En nuestra práctica de demostrar la falta de respeto a la igualdad ante la ley, la obvia discriminación que apareja, y en base a datos obtenidos de información pública, procederemos a comparar lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) en un informe reciente, y los rechazos in limine a múltiples presentaciones efectuadas por nosotros en los denominados procesos por lesa humanidad en Argentina y las acciones del Estado que serían constitutivas de violación a la garantía de integridad y derechos a la vida, pasibles de ser consideradas tortura y por ende delitos de lesa humanidad, ahora imprescriptibles.
La Comisión IDH, en su boletín informativo N°. 244/26 – 04/nov/2026, adjunta la Resolución N°. 88/2026, del 30/oct/2026, por la que se otorgaron las medidas cautelares Nos. 764/26 y 1855/26 a Daniel Emigdio Morón Cañizalez y Alberto de Jesús Sobalvarro Durán respecto de Venezuela, en virtud de probable permanencia en condiciones inapropiadas de detención y sin acceso a atención médica para sus padecimientos de salud.
En el párrafo 4 e dicha resolución, la Comisión IDH expresa: Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho efectuadas por la parte solicitante, la Comisión reconoce que las personas identificadas están en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud se encuentran en riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias; b) implemente las medidas suficientes para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables.En particular, las siguientes: i.realice de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud, y garantice la atención y tratamiento médico oportuno y especializado, dando a conocer los resultados y los informes médicos a sus familiares y representantes …
Desde hace mucho la Comisión IDH viene sosteniendo las formas de tratamiento a presos considerados vulnerables, incluso personas mayores, específicamente protegidas por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de 2015, (CIPDHPM), que provocó su inclusión en la solicitud de una Opinión Consultiva a la Corte IDH, emitida por esta el 30/may/2022, cómo OC: 29/22.
Diverso es el criterio cuando las peticiones y solicitudes de medidas cautelares involucran a personas vinculadas, en caso de Argentina, al proceso militar (1976/1983). En estos casos no les da curso utilizando el rechazo in limine, sin motivación ni fundamentación, y por tanto ilegítimo, ya que no podría sostenerlo si tuviera que explicar. La Comisión IDH, guarda bajo la alfombra lo que ha decidido ignorar, y con ello habilita al Estado argentino a no tratar el tema de la violación a las garantías judiciales y al debido proceso. Es más, tanto el organismo internacional como nuestro Estado vienen ignorando en forma expresa, la violación al derecho a la integridad de gran parte de los procesados por los denominados delitos de lesa humanidad, por la Resolución del Ministerio de Defensa 85/13 que prohibía «la internación y/o asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas, de personas condenadas penalmente o procesadas con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar». Lo cual constituía la aplicación de tratos crueles inhumanos y degradantes, para los eventuales afectados en su salud, y también para sus allegados que los veían afrontar sufrimientos y una expectativa de muerte por falta de atención adecuada y oportuna.
A lo que hay que agregar, el libelo instructivo denominado «impunidad gerontológica» emitido por el Ministerio de Justicia que propone, desde hace años, una atención restrictiva a solicitudes de personas mayores sujetas a la custodia del Estado (presos) con el prejuicioso supuesto de que inventaban o exageraban dolencias para obtener prisiones domiciliarias u otros beneficios que la ley, la Constitución y las convenciones internacionales les otorgaban; sumado a las deficiencias habitacionales que los establecimientos de detención tienen para la atención de personas mayores, algunas de las cuales presentan discapacidades.
La Comisión IDH lo sabe desde al menos nuestras presentaciones de 2016, efectuadas con precisos detalles de los hechos y plena prueba de ellos, y las claras violaciones a toda la normativa convencional en materia de protección a los derechos humanos, de todos los humanos como reza la Convención Americana sobre Derechos Humano (CADH) en el artículo 1.2: Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
Cuáles son las razones por las que otorgó las medidas cautelares Nos. 764/26 y 1855/26, respecto de dos personas y las denegó a las 300 que presentamos desde 2016, afectadas por una resolución y un instructivo del Estado, imposible de saber ya que la Comisión IDH deniega en forma sistemática y reiterada la información de los rechazos.
