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La Procuraduría General de Brasil (PGR) acusó formalmente esta semana al expresidente Jair Bolsonaro y otras 33 personas por los actos golpistas del 8 de enero de 2023.  A través de un comunicado, la Fiscalía anunció que su titular, Paulo Gonet Branco, elevó al Supremo Tribunal Federal una denuncia contra 34 personas acusadas de incentivar y ejecutar actos “contra los tres poderes y contra el estado democrático de derecho”. 

Entre los acusados, son mencionados como “líderes” el entonces mandatario Bolsonaro y su vicepresidente, Walter Braga Netto, además de otros integrantes de lo que la justicia considera “una organización criminal”. 

Las imputaciones contra los 34 involucrados abarcan cinco delitos:  

• Liderazgo de una organización criminal armada.
• Intento de abolir violentamente el estado democrático de derecho.
• Golpe de Estado.
• Daño calificado por violencia y amenaza grave contra el patrimonio del sindicato.
• Deterioro del patrimonio catalogado.

“Las acusaciones se basan en manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes que revelan el esquema de ruptura del orden democrático. Y describen con todo detalle el complot conspirativo montado y ejecutado contra las instituciones democráticas”, sostiene la PGR.

Según las investigaciones, el plan comenzó en 2021, con ataques sistemáticos al sistema de votación electrónica, a través de comunicados públicos y en internet. En julio del año siguiente, señala la Fiscalía, Bolsonaro se reunió con embajadores y representantes diplomáticos acreditados en el país para exponer “las conocidas y negadas acusaciones de fraude en las máquinas de votación electrónica, en un intento de preparar a la comunidad internacional para el irrespeto a la voluntad del pueblo en las elecciones presidenciales”.

“Las investigaciones revelaron la operación para ejecutar el golpe de Estado, en la que incluso se admitió la muerte del presidente electo y del vicepresidente de la república, así como la de un ministro del Supremo Tribunal Federal. El plan fue aprobado por el entonces presidente”, señala la PGR.