Apenas se conociera el escandaloso hecho en el que se encuentra involucrada la Dra. VICTORIA ANALÍA DONDA PÉREZ, quien luego de despedir a su empleada doméstica, negociara para resarcirla con un plan social y un cargo en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) del cual es titular, el Diputado ALBERTO ASSEFF, no se hizo esperar. Juntamente con sus pares LUIS PASTORI, ESTELA REGIDOR, MÓNICA FRADE, GERARDO CIPOLINI Y LEONOR MARTÍNEZ VILLADA., solicitaron que DONDA (defendida por el Presidente ALBERTO FERNÁNDEZ), sea separada de su cargo, sin goce de sueldo, hasta tanto se expida la justicia. Ahora el tiempo y la política tiene la palabra.
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, atento la imputación por los delitos de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta que recae sobre la Dra. Victoria Analía Donda Pérez, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), sea separada de su cargo mediante una licencia sin goce de sueldo, hasta tanto se resuelva la situación judicial correspondiente.
Alberto Asseff Diputado Nacional Cofirmantes. Diputados: Luis Pastori, Estela Regidor, Mónica Frade, Gerardo Cipolini y Leonor Martínez Villada.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente,
A través del Decreto 57/2020 se designó a partir del 10 de diciembre de 2019 en el cargo de Interventora del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a la Doctora Da. Victoria Analía DONDA PEREZ (D.N.I. N° 18.843.832).
A raíz de una conversación de mensajería instantánea por celular que se llevó a cabo a través de whatsapp, y se publicó en los medios de comunicación, se puede observar que la Dr. Donda Peréz le ofrece a su a una persona que trabaja en su domicilio particular como empleada doméstica, un cargo en el organismo que dirige. A raíz de ello, la Justicia federal comenzó a investigar a Victoria Donda, quien encabeza el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), por el delito de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta debido a que fue denunciada por intentar darle un puesto en su repartición a la empleada doméstica que trabajaba en su casa. Señala Lavieri para Infobae.
La denuncia contra Donda fue presentada el 29 de diciembre pasado por el abogado Fernando Zarabozo, abogado de Arminda Banda Oxa, la empleada que también le reclama a Donda por no haberla tenido registrada durante la totalidad de la relación laboral.
DondaAlberto Fernández
Por sorteo el caso le tocó al juez Sebastián Casanello, quien subroga el Juzgado Federal 12. El juez le delegó la causa a la fiscalía que está a cargo de Guillermo Marijuán. El fiscal se encuentra de licencia por haberse contagiado covid-19 y en su reemplazo –hasta que termine su aislamiento– actúa Eduardo Taiano.
Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, la fiscalía impulsó el caso, por lo que Donda quedó imputada. Al mismo tiempo la fiscalía pidió las primeras medidas de prueba para avanzar con la investigación.
Cuando se conoció la denuncia Donda, a través de su cuenta oficial de Twitter, hizo un descargo en el que aseguró que los aportes laborales y los pagos salariales de la empleada fueron hechos “en tiempo y forma”. También admitió el ofrecimiento que le hizo a Arminda, de 63 años, boliviana, pero aseguró que fue ella quien quiso renunciar a su trabajo como empleada doméstica. Donda había dicho: “Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos, por razones personales. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio”.
El impulso de la investigación se dio a través de un dictamen al que accedió Infobae donde se explica que la denuncia realizada por Zarabozo señala que “Oxa había sido empleada de la ex Diputada desde el 1° de marzo de 2007, cumpliendo tareas domésticas en el domicilio de aquélla. Que, una vez iniciada la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia del Covid-19, Donda pretendió desvincular su relación laboral, intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, a la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado”. En la denuncia se sostiene que Donda registró a la empleada recién en 2014 a pesar de que la relación laboral comenzó en 2007.
PastoriFrade
En la denuncia se transcribieron algunos audios que Donda le envió a Banda Oxa para demostrar el ofrecimiento de un cargo en el INADI o de un plan social: -“Necesito que hablemos a ver si querés que te acompañe para sacar la jubilación. Y qué querés que hagamos con el aporte. Yo obviamente quisiera como te dije continuar la relación laboral. Pero entiendo si no podés y renunciás”.
-”Decime qué querés hacer y si te puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el INADI (…)”.
– “Sí, claro, lo que te estoy diciendo que se te puede anotar en un plan o algo podemos ahí anotarte. Necesito que vos me digas eso (…) renunciás porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan y después se puede pagar para que saques la jubilación, pero yo también necesito resolver eso (…) mi novio que entiende (…) y entiendo también que necesitás la plata. Los planes están cobrando más o menos $10.000 y la contraprestación puede ser cerca de tu casa”.
La conclusión del denunciante es que “dichos mensajes no hacen más que demostrar que la denunciada utilizaría sus influencias y los recursos públicos que administra en el ejercicio de su función pública para resolver cuestiones particulares de su esfera privada, y así incumplir con sus cargas como empleadora doméstica y minimizar los impactos económicos que le generaría un reclamo laboral de una persona que no fue debidamente registrada”.
CipolliniMartínez Villada
La fiscalía de Marijuán citó al abogado Zarabozo para que ratifique la denuncia el próximo martes y que lleve toda la documentación que tiene en su poder sobre el caso. Además se le solicitó al área de Asuntos Penales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que envíe toda la documentación que posea el organismo sobre Banda Oxa.
La investigación comenzó. Será la fiscalía de Marijuán la que determine si la funcionaria pública debe ser indagada por los delitos por los que se la investiga.