Recordamos que durante los gobiernos kirchneristas, el Ministerio de Defensa tuvo a dos ministros claramente vinculados a organizaciones terroristas, derrotadas por las fuerzas armadas y por lo tanto sus enemigas, que fueron Nilda Garré y Jorge Taiana, y por el responsable de la Resolución 85/13, Agustín Rossi, a quien se le perdió un misil. En tanto en el Ministerio de Justicia una importante participación e injerencia de organismos apropiadores de derechos humanos.
A la fecha y transcurridos 13 años de la Resolución 85/13 y 4 presidentes: Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei no se han iniciado las investigaciones ni se han formulado las pertinentes denuncias por la posible comisión del delito tortura pasible de ser considerado de lesa humanidad, bajo la anuencia de la Comisión IDH.
Parecería existir, tanto en derecho interno como en el derecho convencional, una indulgencia plenaria para premiar la ignorancia deliberada de algo que no se puede desconocer, convalidando un error inexcusable.
Todo lo vinculado a la presunta defensa de derechos humanos, en realidad es solo a grupos woke, quienes se autoperciben como paladines de la decencia y de los mayores valores éticos, cuando en realidad solo los trasgreden, atentan contra los gobiernos que consideran enemigos, fomentan la violencia, la discriminación, la censura, la cancelación, han construido y se montan sobre relatos que niegan una parte de la realidad o la tergiversan. Por ello corresponde al gobiernodar la batalla cultural, en todos los frentes que estos grupos utilizan, pero sobre todo en el frente jurídico que es que permite sostener la impunidad de sus acciones.
Por nuestra parte hacemos todo lo que podemos, que es informar, las acciones les corresponden a todos los funcionarios públicos desde 2013 y a los órganos supranacionales de protección a los derechos humanos.
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Que tremenda INJUSTICIA, se está cometiendo en nuestra Patria, contra miembros de las FFAA, uniformados, Civiles, sacerdotes, tanto desde el punto de vista Juridico, como humanitario.
Si la Comision Interamericana de Derechos Humanos, no interviene ante los tratos crueles inhumanos, degradantes, a personas de mas de 70 años; que pueden esperar los detenidos y sus familias.
Hay ideologia en la Comisíón,
Llegará el dia, que el Estado Argentino, deberá responsabilizarse, por esta barbaridad.
LA EXPLICACION, expuesta por los autores de la nota, en mi humilde opinión es CLARISIMA, asi como el incumpliento de la Convención para Adultos Mayores .
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En nuestra práctica de demostrar la falta de respeto a la igualdad ante la ley, la obvia discriminación que apareja, y en base a datos obtenidos de información pública, procederemos a comparar lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) en un informe reciente, y los rechazos in limine a múltiples presentaciones efectuadas por nosotros en los denominados procesos por lesa humanidad en Argentina y las acciones del Estado que serían constitutivas de violación a la garantía de integridad y derechos a la vida, pasibles de ser consideradas tortura y por ende delitos de lesa humanidad, ahora imprescriptibles.
La Comisión IDH, en su boletín informativo N°. 244/26 – 04/nov/2026, adjunta la Resolución N°. 88/2026, del 30/oct/2026, por la que se otorgaron las medidas cautelares Nos. 764/26 y 1855/26 a Daniel Emigdio Morón Cañizalez y Alberto de Jesús Sobalvarro Durán respecto de Venezuela, en virtud de probable permanencia en condiciones inapropiadas de detención y sin acceso a atención médica para sus padecimientos de salud.
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2026/244.asp&utm_content=country-ven&utm_term=class-mc
Desde hace mucho la Comisión IDH viene sosteniendo las formas de tratamiento a presos considerados vulnerables, incluso personas mayores, específicamente protegidas por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de 2015, (CIPDHPM), que provocó su inclusión en la solicitud de una Opinión Consultiva a la Corte IDH, emitida por esta el 30/may/2022, cómo OC: 29/22.
Diverso es el criterio cuando las peticiones y solicitudes de medidas cautelares involucran a personas vinculadas, en caso de Argentina, al proceso militar (1976/1983). En estos casos no les da curso utilizando el rechazo in limine, sin motivación ni fundamentación, y por tanto ilegítimo, ya que no podría sostenerlo si tuviera que explicar. La Comisión IDH, guarda bajo la alfombra lo que ha decidido ignorar, y con ello habilita al Estado argentino a no tratar el tema de la violación a las garantías judiciales y al debido proceso. Es más, tanto el organismo internacional como nuestro Estado vienen ignorando en forma expresa, la violación al derecho a la integridad de gran parte de los procesados por los denominados delitos de lesa humanidad, por la Resolución del Ministerio de Defensa 85/13 que prohibía «la internación y/o asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas, de personas condenadas penalmente o procesadas con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar». Lo cual constituía la aplicación de tratos crueles inhumanos y degradantes, para los eventuales afectados en su salud, y también para sus allegados que los veían afrontar sufrimientos y una expectativa de muerte por falta de atención adecuada y oportuna.
