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El Gobierno de Colombia presentó el pasado lunes una propuesta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para cambiar el modelo actual de lucha antidrogas, proceso en el que pide excluir a la hoja de coca de la lista de sustancia dañinas para la salud.

Así lo manifestó la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, durante su intervención en el 68º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, donde destacó que la solicitud de excluir a la hoja de coca de la mencionada lista está respaldada por evidencia científica y práctica. 

“La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud”, alegó Sarabia, citada en un comunicado de su Cancillería, y afirmó que todos los gobiernos del mundo deben dar un paso adelante para arrebatarle esa planta a los narcotraficantes, que la utilizan como insumo base para producir cocaína, y en cambio aprovechar sus propiedades para potenciar su uso en el área industrial, de fertilizantes y bebidas.

Sarabia resaltó que para “reformar el régimen global de drogas” se debe construir un nuevo modelo basado en la evidencia y el respeto a la vida. Por ello instó a la comunidad internacional a entablar un debate franco e inclusivo sobre la necesidad del cambio.

“No significa normalizar el narcotráfico, sino dotarnos de herramientas más eficaces para combatirlo. No podemos seguir repitiendo los errores del pasado. Para Colombia, reenfocar esta política es una cuestión de vida y paz”, dijo.

La canciller colombiana ratificó el compromiso de su país en la lucha contra las organizaciones del narcotráfico, lo que incluye una “estrategia rigurosa de erradicación e interdicción” de cultivos.

También resaltó que Colombia ha logrado, entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de enero de 2025, incautar más de “1,9 millones de kilogramos de clorhidrato de cocaína y más de 215.000 kilogramos de base de coca, y ha destruido 454 laboratorios clandestinos”.

Además, Sarabia señaló que en la estrategia antidrogas se deben diseñar alternativas económicas para las poblaciones afectadas por la guerra contra las drogas. “No podemos permitir que las comunidades queden atrapadas en la violencia y el abandono. Debemos llevar recursos y proyectos de transformación territorial a quienes más lo necesitan”, expresó.

En ese sentido, la canciller indicó que es urgente crear opciones productivas viables y rentables para la población, como el cultivo de cacao y café, o el de otros rubros, especialmente en las regiones más golpeadas por el narcotráfico, como el Catatumbo y el Cañón del Micay. Además, pidió revisar los mecanismos de financiación internacional.