Los delitos imputados son: Malversación de caudales públicos: artículo 260 Código Penal, será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.
RegidorAsseff
Administración fraudulenta: Estafas y otras defraudaciones. Artículo 172 Código Penal. Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. artículo 173.- Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece: 7. El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos; Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares.
Alberto Asseff Diputado Nacional Cofirmantes. Diputados: Luis Pastori, Estela Regidor, Mónica Frade, Gerardo Cipolini y Leonor Martínez Villada.
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www.prisioneroenargentina.com
Proyecto de Resolución
La Cámara de Diputados de la Nación …
RESUELVE
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, atento la imputación por los delitos de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta que recae sobre la Dra. Victoria Analía Donda Pérez, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), sea separada de su cargo mediante una licencia sin goce de sueldo, hasta tanto se resuelva la situación judicial correspondiente.
Alberto Asseff
Diputado Nacional
Cofirmantes. Diputados: Luis Pastori, Estela Regidor, Mónica Frade, Gerardo Cipolini y Leonor Martínez Villada.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente,
A raíz de una conversación de mensajería instantánea por celular que se llevó a cabo a través de whatsapp, y se publicó en los medios de comunicación, se puede observar que la Dr. Donda Peréz le ofrece a su a una persona que trabaja en su domicilio particular como empleada doméstica, un cargo en el organismo que dirige. A raíz de ello, la Justicia federal comenzó a investigar a Victoria Donda, quien encabeza el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), por el delito de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta debido a que fue denunciada por intentar darle un puesto en su repartición a la empleada doméstica que trabajaba en su casa. Señala Lavieri para Infobae.
La denuncia contra Donda fue presentada el 29 de diciembre pasado por el abogado Fernando Zarabozo, abogado de Arminda Banda Oxa, la empleada que también le reclama a Donda por no haberla tenido registrada durante la totalidad de la relación laboral.
Por sorteo el caso le tocó al juez Sebastián Casanello, quien subroga el Juzgado Federal 12. El juez le delegó la causa a la fiscalía que está a cargo de Guillermo Marijuán. El fiscal se encuentra de licencia por haberse contagiado covid-19 y en su reemplazo –hasta que termine su aislamiento– actúa Eduardo Taiano.
Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, la fiscalía impulsó el caso, por lo que Donda quedó imputada. Al mismo tiempo la fiscalía pidió las primeras medidas de prueba para avanzar con la investigación.
Cuando se conoció la denuncia Donda, a través de su cuenta oficial de Twitter, hizo un descargo en el que aseguró que los aportes laborales y los pagos salariales de la empleada fueron hechos “en tiempo y forma”. También admitió el ofrecimiento que le hizo a Arminda, de 63 años, boliviana, pero aseguró que fue ella quien quiso renunciar a su trabajo como empleada doméstica. Donda había dicho: “Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos, por razones personales. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio”.
El impulso de la investigación se dio a través de un dictamen al que accedió Infobae donde se explica que la denuncia realizada por Zarabozo señala que “Oxa había sido empleada de la ex Diputada desde el 1° de marzo de 2007, cumpliendo tareas domésticas en el domicilio de aquélla. Que, una vez iniciada la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia del Covid-19, Donda pretendió desvincular su relación laboral, intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, a la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado”. En la denuncia se sostiene que Donda registró a la empleada recién en 2014 a pesar de que la relación laboral comenzó en 2007.
En la denuncia se transcribieron algunos audios que Donda le envió a Banda Oxa para demostrar el ofrecimiento de un cargo en el INADI o de un plan social:
-“Necesito que hablemos a ver si querés que te acompañe para sacar la jubilación. Y qué querés que hagamos con el aporte. Yo obviamente quisiera como te dije continuar la relación laboral. Pero entiendo si no podés y renunciás”.
-”Decime qué querés hacer y si te puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el INADI (…)”.
– “Sí, claro, lo que te estoy diciendo que se te puede anotar en un plan o algo podemos ahí anotarte. Necesito que vos me digas eso (…) renunciás porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan y después se puede pagar para que saques la jubilación, pero yo también necesito resolver eso (…) mi novio que entiende (…) y entiendo también que necesitás la plata. Los planes están cobrando más o menos $10.000 y la
contraprestación puede ser cerca de tu casa”.
La conclusión del denunciante es que “dichos mensajes no hacen más que demostrar que la denunciada utilizaría sus influencias y los recursos públicos que administra en el ejercicio de su función pública para resolver cuestiones particulares de su esfera privada, y así incumplir con sus cargas como empleadora doméstica y minimizar los impactos económicos que le generaría un reclamo laboral de una persona que no fue
debidamente registrada”.
La fiscalía de Marijuán citó al abogado Zarabozo para que ratifique la denuncia el próximo martes y que lleve toda la documentación que tiene en su poder sobre el caso. Además se le solicitó al área de Asuntos Penales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que envíe toda la documentación que posea el organismo sobre Banda Oxa.
La investigación comenzó. Será la fiscalía de Marijuán la que determine si la funcionaria pública debe ser indagada por los delitos por los que se la investiga.
Los delitos imputados son:
Malversación de caudales públicos: artículo 260 Código Penal, será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.
Administración fraudulenta: Estafas y otras defraudaciones. Artículo 172 Código Penal. Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. artículo 173.- Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece: 7. El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos; Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares.
Alberto Asseff
Diputado Nacional
Cofirmantes. Diputados: Luis Pastori, Estela Regidor, Mónica Frade, Gerardo Cipolini y Leonor Martínez Villada.
Colaboración: Dr. Francisco Bénard
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 14, 2021