El juez Daniel Bejas benefició a administradores y directivos del Ingenio La Fronterita donde entre 1975 y 1979 funcionó un centro clandestino de detención por el que pasaron 68 personas. El fiscal Pablo Camuña adelantó que apelará.
Se trata de media docena de administradores y directores de la firma José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I. que controlaba la azucarera, y para dejarlos fuera de la causa el juez Daniel Bejas consideró que los acusados actuaron por temor.
La causa comenzó en abril del año pasado, cuando el fiscal federal Pablo Camuña, titular de la sede tucumana de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, solicitó al juez Bejas que indague y detenga con prisión preventiva a seis empresarios que estuvieron al mando del ingenio por considerarlos cómplices de los secuestros, torturas y desapariciones de obreros de la fábrica, familiares de ellos y vecinos de 68 personas.
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Bejas
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Camuña
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Las víctimas son 44 trabajadores del ingenio, de los que 34 vivían en las colonias de la empresa. Buena parte de ellos integraba el Sindicato de Fábrica y Surco del Ingenio La Fronterita (SFSIF) afiliado a Fotia, y 51 estuvieron detenidos en el predio de la empresa antes de ser trasladados a otros centros clandestinos. Once de esas personas fueron torturadas y permanecen desaparecidas. Dos de ellos fueron localizados en el Pozo de Vargas.
En 2018 la fiscalía federal acusó a los empresarios de La Fronterita porque consideró que se daba un “claro caso de complicidad civil/económica en crímenes de lesa humanidad”, similar a lo ocurrido en la planta de la empresa Ford de general Pacheco, donde los trabajadores fueron secuestrados y torturados en el quincho de la fábrica.
La acusación se originó por declaraciones de víctimas o familiares. El juicio por el “Operativo Independencia” permitió ampliar el conocimiento que se tenía respecto de estos presuntos hechos.
El juez Daniel Bejas benefició a administradores y directivos del Ingenio La Fronterita donde entre 1975 y 1979 funcionó un centro clandestino de detención por el que pasaron 68 personas. El fiscal Pablo Camuña adelantó que apelará.
Se trata de media docena de administradores y directores de la firma José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I. que controlaba la azucarera, y para dejarlos fuera de la causa el juez Daniel Bejas consideró que los acusados actuaron por temor.
La causa comenzó en abril del año pasado, cuando el fiscal federal Pablo Camuña, titular de la sede tucumana de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, solicitó al juez Bejas que indague y detenga con prisión preventiva a seis empresarios que estuvieron al mando del ingenio por considerarlos cómplices de los secuestros, torturas y desapariciones de obreros de la fábrica, familiares de ellos y vecinos de 68 personas.
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[/ezcol_1half_end]Las víctimas son 44 trabajadores del ingenio, de los que 34 vivían en las colonias de la empresa. Buena parte de ellos integraba el Sindicato de Fábrica y Surco del Ingenio La Fronterita (SFSIF) afiliado a Fotia, y 51 estuvieron detenidos en el predio de la empresa antes de ser trasladados a otros centros clandestinos. Once de esas personas fueron torturadas y permanecen desaparecidas. Dos de ellos fueron localizados en el Pozo de Vargas.
En 2018 la fiscalía federal acusó a los empresarios de La Fronterita porque consideró que se daba un “claro caso de complicidad civil/económica en crímenes de lesa humanidad”, similar a lo ocurrido en la planta de la empresa Ford de general Pacheco, donde los trabajadores fueron secuestrados y torturados en el quincho de la fábrica.
La acusación se originó por declaraciones de víctimas o familiares. El juicio por el “Operativo Independencia” permitió ampliar el conocimiento que se tenía respecto de estos presuntos hechos.
Envío y colaboración: DRA ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 16, 2019
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