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Una medida de fuerza sorpresiva fue realizada este miércoles por los trabajadores de la empresa Intercargo, que brinda servicios de rampa en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En respuesta, el Gobierno de Javier Milei exigió a los gremios de Aerolíneas Argentinas a presentar una propuesta para que la compañía funcione con normalidad. De no hacerlo, avanzará con el cierre de la línea aérea, publicaron medios locales.

Los sindicatos tienen tiempo hasta este viernes para responder al pedido, vencido el plazo se podría declarar un Plan Preventivo de Crisis que provocaría que la compañía deje de operar. Ese procedimiento es un instrumento legal que permite a una empresa reducir horarios y despedir o suspender trabajadores, pagando una indemnización reducida.

Esta decisión del Gobierno fue una respuesta a las asambleas informativas que los trabajadores de la empresa Intercargo realizaron este miércoles y que afectaron el funcionamiento de varias aerolíneas. Desde la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) explicaron que le medida fue una respuesta al despido “sin causa” de un trabajador en Aeroparque y lo definieron como una “provocación”.

La realización de las asambleas derivó en que más de 2.000 personas quedaran dentro en los aviones sin poder descender, ya que no funcionaban los servicios de escaleras ni de rampas. Por eso, el Gobierno denunció a los miembros de APA y de Intercargo por los supuestos delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo.

Según señaló la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, hubo “pasajeros descompuestos y con ataque de pánico” que tuvieron que ser bajadas por el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

Respecto de la denuncia presentada, acusó a los gremialistas de “secuestrar a más de 2.000 personas, incluyendo niños y mujeres embarazadas” dentro de los aviones y agregó: “Los retuvieron por más de dos horas, afectando su salud en condiciones de encierro y sin ventilación adecuada. Esta extorsión y privación ilegítima de la libertad no quedará impune. El que las hace, las paga”.