♣

Una de las disputas judiciales más importantes sobre la política migratoria de la administración de Donald Trump se produjo en Nueva York en 2026, cuando un juez federal modificó una decisión anterior y limitó considerablemente los arrestos civiles realizados por agentes de ICE en determinados tribunales de inmigración de Manhattan.

El caso adquirió especial relevancia porque el cambio se produjo después de que abogados del gobierno reconocieran ante el tribunal que habían utilizado de manera incorrecta un memorando de ICE de 2025 para justificar los arrestos. El propio Departamento de Justicia admitió que la información utilizada en sus argumentos anteriores era errónea.

No se trató, técnicamente, de una conclusión judicial de que los abogados hubieran cometido perjurio o hubieran “mentido” deliberadamente. Lo documentado es queel gobierno reconoció haber presentado una interpretación factual incorrecta y posteriormente corrigió esa posición.

El origen del conflicto

Durante la segunda administración Trump, ICE incrementó las detenciones de inmigrantes, incluyendo operaciones en lugares donde las personas acudían para cumplir con procedimientos judiciales.

Uno de los escenarios más controvertidos fueron los tribunales de inmigración de Nueva York. Entre los edificios afectados estaba26 Federal Plaza, en Manhattan, donde miles de inmigrantes tenían audiencias relacionadas con sus procesos migratorios.

Organizaciones como African Communities Together y The Door demandaron al gobierno federal, argumentando que los arrestos en los tribunales podían impedir que inmigrantes acudieran a sus propias audiencias. Su argumento era especialmente importante para personas que tenían la obligación legal de presentarse ante un juez.

El gobierno defendió inicialmente su política apoyándose, entre otras cosas, en una guía de ICE emitida en mayo de 2025.

Según los argumentos presentados originalmente, aquella guía permitía determinadas acciones de cumplimiento de las leyes migratorias dentro o cerca de los tribunales.

Pero posteriormente surgió un problema fundamental.

El error del gobierno

En marzo de 2026, abogados del Departamento de Justicia enviaron una comunicación al juezP.Kevin Castel, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

En ella reconocieron que el memorando de mayo de 2025 no se aplicaba a los tribunales de inmigración.

La propia comunicación gubernamental indicó que la guía “no se aplica y nunca se ha aplicado” a las acciones civiles de inmigración realizadas en tribunales de inmigración. El Departamento de Justicia expresó además su pesar por el error.

Esto era importante porque aquella interpretación había formado parte de los argumentos utilizados por el gobierno para defender su política ante el tribunal.

El problema no era simplemente semántico. La interpretación de la guía podía afectar directamente a la legalidad de determinadas detenciones.

Según los documentos judiciales, los abogados federales dijeron que habían recibido información de ICE que les indicaba que la guía sí se aplicaba a los arrestos en tribunales de inmigración. También señalaron que habían consultado con abogados de ICE antes de presentar escritos y realizar declaraciones ante el juez.

Por eso, aunque algunos titulares describieron el episodio como que los abogados de Trump habían sido “descubiertos mintiendo”, la descripción jurídicamente más precisa es queel gobierno reconoció una representación materialmente equivocada ante el tribunal.

El juez cambia su decisión

El juez Castel había rechazado anteriormente la solicitud de las organizaciones demandantes para detener los arrestos en los tribunales.

Pero después de conocer la admisión del gobierno, reconsideró esa decisión.

El 18 de mayo de 2026, Castel ordenó que ICE limitara los arrestos civiles en tres tribunales de Manhattan: 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway.

El juez explicó que la nueva información justificaba revisar su decisión anterior.

Según la resolución, era necesario corregir un error claro y evitar una posible injusticia.

La orden no prohibió absolutamente todos los arrestos.

ICE conservó autoridad para actuar en determinadas circunstancias excepcionales, como situaciones relacionadas con amenazas de seguridad nacional, violencia inminente, persecuciones inmediatas o riesgos para pruebas de delitos.

Por lo tanto, el fallo no significó que los inmigrantes presentes en los tribunales quedaran completamente fuera del alcance de ICE.

Lo que cambió fue el marco bajo el cual podían realizarse esos arrestos.

El problema del debido proceso

Uno de los aspectos centrales del caso es el concepto dedebido proceso.

Los tribunales de inmigración son lugares donde los inmigrantes deben presentarse para defender sus casos. Una persona puede tener una audiencia para solicitar asilo, presentar argumentos contra su deportación o cumplir con otras obligaciones procesales.

