grande. Las opiniones, variadas. Pero, pareciera que se trata de una martingala en un juego de azar, que sigue poniendo en riesgo la vida de los contribuyentes.
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Esta es la historia: Un “padre de familia” de California, renuente a entregarse a la policía, buscado por un delito previo, se escudó en su familia. Tomó a su mujer e hijo como rehenes y acercó un revolver en la sien de su cónyuge. Después de negociaciones, un agente de policía consiguió que bajara su arma por un instante, otro oficial saltó sobre él y logró reducirlo. El agresor fue detenido y trasladado a la cárcel. Menos de 24 horas después, un juez le concedió la excarcelación. Enfurecido, este “padre de familia” volvió a su “hogar” y por suerte fue avistado por un vecino. Un patrullero que estaba en las cercanías intervino prontamente y evitó lo que podría haber sido una masacre. Esto frustra al personal policial. ¿Fue este agresor examinado por un especialista en salud mental? No. ¿Se tuvo en cuenta otros delitos cometidos? No. ¿Importó que tuviera prontuarios por violencia doméstica? No. Solo un juez intervino y lo dejó libre, tal vez influenciado por un raro ambiente que merodea Estados Unidos hoy.
Debido a la iniciativa pública por la muerte de George Floyd (un delincuente con récord policial) en el año 2020 a manos de un oficial de policía del estado de Minneapolis y otros incidentes de violencia policial de alto perfil, poco después se produjo un cambio sísmico en todo Estados Unidos, con una ola de iniciativas destinadas a controlar los poderes policiales y reinventar sistemas jurídico-penales.
Sin embargo, menos de un lustro después, los líderes políticos de costa a costa están adoptando un retorno a políticas duras contra el crimen, a menudo deshaciendo los cambios hacia un caos que ellos mismos crearon en los últimos años. Este resurgimiento es más palpable en los principales centros urbanos del país, tradicionalmente bastiones de la política progresista. Los votantes de San Francisco aprobaron a principios de este mes iniciativas electorales que requerirían exámenes de detección de drogas para los beneficiarios de asistencia social y flexibilizarían las restricciones a las operaciones policiales. El Distrito de Columbia también ha adoptado una postura más dura contra el crimen, y su alcalde promulgó un amplio paquete que endurece las penas para los delitos con armas de fuego, establece zonas libres de drogas y permite a la policía recolectar ADN de los sospechosos antes de dictar una condena.
Los líderes locales y estatales en los estados demócratas y republicanos, incluidos California, Vermont, Georgia, Luisiana, Tennessee y Oregon, también han buscado endurecer sus enfoques hacia el crimen y la seguridad pública de diversas maneras. Los legisladores han propuesto proyectos de ley que endurecerían los cargos por robo en comercios minoristas, volverían a criminalizar ciertas drogas ilegales duras que antes dejaron a libre albedrío, mantendrían a más sospechosos en prisión en lugar de pagar la fianza y ampliarían los poderes de la policía. Muchos están aprobando estas medidas con apoyo bipartidista.
Los legisladores están respondiendo a las preocupaciones de la ciudadanía sobre el aumento de las tasas de criminalidad, el aumento del miedo y la ira debido al aumento de delitos como el robo de vehículos y el robo en comercios minoristas. Para algunos expertos en justicia penal, las acciones legislativas representan más una reversión parcial de los cambios progresistas en la justicia penal que un retorno completo a las políticas punitivas del pasado.
El problema para la mayoría de la gente no es si algo ha subido o bajado un 10%. Es que están viendo aleatoriedad y descaro, y tienen una sensación de anarquía. Parte de lo que se está viendo es eliminar los límites de algunas de las políticas que parecían (son) demasiado indulgentes.
El porcentaje de estadounidenses que piensan que Estados Unidos no es lo suficientemente duro con el crimen aumentó por primera vez en 30 años, según una encuesta de Gallup publicada en noviembre. El 59 por ciento de los encuestados dijo que cree que el sistema legal penal es demasiado blando, frente al 41 por ciento.
Si bien los datos sobre la delincuencia nacional son notoriamente difíciles de rastrear y comprender, los delitos violentos en todo Estados Unidos disminuyeron en 2022, cayendo aproximadamente al mismo nivel que antes del inicio de la pandemia de COVID-19, según el informe anual sobre delincuencia del FBI. Los delitos contra la propiedad aumentaron durante el mismo período. Los datos sobre delincuencia recopilados por el Consejo de Justicia Penal también sugieren que la mayoría de los tipos de delitos están volviendo a niveles prepandémicos.
La legislatura de Georgia a principios de este año aprobó un proyecto de ley que agregaría 30 delitos graves y delitos menores adicionales a la lista estatal de delitos sujetos a fianza restringida, lo que significa que las personas acusadas de esos delitos tendrían que pagar una fianza en efectivo. El gobernador republicano Brian Kemp todavía no ha dicho si firmará el proyecto de ley.
El Senado de Tennessee aprobó un proyecto de ley que prohibiría a los gobiernos locales alterar las políticas policiales de detención de tránsito. Si se convierte en ley, anularía una ordenanza de la ciudad de Memphis que prohíbe las detenciones de tráfico con pretextos, que es cuando la policía utiliza infracciones de tráfico menores, como luces traseras rotas, como motivo para investigar a los automovilistas por delitos más graves.
“Estoy cansado de no dar el tipo de ayuda que necesitan. Amigos, miren, estamos en una situación en este país en la que tenemos que darles los recursos adicionales que necesitan para hacer su trabajo”
Joe Biden
El plan pide al Congreso que asigne más de US$ 10.000 millones a lo largo de cinco años para ayudar a financiar la contratación y la formación de agentes de policía adicionales. Su objetivo sería sumar 100.000 agentes en ese período.
