Los republicanos del Senado están impulsando una estrategia para acabar con los cierres del gobierno financiando la aplicación de la ley de inmigración a través del proceso de conciliación, con el objetivo de proteger la financiación futura de los demócratas que se resisten.
Justifican la medida como una forma de evitar que las tensiones partidistas se conviertan en un arma contra las operaciones federales, especialmente después de que la financiación del DHS se haya estancado. Los demócratas replican que usar la conciliación podría cambiar el equilibrio de poder y politizar agencias clave, al tiempo que señalan que impulsarán enmiendas sobre la asequibilidad y otros temas.
Thune
El desacuerdo genera una lucha crucial sobre cómo mantener las operaciones federales e influir en la aplicación de la ley de inmigración en los próximos años, con un posible proyecto de ley de financiación del DHS como punto central de la negociación para ambos bandos.
Si el consenso sigue siendo esquivo, los legisladores proponen medidas provisionales para garantizar que los empleados federales reciban su salario durante los cierres y para limitar el riesgo de cierres de cara a septiembre.
Los republicanos describen el plan como un primer paso para financiar el ICE y el CBP durante varios años a través de la conciliación presupuestaria, eludiendo así la obstrucción demócrata y modificando el proceso de financiación habitual vinculado a los debates de autorización.
El líder de la mayoría del Senado, John Thune, planteó públicamente la posibilidad de incluir una medida en el paquete de conciliación que superaría las reglas del Senado, lo que indica un esfuerzo concertado para asegurar la financiación de la aplicación de la ley de inmigración, independientemente de la dinámica partidista general.
El conflicto principal radica en la negativa de los demócratas a financiar componentes del DHS sin concesiones en reformas como las órdenes judiciales o la revelación de la identidad de los agentes, lo que ha contribuido a un prolongado cierre parcial del DHS que se ha extendido por más de dos meses.
Los escépticos conservadores, incluido el senador Josh Hawley, reconocen el riesgo político y dudan de que dicha medida pueda integrarse en el paquete, advirtiendo de posibles cierres nuevamente este otoño si los demócratas no la aprueban.
Los demócratas, liderados por el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, argumentan que el plan republicano es una oportunidad para destacar la asequibilidad y otras prioridades, insistiendo en que la vía de la conciliación es una herramienta legítima para abordar problemas nacionales urgentes.
Entre las alternativas que se barajan se encuentra la Ley de Equidad en Casos de Cierre, propuesta por el senador Ron Johnson, que contempla el pago a los empleados federales durante los cierres, como posible incentivo para obtener un mayor apoyo y evitar una parálisis prolongada.
El debate en curso pone de manifiesto una disputa más amplia sobre cómo gestionar futuras interrupciones en las operaciones federales, el equilibrio de poder entre los partidos y el riesgo de que se repitan los cierres si el consenso se mantiene frágil de cara al nuevo año fiscal. Send feedback
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Los republicanos del Senado están impulsando una estrategia para acabar con los cierres del gobierno financiando la aplicación de la ley de inmigración a través del proceso de conciliación, con el objetivo de proteger la financiación futura de los demócratas que se resisten.
Justifican la medida como una forma de evitar que las tensiones partidistas se conviertan en un arma contra las operaciones federales, especialmente después de que la financiación del DHS se haya estancado. Los demócratas replican que usar la conciliación podría cambiar el equilibrio de poder y politizar agencias clave, al tiempo que señalan que impulsarán enmiendas sobre la asequibilidad y otros temas.
El desacuerdo genera una lucha crucial sobre cómo mantener las operaciones federales e influir en la aplicación de la ley de inmigración en los próximos años, con un posible proyecto de ley de financiación del DHS como punto central de la negociación para ambos bandos.
Si el consenso sigue siendo esquivo, los legisladores proponen medidas provisionales para garantizar que los empleados federales reciban su salario durante los cierres y para limitar el riesgo de cierres de cara a septiembre.
Los republicanos describen el plan como un primer paso para financiar el ICE y el CBP durante varios años a través de la conciliación presupuestaria, eludiendo así la obstrucción demócrata y modificando el proceso de financiación habitual vinculado a los debates de autorización.
El líder de la mayoría del Senado, John Thune, planteó públicamente la posibilidad de incluir una medida en el paquete de conciliación que superaría las reglas del Senado, lo que indica un esfuerzo concertado para asegurar la financiación de la aplicación de la ley de inmigración, independientemente de la dinámica partidista general.
El conflicto principal radica en la negativa de los demócratas a financiar componentes del DHS sin concesiones en reformas como las órdenes judiciales o la revelación de la identidad de los agentes, lo que ha contribuido a un prolongado cierre parcial del DHS que se ha extendido por más de dos meses.
Los escépticos conservadores, incluido el senador Josh Hawley, reconocen el riesgo político y dudan de que dicha medida pueda integrarse en el paquete, advirtiendo de posibles cierres nuevamente este otoño si los demócratas no la aprueban.
Los demócratas, liderados por el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, argumentan que el plan republicano es una oportunidad para destacar la asequibilidad y otras prioridades, insistiendo en que la vía de la conciliación es una herramienta legítima para abordar problemas nacionales urgentes.
Entre las alternativas que se barajan se encuentra la Ley de Equidad en Casos de Cierre, propuesta por el senador Ron Johnson, que contempla el pago a los empleados federales durante los cierres, como posible incentivo para obtener un mayor apoyo y evitar una parálisis prolongada.
El debate en curso pone de manifiesto una disputa más amplia sobre cómo gestionar futuras interrupciones en las operaciones federales, el equilibrio de poder entre los partidos y el riesgo de que se repitan los cierres si el consenso se mantiene frágil de cara al nuevo año fiscal.
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