Según empleados de un juzgado federal de esa ciudad portuaria, generó un clima “intimidatorio” y de “intervención política” durante su intinerato en 2015.

Abuso de autoridad y amenazas. Son los delitos que, prima facie, le imputa el fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva al juez Alejo Ramos Padilla, a quien investiga desde la semana pasada. Entiende que ambos se habrían cometido durante el interinato que el magistrado llevó adelante en el juzgado federal 1 de Bahía Blanca, entre junio y diciembre de 2015. Las víctimas de la conducta del funcionario público serían miembros del personal que estuvo a su cargo durante aquel período y que testimoniaron en un sumario iniciado por el propio juez apenas dos días después de tomar el cargo.

El 26 de junio de aquel año, recién asumido, Ramos Padilla adujo haber encontrado “irregularidades”, un gran desorden y “graves defectos funcionales” para argumentar el inicio de actuaciones administrativas que enmarcó en lo que llamó “reorganización del juzgado federal 1”. Apuntó como responsables contra su antecesor Santiago Ulpiano Martínez (hoy fiscal) y el secretario de Derechos Humanos Mario Fernández Moreno. Seis meses después, antes de renunciar y concluir la subrogancia, Ramos Padilla dio por superada la situación anómala en el juzgado, pero el sumario continuó y se le volvió en contra.

En noviembre pasado, el actual juez Walter López Da Silva, cerró, sin responsables, el expediente interno. Al mismo tiempo, pidió que se indagara la posible comisión de delitos durante el interinato de su antecesor. Basó su postura en el testimonio de Fernández Moreno y de empleados del juzgado quienes calificaron como “intimidatorio”, “de intervención política” y con actos de “presión psicológica y aprietes”, el clima laboral vivido durante los seis meses de gestión de Ramos Padilla. Así, el trámite recayó, tras varias excusaciones, en González Da Silva, quien dictaminó “la necesidad de instruir una investigación penal que determine la concreción –ó no- de sucesos delictivos puntuales”.

Una vez que le fue delegada la instrucción, el fiscal, subrogante ante el Tribunal Oral Federal bahiense, comenzó a elaborar el listado de citados a declarar, entre los que figuran, en primer término, los empleados que testimoniaron en el sumario. “Se encontraron por meses en un evidente estado de nerviosismo, amargura y desesperación, tanto que muchos pensaron en renunciar” cita González Da Silva en su dictamen al juez. No solo apuntará a establecer la eventual responsabilidad de Ramos Padilla en el abuso de autoridad y las amenazas, sino también de la decena de colaboradores que lo acompañaron en la gestión, a los que también convocará a declarar. Algunos llegaron con él desde Dolores, mientras que otros fueron nombrados por el Consejo de la Magistratura, dominado por una mayoría K y la procuración general a cargo de Alejandra Gils Carbó.

Al mismo tiempo, el fiscal dispondrá medidas en el expedienteen el que se busca determinar si Ramos Padilla frenó una causa que complica a Lázaro Báez. Es la que lo tiene como presunto jefe de una asociación ilícita fiscal integrada por su hijo Martín, una decena de empresarios bahienses, un financista y un contador, con la que se habría dañado al fiscal en 670 millones de pesos. Constituiría el delito precedente para imputar a Báez por lavado de dinero, en la causa que instruye el juez Sebastián Casanello.

Pese a que durante su gestión, mantuvo el expediente en su despacho y sin dejar que el fiscal disponga medidas, para González Da Silva, en principio, no habría elementos que comprometan a Ramos Padilla con el encubrimiento del empresario patagónico amigo de los Kirchner. Aunque antes de archivar el caso, quiere conocer si existen denuncias contra el juez de Dolores en Bahía Blanca, Mar del Plata y Capital Federal, para lo que librará oficios a las respectivas cámaras federales.