El Congreso Nacional legalizó el abominable crimen del aborto con lo que se autoriza a poner fin a la vida del ser humano más inocente e indefenso que pueda imaginarse. Con ello desaparece cualquier límite moral para la sociedad argentina. En consecuencia la “ley” sancionada, es una norma aberrante, inicua, malvada y, por ende, no obliga en conciencia. Dicho con propiedad, esa norma podrá llamarse “ley”, pero carece por completo de legitimidad política, jurídica, moral y social. La Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, con rango constitucional, protegen la vida del niño desde la concepción, y claramente el artículo 29 le niega al Congreso facultades para otorgar “sumisiones o supremacías” por las que la vida de los argentinos quede a merced de gobiernos o persona alguna. “Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria” Por encima de todo, es sabido que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta “ley” infringe brutalmente el Quinto Mandamiento – No Matarás -, precepto universal reconocido con carácter superior por el Preámbulo de nuestra Constitución, que invoca la protección de Dios como “fuente de toda razón y justicia”. A partir de estas claras premisas, exhortamos a los médicos, profesionales o empleados de la salud, sanatorios, clínicas, hospitales, empresas de medicina prepaga, entidades públicas o privadas, a oponer, frente a las obligaciones que prescribe la ley sancionada, el derecho a la objeción de conciencia, garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, por lo que no cabe intervenir o cooperar para dar muerte a niños inocentes en ningún caso cualquiera sea su grado de desarrollo. Este derecho a resistir los actos de gobierno contrarios a la ley natural e incluso al sentido común, debe ser ejercido con hidalguía, con la firmeza propia de la nobleza de espíritu, también con valentía si fuere necesario. Los que somos abogados, celosos del juramento prestado, apoyaremos esta decisión con todos los medios que nos otorga el derecho verdadero y todavía vigente en la Argentina. Buenos Aires, enero 6 de 2021
Consorcio de Médicos Católicos- Elena Passo, Presidente Corporación de Abogados Católicos- Pedro Andereggen, Presidente Academia del Plata- Gerardo Palacios Hardy, Presidente Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia- Alberto Solanet, Presidente Portal de Belén Asoc. Civil sin Fines de Lucro- Rodrigo Agrelo, Presidente Centro de Estudios Salta – Mario Cabanillas, Presidente Asociación Promotora Cultural y Social – Luis Rodríguez de la Puente, Presidente Centro de Estudios Cruz del Sur – Segundo Carafí, Presidente La Merced Vida Asociación Civil – Maria Victoria Biassi de Porzio, presidente
♦
El Congreso Nacional legalizó el abominable crimen del aborto con lo que se autoriza a poner fin a la vida del ser humano más inocente e indefenso que pueda imaginarse.
La Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, con rango constitucional, protegen la vida del niño desde la concepción, y claramente el artículo 29 le niega al Congreso facultades para otorgar “sumisiones o supremacías” por las que la vida de los argentinos quede a merced de gobiernos o persona alguna. “Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”
Con ello desaparece cualquier límite moral para la sociedad argentina. En consecuencia la “ley” sancionada, es una norma aberrante, inicua, malvada y, por ende, no obliga en conciencia. Dicho con propiedad, esa norma podrá llamarse “ley”, pero carece por completo de legitimidad política, jurídica, moral y social.
Por encima de todo, es sabido que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta “ley” infringe brutalmente el Quinto Mandamiento – No Matarás -, precepto universal reconocido con carácter superior por el Preámbulo de nuestra Constitución, que invoca la protección de Dios como “fuente de toda razón y justicia”.
A partir de estas claras premisas, exhortamos a los médicos, profesionales o empleados de la salud, sanatorios, clínicas, hospitales, empresas de medicina prepaga, entidades públicas o privadas, a oponer, frente a las obligaciones que prescribe la ley sancionada, el derecho a la objeción de conciencia, garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, por lo que no cabe intervenir o cooperar para dar muerte a niños inocentes en ningún caso cualquiera sea su grado de desarrollo.
Este derecho a resistir los actos de gobierno contrarios a la ley natural e incluso al sentido común, debe ser ejercido con hidalguía, con la firmeza propia de la nobleza de espíritu, también con valentía si fuere necesario. Los que somos abogados, celosos del juramento prestado, apoyaremos esta decisión con todos los medios que nos otorga el derecho verdadero y todavía vigente en la Argentina.
Buenos Aires, enero 6 de 2021
Consorcio de Médicos Católicos- Elena Passo, Presidente
Corporación de Abogados Católicos- Pedro Andereggen, Presidente
Academia del Plata- Gerardo Palacios Hardy, Presidente
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia- Alberto Solanet, Presidente
Portal de Belén Asoc. Civil sin Fines de Lucro- Rodrigo Agrelo, Presidente
Centro de Estudios Salta – Mario Cabanillas, Presidente
Asociación Promotora Cultural y Social – Luis Rodríguez de la Puente, Presidente
Centro de Estudios Cruz del Sur – Segundo Carafí, Presidente
La Merced Vida Asociación Civil – Maria Victoria Biassi de Porzio, presidente
Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 10, 2021