La inteligencia fue parte esencial del terrorismo de Estado, y está comenzando a ser juzgada como tal. La justicia ordenó ayer la detención de ocho ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (Dippba) y tres miembros del Ejército en un juicio que investiga el secuestro, torturas y muertes de integrantes del PRT-ERP. El expediente lo instruye el juzgado federal 2 de San Nicolás y en su rol de querellante la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) aportó prueba documental del archivo de la Dippba que da cuenta de las tareas de inteligencia y espionaje que permitieron llevar adelante las operaciones militares, así como de la participación del mismo personal de esa dirección  en los grupos de tareas que cometieron estos delitos. A criterio de la CPM, estas detenciones abren el camino para que las acciones de inteligencia sean condenadas, en sintonía con el fallo de la Cámara de San Martín que dejó a un paso del procesamiento a Fabián Fernández Garello, jefe de los fiscales de Mar del Plata y ex agente de la Dippba. La elocuencia de los documentos aportados como prueba es contundente: “Sobre 130 blancos –militantes gremiales y políticos investigados previamente– indicados a la jefatura de Area 132 la misma ordenó la ejecución del 30 por ciento aproximadamente y de éstos se obtuvieron resultados positivos con secuestros de elementos y detención de 20 a 21 personas de forma directa”, reza uno de los legajos.

En diálogo con Página/12, la directora general de la CPM, Sandra Raggio, manifestó que “la inteligencia fue parte constitutiva del terrorismo de Estado, por lo tanto probar judicialmente esto, que los agentes de inteligencia sean procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad, es un paso importante para dar cuenta cabalmente de ese accionar que pretender presentarlo como burocrático y rutinario, pero es la burocracia del mal”.

A fines de 1976 una serie de operativos militares en la región de San Nicolás y Pergamino terminaron con el secuestro y detención de varios miembros del Partido Revolucionario del Pueblo-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), algunas de las doce víctimas permanecieron un tiempo en cautiverio, otros fueron asesinadas y otros permanecen desaparecidos. Enabel Cappa, Raúl Calabressi, Mario Marrese, Miguel Angel Amarillo, Félix Aladro, Julio Carranza, Oscar Parodi y Pedro Díaz eran en ese momento agentes de la Dippba en la delegación San Nicolás, y fueron detenidos por decisión del juez Carlos Villafuerte Ruzo, en la orden que también alcanzó a los miembros del Ejército Guillermo Piccione, Antonio Bossié y Omar Andrada. Estos dos últimos ya están en prisión por condenas anteriores.

Carlos Santillán e Irene Ballester eran miembros del PRT-ERP y habían ocupado cargos importantes en la estructura del partido. El 9 de noviembre de 1976 fueron secuestrados por fuerzas conjuntas, bajo el comando operacional del área militar 132. Los torturaron durante su cautiverio y de estos interrogatorios los represores obtuvieron información que permitió dar con el domicilio de María Cristina Lanzilloto en Pergamino, esposa de Carlos B. Santillán y también integrante del PRT-ERP. Una patota integrada por los agentes policiales secuestró de su casa a Lanzilloto y a sus hijos María Lucila y Jorge, de dos y un año de edad respectivamente. Luego de una semana liberaron a los niños, en tanto María Cristina y Carlos fueron sometidos a más vejámenes y torturas. Ese mismo día, Adriana Pierro fue secuestrada en casa de sus padres en Pergamino, y llevada al centro clandestino de detención que funcionó en el interior de la comisaría primera de esa ciudad. Según consta en los documentos de la Dippba, luego detuvieron a Carlos Miranda, Carlos Pérez y Leonor Genoveva Pierro. Pérez fue asesinado y Pierro continúa desaparecida.

Luego de allanar las casas de las víctimas se asentaron en esos domicilios guardias policiales. Así fue detenida Marta San Martín, que cuidaba a los hijos del matrimonio Santillán-Lanzilloto. Su esposo, Pedro Preto, fue privado ilegítimamente de su libertad un día después, cuando fue a buscarla. En la casa fue interrogado agresivamente y, finalmente, trasladado a la comisaría Primera de Pergamino, donde estaba su esposa. La misma suerte corrió Benjamín Santillán, padre de Carlos, que fue detenido el 17 de enero de 1979 cuando arribó al domicilio de su hijo.

Desde 2001 la CPM custodia y gestiona el archivo de la Dippba, y entre esos documentos está el lejajo “DS” (Delincuentes Subversivos) número 6864, bajo el título “San Nicolás: Desbaratamiento célula extremista del ERP”. Allí los represores detallaron el accionar conjunto del Comando Radioeléctrico, personal de la Dippba, Brigada de Investigaciones, personal del Area Militar 132 y Policía Federal. En ese mismo legajo una autoridad militar hace llegar al jefe de la Dippba su complacencia por el accionar de la delegación San Nicolás: “Es deber del suscripto hacer resaltar la encomiable labor desarrollada por esta delegación, por haber trabajado fuera de horarios, francos de servicio y hasta con recargos de tres días consecutivos, hasta lograr el desbaratamiento casi completo de la célula extremista que actuaba en la jurisdicción”. También hay pruebas sobre espionaje previo: fichas personales de las víctimas, fotografías, filiaciones políticas y hasta un análisis de la situación del PTR-ERP.

La CPM enfatizó que “la mora en el juzgamiento de estos crímenes consagró la impunidad de sus perpetradores y les permitió a algunos de ellos reciclarse como funcionarios de la democracia. Un ejemplo de ello es Miguel Amarillo, ex candidato a concejal de San Nicolás y con actividad social en la Asociación de Básquet de esa localidad. Y otro ejemplo es Fabián Fernández Garello, fiscal general de Mar del Plata, que está siendo investigado como ex agente de inteligencia de la Dippba”.