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  Por Dr. Gonzalo P. Miño para PrisioneroEnArgentina.com

 

LA JUSTICIA SIGUE EN SU IMPOSTURA, TOTALMENTE DE ESPALDAS A LA SOCIEDAD, GOZANDO DE SUS OBSCENOS SUELDOS Y DE LA PROTECCIÓN DE LA CASTA POLÍTICA,

Si algo se consiguió en estos veintitrés años de juicios, en las denominadas causas “de lesa humanidad”, es que la enorme mayoría de los magistrados judiciales, hayan naturalizado como “lo correcto” que la arbitrariedad sea la “reina” en estos procesos penales, aceptando que la ley transite por andariveles separados y paralelos a lo que establece la Constitución Nacional, el Código Penal y los Códigos de Procedimiento, llegándose al grotesco de que ese criterio comenzó, hace ya un tiempo, a expandirse rápidamente, como un virus letal, a las causas denominadas comunes. 

Hace algunos años atrás, un profesor de Derecho Penal, solía decirles a sus alumnos que su oposición a lo que comenzaba a suceder en los juicios denominados de “lesa humanidad”, no era porque estuviese de acuerdo con lo que ocurrió en el proceso militar, al contrario decía que lo que había pasado fue una barbarie, pero sostenía, que esa barbarie no debería ser sancionada con otra barbarie y encima jurídica, para concluir que lo que hoy se ve como lo políticamente correcto mañana cambiará de objetivo y se terminará juzgado de la misma manera a cualquier delito, aún el más insignificante.  Ese profesor, hoy retirado de la enseñanza universitario, no pudo haber tenido tanta razón.

Desde el 2004 hasta el día de la fecha, cuando el entonces gobierno kirchnerista decidió “cooptar” la Justicia Federal con togados ideológicamente afines a sus caprichos, empezando por la Corte Suprema y siguiendo luego por los estamentos inferiores, trajo como consecuencia que se naturalizara que las causas “de lesa” eran “especiales” y merecían un cambio en los paradigmas jurídicos que constituyen el pilar fundamental de cualquier estado de derecho democrático del mundo.

Esta ola de lo “políticamente correcto”, motorizada y empujada por las “orgas” de los derechos humanos, que cada vez adquirían más poder y aun lo detentan, también fue surfeada por muchos gobernadores, que poblaron sus justicias provinciales con jueces y funcionarios afines a esa tendencia de moda. Tanto fue así, que por ejemplo en Santa Fe, durante la larga gestión socialista, a los candidatos a jueces, aunque sea para el fuero laboral o de familia, en las entrevistas de los concursos, se le preguntaba por los juicios de “lesa”, si pensaban que estaban bien o que opinaban de aquellos que sostenían que debían juzgarse también a las organizaciones terroristas. De hecho, también en Santa Fe, algunas abogadas que actuaron como querellantes en los juicios “de lesa” fueron catapultadas a cargos dentro de justicia provincial, por ese solo “logro”.   

El tiempo fue pasando, este “status quo” se fue consolidando y las diferentes justicias se fueron plagando de magistrados ideológicamente consustanciados con lo “nacional y popular” o simplemente sumidos a ello por la comodidad de un suculento sueldo, producto de la paupérrima situación económica que arrastramos desde hace años.

En el fuero federal, esta situación fue y es mantenida, sin excepción por todos los gobiernos, incluido el actual, el cual en su afán de cubrir los cargos vacantes en el mismos, envió y envía pliegos “a discreción”, donde sobresalen candidatos de la “orga” Justicia Legitima, afines al kirchnerismo y dignos representantes de la casta y de la familia judicial, en un espurio arreglo con la principal oposición, lo que se demuestra con el hecho de que fueron votados, sin mayores obstáculos y por amplia mayoría, esos pliegos.  

Todas las aberraciones que suceden en los juicios “de lesa” (se dan dado amplias referencias de esta página) están siendo traspaladas a los juicios “comunes”, tal como advirtió ese profesor de Derecho Penal a sus alumnos. Lamentablemente esta realidad no es vista, quizás no quiera ver vista, ni el actual gobierno, ni por gran parte de los medios de comunicación, los cuales critican a la Justicia por los desmanejos en causas públicas, despotricando, a su vez, contra inseguridad mientras piden “mano dura”, a la par que avalan y aplauden las arbitrariedades en los juicios “de lesa”, NEGANDOSE A ACEPTAR QUE UNA ES CONSECUENCIA DE LA OTRA.

Entonces, tenemos que las victimas pasaron a ser los delincuentes y todo aquel que vista un uniforme un homicida, como que todo enfrentamiento armado es un deliberado asesinato por parte de las fuerzas de seguridad, enfrascándose los jueces en el delirio de querer combatir al delito pero sin “represión”, privilegiando a los derechos humanos (de los delincuentes claro) por sobre la seguridad del ciudadano común; pues un “chorro” que en el robo mata a un menor o a un anciano es una víctima de una cruel sociedad, mientras que el policía que lo enfrenta o el ciudadano que se defiende, una brutal bestia, que merece todo el peso de la ley.

Durante muchos años los jueces se negaron a ordenar el desalojo de una calle o una ruta cortada por los denominados “piquetes”. Incluso al día de hoy se resisten a abrir causas por los delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática contra quienes rompen plazas, queman autos y lanzan innumerables piedras y hasta bombas molotov contra las fuerzas de seguridad en una marcha; a la par que le abren causas penales a aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que intentan contener esos actos delictuales.

Ni hablar de las causas en las que se impone la “perspectiva de género”, donde el “macho” tiene prácticamente vedado el derecho de defensa y casi no rige el principio de inocencia, pues según la doctrina del “pañuelo verde” la denunciante nunca, pero nunca miente y el “macho” merece todo el máximo castigo. Incluso el sensato proyecto de agravar las penas por falso testimonio en este tipo de causas aún “sigue dando vueltas”, a pesar de tener dictamen favorable en el Senado de la Nación.

Y si se hurgara un poco, en quienes están atrás de todo este desquicio, veremos que son los mismos actores de siempre, las “orgas” de los derechos humanos, el CELS, los colectivos sociales y de género, los grupos nacionales y populares; azuzados por conspicuos togados de las más altas esferas judiciales.

La Justicia sigue en su impostura, totalmente de espaldas a la sociedad, gozando de obscenos sueldos y de la protección de la casta política, libertarios incluidos; importándole un rábano, que según las últimas encuestas tienen un nivel de descreimiento cercano al 80%, siendo que tan solo el 12% le cree que trata a todos por igual y un el 14% considera que es capaz y eficiente.

Durante años repitieron tantas veces las más groseras arbitrariedades, que se “autoconvencieron” que es lo jurídicamente correcto, a tal punto, que hace poco la misma Corte Suprema ha sentenciado que: “Un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”. (fallo Castillo, 23/10/25).

Como dijo, con acierto, un gran jurista italiano: «Cuando la política entra en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana»

 

PrisioneroEnArgentina.com

Set 20, 2026