♣

El crimen que lo llevó al corredor de la muerte

El 25 de noviembre de 1995, Saldaño y un cómplice secuestraron a Paul King en un estacionamiento de un supermercado en Plano, Texas. Según los documentos judiciales, lo obligaron a subir a su automóvil a punta de pistola, le robaron sus pertenencias y lo llevaron a una zona apartada. Allí, Saldaño le disparó cinco veces.

El objetivo del robo incluía dinero, una billetera y un reloj. King tenía 46 años. Su asesinato dio origen a un proceso penal que terminaría con Saldaño condenado por homicidio capital y sentenciado a muerte en julio de 1996.

La gravedad del crimen es indiscutible dentro de la causa judicial. Pero, con el paso del tiempo, la controversia dejó de limitarse a los hechos del asesinato y se extendió a la legitimidad de la pena máxima impuesta al acusado.

El argumento racial que hizo tambalear la sentencia

Durante el primer juicio, un perito de la fiscalía presentó un testimonio que vinculaba la supuesta peligrosidad futura de Saldaño, en parte, con su origen latino. Un tribunal federal concluyó posteriormente que esa intervención había contaminado la fase de determinación de la pena.

En 2003 se ordenó una nueva audiencia para determinar el castigo. Sin embargo, en 2004 Saldaño volvió a recibir la pena de muerte. La condena por el crimen permaneció vigente, aunque la controversia sobre la utilización de estereotipos raciales quedó incorporada a la historia judicial del caso.

La discapacidad intelectual, en el centro de la batalla

En los años posteriores aparecieron nuevas evaluaciones sobre las capacidades intelectuales de Saldaño. De acuerdo con la opinión disidente de la jueza Sonia Sotomayor, tres expertos —dos de la defensa y uno del Estado de Texas— concluyeron que presentaba una discapacidad intelectual. Las pruebas de coeficiente intelectual arrojaron resultados de 73 y 74, y los informes describieron dificultades adaptativas que, según los especialistas, se remontaban a la infancia.

La cuestión tiene consecuencias constitucionales. Desde el fallo Atkins contra Virginia, de 2002, la Constitución estadounidense prohíbe ejecutar a personas con discapacidad intelectual. El problema jurídico consistía en determinar si Saldaño podía presentar formalmente sus pruebas ante un tribunal para que evaluara el fondo de su reclamo.

En una circunstancia poco habitual, los abogados de Saldaño y los representantes del propio Estado de Texas apoyaron que se revisara la evidencia. No obstante, el máximo tribunal penal estatal rechazó abrir esa instancia.

La Corte Suprema rechazó intervenir

El 22 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar el caso. Sotomayor, acompañada por Kagan y Jackson, sostuvo en una opinión disidente que las pruebas merecían una evaluación judicial de fondo y advirtió sobre el riesgo de ejecutar a una persona sin resolver adecuadamente su posible discapacidad intelectual.

La decisión no declaró que Saldaño fuera inocente del asesinato. Tampoco resolvió afirmativamente que cumpliera los requisitos legales para quedar excluido de la pena capital. Lo que rechazó fue intervenir en esa etapa del procedimiento, dejando vigente la situación judicial que permite que la condena a muerte continúe.

Argentina ante un caso que no termina

La situación de Saldaño plantea una pregunta que excede las fronteras argentinas: ¿puede el Estado ejecutar a una persona cuando existen evaluaciones profesionales coincidentes sobre una posible discapacidad intelectual, pero los tribunales no han resuelto el reclamo en cuanto al fondo?

La respuesta legal depende de los procedimientos y de las garantías constitucionales estadounidenses. El caso también reabre el debate sobre la pena de muerte, una sanción que Argentina no aplica y que continúa generando profundas divisiones en Estados Unidos.

Para la familia de Paul King, el asesinato dejó una pérdida irreversible. Para Saldaño, casi tres décadas de encierro desembocan en una incertidumbre extrema. Y para quienes observan el caso desde Argentina, la discusión incluye tanto la gravedad del crimen como la obligación de que la justicia respete las garantías constitucionales.

Víctor Saldaño continúa condenado a muerte, pero la controversia sobre su elegibilidad para ser ejecutado no debe confundirse con una declaración de inocencia. La cuestión pendiente es si el sistema judicial estadounidense permitirá una evaluación completa de las pruebas sobre su discapacidad intelectual antes de que se tome una decisión irreversible.

La historia todavía representa un choque entre castigo, derechos constitucionales y justicia. Y mientras no exista una resolución definitiva que despeje esas dudas, el destino del cordobés seguirá siendo uno de los casos judiciales argentinos más inquietantes en Estados Unidos.

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 12, 2026