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          En su edición del 28/nov/2025 el diario Perfil en la nota suscripta por Pedro Pesatti, titulada. ¿Nuevos crímenes de lesa humanidad? expone:

Si otrora el Estado instrumentalizó la violencia física directa, la administración actual ensaya un método más sofisticado: la conducta por omisión masiva y sistemática. No estamos ante negligencias aisladas, sino ante un comportamiento doloso que desafía los tipos penales básicos.

Si otrora el Estado instrumentalizó la violencia física directa, la administración actual ensaya un método más sofisticado: la conducta por omisión masiva y sistemática. No estamos ante negligencias aisladas, sino ante un comportamiento doloso que desafía los tipos penales básicos. El retiro deliberado del Estado no es un mero reordenamiento técnico, sino una agresión cuyo impacto —en términos de vidas truncadas— es tan eficaz como cualquier violencia explícita.

https://www.perfil.com/noticias/opinion/nuevos-crimenes-de-lesa-humanidad.phtml

          En nuestro artículo titulado «Encrucijada para la Comisión IDH», que fuera publicado por Prisionero en Argentina el 26/nov/2025, expusimos la existencia de una grave violación a los derechos humanos, mediante la aplicación reiterada y sistemática de tratos crueles inhumanos y degradantes, a miembros de la Fuerzas Armadas, motivadas por la denegación de atención médica en los hospitales de dichas fuerzas, por aplicación de la Resolución del Ministerio de Defensa 85/13 del 27/jul/2013, la que evidentemente fue ordenada o sostenida por la entonces presidente Cristina Elizabet Fernández de Kirchner. La medida incluía no solo a condenados por los denominados delitos de lesa humanidad, a quienes no se les puede denegar el derecho a una atención medica eficiente y oportuna en los hospitales sostenidos por sus aportes, sino que lo hizo extensivo a procesados, es decir legalmente inocentes.

https://prisioneroenargentina.com/encrucijada-para-la-comision-idh/

          La obediencia debida es considerada por el progresismo como una verdadera calamidad jurídica, sin embargo, la aplican, aunque había sido hace mucho derogada. Los jefes de las respectivas fuerzas debieron iniciar una acción de amparo para evitar la aplicación de una norma que podía generar graves daños a la salud o la muerte de sus subordinados y los produjo. Nada hicieron y por ende son también responsable de los tratos que claramente involucraron tortura, no solo para el afectado directo, sino también para sus familiares que tuvieron que soportar sus padecimientos y fallecimiento.

          El autor de la nota de Perfil, tergiversa la realidad, algo que es frecuente en los sectores afines al progresismo o la izquierda que, si bien tildan de fascistas a los que opinan distinto, usan los 11 principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels como instrumento principal de su accionar, con independencia de si son ensobrados o militantes, su accionar es constante y sistemático, y cuentan con el bajo nivel de respuesta de los que representan a la denominada derecha, que por indiferencia, negligencia, culpa o vaya a saberse por qué razón (salvo excepciones) los han dejado apropiarse del discurso y emplear al lenguaje como subversión semántica. Aun así han comenzado a exponer quienes consideran como imprescindible dar la batalla cultural.

          Nuestro actual presidente, ha manifestado que su propósito principal, y porque es lo que conoce, es la lucha por estabilizar la economía saqueada que recibió, algo que viene haciendo mal que les pese a algunos y que obviamente produce sufrimientos a muchos, no obstante, el haber accedido a la presidencia e ingresado a la política sin un partido a nivel nacional, escasísimos legisladores, y teniendo que enfrentar el ataque sistemático de la oposición. Para las otras cuestiones expuso que contaba con ministros ad hoc.

          Ante la palmaria violación a los derechos humanos y los daños causados por la Resolución 85/13 del Ministerio de Defensa, como es de orden público debió el Ministerio Público Fiscal, desde hace más de una década, llevar a juicio a los responsables, más aún ante el silencio de los Ministerios de Justicia y de Defensa que son los involucrados en forma directa.

          Que va a hacer la Comisión IDH, con la encrucijada que esta planteada en el caso N°. 15.346, en trámite de informe sobre el fondo, es solo una parte de la responsabilidad de dicho órgano del Sistema Interamericano, la otra es la del Estado nacional, garante primigenio de la defensa de las garantías de protección a los derechos humanos, que a través de sus funcionarios competentes, deben iniciar y promover el proceso por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrieron los miembros de las fuerzas armadas y sus familias por aplicación de una norma que taxativamente implicaba una violación al derecho a la vida y a la integridad personal por su sola sanción y cómo podemos demostrar lo hizo por su aplicación. No actuar generará nuevas responsabilidades a los funcionarios que pretenden hacerse los distraídos.

          La Resolución y su aplicación constituyen una acción dolosa de lesa humanidad, y no la que se le pretende adjudicar a las medidas mientras el gobierno actual está en proceso de revertir lo recibido.

Buenos Aires, diciembre de 2025.

Josefina Margaroli jomargaroli@yahoo.com.ar

Sergio Luís Maculan smaculan@yahoo.com.ar

 

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PrisioneroEnArgentina.com

Dic 2, 2025

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