Las organizaciones demandantes argumentaron que si acudir al tribunal podía provocar automáticamente una detención, algunas personas podrían decidir no presentarse.

Eso generaría un problema adicional: una persona que no comparece puede enfrentarse a consecuencias negativas en su procedimiento migratorio.

El juez Castel reconoció que los demandantes habían demostrado un riesgo concreto para sus clientes: podían ser detenidos inmediatamente o podían dejar de acudir a sus audiencias por temor a ser arrestados.

El dilema era, por lo tanto, complejo.

Por un lado, el gobierno tiene autoridad para aplicar las leyes de inmigración.

Por otro, los tribunales deben garantizar que las personas puedan acceder al sistema judicial sin que el propio proceso se convierta en un obstáculo para ejercer sus derechos legales.

La reacción del gobierno

La administración Trump no aceptó que la decisión significara el fin de los arrestos en los tribunales.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que ICE continuaría aplicando las leyes migratorias.

Un portavoz afirmó que nada impedía detener a una persona que estuviera infringiendo la ley cuando los agentes la encontraran.

Así, la disputa no terminó con la orden de Castel.

El gobierno continuó defendiendo una interpretación amplia de sus facultades migratorias, mientras que los grupos demandantes sostuvieron que las políticas habían ido demasiado lejos.

¿Fue una mentira?

Esta es probablemente la parte más delicada del caso.

Decir que los abogados “fueron encontrados mintiendo” puede dar la impresión de que un juez determinó que habían mentido deliberadamente.

Eso no es lo que muestran los documentos citados.

Lo que ocurrió fue que los abogados del Departamento de Justicia reconocieron que habían utilizado información incorrecta sobre el alcance de una política de ICE. El gobierno atribuyó el problema, en parte, a la información que había recibido de ICE y dijo que había consultado con abogados de esa agencia.

La diferencia entre una declaración falsa deliberada y una representación incorrecta posteriormente corregida es jurídicamente importante.

En un tribunal federal, una afirmación equivocada puede tener consecuencias enormes aunque no exista una conclusión de que quien la hizo pretendía engañar.

En este caso, el error tuvo una consecuencia concreta: el juez revisó su posición anterior y restringió los arrestos en determinados tribunales.

Un conflicto mucho más grande

El caso de Nueva York forma parte de una discusión nacional sobre el papel de los tribunales frente a las políticas migratorias de la administración Trump.

En 2026, otros jueces federales también han intervenido en disputas relacionadas con arrestos, detenciones y cumplimiento de órdenes judiciales por parte del gobierno. Un seguimiento de casos realizado por Just Security registraba cientos de litigios en los que tribunales habían encontrado problemas de cumplimiento, información poco fiable u otros conflictos entre el gobierno y las órdenes judiciales.

Eso demuestra que la controversia no se limita a una sola ciudad.

La cuestión fundamental es quién determina los límites de la autoridad ejecutiva cuando el gobierno aplica una política migratoria y esa política entra en conflicto con procedimientos judiciales.

Una decisión que todavía puede cambiar

La orden de Castel fue una medida dentro de un litigio más amplio, no necesariamente la última palabra.

El caso continúa mientras las partes discuten la legalidad de las políticas de arresto en los tribunales.

Lo ocurrido, sin embargo, dejó una consecuencia importante: el gobierno tuvo que reconocer que uno de los fundamentos utilizados para defender su política había sido incorrecto, y el juez modificó su decisión después de conocer ese error.

El episodio también ilustra la importancia de la precisión en los tribunales. Cuando abogados del gobierno presentan una interpretación equivocada de una norma o política, esa información puede influir directamente en las decisiones judiciales y, en casos migratorios, afectar la libertad y el futuro de personas concretas.

Más allá de las posiciones políticas de Trump y de sus críticos, el caso plantea una cuestión institucional: cuando el Ejecutivo aplica una política controvertida, los tribunales tienen la responsabilidad de determinar si esa política respeta las leyes y los límites constitucionales.

En Nueva York, el juez Castel decidió que la nueva información justificaba revisar su decisión y restringir los arrestos de ICE en determinados tribunales.

Y la controversia continúa porque, en última instancia, no se trata solamente de inmigración. También se trata de la relación entreel poder ejecutivo, sus abogados y el sistema judicial, y de qué ocurre cuando información incorrecta llega a una sala de justicia.