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Tres empresarios desaparecieron después de una reunión. Seis días más tarde, sus cuerpos fueron encontrados en un descampado, maniatados y ejecutados a balazos. El caso reveló conexiones con el tráfico ilegal de efedrina y dejó una pregunta que todavía pesa sobre la investigación: ¿quién ordenó las muertes?

La reunión de la que no regresaron

El 7 de agosto de 2008, Sebastián Forza, de 34 años; Damián Ferrón, de 37; y Leopoldo Bina, de 35, se encontraron en la zona sur del Gran Buenos Aires. Los tres estaban relacionados con actividades comerciales y farmacéuticas, en un contexto donde el negocio de la efedrina había adquirido enorme relevancia.

La efedrina es una sustancia utilizada legalmente en determinados medicamentos, pero también puede emplearse como precursor químico para fabricar drogas sintéticas. En aquellos años, Argentina se había convertido en un punto importante del comercio de esta sustancia, parte de la cual terminaba desviada hacia organizaciones criminales internacionales.

Los tres hombres asistieron a una reunión en un hipermercado de Sarandí. Después de ese encuentro, desaparecieron.

Sus familiares comenzaron a buscarlos y denunciaron que no podían establecer contacto con ellos. Durante varios días, las autoridades intentaron reconstruir sus últimos movimientos, sin saber todavía que los tres habían sido asesinados.

El 13 de agosto, un hombre que transitaba por una zona rural de General Rodríguez encontró los cadáveres en un zanjón próximo a la ruta 24. Los cuerpos estaban atados y presentaban múltiples heridas de bala. La investigación revelaría que habían sido secuestrados y ejecutados.

Una ejecución planificada

La escena del hallazgo indicaba que no se trataba de un enfrentamiento improvisado. Los tres hombres habían sido inmovilizados y asesinados con disparos. La investigación también examinó la posibilidad de que los cuerpos hubieran permanecido en un lugar refrigerado antes de ser abandonados para dificultar la reconstrucción de los tiempos del crimen.

Los investigadores comenzaron a seguir las comunicaciones telefónicas, los movimientos de las víctimas y las relaciones comerciales que podían explicar el secuestro. Una de las líneas más importantes condujo al negocio ilegal de la efedrina.

Forza estaba relacionado con el sector farmacéutico y mantenía vínculos comerciales que despertaron el interés de los investigadores. Ferrón y Bina también tenían conexiones con personas y actividades que podían resultar relevantes para reconstruir el móvil.

Con el avance de las pesquisas, el caso dejó de ser solamente un triple homicidio. Se convirtió en una investigación sobre un entramado de negocios clandestinos, conflictos económicos y posibles conexiones con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Sin embargo, establecer el contexto criminal no significaba haber identificado a todos los responsables. La Justicia debía determinar quiénes habían organizado el secuestro, quiénes habían participado en los asesinatos y si existían autores intelectuales que todavía permanecían ocultos.

Los condenados

En diciembre de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Mercedes condenó a prisión perpetua a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y a los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci.

Los cuatro fueron considerados partícipes necesarios de la privación ilegítima de la libertad y del triple homicidio agravado. Las condenas quedaron firmes para los hermanos Lanatta después de una decisión de la Corte Suprema en 2016. 

Pero el proceso no despejó todas las incógnitas. Las investigaciones periodísticas posteriores señalaron que no se había establecido de manera concluyente quiénes habían disparado contra las víctimas ni quién había impartido la orden final de matarlas.

La diferencia es importante: hubo condenas judiciales por la participación en el crimen, pero la identificación de todos los autores materiales e intelectuales siguió siendo uno de los aspectos más discutidos del expediente.

La sombra de la política

El caso adquirió una dimensión política cuando comenzaron a circular acusaciones sobre supuestas conexiones entre el negocio de la efedrina, el financiamiento político y figuras de la dirigencia argentina.

Algunas declaraciones públicas señalaron a funcionarios y dirigentes como posibles responsables intelectuales. Esas acusaciones tuvieron una gran repercusión mediática, pero no deben presentarse como hechos probados si no fueron confirmados judicialmente.

Uno de los nombres que apareció en el debate fue el de Ibar Esteban Pérez Corradi, investigado por sus actividades vinculadas al tráfico de efedrina. Sin embargo, la Justicia dictó falta de mérito en su relación con el triple crimen. Esa decisión impide afirmar que haya sido condenado por organizar los asesinatos.

La investigación expuso, de todos modos, un problema de enorme gravedad: la posibilidad de que un negocio clandestino de gran rentabilidad se cruzara con redes de influencias, relaciones comerciales opacas y mecanismos de protección.

Una fuga que agravó el escándalo

En diciembre de 2015, Martín Lanatta, Cristian Lanatta y Víctor Schillaci escaparon de una prisión bonaerense. La fuga desencadenó una intensa búsqueda y un operativo que se prolongó durante semanas.

Los tres fueron recapturados en enero de 2016, después de una persecución que mantuvo en vilo al país. El episodio generó nuevos cuestionamientos sobre el sistema penitenciario y la seguridad de las cárceles, especialmente porque se trataba de condenados a prisión perpetua por un triple homicidio.

La fuga no modificó las condenas por los asesinatos, pero agregó otro capítulo a un caso que ya había expuesto graves problemas institucionales.

Las preguntas que permanecen

El triple crimen de General Rodríguez fue una ejecución de extrema violencia que destruyó tres familias y reveló la dimensión que podía alcanzar el negocio ilegal de la efedrina en Argentina.

Las condenas contra cuatro participantes fueron un resultado judicial concreto. Sin embargo, el móvil completo, la identidad de todos los responsables directos y la eventual intervención de otras personas continuaron siendo cuestiones discutidas en las reconstrucciones del caso.

Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina no fueron simplemente nombres en una causa policial. Eran hombres con familias, relaciones y proyectos que terminaron asesinados en circunstancias brutales.

El expediente permanece como uno de los casos criminales más impactantes de la historia reciente argentina, no solo por la violencia del triple homicidio, sino también por las preguntas que dejó sobre el poder económico, el narcotráfico y la capacidad de las instituciones para llegar hasta el fondo de una trama criminal.

Cuando un crimen termina con condenas, pero deja sin esclarecer quién dio la orden definitiva, la sociedad continúa buscando respuestas. En General Rodríguez, esa pregunta se convirtió en parte inseparable de la memoria de las tres víctimas.

 

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 23, 2026