A lo que hay que agregar, el libelo instructivo denominado «impunidad gerontológica» emitido por el Ministerio de Justicia que propone, desde hace años, una atención restrictiva a solicitudes de personas mayores sujetas a la custodia del Estado (presos) con el prejuicioso supuesto de que inventaban o exageraban dolencias para obtener prisiones domiciliarias u otros beneficios que la ley, la Constitución y las convenciones internacionales les otorgaban; sumado a las deficiencias habitacionales que los establecimientos de detención tienen para la atención de personas mayores, algunas de las cuales presentan discapacidades.
Cuáles son las razones por las que otorgó las medidas cautelares Nos. 764/26 y 1855/26, respecto de dos personas y las denegó a las 300 que presentamos desde 2016, afectadas por una resolución y un instructivo del Estado, imposible de saber ya que la Comisión IDH deniega en forma sistemática y reiterada la información de los rechazos.
Recordamos que durante los gobiernos kirchneristas, el Ministerio de Defensa tuvo a dos ministros claramente vinculados a organizaciones terroristas, derrotadas por las fuerzas armadas y por lo tanto sus enemigas, que fueron Nilda Garré y Jorge Taiana, y por el responsable de la Resolución 85/13, Agustín Rossi, a quien se le perdió un misil. En tanto en el Ministerio de Justicia una importante participación e injerencia de organismos apropiadores de derechos humanos.
A la fecha y transcurridos 13 años de la Resolución 85/13 y 4 presidentes: Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei no se han iniciado las investigaciones ni se han formulado las pertinentes denuncias por la posible comisión del delito tortura pasible de ser considerado de lesa humanidad, bajo la anuencia de la Comisión IDH.
Parecería existir, tanto en derecho interno como en el derecho convencional, una indulgencia plenaria para premiar la ignorancia deliberada de algo que no se puede desconocer, convalidando un error inexcusable.
Todo lo vinculado a la presunta defensa de derechos humanos, en realidad es solo a grupos woke, quienes se autoperciben como paladines de la decencia y de los mayores valores éticos, cuando en realidad solo los trasgreden, atentan contra los gobiernos que consideran enemigos, fomentan la violencia, la discriminación, la censura, la cancelación, han construido y se montan sobre relatos que niegan una parte de la realidad o la tergiversan. Por ello corresponde al gobierno dar la batalla cultural, en todos los frentes que estos grupos utilizan, pero sobre todo en el frente jurídico que es que permite sostener la impunidad de sus acciones.
Por nuestra parte hacemos todo lo que podemos, que es informar, las acciones les corresponden a todos los funcionarios públicos desde 2013 y a los órganos supranacionales de protección a los derechos humanos.
Buenos Aires, ARGENTINA.
jomargaroli@yahoo.com.ar
smaculan@yahoo.com.ar
3 thoughts on “Lesa humanidad ¿para todos y todas?”
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- Ava Todd
- posted on November 9, 2026
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- Jara
- posted on November 8, 2026
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- posted on November 8, 2026
CommentI am making a good salary from home $4580-$5240/week , which is amazing under a year ago I was jobless in a horrible economy. I thank God every day I was blessed with these instructions and now its my duty to pay it forward and share it with Everyone,
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Que tremenda INJUSTICIA, se está cometiendo en nuestra Patria, contra miembros de las FFAA, uniformados, Civiles, sacerdotes, tanto desde el punto de vista Juridico, como humanitario.
Si la Comision Interamericana de Derechos Humanos, no interviene ante los tratos crueles inhumanos, degradantes, a personas de mas de 70 años; que pueden esperar los detenidos y sus familias.
Hay ideologia en la Comisíón,
Llegará el dia, que el Estado Argentino, deberá responsabilizarse, por esta barbaridad.
LA EXPLICACION, expuesta por los autores de la nota, en mi humilde opinión es CLARISIMA, asi como el incumpliento de la Convención para Adultos Mayores .
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