La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, una demócrata que encabeza el primer estado en despenalizar las drogas anunció a principios de marzo que planea firmar una legislación que redefiniría la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras, como el fentanilo o la metanfetamina, como un delito menor punible con una multa. máximo de seis meses de cárcel. El fentanilo ha causado miles de muertes, incluso en bebes.
El proyecto de ley también permitiría a las autoridades tomar medidas para prevenir la distribución y el uso de sustancias controladas en áreas públicas, como parques o aceras.
La iniciativa política fue tratar de asegurar de que se pudiera combinar la seguridad pública con un enfoque de salud conductual cuando las personas son sorprendidas con drogas.
Aun así, los críticos de la nueva legislación argumentan que volver a criminalizar el consumo de drogas afectaría desproporcionadamente a las comunidades negras, latinas e indígenas, y cargaría aún más el ya abrumado sistema de justicia penal de Oregón. Actualmente hay más de 2.800 personas en el estado que no están representadas en los tribunales y aproximadamente la mitad enfrentan cargos por delitos menores, según el panel del Departamento Judicial de Oregón.
Muchos creen que este proyecto de ley de hecho restablecerá la guerra contra las drogas. Simplemente se podría agravar el problema con lo que sucedió en el número actual de casos sin abogados: casos desestimados, casos retrasados. Y eso no ayuda a nadie en el sistema, incluidas las víctimas del crimen.
Unos cuantos defensores y expertos en justicia penal perciben la reciente tendencia de los estados a retroceder en las reformas como reacciones impulsivas a lo que podría ser un aumento temporal de ciertos delitos relacionado con la pandemia. Sostienen que estas medidas tienen más que ver con enviar un mensaje político que con encontrar soluciones.
Algunas de las reacciones instintivas, piensa el ojo público, ni siquiera responden al problema real en cuestión.
Otros, sin embargo, dicen que las votaciones recientes son un rechazo de las políticas pro-criminales que priorizaron los derechos de los delincuentes sobre las necesidades de las víctimas del delito.
Este podría ser un regreso a la normalidad, al sentido común. El hecho es que las ideas de ciertos legisladores progresistas fracasaron.
No es una cuestión demócrata o republicana ni una cuestión de estado azul (demócrata) o rojo (republicano). Esto es una cuestión de ley y orden versus caos.
En el estado de Vermont, el gobernador republicano Phil Scott instó este año a los legisladores a revisar la legislación de reforma de la justicia penal aprobada hace unos años, proyectos de ley que él promulgó. Entre ellas se encuentra la ley estatal de “aumento de edad”, que reclasificó a los adultos de 18 años como menores dentro del sistema de justicia penal. Ha instado a los legisladores a posponer el plan para hacer lo mismo con los adultos de 19 años. Scott dijo que el estado no está preparado para albergar a esos sospechosos como menores.
La semana pasada, la Cámara de Vermont aprobó un proyecto de ley que endurecería las infracciones repetidas de robo en comercios minoristas, permitiendo la agregación del valor de los bienes robados para trasladar los cargos de delitos menores a delitos graves. El proyecto de ley pasará ahora al Senado para su consideración.
En California se está llevando a cabo un esfuerzo bipartidista para enmendar la Proposición 47, que fue aprobada por los votantes en 2014. Elevó el umbral a 950 dólares en bienes robados para que el hurto en tiendas se considere un delito grave y reclasificó algunos cargos de drogas de delitos graves a delitos menores. La propuesta recibió un amplio apoyo como forma de reducir el hacinamiento en las prisiones. Ahora, un nuevo proyecto de ley permitiría, como en Vermont, a los fiscales acusar a los infractores reincidentes de robo minorista de forma acumulativa por los bienes robados.
El hurto en tiendas, los hurtos y otros actos de tendencia de robo en comercios minoristas están provocando que los minoristas cierren sus negocios y poniendo en peligro a clientes y empleados. Desde la pandemia estos delitos han aumentado.
Luisiana atrajo la atención nacional en 2017 cuando el entonces gobernador. John Bel Edwards, un demócrata, firmó un paquete legislativo destinado a reducir la población penitenciaria estatal y reforzar las alternativas al encarcelamiento. Luisiana ahorró casi $153 millones y el número de personas detenidas bajo custodia estatal disminuyó en 1.627 personas, o un 11%, de 2016 a 2023, según los registros estatales.
El estado volvió a ganar atención nacional este invierno después de que los legisladores se reunieron en una sesión especial sobre seguridad pública y consideraron una serie de proyectos de ley. Estas incluyeron permitir que los jóvenes de 17 años fueran acusados como adultos, revelar algunos antecedentes penales juveniles, limitar las apelaciones posteriores a la condena y ampliar los métodos estatales para realizar ejecuciones para incluir gas nitrógeno y electrocución.
También se discutió una propuesta para poner el sistema de defensa pública de Luisiana bajo el control directo del gobernador. El proyecto de ley generó preocupación entre constitucionalistas, abogados, defensores públicos y jueces jubilados.
Definitivamente el ciudadano común sospecha que ahora existe el temor de que la defensa pública se vea afectada por la política.
Hasta la fecha, el republicano Jeff Landry, 57avo gobernador de Luisiana, ha promulgado 19 proyectos de ley, que abarcan medidas como permitir el porte oculto de un arma sin permiso, imponer penas más severas por robo de vehículos y tratar a todos los jóvenes de 17 años acusados de delitos, incluidos delitos menores, como adultos.
La confusión es grande. Las opiniones, variadas. Pero, pareciera que se trata de una martingala en un juego de azar, que sigue poniendo en riesgo la vida de los contribuyentes.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 15, 2024
Tags: Legislación, Policía, PolíticosRelated Posts
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