El titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata, Carlos Rozanski, pidió al Consejo de la Magistratura que desestime la denuncia presentada en su contra por el secretario general de los judiciales, Julio Piumato, a quien acusó de los “agravios, ataques y amenazas” de “un grupo minoritario que lo acompaña” con el fin de obstaculizar los juicios de lesa humanidad.

Además, pidió que se disponga “el inmediato cierre y archivo de las actuaciones” con el argumento de que, además, prescribió el trámite por haber “transcurrido más de tres años” desde su presentación.

En este marco, cuestionó la “tentativa de resurrección procesal” por parte de Piumato a partir de supuestas “cuestiones nuevas” que se sumarían al expediente.

En la presentación, a la que tuvo acceso Télam, el juez platense documenta con escritos y fotografías lo que considera una “persecución” montada en su contra a través de “periodistas inescrupulosos al servicio de intereses espúreos de medios de comunicación hegemónicos”, en referencia un programa de Canal 13 del 24 de julio pasado, en el que -señaló- “anunciaron que el Poder Ejecutivo Nacional había ‘decidido echar’ a tres jueces antes de fin de año y que tenía los nueve votos necesarios en el Consejo de la Magistratura”.

“Mostraron públicamente tres muñecos con fotografías en las caras de (los jueces) Eduardo Freiler, Daniel Rafecas y el que suscribe. Ridiculizaron nuestras figuras al aconsejar -riéndose-, los comunicadores Romina Manguel, Jorge Lanata y Ernesto Tenembaum, que ninguno de los tres jueces, tomáramos crédito a 12 cuotas ya que nos echarían antes”, describió.

En este marco, Rozanski insistió con vincular ese hecho con que “dos semanas después, el representante del Poder Ejecutivo de la Nación en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, ex asesor de la presidente de la Comisión de Disciplina y, previamente, secretario del juez Pablo Daniel Vega durante tres años, impulsó auditorías en las mismas fechas en que se llevaban a cabo audiencias de juicio por delitos de lesa humanidad por parte del tribunal que presido”.

En el planteo de nulidad presentado ante la titular de la Comisión, Adriana Donato, el magistrado remarcó que “no es casual” que desde el 2006, fecha en que se comenzaron los juicios por crímenes de lesa humanidad, “cada vez que se iniciaba un proceso aparecían sus secuaces (en referencia a Piumato) con ataques feroces para desestabilizar y afectar la tranquilidad necesaria para este tipo de actividad”, como “afiches con agravios frente al edificio del Consejo de la Magistratura”.

En su descargo, además, acusó a Gregorio Spina y Juan Ignacio Olivetto, dos dirigentes platenses ligados a Piumato, de “organizar actividades de amedrentamiento en las dos sedes judiciales que posee el tribunal, con acciones perversas”, y sostuvo que el primero de ellos “se sumó a una operación de prensa llevada a cabo por la periodista Romina Manguel” al ilustrar una publicación en las redes sociales con una caricatura suya “similar a una que en su momento publicó el diario La Nación”.

Con relación a “cuestiones nuevas” que aportan a la denuncia de Piumato, que se refieren al alquiler de un inmueble en la ciudad de La Plata para llevar adelante su tarea, Rozanski adujo que la contratación “fue dispuesta por el propio Consejo de la Magistratura previa intervención de los organismos respectivos y tasadores de la Corte Suprema de Justicia”.

También acusó a la funcionaria judicial María Verónica Michelli como una “muy activa colaboradora de maniobras en favor de la impunidad” de los represores, y que ha “intentado desestabilizar el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad”.

También, en el escrito de 28 páginas que ahora deberá analizar la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, Rozanski detalló “mensajes mafiosos” en su despacho, amenazas con panfletos, y en las redes sociales que fueron denunciadas en organismos internacionales.

El juez, que condenó a prisión perpetua a Miguel Etchecolatz y a Christian Von Wernich en los primeros juicios a los genocidas, recibió el apoyo de organismos de derechos humanos que presentaron un “amicus curiae”, entre ellos, Abuelas de Plaza de Mayo, Servicio Paz y Justicia, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de La Universidad de La Plata, Florencia Saintout, y Madres de Plaza de Mayo-línea fundadora.